Complejo Nehuenco reducirá 43% su consumo autorizado de agua

El Complejo Nehuenco, principal central térmica de Colbún y ubicado en la Región de Valparaíso, reducirá en 43% su consumo autorizado de agua cruda, luego de que en 2025 fuera aprobada una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que permite implementar esta reducción. La medida se enmarca en la estrategia de gestión hídrica de la compañía frente al escenario de déficit de agua que enfrenta Chile.

Nehuenco cuenta con una planta de ósmosis inversa que permite disminuir hasta en 40% la extracción de agua en escenarios de estrés hídrico. A esto se suma un acuerdo con una planta desaladora para disponer de agua durante períodos de escasez, reduciendo la dependencia de fuentes de agua cruda para la operación de la central.

Las medidas forman parte de una estrategia más amplia de Colbún para reducir el uso del recurso en sus instalaciones. De acuerdo con el Reporte de Impacto Sostenible 2025, la compañía disminuyó en 70% el uso de agua no operacional de sus centrales respecto de 2018, mediante acciones como la reutilización de aguas servidas tratadas para riego y la incorporación de especies vegetales de menor requerimiento hídrico.

En paralelo, Colbún reportó una reducción de 13% en la intensidad de extracción de agua dulce para la operación desde 2018. Este indicador considera el volumen de agua requerido por cada unidad de energía generada y alcanzó 0,261 metros cúbicos por MWh según los datos del reporte de la compañía.

La gestión hídrica también contempla medidas orientadas al uso compartido del recurso. Desde 2008, Colbún mantiene un convenio con regantes del Maule que permite acopiar agua en el Embalse Colbún para ponerla a disposición de agricultores durante temporadas de menor disponibilidad. En sus centrales hidroeléctricas, la empresa también utiliza los caudales mediante series hídricas y posteriormente restituye el recurso a las cuencas.

La reducción del consumo de agua adquiere relevancia dentro de la transformación del sistema energético chileno, en el que las centrales térmicas continúan aportando capacidad firme mientras aumenta la participación de fuentes renovables. En 2025, el gas natural representó el 27,4% de la generación de Colbún en Chile, de acuerdo con el reporte de impacto de la compañía.

El Complejo Nehuenco también forma parte de iniciativas de innovación energética de Colbún. En sus instalaciones opera una planta de hidrógeno verde asociada a una central eléctrica, mientras que la compañía desarrolla proyectos vinculados con almacenamiento y nuevas tecnologías para complementar su generación.

Con estas medidas, la infraestructura de Nehuenco avanza hacia una operación con menor dependencia del agua cruda y mayor capacidad para enfrentar períodos de estrés hídrico. La reducción autorizada del 43% se suma así a otras acciones de eficiencia implementadas por Colbún en sus instalaciones energéticas en Chile.

Sierra Gorda inicia proyecto de US$725 millones para ampliar molienda

Sierra Gorda SCM dio inicio simbólico a la construcción de su proyecto Cuarta Línea de Molienda, iniciativa que contempla una inversión de US$725 millones y que permitirá ampliar la capacidad de procesamiento de la operación ubicada en la Región de Antofagasta. El hito de primera roca fue encabezado por el presidente de Chile, José Antonio Kast, junto con autoridades nacionales, representantes de los accionistas y trabajadores de la compañía.

La nueva infraestructura permitirá incrementar el procesamiento de mineral desde las actuales 130.000 toneladas diarias hasta 165.000 toneladas, lo que representa un aumento de 26%. Las obras tienen previsto comenzar en enero de 2027, mientras que la entrada en operación de la nueva línea está proyectada para 2030.

El proyecto es desarrollado por Sierra Gorda SCM, cuyos accionistas son la polaca KGHM, con una participación de 55%, y la australiana South32, con 45%. La inversión busca ampliar la capacidad productiva de una operación que produce principalmente cobre y molibdeno y que se ha consolidado como uno de los activos relevantes de la minería chilena.

Durante la etapa de construcción, la iniciativa contempla un peak de aproximadamente 900 empleos directos. Estos puestos se sumarán a los más de 1.700 trabajadores propios y cerca de 3.000 contratistas que participan habitualmente en las operaciones de Sierra Gorda SCM. La compañía también proyecta que la inversión genere actividad para proveedores y servicios asociados a la construcción minera.

