Las reclamaciones y controversias jurídicas relacionadas con grandes proyectos de infraestructura en Colombia superan los $100 billones, de acuerdo con cifras presentadas por el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ricardo Ayerbe, durante un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. El monto corresponde a procesos de arbitramento y solicitudes de amigable composición vinculados a proyectos a cargo de la entidad.
Según el balance presentado por la ANI, actualmente existen 46 tribunales de arbitramento en trámite, cuyas pretensiones alcanzan aproximadamente $16 billones. A este monto se suman 18 solicitudes de amigable composición por alrededor de $86 billones. En conjunto, ambas modalidades representan las cifras que llevan el total de las controversias por megaobras por encima de los $100 billones.
La situación se presenta en medio de las dificultades contractuales que han afectado a diferentes concesiones viales. Entre los factores señalados por la ANI se encuentra el impacto de las modificaciones a las condiciones de los peajes, particularmente después del Decreto 050 de 2023, que congeló temporalmente las tarifas. La entidad señaló que esta situación contribuyó al incremento de las reclamaciones de los concesionarios.
Frente a este escenario, la ANI implementó un plan de contingencia contractual para buscar acuerdos directos con los concesionarios y destrabar proyectos que permanecen con dificultades. De los 42 corredores carreteros bajo responsabilidad de la entidad, ya se han desarrollado 19 mesas de concertación. Entre los proyectos incluidos están Devimed, Santana-Mocoa-Neiva, Troncal del Magdalena, Tercer Carril Bogotá-Girardot, Buga-Buenaventura-Loboguerrero, Estanquillo-Popayán, Malla Vial del Meta, Rumichaca-Pasto y Malla Vial del Valle del Cauca.
La ANI y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) también han establecido una estrategia conjunta para fortalecer la defensa jurídica frente a estos procesos. En agosto, la ANI informó que tenía 46 tribunales de arbitramento activos, además de solicitudes de amigable composición relacionadas con proyectos de infraestructura.
En paralelo, la entidad trabaja en la estructuración de nuevas Asociaciones Público-Privadas (APP) para garantizar la operación y mantenimiento de carreteras que han regresado al Instituto Nacional de Vías (Invías). La ANI también plantea aumentar la participación de la infraestructura en la economía colombiana mediante la ejecución de recursos disponibles en fiducias y patrimonios autónomos vinculados a las concesiones.
