La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) requiere S/ 8.000 millones para ejecutar su cartera de inversiones durante 2027; sin embargo, el presupuesto previsto para el próximo año asciende a solo S/ 1.700 millones. Así lo advirtió el jefe de la entidad, Hernán Yaipén, durante su participación en INFRACON 2026, donde señaló que será necesario gestionar recursos adicionales para atender los proyectos programados y cumplir los compromisos de infraestructura.
La diferencia entre los recursos requeridos y el presupuesto previsto alcanza los S/ 6.300 millones, una brecha que condiciona la programación de las obras. Según Yaipén, la ANIN mantiene coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para sustentar sus necesidades presupuestales, evaluar alternativas de financiamiento y establecer prioridades de ejecución de cara al próximo año.
Uno de los principales factores que inciden en esta planificación es la necesidad de fortalecer la infraestructura de prevención y protección frente a los efectos del fenómeno de El Niño. Entre las intervenciones prioritarias se encuentran las defensas ribereñas, las soluciones integrales para reducir el riesgo de inundaciones y las obras en quebradas, destinadas a proteger a las poblaciones expuestas a lluvias intensas y desbordes.
La situación presupuestal también afecta la continuidad de proyectos heredados de la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). De los 194 proyectos e intervenciones transferidos a la ANIN, todavía quedan 84 pendientes de entrega, según el balance presentado por su titular. Parte de esta cartera comprende infraestructura educativa, establecimientos de salud y obras de protección frente a inundaciones.
En julio de 2026, la ANIN informó que entre 2024 y 2026 se había generado una brecha acumulada de S/ 9.301 millones en el financiamiento de los proyectos transferidos. La entidad sostuvo que las asignaciones presupuestales aprobadas fueron inferiores a los requerimientos técnicos y contractuales, lo que obligó a reprogramar parte de las inversiones. También indicó que, pese a las restricciones, había culminado nuevas obras en educación, salud y protección contra inundaciones.
La planificación para 2027 se desarrolla, por tanto, en un escenario en el que la entidad debe atender tanto los compromisos pendientes como nuevas necesidades de infraestructura. La disponibilidad de recursos será determinante para definir los cronogramas, mantener los contratos en ejecución y priorizar las intervenciones con mayor impacto en la reducción de riesgos y la protección de la población.
El proceso de coordinación con el MEF deberá establecer qué proyectos recibirán financiamiento y bajo qué condiciones se distribuirán los recursos adicionales. Para ello, la ANIN tendrá que conciliar las obligaciones contractuales existentes con las prioridades de prevención y respuesta ante eventos climáticos, evitando comprometer gastos sin respaldo presupuestal.
La brecha anunciada evidencia uno de los principales desafíos para la ejecución de infraestructura pública en Perú durante 2027: asegurar que la programación de inversiones esté acompañada por recursos suficientes. La capacidad de cerrar esa diferencia será clave para avanzar en las obras de protección, completar proyectos heredados y reducir la exposición de las comunidades a inundaciones y otros riesgos asociados a El Niño.
