El Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró objetivo militar a los mineros del Norte y Bajo Cauca antioqueño que se nieguen a pagar las cuotas extorsivas estipuladas por el grupo guerrillero.
En un comunicado fechado el 17 de mayo de 2026, la organización armada acusó a empresarios y dueños de minas de asociarse con integrantes del grupo armado Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Según el ELN, los empresarios estarían pagando un impuesto del 10% del oro extraído a dicha organización ilegal, pero no a ellos, lo que acentuó la amenaza directa contra la integridad y libertad de aquellos que operan en el sector.
“Algunos empresarios, dueños de minas, y de entables mineros respaldados por los paramilitares se han negado a pagar sus obligaciones tributarias con el ELN, mientras pagan un tributo del 10% a los paramilitares del Clan del Golfo (…) todo empresario, dueño de mina y de entable minero, debe ponerse a paz y salvo con el pago de su correspondiente tributo al ELN, quien se niegue a cumplir con este requerimiento convierte su propiedad, su libertad y su integridad en objetivo militar”, se lee en el documento.
La comunicación también advierte sanciones estrictas a los que ocasionen daños ambientales en los territorios bajo disputa, aunque pone de manifiesto que la preocupación central del grupo armado recae sobre los ingresos derivados de la explotación aurífera.
“Quien violente las normas de protección ecológica y ambiental o promueva trasgredir dichas normas, será sancionado acorde a la gravedad de los daños”, añadieron.
Por último, el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro responsabiliza además a aquellos que se apropien de minas y tierras, así como a los “testaferros” del Clan del Golfo, de ser igualmente considerados blancos militares.
Así mismo, reiteraron que continuarán “combatiendo a la fuerza armada estatal y paraestatal y respaldando las luchas e intereses de la clase popular”.
Por el momento, ni el EGC ni las autoridades competentes se han pronunciado frente a la declaración de guerra expuesto por el ELN en el Bajo Cauca antioqueño.
Preocupación en la región
La disputa no es reciente. El defensor de derechos humanos Yesid Zapata explicó a Caracol Radio que la situación de presión y amenaza contra los mineros se ha prolongado durante décadas en el Norte y Bajo Cauca antioqueño.
No obstante, el nuevo pronunciamiento del ELN genera mayor temor, principalmente entre los que se dedican a la minería informal y carecen de protección estatal efectiva.
“Sí queremos decir que, evidentemente, la situación de estos mineros es de un alto nivel de riesgo, toda vez que la presencia de los actores armados ilegales en la zona son las formas de control social únicas que hay en el territorio, por la ausencia de la presencia estatal”, expresó el líder al citado medio de comunicación.
A su vez, advirtió que el contexto actual podría escalar hacia nuevas violaciones de derechos humanos —como desplazamientos forzados y asesinatos selectivos— si no se adoptan medidas inmediatas.
“Esa situación podría desencadenar homicidios selectivos, masacres, desplazamientos forzados; podría desencadenar otras formas de violencia contra la población”, complementó.
La Mandinga
Las advertencias del ELN se conocen tras la polémica por una investigación periodística ante la posible presencia de una explotación minera por parte del Clan del Golfo en inmediaciones al Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 31 “Rifles”, ubicado en el municipio de Caucasia (Antioquia).
Inicialmente, se había notificado que trabajadores locales operarían bajo protección directa del EGC y que tenían que entregar un porcentaje significativo de su producción, de acuerdo con una investigación adelantada por el diario internacional The New York Times.
No obstante, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, realizó una inspección al sitio y descartó por completo que el grupo armado tenga incidencia en las actividades mineras artesanales.
Según información recopilada y difundida por el ministerio, la inspección identificó actividades de extracción de oro a cargo de mineros artesanales, algunos asociados a La Mandinga, en terrenos colindantes con el Batallón Rifles, pero fuera de los límites militares.
Como parte de la estrategia, la Mesa de Seguimiento del Bajo Cauca antioqueño definió un cronograma de compromisos, incluyendo verificaciones técnicas, coordinación judicial y una política de diálogo directo con líderes de La Mandinga. Se prioriza el ataque a la minería no artesanal, que desde estos predios abastece circuitos financieros informales y alimenta a grupos insurgentes.
