Día: 1 de junio de 2026

Construart Internacional

El sector minero de Antioquia cerró el periodo gubernamental del presidente Gustavo Petro con diversos retos relacionados con la formalización, la institucionalidad y el desarrollo de nuevos proyectos estratégicos. Durante los últimos cuatro años, representantes de la industria han señalado dificultades que impactaron tanto a los pequeños mineros como a las grandes empresas del sector.

Protestas y demandas del sector minero

Entre agosto de 2022 y marzo de 2026, varias regiones del departamento, especialmente el Bajo Cauca y el Occidente antioqueño, fueron escenario de protestas y paros mineros. Estas movilizaciones estuvieron lideradas principalmente por mineros informales dedicados a la extracción de oro, quienes reclamaron mayores oportunidades de formalización y apoyo institucional.

Aunque en distintos momentos se alcanzaron acuerdos entre el Gobierno y las comunidades mineras, líderes del sector consideran que muchos de estos compromisos enfrentaron dificultades para su implementación debido a limitaciones técnicas y financieras.

Cambios en la administración minera

Uno de los aspectos que generó preocupación en Antioquia fue la reorganización de funciones relacionadas con la autoridad minera. En enero de 2023, la Agencia Nacional de Minería (ANM) asumió desde Bogotá el seguimiento de los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES), una labor que anteriormente contaba con participación regional.

Posteriormente, en diciembre de 2023, no fue renovada la delegación minera que permitía al departamento ejercer funciones sobre aproximadamente 1.200 títulos mineros. Desde 2024, estos procesos quedaron centralizados en la ANM, con apoyo del Punto de Atención Regional (PAR) Medellín. Diversos actores del sector expresaron inquietudes sobre los posibles efectos de esta decisión en materia de fiscalización, promoción y acompañamiento a la actividad minera.

Aumento de la informalidad minera

Durante este periodo también se registró un fuerte incremento en el precio internacional del oro, factor que impulsó la actividad extractiva en diferentes regiones del país. Según informes citados por gremios y organizaciones del sector, la minería aurífera continúa presentando altos niveles de informalidad.

La situación ha sido especialmente compleja en zonas como Buriticá, donde persisten desafíos relacionados con la minería ilegal y la coexistencia con operaciones formales. Analistas consideran que esta problemática continúa representando un reto para la atracción de nuevas inversiones en el departamento.

El papel de las empresas mineras formales

Antioquia concentra algunas de las principales operaciones auríferas de Colombia, incluyendo los proyectos de Buriticá, Segovia-Remedios y el Bajo Cauca, desarrollados por compañías como Zijin Continental Gold, Aris Mining y Mineros.

Estas empresas tienen una participación relevante en las exportaciones de oro del país y generan miles de empleos directos e indirectos. Además, contribuyen mediante el pago de impuestos y regalías, así como a través de programas de desarrollo local y encadenamientos productivos en diferentes subregiones.

Representantes de la industria han señalado la necesidad de fortalecer el acompañamiento institucional para garantizar la competitividad del sector y promover operaciones bajo estándares ambientales y técnicos adecuados.

Proyectos estratégicos con avances limitados

Otro de los puntos señalados por el sector corresponde al desarrollo de nuevos proyectos mineros. Iniciativas como Quebradona, Gramalote y San Ramón registraron avances limitados durante el periodo analizado, debido a diversos factores regulatorios, ambientales y administrativos.

Expertos consideran que el futuro de la minería en Antioquia dependerá de la capacidad de articular políticas que permitan equilibrar la sostenibilidad ambiental, la inversión privada, la formalización minera y el desarrollo económico de las regiones.

La propuesta de desarrollo del programa de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo concibe la conectividad material como un eje fundamental para articular las regiones del país.

Esta postura parte del principio de que «la transformación territorial consiste en hacer que el país deje de estar partido entre territorios que avanzan y territorios que esperan», de acuerdo con su plan de gobierno.

La perspectiva del documento indica que «Colombia necesita conectarse física, digital, social y también institucionalmente: con agua, vivienda, vías, energía, conectividad, mercados, servicios y presencia real del Estado».

