El Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite las reclamaciones presentadas por las comunidades indígenas atacameñas de Peine y Toconao en contra de la resolución del Comité de Ministros que permitió reactivar la tramitación ambiental del proyecto Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine, ubicado en el Salar de Atacama, Región de Antofagasta. La decisión abre una nueva etapa de revisión judicial sobre una iniciativa minera que busca producir cloruro de potasio a partir de salmueras del salar.
Las comunidades solicitaron que se deje sin efecto la resolución administrativa que revocó el rechazo ambiental previo del proyecto y, además, pidieron la aplicación de medidas cautelares para suspender cualquier acto de ejecución mientras el tribunal resuelve el fondo de las reclamaciones. El Tribunal determinó solicitar antecedentes y los argumentos de las demás partes involucradas antes de pronunciarse respecto de dichas medidas.
Entre los principales cuestionamientos presentados se encuentran observaciones relacionadas con los estudios hidrogeológicos utilizados durante la evaluación ambiental, la suficiencia de la información técnica para descartar impactos sobre las aguas subterráneas y la utilización de antecedentes que, según los reclamantes, no reflejarían las condiciones actuales del Salar de Atacama. También se plantean eventuales observaciones respecto de la descripción integral del proyecto y del cumplimiento de los principios de prevención y protección ambiental.
El proyecto contempla una inversión aproximada de US$43 millones y considera la producción de 200.000 toneladas anuales de cloruro de potasio, mediante la recuperación de sales presentes en salmueras del Salar de Atacama. La iniciativa incorpora nuevas instalaciones de chancado, molienda, flotación y una línea eléctrica de aproximadamente 300 metros, con una vida útil estimada de 20 años.
La propuesta minera forma parte de una industria estratégica para la producción de fertilizantes, dado que el cloruro de potasio constituye uno de los principales insumos utilizados por la agricultura mundial. Su desarrollo podría generar nuevas oportunidades para proveedores de ingeniería, construcción, montaje industrial, transporte y servicios especializados, además de dinamizar la actividad económica en la región.
No obstante, el caso vuelve a poner de relieve la creciente importancia de los procesos de evaluación ambiental y de la participación de las comunidades en proyectos extractivos emplazados en ecosistemas de alta sensibilidad. La revisión judicial permitirá analizar si la resolución administrativa se ajustó plenamente al marco normativo vigente y si los antecedentes técnicos presentados resultan suficientes para garantizar la protección de los recursos naturales involucrados.
Especialistas del sector consideran que este tipo de procesos contribuye a otorgar mayor certeza jurídica tanto para las comunidades como para los inversionistas, al definir criterios sobre la aplicación de la normativa ambiental y los estándares técnicos exigidos para el desarrollo de proyectos mineros en zonas de especial valor ecológico.
La decisión que adopte el Primer Tribunal Ambiental será seguida de cerca por la industria minera chilena, ya que podría establecer precedentes relevantes para futuras iniciativas relacionadas con la explotación de recursos presentes en salares. El equilibrio entre desarrollo productivo, protección ambiental y participación ciudadana continuará siendo uno de los principales desafíos para la minería en el norte de Chile.
