El Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Minería y la Asociación de Industriales de Iquique coincidieron en manifestar su preocupación por el impacto del fallo del Primer Tribunal Ambiental que deja parcialment sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto de desarrollo de infraestructura y mejoramiento de la capacidad productiva de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, cuya inversión supera los US$3.200 millones.
A través de una declaración pública, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino expresó que esta medida vuelva a instalar el debate de la permisología en la industria minera.
“Nos parece contradictorio que, mientras existe un consenso transversal sobre la necesidad de impulsar el crecimiento y destrabar inversiones, se produzcan fallos que reabren cuestionamientos sobre permisos ya otorgados por el propio Estado», aseguró.
“Hoy vemos cómo una iniciativa que fue aprobada por las instancias técnicas hace cinco años, que ya suma inversiones por sobre los US$3.200 millones y que está prácticamente terminada, vuelve a quedar expuesta a incertidumbres regulatorias”, añadió.
Sonami
Por su lado, el presidente de la Sonami, Jorge Riesco, señaló que este tipo de resoluciones “envían una señal preocupante para el clima de inversión en Chile, especialmente cuando se trata de proyectos de gran escala y largo plazo. Hoy vemos cómo una iniciativa que fue aprobada por las instancias técnicas hace cinco años, que ya suma inversiones por sobre los US$3.200 millones y que está prácticamente terminada, vuelve a quedar expuesta a incertidumbres regulatorias”.
El timonel agregó que el fallo del Segundo Tribunal Ambiental “reabre una discusión que el país aún no logra resolver: las dificultades para avanzar con proyectos estratégicos debido a la excesiva permisología y a la falta de estabilidad en los procesos de autorización. Resulta difícil compatibilizar el llamado transversal a impulsar el crecimiento económico y destrabar inversiones con decisiones que vuelven a poner en duda permisos ya otorgados por el propio Estado. Nuestro llamado es a promover la confianza y certeza para incentivar de manera responsable la inversión en Chile”.
El gremio recordó que Collahuasi constituye un actor económico crítico para la Región de Tarapacá, generando más de 7.000 empleos directos e indirectos. Asimismo, su contribución económica total estimada alcanza aproximadamente US$4.731 millones, lo que equivale al 1,32% del PIB nacional y al 46,8% del PIB de la región.
En esta línea, la Asociación de Industriales de Iquique y del Tamarugal, advirtió los efectos de esta decisión «sobre la certeza jurídica, la confianza inversionista y la continuidad de proyectos estratégicos para Tarapacá y Chile».
