El Ministerio de Minas y Energía de Colombia publicó un estudio sobre la conformación de áreas de distribución de energía eléctrica. En los informes se analizan los mecanismos que se tuvieron en cuenta para la creación de dichas áreas y sus potenciales alternativas. La finalidad es discutir cómo maximizar la eficiencia y la operatividad de estas zonas.
Cabe mencionar que estas áreas definen las reglas tarifarias en los territorios dentro del país. Esto se traduce en que dos usuarios con el mismo consumo de energía pueden terminar pagando montos de factura diferentes por estar ubicados en zonas distintas.
“Las áreas de distribución de energía eléctrica son el mecanismo con el que el Estado define el mapa tarifario del país. Dentro de cada área, varios operadores pueden prestar el servicio, pero todos los usuarios terminan pagando un mismo cargo de distribución, construido como un promedio regional de los costos de esas empresas. El usuario no paga el costo real de su operador, sino el promedio artificial de la región. Ese diseño no es neutro”, explicó Iván Arroyave, experto en el sector energético y banquero de inversión.
En pocas palabras, este es un instrumento con el cual el regulador define quién paga más y quién paga menos en el sector. Según lo mencionado por Arroyave, después de años de “decisiones erráticas” en el sector, ahora el Gobierno habría admitido que este esquema está suboptimizado y que genera “distorsiones e inequidades”.
“No se trata de una reforma planificada, sino del reconocimiento tardío de un modelo que hoy está generando desequilibrios tarifarios y financieros. Lo que podría venir es un rediseño forzado del mapa tarifario de Colombia, con ganadores y perdedores, lo cual podría modificar los costos de la energía para los hogares, los comercios y la industria, y con ello, la competitividad regional”, determinó el analista.
A pesar de la publicación de los estudios, los cambios en estas áreas pueden realizarse, pero no se trata de un proceso rápido. Sin embargo, en caso de que se modifiquen, sí implicarían nuevos cobros obligatorios por región, aunque esto no puede hacerse sin que pase por el Congreso.
Es por ello que, si estas áreas de distribución realmente llegan a alterar las tarifas, se requerirán definiciones regulatorias completas, nuevas metodologías de remuneración y ajustes contractuales, junto con la delimitación formal de las áreas. Arroyave insistió en que este proceso tomaría tiempo y que no ocurre a través de una resolución simple ni de un día para otro.
A todo esto se suma que, si este esquema termina creando cargos adicionales, tratamientos tarifarios diferenciales y contribuciones obligatorias que equivalgan a impuestos regionales, sí se requerirá una ley para su aprobación. Por lo tanto, el Gobierno no puede, a través de una regulación, crear impuestos o contribuciones, sino que esto debe pasar por el Congreso.
Este medio consultó al Ministerio de Minas y Energía para obtener información actualizada sobre este tema, pero hasta el momento de la publicación no se recibió respuesta.