La Cuarta Línea de Molienda forma parte de una estrategia de continuidad y crecimiento de largo plazo. Sierra Gorda contempla además un programa de exploración por US$100 millones entre 2028 y 2032, orientado a ampliar el conocimiento y potencial del distrito minero en torno a la operación.

A estas inversiones se suma un plan para extender la vida útil del yacimiento hasta 2049, con recursos cercanos a US$950 millones. De concretarse, la estrategia permitiría prolongar la actividad productiva de la faena y sostener nuevas inversiones en infraestructura y desarrollo minero durante las próximas décadas.

Según cifras de Cochilco citadas por el Ministerio de Minería, Sierra Gorda produjo más de 165.000 toneladas de cobre durante 2025, equivalentes al 3,1% de la producción nacional. En molibdeno, la compañía representa el 9,7% de la producción del país y ocupa el tercer lugar entre los productores nacionales de este mineral.

Con la primera roca, Sierra Gorda SCM inicia una nueva etapa de expansión de su infraestructura de procesamiento, mientras sus accionistas avanzan en un plan que combina aumento de capacidad, exploración y extensión de la vida operacional. La Cuarta Línea de Molienda se proyecta así como una de las principales inversiones de continuidad operacional que se ejecutarán en la Región de Antofagasta hacia 2030.

Generadoras de Chile plantea prioridades para nueva etapa del sistema eléctrico

El Directorio de Generadoras de Chile, junto a su director ejecutivo, Camilo Charme, sostuvo una reunión con la ministra de Energía, Ximena Rincón, para abordar las prioridades que enfrenta el sistema eléctrico chileno ante la rápida transformación de la matriz energética. La conversación estuvo centrada en seguridad operacional, competitividad, señales económicas, infraestructura, inversión y modernización institucional.

El gremio planteó que, después de varios años de expansión de la generación renovable y del almacenamiento, el desafío del sector ya no consiste únicamente en incorporar nueva capacidad. Ahora, el sistema requiere adaptar su operación, infraestructura, incentivos económicos y marco institucional a una matriz energética que presenta características diferentes a aquellas consideradas cuando se diseñaron varias de las reglas actualmente vigentes.

Durante el encuentro, Camilo Charme destacó la importancia de mantener un diálogo entre el sector público y privado para establecer condiciones que permitan sostener la transformación energética. Desde Generadoras de Chile se señaló que la generación eléctrica constituye un habilitante para el crecimiento económico, por lo que la regulación y las políticas públicas deben entregar condiciones de confianza para las nuevas inversiones.

Uno de los principales temas fue la seguridad operacional. El gremio sostuvo que esta debe ser considerada una condición para avanzar con la transición energética y planteó la necesidad de identificar los atributos que requiere la operación del sistema, además de establecer mecanismos para que las distintas tecnologías puedan aportar dichos servicios a la red.

El almacenamiento energético también ocupó un lugar relevante en la discusión. Su rápida incorporación está generando nuevas necesidades regulatorias relacionadas con el despacho, las conexiones, los costos de oportunidad y la valorización de los servicios que las baterías pueden entregar al sistema. El desarrollo de estas definiciones será relevante para integrar de manera más eficiente la generación renovable.

Otro desafío identificado corresponde a la diferencia entre los tiempos de desarrollo de los proyectos y los procesos de infraestructura y regulación. Mientras algunas inversiones pueden ejecutarse en períodos relativamente breves, las conexiones eléctricas y determinadas decisiones administrativas pueden requerir plazos mayores. Ante ello, Generadoras de Chile planteó mejorar la coordinación entre los organismos sectoriales y entregar mayor predictibilidad a los procesos.

La agenda también incluyó el desarrollo de la transmisión y la integración energética regional, junto con el crecimiento de nuevos consumos eléctricos asociados a sectores como la minería, la desalación y los centros de datos. Estos nuevos requerimientos aumentan la necesidad de contar con redes e infraestructura capaces de acompañar la expansión de la demanda.

La reunión se suma a otras iniciativas impulsadas durante 2026 para adaptar el sistema eléctrico chileno. En mayo, la Comisión Nacional de Energía y distintos organismos del sector suscribieron un acuerdo para avanzar hacia un sistema energético integrado, seguro y confiable, con énfasis en modernización normativa, coordinación institucional y capacidades tecnológicas.

