El Ministerio de Transporte de Colombia reprogramará de manera concertada con los concesionarios $5,5 billones en vigencias futuras de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que estaban previstos para el presupuesto de 2027. La medida busca atender el déficit presupuestal del sector y mantener la continuidad de los proyectos de infraestructura vial.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que los recursos serán redistribuidos para ser pagados progresivamente durante los próximos años, mediante una revisión proyecto por proyecto. El análisis permitirá identificar compromisos de largo plazo que, debido al ritmo de ejecución de las obras, cuentan con margen para modificar su programación sin afectar los compromisos adquiridos con los concesionarios.
Recursos se concentrarán en obras con capacidad de avanzar
La estrategia busca liberar espacio dentro del presupuesto de 2027 y dirigir recursos hacia proyectos que se encuentren en condiciones técnicas para avanzar con mayor rapidez. El Ministerio señaló que esta reorganización forma parte de una estrategia más amplia para atender obras atrasadas y mejorar el estado de la infraestructura nacional.
Entre los proyectos identificados como prioritarios se encuentra el Túnel del Toyo, en Antioquia, donde se prevé avanzar con la instalación de equipos electromecánicos para ponerlo en funcionamiento durante 2027. También figura la vía Barranquilla-Santa Marta, además de la reactivación de convenios relacionados con vías terciarias.
Gobierno plantea estrategia multimodal
La reprogramación de las vigencias futuras se integra a un plan de infraestructura que contempla inversiones en carreteras, ferrocarriles, transporte fluvial y aeropuertos. Entre las apuestas señaladas por el Ministerio para 2030 están el Plan Vial del Chocó, la modernización aeroportuaria, la navegabilidad del río Magdalena y el desarrollo de un corredor ferroviario hacia los puertos del Caribe.
El Gobierno también plantea modificar la legislación sobre Asociaciones Público-Privadas (APP) y fortalecer aspectos como la seguridad jurídica y la transparencia en los procesos de contratación, con el propósito de facilitar la participación de capital privado en nuevos proyectos de infraestructura.
La reprogramación de los $5,5 billones permitirá ajustar el calendario de pagos de la ANI al ritmo real de ejecución de las concesiones, mientras el Ministerio busca priorizar la terminación de obras iniciadas y recuperar la capacidad de inversión en infraestructura durante los próximos años.
