La seguridad operativa de los sectores minero y de hidrocarburos atraviesa uno de sus momentos más complejos en Colombia. Durante el último año, las empresas, gremios y operadores de estas actividades han reportado un incremento sostenido de bloqueos, ataques a infraestructura estratégica y protestas que han terminado afectando la continuidad de la producción, el transporte de materias primas y el abastecimiento energético en distintas regiones del país.
Las cifras consolidadas por los gremios energéticos muestran la magnitud de la situación. En el último periodo anual se registraron 1.363 bloqueos contra operaciones del sector, además de 580 atentados dirigidos a la red nacional de oleoductos y 1.078 conexiones ilícitas utilizadas para el hurto de hidrocarburos.
A estas afectaciones se suma una caída del 10,3% en el Producto Interno Bruto (PIB) de minas y canteras, un indicador que refleja el impacto de las interrupciones sobre una actividad clave para las finanzas públicas y las exportaciones colombianas.
La combinación de protestas sociales, conflictos laborales, reclamos comunitarios y acciones contra la infraestructura energética ha generado un escenario que se extiende desde las zonas petroleras de los Llanos Orientales hasta los principales corredores mineros del Caribe y el noroeste del país.
En varias de estas regiones, los cierres de vías se han convertido en un factor recurrente que dificulta el transporte de insumos, limita la movilidad de trabajadores y retrasa la salida de la producción hacia los mercados nacionales e internacionales.
Puerto Gaitán y los corredores energéticos bajo presión
Uno de los casos más representativos se encuentran en Puerto Gaitán, Meta, donde los bloqueos en el corredor vial del peaje El Yucao han afectado la conexión entre Meta y Vichada.
Las restricciones a la movilidad provocaron una producción diferida cercana a los 8.000 barriles de petróleo diarios, según los reportes del sector.
El impacto se ha hecho visible especialmente en campos de alta relevancia para la producción nacional. Entre ellos figura Caño Sur, cuya producción habitual alcanza los 45.000 barriles por día.
Los cierres y restricciones operativas han obligado a suspender actividades de manera temporal, reduciendo el flujo de crudo y afectando los ingresos derivados de la actividad extractiva.
Las consecuencias también se reflejan en las finanzas territoriales. Las estimaciones del sector indican que las interrupciones han generado pérdidas superiores a los 500 millones de pesos diarios en regalías para los niveles local y nacional.
Estos recursos tienen como destino programas de inversión pública, infraestructura y proyectos sociales en diferentes regiones del país.
Detrás de varios de estos bloqueos aparecen reclamaciones relacionadas con tarifas de transporte, contratación de servicios locales y demandas de inversión social.
Aunque las causas varían según la región y los actores involucrados, las empresas señalan que la prolongación de las protestas termina afectando la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de los cronogramas productivos.
La infraestructura asociada al gas licuado de petróleo también ha enfrentado dificultades. En departamentos como Casanare y Arauca se han registrado protestas que obstaculizan la evacuación de combustibles desde plantas consideradas estratégicas para el abastecimiento energético.
La situación genera preocupación por la posibilidad de retrasos en el suministro hacia distintas zonas del interior del país, especialmente en momentos de alta demanda.
La minería enfrenta cierres recurrentes y reducción de producción
En el sector minero, una de las operaciones más afectadas ha sido la de Cerrejón, en La Guajira. La compañía ha reportado cerca de 80 bloqueos acumulados en sus vías férreas y carreteras internas, utilizadas para movilizar carbón desde la mina hasta los puntos de exportación.
Las interrupciones han sido impulsadas por distintos grupos, entre ellos comunidades indígenas, organizaciones afrodescendientes y antiguos trabajadores que reclaman compensaciones, cumplimiento de acuerdos o espacios de diálogo sobre asuntos laborales.
Cada episodio de bloqueo genera alteraciones en la cadena logística y obliga a reorganizar operaciones que dependen de un flujo continuo de transporte.
La producción de carbón térmico refleja parte de ese impacto. Los registros muestran una reducción desde 19,2 millones de toneladas anuales hasta 16,8 millones de toneladas. Paralelamente, las dificultades operativas han derivado en la suspensión temporal de miles de contratos laborales vinculados directa e indirectamente a la actividad minera.
Los problemas no se limitan a La Guajira. En Antioquia, Córdoba y Valle del Cauca también se han presentado movilizaciones protagonizadas por mineros tradicionales e informales. Municipios del Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba y sectores de Buenaventura han sido escenario de protestas que incluyen bloqueos de corredores estratégicos para el transporte de mercancías.
Los manifestantes han expresado inconformidad frente a los operativos de la Fuerza Pública dirigidos a la destrucción de maquinaria pesada utilizada en actividades mineras sin regulación. Además, exigen avances en los procesos de formalización que el Gobierno Nacional ha venido promoviendo desde 2023 para integrar a pequeños productores dentro de esquemas legales de explotación.
La persistencia de estas movilizaciones ha generado afectaciones en el tránsito regional y ha obligado a las autoridades a implementar medidas temporales para garantizar la circulación de bienes y personas. Mientras tanto, las empresas continúan monitoreando los efectos de las interrupciones sobre la producción y los cronogramas de exportación.
Nuevos episodios de orden público elevan las alertas del sector
Las preocupaciones de la industria volvieron a evidenciarse recientemente tras los hechos registrados en Neiva, Huila. El pasado 27 de mayo de 2026, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) manifestó su rechazo a los actos vandálicos ocurridos en las instalaciones de la empresa VARISUR S.A.S.
Según informó el gremio, las autoridades iniciaron las verificaciones e investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Aunque el incidente no dejó personas lesionadas, Campetrol señaló que se trató de un hecho que afectó la tranquilidad y la propiedad privada vinculada a la actividad empresarial.
En su pronunciamiento, la organización hizo un llamado a las autoridades para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y fortalecer las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de las actividades productivas. Asimismo, expresó su respaldo a la empresa afectada y a los trabajadores relacionados con la operación.
Los episodios recientes se suman a una serie de alertas registradas entre marzo y abril de este año en diferentes regiones productoras. De acuerdo con Campetrol, durante ese periodo se presentaron eventos de orden público que alteraron la normalidad de las operaciones de empresas afiliadas en departamentos como Arauca, Bolívar, Meta y Santander.
Los municipios de Arauca, Arauquita, Cantagallo, Cabuyaro, Puerto Gaitán y Puerto Wilches concentraron parte de las situaciones reportadas. Entre las causas identificadas aparecen asuntos relacionados con relacionamiento sindical, contratación de mano de obra local, programas de inversión social y efectos derivados de procesos de desinversión en determinadas operaciones.
Los bloqueos ocurridos durante esos dos meses tuvieron una duración promedio de 12 días. Dentro de los casos destacados figuran los registrados en municipios del Valle del Magdalena Medio, donde las protestas estuvieron asociadas a decisiones empresariales relacionadas con la reducción de inversiones y actividades operativas en la región.
Las afectaciones también alcanzaron el transporte de crudo. Campetrol indicó que durante 2025 los volúmenes evacuados mediante oleoductos registraron una reducción de 1,4%, equivalente a 11,3 mil barriles diarios. Entre los factores asociados a esa disminución aparecen la menor producción de terceros, los bloqueos y los daños o afectaciones sobre infraestructura estratégica.
El panorama descrito por las empresas y los gremios muestra una sucesión de eventos que impactan distintas etapas de la cadena productiva, desde la extracción de recursos hasta su transporte y comercialización.
PORTAFOLIO
