Representantes del sector energético chileno plantearon la necesidad de impulsar reformas estructurales al mercado eléctrico, fortalecer la seguridad del sistema y adecuar la regulación a los desafíos de la transición energética hacia 2035.
Las propuestas fueron abordadas durante el conversatorio “Aprobada la Ley de Protección Tarifaria ¿Y ahora qué?”, organizado por las consultoras energiE y Domo Legal, donde especialistas analizaron los principales desafíos regulatorios y de mercado que enfrenta la industria eléctrica.
Entre los principales temas discutidos estuvo la implementación de la reciente Ley de Protección Tarifaria. Daniela González, socia fundadora de Domo Legal, identificó desafíos relacionados con los inventarios de transmisión, los planes extraordinarios de inversión en distribución y la renegociación de contratos de suministro, aspectos que podrían incrementar la percepción de riesgo regulatorio.
La especialista sostuvo que las prioridades del sector deberían concentrarse en una reforma a la distribución, cambios al mercado mayorista y una gobernanza adecuada de la transición energética, incorporando como eje fundamental la seguridad del sistema.
Por su parte, Daniel Salazar, socio director de energiE, advirtió sobre los riesgos que podrían afectar la estabilidad del sistema ante el avance de la descarbonización. Señaló que la planificación energética de largo plazo debe articularse con las necesidades actuales de infraestructura y generación, especialmente frente al retiro progresivo del carbón y la necesidad de contar con señales suficientes para garantizar la firmeza de la matriz.
Asimismo, planteó que el crecimiento de la generación renovable requerirá inversiones en infraestructura costo-eficiente y una planificación coordinada para evitar problemas de viabilidad operativa.
En tanto, Javier Bustos, consultor asociado de Domo Legal, presentó escenarios para la evolución del mercado eléctrico chileno hacia 2035. Entre las variables favorables destacó un eventual aumento de la demanda asociado a nuevos proyectos mineros y centros de datos, mientras que entre los riesgos identificó posibles retrasos en obras de transmisión, estancamiento de la demanda y una eventual sobreoferta de almacenamiento.
Los especialistas coincidieron en que el desarrollo de la transición energética requerirá reformas regulatorias, mayor coordinación sectorial y nuevas señales de mercado que permitan compatibilizar la incorporación de energías renovables con la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico.