Con este escenario, la discusión del sector eléctrico chileno entra en una etapa enfocada no solo en aumentar la generación renovable, sino también en integrar esa capacidad, fortalecer las redes, incorporar almacenamiento y adecuar las reglas del mercado a las nuevas condiciones del sistema.

Proyecto Monterrico Solar avanza tras aprobación ambiental en Ñuble

El proyecto Parque Fotovoltaico Monterrico Solar avanzó en su tramitación tras la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Ñuble. La iniciativa contempla una inversión de US$306 millones y se desarrollará en las comunas de Chillán y Coihueco, incorporando nueva capacidad de generación renovable al Sistema Eléctrico Nacional.

La infraestructura estará conformada por 404.433 paneles solares, con una capacidad instalada de 248,73 MWp y una potencia nominal de 200 MW. La energía generada será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional, contribuyendo a ampliar la participación de fuentes renovables dentro de la matriz energética chilena.

Uno de los componentes relevantes del proyecto será su sistema de almacenamiento mediante baterías, diseñado con una potencia máxima de 200 MW y una capacidad de almacenamiento de hasta seis horas. Esta infraestructura permitirá gestionar parte de la energía producida por la planta y aportar mayor flexibilidad al sistema eléctrico.

El proyecto también contempla la infraestructura necesaria para conectar la generación al sistema eléctrico. De acuerdo con los antecedentes de su evaluación ambiental, se considera una línea de transmisión de 220 kV de aproximadamente 12,3 kilómetros, que permitirá transportar la energía hasta la subestación Monterrico.

En materia de empleo, la iniciativa proyecta alcanzar hasta 400 trabajadores durante la etapa de construcción, mientras que durante su operación se estiman alrededor de 20 puestos de trabajo. Para la fase de cierre, el proyecto contempla cerca de 200 empleos asociados a las actividades correspondientes.

La evaluación ambiental incluyó además un proceso de participación ciudadana. Según los antecedentes oficiales, se recibieron 93 solicitudes de personas naturales y dos de personas jurídicas, junto con la realización de cinco actividades presenciales relacionadas con el proyecto.

Como parte de los compromisos ambientales voluntarios, Monterrico Solar incorporará medidas de seguimiento de avifauna, monitoreo de ruido, capacitación para la protección de fauna silvestre, contratación de mano de obra local, acciones de seguridad vial y medidas de resguardo arqueológico y paleontológico.

Con la aprobación de la DIA, el proyecto supera una etapa relevante de su tramitación ambiental y queda en condiciones de continuar con las siguientes fases necesarias para su desarrollo. La iniciativa tendrá una vida útil estimada de 35 años, consolidándose como una nueva infraestructura de generación y almacenamiento de energía renovable para la Región de Ñuble.

Daniel Mas prevé recuperación de la producción minera en 2027

El biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, señaló que existen perspectivas favorables para la recuperación de la producción minera durante 2027, pese a las disminuciones registradas en el último mes por distintas operaciones. Sus declaraciones fueron realizadas durante la ceremonia de primera piedra de la Cuarta Línea de Molienda de Sierra Gorda SCM, en la Región de Antofagasta.

La autoridad explicó que las recientes caídas productivas responden a situaciones puntuales y manifestó su expectativa de que estas puedan ser superadas en el corto plazo. En este contexto, sostuvo que existen buenos augurios para la producción del próximo año y vinculó estas perspectivas con el avance de nuevas inversiones mineras en el país.

Sierra Gorda invertirá US$725 millones

Uno de los proyectos que sustenta esta expectativa es la Cuarta Línea de Molienda de Sierra Gorda SCM, iniciativa que contempla una inversión de US$725 millones y cuyo inicio de obras está previsto para comienzos de 2027. Durante su construcción se proyecta un peak de aproximadamente 900 empleos directos.

La nueva infraestructura permitirá incrementar en 26% la capacidad productiva de la operación. El proyecto forma parte de un plan de continuidad operacional que se extenderá hacia 2030 y representa una de las principales inversiones mineras actualmente proyectadas para la Región de Antofagasta.

La iniciativa también está acompañada por un programa de exploración de US$100 millones entre 2028 y 2032 y por planes destinados a extender la vida útil de la faena hasta 2049, con recursos estimados en aproximadamente US$950 millones. De esta manera, Sierra Gorda busca mantener y ampliar su capacidad productiva en el largo plazo.

