Tras superar la etapa de admisibilidad, el proyecto para reactivar la faena inició formalmente su evaluación ambiental. El SEA solicitó pronunciamientos sectoriales con plazo hasta el 20 de agosto de 2026.
El proyecto de extensión operacional de Cerro Colorado avanzó a la etapa de calificación ambiental, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Tarapacá declarara admisible el Estudio de Impacto Ambiental de la iniciativa, que contempla una inversión estimada de US$1.500 millones.
El cambio de estado abre formalmente la revisión técnica del proyecto, una de las iniciativas mineras relevantes actualmente en evaluación para la Región de Tarapacá, cuyo objetivo es reactivar la operación de la faena y extenderla por 20 años, con una producción máxima proyectada de 130.000 toneladas anuales de cátodos de cobre.
La resolución de admisibilidad fue emitida el 8 de julio de 2026, fecha en que el SEA inició además la consulta a los organismos públicos con competencia ambiental que deberán revisar los distintos componentes técnicos y territoriales del proyecto.
19 organismos deberán pronunciarse sobre el proyecto
El SEA de Tarapacá solicitó antecedentes y pronunciamientos a 19 organismos públicos, entre ellos la DGA, Sernageomin, CONAF, CONADI, SAG, SEC, Consejo de Monumentos Nacionales, Comisión Chilena de Energía Nuclear, diversas seremis y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Tarapacá.
El plazo fijado para la entrega de los informes sectoriales es el 20 de agosto de 2026.
Durante esta etapa, los servicios deberán pronunciarse, dentro de sus competencias, sobre el cumplimiento de la normativa ambiental, los permisos ambientales sectoriales aplicables y la suficiencia de las medidas propuestas para abordar los efectos significativos identificados en el EIA.
El inicio de la calificación no implica una aprobación ambiental del proyecto. A partir de las observaciones sectoriales, el proceso puede derivar en solicitudes de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de información al titular.
Proyecto busca reactivar una operación detenida desde 2023
La iniciativa tiene como titular a Compañía Minera Cerro Colorado Ltda. y busca reactivar una operación que permanece en paralización temporal parcial desde noviembre de 2023.
El proyecto modifica nueve de las 14 RCA vigentes de la faena, mediante el reacondicionamiento de instalaciones existentes, ampliaciones y nuevas obras destinadas a sostener la extensión operacional.
La inversión estimada alcanza los US$1.500 millones, mientras la fase de construcción tendrá una duración total de 7,7 años, dividida en dos períodos: 3,5 años para habilitar las instalaciones requeridas para iniciar la operación y otros 4,2 años para llevar el sistema a su máxima capacidad de procesamiento.
El diseño contempla comenzar con una capacidad cercana a 20 millones de toneladas de mineral por año y avanzar posteriormente hasta un máximo de 30 Mtpa, para alcanzar una producción máxima estimada de 130.000 toneladas de cátodos de cobre anuales.
Agua y energía forman parte central de la evaluación
Uno de los principales componentes de la iniciativa es el nuevo sistema hídrico para abastecer la operación.
El proyecto considera la compra de aguas residuales tratadas a un proveedor externo autorizado, las que serán transportadas hasta la faena mediante un acueducto soterrado de aproximadamente 105 kilómetros, con una capacidad de diseño de 191 litros por segundo.
El sistema incluirá dos estaciones de bombeo y un reservorio de 56.453 m³, además de una nueva planta de osmosis inversa para generar distintas calidades de agua destinadas a los procesos mineros.
En materia eléctrica, la operación utilizará inicialmente infraestructura existente, pero el aumento de capacidad a 30 Mtpa requerirá una nueva línea de 220 kV entre Nueva Pozo Almonte y Nueva Cerro Colorado.
EIA identifica 12 impactos significativos
La revisión ambiental deberá considerar un EIA que identificó 53 impactos ambientales, de los cuales 12 fueron clasificados como significativos.
Estos corresponden a impactos asociados a flora y vegetación, fauna terrestre, arqueología y medio humano. En este último componente se concentra la mayor cantidad, con ocho impactos significativos identificados en el estudio.
Entre las medidas propuestas se incluyen rescate y trasplante de flora amenazada, conservación de germoplasma, rescate y relocalización de reptiles, habilitación de rutas alternativas y distintos programas de rescate y puesta en valor arqueológico.
