La llegada del nuevo Gobierno en Colombia abre expectativas para el sector de la construcción y el mercado inmobiliario, especialmente ante la propuesta de implementar créditos hipotecarios con tasas cercanas al 2 % anual y plazos de hasta 30 años para facilitar el acceso de los hogares a una vivienda propia.
La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas planteadas por Abelardo de la Espriella, que también contempla la reactivación de subsidios para la adquisición de vivienda y la simplificación de los trámites relacionados con el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios.
El objetivo es reducir las barreras financieras que actualmente enfrentan los hogares colombianos y, al mismo tiempo, estimular la demanda de vivienda nueva. Una reducción significativa de las tasas hipotecarias permitiría disminuir el costo financiero de los créditos de largo plazo y mejorar la capacidad de compra de las familias.
Desde el sector financiero se considera que la viabilidad de estas medidas dependerá en buena parte de la situación fiscal del Gobierno y de su capacidad para generar condiciones que permitan reducir las tasas de interés. Un entorno de mayor estabilidad podría facilitar nuevas reducciones en las tasas de mercado y estimular tanto la compra de vivienda como el desarrollo de proyectos.
Uno de los componentes considerados determinantes son los subsidios para la cuota inicial y la tasa de interés. Estos mecanismos permitirían que hogares de menores ingresos puedan superar una de las principales barreras de entrada al mercado inmobiliario: la necesidad de reunir un porcentaje significativo del valor de la vivienda antes de acceder al crédito.
Actualmente, para una vivienda con un valor aproximado de entre $220 millones y $240 millones, una cuota inicial cercana al 15 % representa un esfuerzo considerable para familias cuyos ingresos se encuentran entre uno y dos salarios mínimos.
La combinación de subsidios nacionales, programas de las entidades territoriales y apoyo de las cajas de compensación podría ampliar el número de hogares con capacidad para acceder a una vivienda formal.
Sin embargo, la propuesta de créditos hipotecarios al 2 % enfrenta un desafío relacionado con el costo de fondeo del sistema financiero. Las entidades deben cubrir sus propios costos de financiación y riesgos, por lo que será necesario establecer cómo se estructurarían los eventuales subsidios a la tasa y cuál sería la participación del Gobierno y de los bancos.
Para el sector construcción, una eventual reducción del costo del crédito podría tener efectos que trasciendan la demanda de vivienda. Una mayor capacidad de compra de los hogares podría impulsar las ventas de proyectos nuevos, mejorar la rotación de inventarios y generar condiciones para que las empresas constructoras reactiven iniciativas que actualmente permanecen aplazadas.
El impacto también podría extenderse a toda la cadena de valor de la construcción, incluyendo proveedores de materiales, empresas de ingeniería, contratistas, trabajadores y actividades relacionadas con el mercado inmobiliario.
La propuesta llega en un contexto de debilidad para el sector. Durante los primeros cinco meses de 2026, las ventas de vivienda nueva disminuyeron 8 % frente al mismo periodo del año anterior, mientras que los lanzamientos de nuevos proyectos registraron una caída de 17,5 %. A esto se suma una contracción prolongada en el inicio de nuevas obras.
En este escenario, una política que combine menores tasas de interés, subsidios y simplificación de trámites podría convertirse en un mecanismo para estimular simultáneamente la demanda y la oferta habitacional.
No obstante, la implementación de créditos cercanos al 2 % requerirá definir mecanismos concretos de financiación y coordinación entre el Gobierno, el sistema financiero y las entidades encargadas de la política de vivienda.
El éxito de la estrategia dependerá, por tanto, de la capacidad para generar condiciones financieras sostenibles que permitan ampliar el acceso a vivienda sin comprometer la estabilidad del sistema. De concretarse, la medida podría convertirse en uno de los principales instrumentos para reactivar el mercado inmobiliario y la actividad constructora en Colombia.
