La construcción de la Cárcel Metropolitana de Medellín para Sindicados registra un avance del 47 % y contempla una inversión superior a los $675.000 millones de pesos colombianos. El proyecto, ubicado en la vereda Pedregal Alto del corregimiento de San Cristóbal, busca ampliar la infraestructura de detención preventiva y reducir el hacinamiento en estaciones de Policía y otros espacios transitorios de reclusión.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó sobre el progreso de las obras durante una visita de seguimiento realizada el 19 de octubre de 2026. Según el balance de la administración distrital, la construcción genera actualmente 563 empleos directos, de los cuales 184 corresponden a habitantes de la zona. La iniciativa se desarrolla mediante un esquema de Asociación Público-Privada (APP), que integra la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.
Infraestructura tendrá capacidad para 1.339 personas
El complejo penitenciario contará con seis pabellones y una capacidad total para 1.339 personas sindicadas, es decir, que permanecen privadas de la libertad mientras avanzan sus procesos judiciales y todavía no cuentan con una condena definitiva.
Cinco pabellones tendrán capacidad para 240 personas cada uno, mientras que el sexto albergará a 139 internos e incluirá una Unidad de Tratamiento Especial. El diseño también contempla espacios adaptados para personas con discapacidad y áreas destinadas a servicios de salud, educación, formación, atención jurídica y visitas familiares.
En paralelo, se ejecutan obras para habilitar las instalaciones administrativas, las redes internas, las áreas de servicios y los espacios necesarios para el funcionamiento del establecimiento. La infraestructura busca ofrecer condiciones de reclusión adecuadas y fortalecer la capacidad institucional para atender a la población detenida preventivamente.
Sistemas tecnológicos reforzarán la seguridad
El proyecto incorpora medidas de seguridad orientadas a controlar las comunicaciones y mejorar la vigilancia dentro del establecimiento. Entre ellas figuran inhibidores de señal celular, garitas de vigilancia, controles de acceso y un centro de monitoreo permanente.
Asimismo, las celdas no contarán con tomacorrientes, de acuerdo con las características de seguridad anunciadas para el complejo. Estas medidas buscan limitar el ingreso y uso de dispositivos móviles que puedan facilitar actividades ilícitas desde el interior del centro de detención.
La administración distrital también prevé vigilancia privada especializada para las instalaciones, bajo procedimientos destinados a reforzar la custodia y el control operativo.
Inversión mediante una asociación público-privada
La construcción se ejecuta bajo un modelo de concesión de 15 años, que contempla tres años para desarrollar la infraestructura y 12 años de operación. Al finalizar el periodo contractual, la infraestructura pasará a ser propiedad del Distrito de Medellín, según las condiciones del proyecto.
La participación privada permite financiar y desarrollar la obra, mientras que las entidades distritales mantienen labores de seguimiento y supervisión mediante la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (Agencia APP) y la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
El proyecto constituye una apuesta de infraestructura pública vinculada con la seguridad, la administración de justicia y la atención de personas sindicadas. Su ejecución también genera actividad económica y puestos de trabajo en los sectores cercanos a la construcción.
Terminación está prevista para mayo de 2027
De acuerdo con el cronograma comunicado por la Alcaldía, se espera que las obras concluyan en mayo de 2027. Posteriormente, se realizaría un periodo de alistamiento técnico y pruebas de seguridad antes del ingreso de los primeros internos.
La administración proyecta que el centro pueda recibir alrededor de 1.200 personas hacia finales de julio de 2027. Su puesta en funcionamiento busca reducir la presión sobre las estaciones de Policía, mejorar las condiciones de detención preventiva y permitir que más efectivos policiales se concentren en labores de seguridad ciudadana.
El avance de la megacárcel representa un hito en el desarrollo de infraestructura penitenciaria en Medellín. Sin embargo, su impacto sobre el hacinamiento dependerá de la culminación de las obras, la entrada en operación del establecimiento y la coordinación entre las autoridades locales y nacionales responsables del sistema de reclusión.