Chile busca impulsar nuevas inversiones mineras

Durante la ceremonia, Mas destacó el papel de la inversión minera como uno de los mecanismos para impulsar el empleo y la reactivación económica. El Gobierno chileno busca generar condiciones para acelerar nuevos proyectos y atraer capital internacional hacia el sector, especialmente en iniciativas relacionadas con minerales relevantes para la transición energética.

Sierra Gorda SCM opera desde 2014 un yacimiento de baja ley orientado a la producción de cobre y molibdeno. Según cifras de Cochilco citadas por Portal Minero, durante 2025 la compañía produjo más de 165.000 toneladas de cobre, equivalentes al 3,1% de la producción nacional, además de aportar el 9,7% de la producción chilena de molibdeno.

El proyecto de ampliación se suma a otras inversiones que buscan sostener la producción minera chilena en los próximos años. Para el Gobierno, iniciativas de continuidad operacional como la de Sierra Gorda permitirían conectar el nivel actual de actividad con un nuevo ciclo de expansión que se proyecta desde 2027.

Durante el acto también se realizó un minuto de silencio en memoria de Waldo Castillo Barraza, trabajador de 49 años que falleció durante labores de mantenimiento en instalaciones de la División Radomiro Tomic de Codelco. El hecho ocurrió mientras la industria minera continúa reforzando sus medidas de seguridad operacional.

Cerro Verde transfirió US$9.045 millones al Estado en 20 años

La operación minera Cerro Verde, ubicada en Arequipa, transfirió aproximadamente US$9.045 millones al Estado peruano entre 2005 y 2025, según cifras presentadas por Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la compañía. El dato fue expuesto durante el Jueves Minero Descentralizado organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Durante el encuentro, denominado “El futuro de la minería y el cobre en el Perú: potencial de la macrorregión sur”, Torreblanca puso el foco en la capacidad de los gobiernos regionales y locales para transformar los recursos provenientes de la actividad minera en infraestructura y servicios públicos. Entre las áreas mencionadas se encuentran agua, saneamiento, educación, salud, carreteras y actividades productivas.

La ejecutiva también señaló que Arequipa recibió S/1.488 millones en transferencias mineras durante 2026, cifra que utilizó para plantear la necesidad de fortalecer la planificación y priorización de proyectos públicos. El planteamiento apunta a que los recursos transferidos por la minería puedan traducirse en obras con impacto directo en el desarrollo territorial.

El reto de convertir recursos en infraestructura

Uno de los puntos centrales expuestos durante el encuentro fue la necesidad de contar con planes de desarrollo de largo plazo que permitan definir las obras prioritarias y dar continuidad a los proyectos independientemente de los cambios de autoridades. En ese sentido, Torreblanca sostuvo que los gobiernos subnacionales deben establecer prioridades para sectores como infraestructura vial, servicios básicos, salud y educación.

La discusión cobra relevancia por el volumen de recursos que genera la actividad minera en las regiones productoras. En el caso de Cerro Verde, los US$9.045 millones transferidos al Estado durante dos décadas representan aportes acumulados que forman parte de los recursos públicos destinados a los distintos niveles de gobierno conforme a los mecanismos establecidos por la legislación peruana.

Torreblanca cuestionó, en ese contexto, la visibilidad de las obras financiadas con estos recursos y planteó revisar qué proyectos se han ejecutado y cuál ha sido su impacto. El planteamiento coloca nuevamente en el debate la relación entre recaudación minera, inversión pública y desarrollo territorial en las regiones donde se concentra la producción de minerales.

Más exploración para sostener la actividad minera

Durante su participación, la presidenta de la SNMPE también destacó la importancia de incrementar la exploración minera para garantizar nuevas oportunidades de producción. Señaló que el desarrollo de nuevos proyectos requiere ampliar el conocimiento geológico y facilitar las condiciones para que las empresas puedan avanzar desde la exploración hacia nuevas operaciones.

En esa línea, planteó la necesidad de hacer más dinámicos los procesos de autorización para la exploración, manteniendo los estándares ambientales y de seguridad. La discusión ocurre mientras el sector busca incrementar la inversión y desarrollar nuevos proyectos que permitan sostener la producción minera peruana en los próximos años.

