CGE y ALTO reforzaron su estrategia de persecución legal contra el hurto de energía eléctrica en Chile, luego de detectar 3.299 casos a nivel nacional entre enero de 2025 y junio de 2026.
De acuerdo con los antecedentes de CGE, las regiones con mayor cantidad de casos fueron Maule, con 622; O’Higgins, con 611; y Metropolitana, con 608. Les siguieron Biobío, con 327 casos; La Araucanía, con 272; y Coquimbo, con 242.
A nivel comunal, Curicó encabezó los registros con 204 casos, seguido por Talca con 173, Rancagua con 153, San Bernardo con 147 y Coquimbo con 111.
Estrategia de persecución penal
Frente al incremento de estas situaciones, ALTO, en representación de CGE, ha impulsado una estrategia de persecución penal que se ha traducido en 1.297 querellas presentadas desde 2024. Estas acciones han permitido identificar a 161 personas imputadas y obtener 46 resultados judiciales favorables.
La estrategia contempla la identificación, documentación y judicialización de los casos, junto con la aplicación de protocolos de investigación y recopilación de evidencia para respaldar las acciones ante los tribunales.
Según CGE, el hurto de electricidad no solo representa un perjuicio económico para las empresas distribuidoras, sino que también puede comprometer la continuidad y seguridad del suministro para otros usuarios.
Riesgos para las redes eléctricas
Uno de los principales problemas asociados a las conexiones clandestinas es la intervención no autorizada de los sistemas de medición o la realización de conexiones irregulares directamente sobre las redes.
Estas prácticas pueden generar sobrecargas y aumentar los riesgos de incendios, electrocuciones y cortes de suministro, además de afectar la calidad del servicio eléctrico.
La investigación de los casos también ha permitido identificar patrones asociados a la instalación organizada de empalmes irregulares. Esta situación añade complejidad a los procesos de investigación y requiere fortalecer los mecanismos de recopilación de pruebas.
Para las empresas distribuidoras, el control de estas intervenciones forma parte de las acciones destinadas a proteger la infraestructura eléctrica y mantener condiciones adecuadas de seguridad para las comunidades.
Mayor coordinación para proteger la infraestructura
CGE y ALTO continuarán trabajando conjuntamente en la detección de conexiones irregulares y en la presentación de acciones judiciales contra quienes sean responsables de estos delitos.
El modelo busca combinar herramientas de investigación, protocolos técnicos y estrategias legales para aumentar la efectividad de los procesos judiciales.
La compañía también hizo un llamado a la comunidad para colaborar mediante la denuncia de posibles casos de hurto de energía. La detección temprana de conexiones clandestinas puede contribuir a reducir los riesgos asociados a estas intervenciones y proteger la infraestructura de distribución.
El fenómeno representa un desafío para el sector eléctrico chileno, especialmente en las zonas donde se concentra un mayor número de casos. Además del impacto económico, las conexiones ilegales pueden generar consecuencias sobre la seguridad de las personas y la continuidad del suministro.
Con el fortalecimiento de las acciones legales y de los mecanismos de investigación, CGE y ALTO buscan reducir la incidencia del hurto de energía y avanzar hacia una mayor protección de las redes eléctricas y de los usuarios del sistema.
