Perú mantiene una cartera de 66 proyectos de inversión minera valorizados en US$64.075 millones, cuya ejecución dependerá de decisiones de inversión, avances regulatorios y acuerdos entre el Gobierno, las empresas y las comunidades. El panorama cobra relevancia ante el inicio de funciones de las nuevas autoridades regionales el 1 de enero de 2027, que deberán gestionar las condiciones políticas, sociales y administrativas para impulsar las iniciativas pendientes.
De acuerdo con la cartera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), 33 proyectos corresponden al cobre y representan US$45.402 millones en inversiones. El desarrollo de estas iniciativas adquiere importancia frente a las perspectivas de crecimiento de la demanda mundial del metal, utilizado en redes eléctricas, infraestructura energética, construcción y tecnologías de electrificación. La posibilidad de concretar una mayor cantidad de proyectos representa una oportunidad para ampliar la producción minera y fortalecer los ingresos públicos.
Siete regiones concentran buena parte de las inversiones que todavía deben avanzar: Cajamarca, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Áncash, Cusco y Piura. En conjunto, reúnen 37 proyectos por US$51.462 millones, lo que las convierte en territorios clave para la evolución de la cartera minera nacional. Su capacidad para coordinar con el Gobierno central, las compañías y las comunidades será relevante para definir el avance de las iniciativas.
Cajamarca concentra grandes proyectos sin fecha definida
Cajamarca figura entre las regiones con mayor potencial de inversión minera. Sin embargo, varios proyectos permanecen sin fecha confirmada de inicio de ejecución, entre ellos La Granja, El Galeno, Reposición Shahuindo y Yanacocha Sulfuros. A estos se suman Michiquillay, Coimolache Sulfuros y Conga, iniciativas que enfrentan distintos desafíos técnicos, sociales y de desarrollo.
Según las estimaciones citadas en el informe, estos siete proyectos representan US$16.587 millones en inversiones potenciales. Su eventual ejecución podría elevar los ingresos regionales por canon y regalías desde cerca de S/300 millones hasta más de S/2.200 millones anuales, de acuerdo con las proyecciones del Minem. No obstante, estos montos dependen de que las inversiones se materialicen y de los resultados económicos de las futuras operaciones.
En Apurímac, los proyectos Los Chancas y Haquira suman inversiones estimadas en US$4.460 millones y enfrentan conflictos socioambientales y territoriales. En Arequipa, Zafranal, Pampa de Pongo y Tía María concentran conjuntamente alrededor de US$5.486 millones. Tía María, en particular, ha avanzado después de años de controversias y tiene como objetivo iniciar la producción de cobre a comienzos de 2028.
Cusco también mantiene proyectos relevantes, como Integración Coroccohuayco, que contempla una inversión estimada de US$1.800 millones y cuya ejecución se proyecta para 2029. En Piura, Río Blanco representa aproximadamente US$2.792 millones, aunque permanece paralizado desde 2010 por la oposición de comunidades de Ayabaca y Huancabamba, vinculada principalmente a preocupaciones ambientales y sobre los recursos hídricos.
Nuevas autoridades tendrán un papel clave
Las autoridades regionales que asumirán en 2027 deberán gestionar una agenda que combina oportunidades de inversión con demandas ambientales y sociales. En departamentos como Cajamarca, Apurímac y Arequipa, el futuro de los proyectos dependerá, entre otros factores, de la posibilidad de alcanzar acuerdos con las comunidades, cumplir las exigencias ambientales y garantizar condiciones de seguridad jurídica.
El reto también involucra la administración de los recursos provenientes de la actividad minera. Según las cifras citadas en el reporte, Áncash recibió S/2.229 millones por transferencias vinculadas al sector durante 2026, mientras que Arequipa percibió S/1.499 millones, Apurímac S/1.492 millones y Cajamarca S/1.251 millones. Moquegua, Cusco y Piura registraron transferencias de S/1.158 millones, S/790 millones y S/77 millones, respectivamente.
Estas transferencias, que incluyen conceptos como canon y regalías, representan una fuente de financiamiento para los gobiernos subnacionales. Su impacto en el desarrollo regional dependerá de la capacidad de las autoridades para convertir los recursos disponibles en infraestructura, servicios públicos y proyectos que atiendan las necesidades de la población.
Inversión minera y crecimiento económico
El potencial de la cartera se refleja también en el comportamiento reciente de las inversiones del sector. Entre enero y julio de 2026, la inversión minera en Perú alcanzó US$4.117 millones, un incremento del 45% frente a los US$2.839 millones registrados durante el mismo periodo de 2025, según cifras del Minem.
Además, al menos seis proyectos ubicados en Ayacucho, Apurímac, Junín, Huancavelica, Cusco e Ica podrían iniciar su construcción o entrar en operación entre 2026 y 2031. En conjunto, estas iniciativas representan alrededor de US$5.200 millones y podrían contribuir a dinamizar las economías regionales mediante la contratación de servicios, la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura asociada.
Sin embargo, una parte importante de la cartera sigue expuesta a demoras relacionadas con conflictos sociales, dificultades administrativas y presencia de minería ilegal. Según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) citado en la publicación, la afectación conjunta asociada a proyectos como Michiquillay, Los Chancas y Haquira supera los US$12.000 millones.
La evolución de estas iniciativas será determinante para las perspectivas de inversión minera en los próximos años. La coordinación entre el Gobierno nacional, las nuevas autoridades regionales, las empresas y las comunidades será necesaria para atender las preocupaciones territoriales y ambientales sin perder de vista los requisitos técnicos y económicos de cada proyecto.
La cartera de US$64.075 millones constituye una oportunidad para ampliar la producción minera y fortalecer la economía peruana, pero su materialización no está garantizada. El avance dependerá de la capacidad de resolver los obstáculos que mantienen detenidas diversas iniciativas, asegurar condiciones de inversión previsibles y traducir los ingresos del sector en beneficios concretos para las regiones.