El debate sobre el uso de los recursos mineros también se produce en un contexto de incremento de la inversión del sector. Entre enero y julio de 2026, la inversión minera en Perú alcanzó US$4.116,7 millones, según cifras reportadas por el Ministerio de Energía y Minas, con infraestructura como uno de los principales componentes de los desembolsos.

Así, los aportes generados por operaciones como Cerro Verde vuelven a poner sobre la mesa la importancia de articular producción minera, transferencia de recursos y ejecución de infraestructura pública. La discusión planteada por la SNMPE apunta a fortalecer la planificación regional para que los ingresos asociados a la actividad extractiva se vinculen con proyectos de largo plazo en las zonas donde se generan.

Proyectos de transporte en Perú atraen interés de empresas alemanas

Una cartera de proyectos de infraestructura de transporte del Perú despertó el interés de empresas alemanas durante una reunión entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y autoridades de ese país. El encuentro permitió presentar oportunidades vinculadas con el desarrollo del Metro de Lima y Callao, infraestructura aeroportuaria y nuevas conexiones viales.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, presentó las iniciativas al viceministro del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, Stefan Rouenhoff, y a la embajadora alemana en Perú, Sabine Bloch. La reunión tuvo como uno de sus objetivos promover la participación de empresas internacionales y explorar posibilidades de cooperación para el desarrollo de infraestructura.

Entre los proyectos expuestos se encuentra la expansión de las líneas del Metro de Lima y Callao, considerada una de las principales iniciativas para ampliar la oferta de transporte masivo en la capital. En particular, el MTC informó sobre los avances de la Línea 3 del Metro, que actualmente se encuentra en etapa de estructuración con el apoyo de ProInversión.

Línea 3 avanza en etapa de estructuración

La Línea 3 forma parte de los proyectos de transporte masivo que el Gobierno busca desarrollar para ampliar la conectividad de Lima y Callao. De acuerdo con el MTC, la iniciativa se encuentra en una fase de estructuración que permitirá definir las condiciones técnicas y financieras necesarias para avanzar hacia sus siguientes etapas.

La cartera presentada también incluyó proyectos relacionados con el Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco. En este caso, el MTC identificó como una necesidad prioritaria la construcción de las vías de acceso que permitan conectar el nuevo terminal con su área de influencia y mejorar las condiciones de movilidad hacia la infraestructura aeroportuaria.

Otro de los proyectos abordados fue la expansión del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y su integración con el sistema de transporte masivo de Lima. El MTC planteó desarrollar una conexión entre el terminal aéreo y la futura estación del ramal de la Línea 4 del Metro, aprovechando el espacio que fue previsto durante el proceso constructivo del aeropuerto.

Cooperación tecnológica y financiamiento

El acercamiento con Alemania también abre la posibilidad de fortalecer la cooperación técnica y explorar mecanismos de financiamiento para proyectos de transporte. La relación con empresas y autoridades alemanas está orientada a incorporar capacidades, tecnología y estándares para el desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria y aeroportuaria.

Además de las obras de infraestructura, durante la reunión se abordó la conectividad aérea entre Perú y Alemania. El representante alemán manifestó interés en que, a futuro, pueda establecerse una ruta de vuelo directo entre ambos países, para lo cual deberán continuar las coordinaciones bilaterales y considerar los acuerdos vigentes con la Unión Europea.

El acercamiento se suma a otras gestiones del MTC para presentar la cartera peruana de infraestructura ante inversionistas y gobiernos extranjeros. Con estos proyectos, el sector busca ampliar las oportunidades de participación privada e internacional en iniciativas que permitan mejorar la conectividad urbana, aeroportuaria y multimodal del país.

APM Terminals invertirá US$231 millones en nuevo muelle del Callao

APM Terminals Callao invertirá US$231 millones en la construcción de un nuevo muelle para ampliar la capacidad de atención de contenedores del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao. El proyecto, denominado Nuevo Frente del Pacífico, corresponde a la etapa 3B de modernización del terminal y contempla la construcción del Muelle 5C.

La nueva infraestructura tendrá 440 metros de longitud y 16 metros de profundidad, dimensiones que permitirán atender buques de gran tamaño, con capacidad superior a los 20.000 TEU. La culminación del Muelle 5C está prevista para 2028 y forma parte de un proceso de ampliación destinado a responder al crecimiento de los flujos de comercio exterior que pasan por el Callao.

