La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) advirtió que el nuevo cobro por circulación de mercancías en Buenaventura, Colombia, podría generar sobrecostos anuales de entre $86.000 millones y $91.000 millones para los empresarios. La medida, establecida por la Alcaldía Distrital mediante el Decreto 0338 del 26 de agosto de 2026, fija un precio público de $4.235 por cada tonelada de carga que ingrese o salga de las terminales portuarias del municipio.
De acuerdo con los cálculos del gremio, el cobro representa un pago adicional de $127.050 por un tractocamión que transporte 30 toneladas y de $93.170 por un contenedor de 40 pies con 22 toneladas de mercancía. La normativa establece que el valor debe facturarse al propietario de la carga, por lo que Analdex advierte que el incremento podría trasladarse a los consumidores finales y encarecer los insumos utilizados por la industria nacional. Además, la tarifa se actualizaría con base en el índice de precios al consumidor (IPC), hasta alcanzar cerca de $4.500 por tonelada en 2027.
La preocupación se relaciona con la importancia de Buenaventura para el comercio exterior colombiano. Durante 2025, la zona portuaria movilizó 21,4 millones de toneladas, correspondientes a 17,4 millones de toneladas de importaciones y cuatro millones de exportaciones, con un valor aproximado de US$27.000 millones. Asimismo, concentró el 36,8 % de las toneladas importadas por las zonas portuarias del país, de acuerdo con las cifras citadas por Analdex.
El gremio sostiene que el nuevo cobro podría reducir la competitividad de las operaciones de importación y exportación, en un contexto en el que los costos logísticos ya representan entre el 17 % y el 18 %. También alertó sobre el riesgo de que algunas empresas desvíen mercancías hacia terminales del litoral Caribe para evitar los costos adicionales asociados al puerto del Pacífico.
Frente a este escenario, Analdex solicitó suspender el recaudo hasta que se publique íntegramente el estudio técnico, financiero y de movilidad que sustenta la medida. Además, propuso establecer una mesa de concertación con la Alcaldía de Buenaventura, los operadores portuarios, transportadores y representantes de los sectores productivos para revisar el alcance del cobro y sus posibles efectos sobre la actividad económica.
La medida también ha recibido cuestionamientos de otros gremios y del Gobierno nacional. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar), la Federación Nacional de Cafeteros y la Agremiación de Logística y Transporte (Defencarga) han expresado preocupación por el impacto en los costos de operación. Por su parte, la Alcaldía de Buenaventura sostiene que los recursos recaudados se destinarán a proyectos de movilidad e infraestructura vial, incluidos el mantenimiento y mejoramiento de las vías urbanas afectadas por el tránsito de vehículos pesados.
El debate enfrenta así dos objetivos: financiar las intervenciones viales que necesita Buenaventura y evitar que los nuevos costos afecten la competitividad del principal puerto colombiano sobre el Pacífico. La publicación completa del estudio técnico y el diálogo entre las autoridades y los sectores involucrados serán determinantes para evaluar la aplicación de la medida y sus consecuencias para la cadena logística.
