La minería ilegal e informal continúa expandiéndose en el Perú y ha comenzado a consolidar nuevos corredores de extracción, procesamiento, transporte y comercialización de minerales. A los territorios tradicionalmente afectados, como Madre de Dios, Puno, Arequipa y La Libertad, se suman ahora zonas de Cusco, Apurímac, Cajamarca, Piura, Loreto, Huánuco y Amazonas, evidenciando una mayor dispersión geográfica de esta actividad.
Según el análisis del especialista Iván Arenas, la expansión no se limita al oro, sino que incorpora otros recursos, como cobre, zinc, plata, estaño y carbón. Esta diversificación amplía el alcance de las economías ilegales y plantea nuevos desafíos para las autoridades encargadas de la fiscalización, la seguridad y la protección ambiental.
Cusco y Apurímac registran nuevos focos de actividad
En el sur del país, la minería ilegal ha sido detectada en distintas localidades de Cusco, entre ellas Paucartambo, en el cauce del río Pumachaca; Camanti, en la provincia de Quispicanchi; y Colquemarca, en Chumbivilcas.
En Apurímac, la provincia de Aymaraes concentra actividades de extracción a cielo abierto que operarían sin las autorizaciones correspondientes ni planes de manejo ambiental. Los registros policiales contabilizaron 21 casos vinculados a presunta minería ilegal en esta provincia entre enero de 2024 y mayo de 2026.
El avance en estas zonas responde, entre otros factores, al potencial geológico y al atractivo económico de la extracción de minerales. Sin embargo, la expansión también pone en evidencia las dificultades para mantener una presencia estatal efectiva en territorios donde confluyen oportunidades de explotación y actividades fuera del marco legal.
Cajamarca y Piura enfrentan el avance de la minería ilegal
En el norte del Perú, Cajamarca se ha convertido en otro punto de preocupación ante el desplazamiento de operadores mineros desde zonas como Pataz, en La Libertad. Entre las localidades identificadas figuran Cajabamba, Hualgayoc y San Ignacio, donde durante 2025 se realizaron más de 200 intervenciones contra la minería ilegal.
Piura también registra actividades ilícitas relacionadas con la extracción y el procesamiento de oro. En el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, la Fiscalía intervino instalaciones utilizadas para estas operaciones y, en marzo de 2026, destruyó ocho molinos, seis motores diésel, tres motobombas y pozas destinadas al procesamiento de material aurífero.
La actividad también ha sido identificada en Tambogrande, Las Lomas, Sapillica, Paimas, Jililí y Lancones. La dispersión de estos puntos dificulta las labores de control, pues las operaciones pueden trasladarse de una localidad a otra y mantener sus cadenas de abastecimiento y procesamiento.
La minería aurífera se expande en la Amazonía
La Amazonía constituye uno de los frentes más preocupantes de esta expansión, especialmente por el uso de dragas para extraer oro de los ríos. En Loreto, un reporte del proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) identificó 1.518 registros históricos de dragas entre 2017 y 2026. De ese total, 704 correspondieron a 2025 y 2026, equivalentes al 46% de los registros acumulados durante nueve años.
La actividad alcanza 13 ríos amazónicos de Loreto, entre ellos el Nanay, Marañón, Tigre, Mazán, Napo y Putumayo. La utilización de estas embarcaciones para la extracción de minerales incrementa la presión sobre los ecosistemas fluviales y complica la fiscalización en zonas de difícil acceso.
Huánuco también aparece en el nuevo mapa de la minería ilegal, con actividades identificadas en Puerto Inca, en el sector de la comunidad nativa Samiri-Paucarcito y en el río Pachitea. En Amazonas se han registrado señales de expansión similares, lo que refuerza la preocupación por el avance de esta economía hacia nuevos territorios amazónicos.
Redes organizadas conectan extracción, procesamiento y comercialización
El crecimiento de estos corredores no responde únicamente a la presencia de mineros en las zonas de extracción. De acuerdo con Arenas, las operaciones ilegales funcionan mediante cadenas productivas en las que participan distintos actores, desde quienes financian las actividades hasta quienes transportan y procesan el mineral y facilitan su comercialización.
Estas redes pueden involucrar plantas de procesamiento, intermediarios y estructuras financieras que contribuyen a introducir minerales de origen ilegal en circuitos comerciales. El especialista también advierte sobre el riesgo de corrupción en instituciones públicas, un factor que puede debilitar las acciones de control y favorecer la continuidad de las operaciones.
La preocupación alcanza a la minería formal, debido a que estas actividades pueden generar riesgos de seguridad y afectar el desarrollo de proyectos en territorios donde existe superposición entre operaciones legales e ilegales. Entre las zonas mencionadas en el análisis figuran Pataz, Fuerabamba y Tapairihua.
El control estatal, un desafío para las regiones
La expansión hacia nuevas regiones evidencia que el problema requiere respuestas diferenciadas según las características de cada territorio y el tipo de mineral extraído. Los corredores vinculados al oro presentan dinámicas distintas de aquellos relacionados con otros metales, por lo que las medidas de fiscalización deben considerar las particularidades de cada cadena productiva.
El desafío no se limita a intervenir las zonas de extracción. También implica controlar el procesamiento, el transporte y la comercialización de los minerales, así como identificar las fuentes de financiamiento y las redes que sostienen estas operaciones.
La consolidación de nuevos corredores de minería ilegal e informal representa, por tanto, un reto para la seguridad, la protección ambiental y la competitividad de la industria minera peruana. La capacidad del Estado para coordinar acciones entre regiones y cerrar los espacios que permiten operar a estas redes será determinante para contener su expansión.