Con la incorporación del nuevo muelle, el Terminal Norte alcanzará una capacidad aproximada de 1,7 millones de TEU anuales, con posibilidad de ampliar posteriormente este volumen hasta 2,2 millones de TEU. La infraestructura permitirá además mejorar las condiciones para recibir embarcaciones de mayor tamaño y ampliar los servicios marítimos disponibles desde el principal puerto del país.

Más infraestructura para carga refrigerada

Uno de los componentes de la ampliación estará relacionado con la cadena de frío. APM Terminals contempla incrementar en 25% las conexiones eléctricas destinadas a contenedores refrigerados, hasta llegar a 2.000 puntos, infraestructura necesaria para mantener productos perecibles bajo condiciones controladas durante su permanencia en el terminal.

Este componente adquiere relevancia ante el crecimiento de las agroexportaciones peruanas, que en 2025 alcanzaron un valor récord de US$15.013 millones, de acuerdo con las cifras citadas por la empresa. La ampliación también busca atender mayores requerimientos de sectores como manufactura, comercio minorista, minería y tecnología.

El proyecto contempla además la incorporación de grúas para buques de gran tamaño, equipos para movilizar contenedores dentro de los patios y una estación destinada a la carga de maquinaria eléctrica. Estos componentes acompañarán la ampliación de la infraestructura física del terminal y permitirán incrementar su capacidad operativa.

Una modernización que continuará hasta 2030

El nuevo Muelle 5C corresponde a la primera fase de la etapa 3B de modernización del Terminal Norte. De acuerdo con APM Terminals, esta etapa contempla una inversión global cercana a US$570 millones y se ejecutará en dos fases durante cuatro años, sin interrumpir las operaciones actuales del terminal.

La segunda fase, prevista para desarrollarse entre 2028 y 2030, estará orientada principalmente a ampliar la capacidad para carga general, mediante la construcción de tres nuevos muelles. En conjunto, la etapa 3B permitirá elevar la capacidad del terminal de 1,3 millones a aproximadamente 1,75 millones de contenedores anuales y de 13,5 millones a 18 millones de toneladas de carga general, según APM Terminals.

El proceso de modernización cuenta con la autorización de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), que aprobó el expediente técnico correspondiente a la etapa 3B. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones también informó que las obras buscan ampliar la capacidad operativa del Terminal Norte y fortalecer la infraestructura portuaria vinculada al comercio exterior peruano.

Con la construcción del Muelle 5C y las siguientes intervenciones previstas hasta 2030, APM Terminals busca ampliar la infraestructura disponible en el Callao para atender naves de mayor tamaño y mayores volúmenes de carga. La expansión se desarrolla en paralelo con el crecimiento de la actividad portuaria y las necesidades logísticas de los sectores exportadores e importadores del país.

MINEM propone autorizar exploraciones mineras en cinco días

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) planteó agilizar los permisos ambientales para determinados proyectos de exploración minera, con la posibilidad de obtener una constancia de aprobación en un plazo máximo de cinco días hábiles. La propuesta forma parte de un proyecto de decreto supremo publicado para consulta pública y busca reducir los tiempos de tramitación para iniciativas con impactos ambientales no significativos.

La iniciativa fue puesta en consulta mediante la Resolución Ministerial N.° 416-2026-MINEM/DM, publicada el 29 de septiembre de 2026. El proyecto plantea modificar el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por el Decreto Supremo N.° 042-2017-EM. La ciudadanía, empresas y organizaciones interesadas cuentan con 15 días calendario para presentar comentarios y aportes.

Declaración Jurada Ambiental

Uno de los principales cambios propuestos consiste en incorporar la Declaración Jurada Ambiental (DJA) como un instrumento complementario al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Su tramitación estaría a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM).

De acuerdo con la propuesta, una vez recibida la DJA y verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos, la autoridad podría emitir una Constancia de Aprobación Automática en un máximo de cinco días hábiles. El mecanismo estaría dirigido exclusivamente a proyectos que, por sus características, sean considerados de impacto ambiental no significativo.

