La exportación de oro de origen ilegal ya superó a la de procedencia legal en Perú durante el primer semestre de 2026, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). Entre enero y junio, los envíos asociados a la minería ilegal crecieron 19,4%, mientras que los de origen legal disminuyeron 5,9%.
Como resultado, el oro de origen ilegal superó al legal en 8,7 toneladas y representó aproximadamente el 54% del volumen total de oro exportado por el país durante los primeros seis meses del año. El IPE estima que, si esta tendencia continúa, la participación del oro ilegal podría ubicarse entre 52% y 55% del total al cierre de 2026.
Exportaciones ilegales podrían superar 120 toneladas
Para el cierre del año, el IPE proyecta que las exportaciones de oro de origen ilegal alcanzarían al menos 110 toneladas y podrían superar las 120 toneladas. El incremento se produce en un escenario de elevados precios internacionales del metal, que han aumentado el valor económico asociado a esta actividad.
Durante 2026, el precio promedio del oro se situó alrededor de US$4.500 por onza, un 44% por encima del promedio registrado durante el mismo periodo de 2025, cuando alcanzó aproximadamente US$3.125.
Oro ilegal podría generar hasta US$18.000 millones
El mayor volumen exportado y el incremento de la cotización internacional también elevarían significativamente el valor de los envíos de oro de origen ilegal. El IPE estima que estos podrían representar al menos US$16.000 millones durante 2026 y eventualmente superar los US$18.000 millones.
La estimación supone un incremento importante frente a los US$11.500 millones calculados para 2025. De acuerdo con el IPE, el crecimiento de esta actividad está relacionado tanto con el atractivo generado por los altos precios del oro como con las dificultades para contener la expansión de la minería ilegal.
Reinfo vuelve a estar en el centro del debate
El IPE también puso el foco en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según las cifras citadas por el instituto, desde su creación en 2016 apenas 2% de sus inscritos habría culminado el proceso de formalización.
El registro ha sido prorrogado en cinco oportunidades y su vigencia está prevista actualmente hasta diciembre de 2026. El IPE advierte sobre los desafíos que persisten para lograr que los operadores inscritos culminen efectivamente sus procesos de formalización.
El escenario plantea nuevos desafíos para el sector minero peruano, especialmente en materia de trazabilidad del oro, formalización y control de las actividades extractivas, mientras los elevados precios internacionales mantienen fuertes incentivos económicos para la producción y comercialización del metal.
