Perú busca aprovechar la creciente demanda internacional por minerales críticos, especialmente la proveniente de Estados Unidos, pero enfrenta el desafío de reducir la complejidad de los procesos necesarios para poner en marcha nuevos proyectos mineros. Durante el evento Rumbo a PERUMIN, especialistas advirtieron que actualmente un proyecto puede enfrentar hasta 265 procedimientos distribuidos en 30 instituciones públicas.
Roderick Eggert, profesor investigador de Colorado School of Mines, señaló que entre 35 y 40 de los 60 minerales críticos identificados por Estados Unidos se producen principalmente como subproductos de otras operaciones mineras. Esta característica abre una oportunidad para países con una importante actividad extractiva, como Perú, que podría incrementar el aprovechamiento de estos recursos a partir de operaciones mineras existentes.
Sin embargo, la capacidad de aprovechar esta oportunidad está condicionada por la tramitología que enfrenta la inversión minera. Paola Bustamante, vicepresidenta de Hágase Instituto, explicó que los procedimientos requeridos para desarrollar un proyecto pasaron de 12 en 2001 a 265 en la actualidad, involucrando a 30 entidades del Estado.
La situación adquiere mayor relevancia frente a la cartera de proyectos mineros del país. Perú cuenta en 2026 con 66 proyectos de inversión minera por US$64.075 millones, distribuidos en 19 departamentos, según la cartera publicada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). De este conjunto, solo ocho proyectos se encuentran actualmente en construcción.
Bustamante sostuvo que la prioridad debe ser lograr que esta cartera avance mediante una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. La especialista planteó que la concreción de las inversiones requiere una articulación local, regional y nacional, especialmente en los territorios donde se desarrollarán los proyectos.
Otro de los desafíos identificados está relacionado con la capacidad institucional del Estado. Bustamante advirtió sobre la dificultad de atraer nuevas generaciones de profesionales hacia el sector público, una situación que podría limitar la capacidad de las instituciones para atender el creciente volumen de procedimientos asociados a las inversiones mineras.
A esta problemática se suma la situación social en las regiones donde se proyectan nuevas operaciones. La exministra del Ambiente Lucía Ruiz señaló que las próximas autoridades regionales y locales asumirán sus cargos en territorios caracterizados por una fuerte crisis de confianza y fragmentación social. Por ello, consideró necesario anticipar el trabajo social y político antes del inicio de los proyectos.
Ruiz sostuvo que no se puede asumir que los proyectos llegarán a territorios sin antecedentes ni conflictos. En ese sentido, planteó que las empresas y el Estado deben considerar desde etapas tempranas las condiciones sociales y políticas de las zonas donde se desarrollará la actividad minera, con el objetivo de construir mecanismos de diálogo y coordinación.
La oportunidad también está vinculada con la posibilidad de incrementar la producción de minerales estratégicos a partir de subproductos. Esta alternativa permitiría ampliar el aprovechamiento de los recursos presentes en los yacimientos y responder a una demanda internacional que busca diversificar sus cadenas de suministro y reducir riesgos asociados a la concentración de determinados minerales.
El Minem, por su parte, mantiene una Ventanilla Única Digital que concentra información sobre los trámites relacionados con el ciclo de inversión minera e integra a nueve entidades públicas. La herramienta busca mejorar la transparencia y la predictibilidad de los procesos, aunque los especialistas reunidos en Rumbo a PERUMIN consideran que todavía existe un amplio espacio para simplificar y coordinar procedimientos.
En este escenario, Perú enfrenta el reto de convertir su potencial geológico en nuevos proyectos y producción efectiva. La demanda de minerales críticos representa una oportunidad para fortalecer la posición del país en el mercado internacional, pero aprovecharla dependerá de la capacidad para reducir barreras administrativas, fortalecer las instituciones y mejorar la coordinación con las regiones y comunidades donde se concentra la inversión minera.