Entre las condiciones planteadas se encuentra que los proyectos tengan hasta 10 plataformas de perforación y una superficie total intervenida inferior a cinco hectáreas. De esta manera, el mecanismo estaría orientado a actividades de exploración de menor escala y no a proyectos mineros de gran magnitud.

Participación ciudadana y fiscalización

La propuesta del MINEM mantiene mecanismos de participación ciudadana para los proyectos que accedan a este procedimiento. Según el proyecto difundido, las empresas deberán realizar talleres informativos y otros mecanismos destinados a informar a las poblaciones ubicadas dentro del área de influencia de las actividades de exploración.

Asimismo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) conservaría sus funciones de supervisión y fiscalización sobre las actividades mineras. Por tanto, la reducción del plazo para obtener la constancia no elimina las obligaciones ambientales ni las competencias de fiscalización posteriores.

La propuesta se presenta en un contexto en el que el Gobierno busca reducir los tiempos asociados al desarrollo de nuevos proyectos mineros. Entre enero y agosto de 2026, el MINEM informó la autorización de inversiones mineras por más de US$3.067 millones, correspondientes a 150 proyectos, incluyendo iniciativas de exploración.

De aprobarse la modificación, el nuevo procedimiento permitiría acelerar una etapa inicial de los proyectos de exploración que cumplan los parámetros establecidos. Sin embargo, la medida todavía no está vigente y deberá completar el proceso de consulta y evaluación normativa antes de determinarse su aprobación definitiva.

Senace pide confianza en proceso ambiental de Tía María

La presidenta del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), Silvia Cuba, exhortó a la población de Islay, en Arequipa, a confiar en el proceso que desarrolla el Estado respecto al proyecto minero Tía María. La funcionaria señaló que la entidad exigirá al titular del proyecto el cumplimiento de los estándares ambientales establecidos en la normativa peruana.

Cuba explicó que el Senace ya aprobó el Plan de Participación Ciudadana de Tía María, instrumento que permite iniciar una nueva etapa de participación de la población vinculada al proyecto. Precisó que esta aprobación no representa la aprobación de un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), sino el inicio de un proceso en el que los ciudadanos podrán presentar aportes, observaciones y preocupaciones.

La presidenta del Senace destacó que la participación ciudadana será un componente central del proceso en Islay. Según explicó, equipos de la institución ya se encuentran en la zona realizando reuniones y actividades informativas con la población, con el objetivo de mantener presencia directa durante la evaluación del proyecto.

Senace fortalecerá presencia en Islay

La entidad busca que la población tenga acceso a información relacionada con el proceso ambiental y pueda participar en las diferentes etapas previstas. Cuba señaló que el acompañamiento en campo, las reuniones previas y la participación ciudadana forman parte de las acciones que el Senace viene fortaleciendo para mejorar la relación entre la autoridad ambiental, los titulares de proyectos y las comunidades.

Tía María se desarrolla en los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, en la provincia de Islay. El proyecto cuenta con antecedentes de evaluación ambiental por parte del Senace y, en 2024, la entidad otorgó conformidad a un segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS), relacionado con modificaciones menores en componentes como campamentos, caminos de acceso y depósitos de ripios.

La iniciativa también ha continuado incorporando modificaciones a sus componentes. En 2025, Southern Perú presentó un tercer ITS ante el Senace para plantear nuevos cambios en el proyecto, dentro del marco de los instrumentos de gestión ambiental establecidos para este tipo de operaciones.

Senace proyecta US$20.000 millones en certificaciones

Durante la entrevista, Silvia Cuba informó además que el Senace ha certificado en lo que va de 2026 más de US$15.000 millones mediante más de 140 estudios. La entidad tiene como meta cerrar el año con aproximadamente US$20.000 millones en certificaciones ambientales.

La funcionaria señaló que el objetivo institucional es continuar fortaleciendo la asistencia técnica, el acompañamiento en campo y los mecanismos de participación ciudadana, además de consolidar el papel del Senace como autoridad encargada de evaluar ambientalmente los grandes proyectos de inversión del país.

En el caso de Tía María, el proceso continuará con las etapas correspondientes de participación y evaluación ambiental. El inicio de producción del proyecto está previsto para principios de 2028, según lo señalado por la presidenta del Senace, por lo que las próximas fases serán determinantes para el desarrollo de la iniciativa en la provincia de Islay.