México avanza en la reactivación de nuevas inversiones mineras luego de que el Gobierno federal autorizara cinco proyectos extractivos entre noviembre de 2025 y julio de 2026, con una inversión conjunta estimada en US$2.500 millones.
Las iniciativas están ubicadas en Durango, Jalisco, Sonora y Zacatecas y fueron aprobadas después de verificar el cumplimiento de criterios sociales y ambientales. El proceso forma parte de un nuevo enfoque regulatorio que busca combinar la fiscalización del sector con la generación de condiciones para atraer capital minero.
El presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), Pedro Rivero González, destacó que la apertura del diálogo entre el sector privado y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha contribuido a destrabar proyectos que permanecían pendientes y a generar mayor certidumbre jurídica para las inversiones.
Avance en permisos ambientales y de agua
Como parte del nuevo esquema de evaluación, la Secretaría de Economía realizó cinco visitas de supervisión social y ambiental entre agosto y diciembre de 2025. Estas inspecciones permitieron identificar condiciones locales y orientar acciones de inversión social hacia infraestructura considerada prioritaria en las comunidades vinculadas con los proyectos.
Paralelamente, las autoridades federales brindaron apoyo técnico para acelerar el procesamiento de 70 expedientes ambientales correspondientes a 48 unidades mineras ubicadas en 12 estados. El objetivo fue facilitar la regularización de operaciones bajo la normativa ambiental vigente.
En materia hídrica también se registraron avances. La coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras dependencias permitió desahogar 74 trámites relacionados con permisos y concesiones de agua entre septiembre de 2025 y julio de 2026.
Depuración de concesiones
La estrategia de reactivación también está acompañada por una depuración de títulos mineros que incumplen obligaciones legales, técnicas o fiscales.
Hasta julio de 2026, el Gobierno había recuperado 1,62 millones de hectáreas mediante la cancelación de 2.141 títulos, equivalente al 15 % de la superficie concesionada registrada hasta octubre de 2024. En febrero se había producido una primera cancelación de 1.126 concesiones que comprendían 889.512 hectáreas.
Esta política busca diferenciar entre concesiones que cumplen con sus obligaciones y proyectos con potencial para avanzar bajo criterios de sostenibilidad, mientras el Estado mantiene control sobre áreas estratégicas y reservas de litio.
A nivel internacional, México también busca fortalecer su posición dentro de las cadenas de suministro de minerales críticos. En febrero de 2026 presentó junto con Estados Unidos un plan de acción bilateral orientado a consolidar las cadenas regionales y mejorar la competitividad industrial de Norteamérica.
Con este nuevo escenario, el Gobierno mexicano apuesta por una minería con mayores controles regulatorios y ambientales, pero también con mecanismos que permitan destrabar inversiones, agilizar permisos y desarrollar proyectos estratégicos para la economía nacional.