Bajo esta perspectiva, se plantea que el avance de las obras públicas «no puede hacerse a costa del ambiente ni contra las comunidades» y agrega que el desarrollo «tiene que servir para unir al país, ordenar sus territorios y ciudades, y conservar la riqueza natural que sostiene su futuro».

Intervención en vías rurales y continuidad de contratos

De otro lado, el programa detalla una estrategia vial que contempla el denominado «Plan vial campesino», mediante el cual la candidata señala textualmente que intervendrá 35.000 km de vías rurales.

Este plan se desglosa específicamente en la construcción de 10.000 km de nuevas vías terciarias. Asimismo, abarca 25.000 km de mantenimiento de emergencia, preventivo y rutinario.

Dichas labores de mantenimiento se realizarán «con maquinaria amarilla que pagará el Gobierno Nacional», la cual se «pondrá al servicio de los alcaldes, con ayuda de las juntas de acción comunal».

Paralelamente, en materia de proyectos de gran escala, el programa determina que se debe «daremos continuidad a los contratos de obra pública y de Asociaciones Público-Privadas (APP)». De igual manera, se establece la instrucción para destrabar los proyectos actuales en ejecución.

La meta concreta plasmada en el texto es ejecutar al 100 % los proyectos 4G y 5G, incluyendo también los proyectos en otros modos de transporte y otros sectores de la infraestructura.

Logística multimodal, transporte masivo y servicios públicos

En lo relacionado con la movilidad nacional, la propuesta se enfoca en «estructurar y/o desarrollar proyectos de infraestructura». A su vez, el documento señala que impulsará las iniciativas privadas en los modos vial, férreo, aéreo, portuario y fluvial, para mejorar la logística multimodal.

Para los entornos urbanos y las ciudades intermedias, se plantean alternativas de transporte de pasajeros. El documento afirma que se desarrollarán proyectos de movilidad sostenible para el transporte masivo de pasajeros en los grandes centros urbanos y ciudades intermedias.

El programa detalla que este sistema se basará en opciones de movilidad limpia e, incluso, afirma de forma implícita que habrá «buses eléctricos, líneas de metro y trenes de cercanías”.

Finalmente, en infraestructura de servicios básicos hay metas habitacionales y de saneamiento, para lo cual se contempla «la construcción e intervención de acueductos en todo el país».

La meta de la iniciativa es asegurar «que un millón de hogares cuenten con nuevos accesos a agua potable y saneamiento básico».

 

Construcciones El Cóndor informó que identificó un presunto uso fraudulento de su nombre, NIT y experiencia contractual en al menos tres procesos de licitación pública adelantados en el país.

Según explicó la compañía, el pasado 27 de mayo de 2026 tuvo conocimiento de que la firma Grupo Civil JK S.A.S., constituida en diciembre de 2024 y con domicilio en Neiva (Huila), habría utilizado información falsa para presentarse en procesos licitatorios ante la Gobernación de Córdoba, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Alcaldía de Manizales.

De acuerdo con El Cóndor, la empresa habría presentado documentación falsa tanto ante las entidades contratantes como ante la Cámara de Comercio del Huila en el Registro Único de Proponentes (RUP), asegurando que la constructora contaba con una participación accionaria del 10 % en Grupo Civil.

La compañía señaló que el mecanismo utilizado consistió en la elaboración de un supuesto “Certificado de Accionistas” firmado bajo gravedad de juramento por la representante legal y el contador público del Grupo, documento que, según El Cóndor, carece de veracidad.

Además, indicó que dicha sociedad registró como experiencia propia un contrato ejecutado por El Cóndor dentro del Consorcio Constructor Américas con Vías de las Américas, contrato valorado en más de 1,5 millones de salarios mínimos mensuales legales vigentes y en el que la constructora tenía una participación del 66,67 %.

Con ese soporte, la firma habría participado en tres procesos de contratación pública: SI-LP-001-2026 de la Gobernación de Córdoba, 072-00-A-COFAC-DIFRA-2026 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y LP-009-2026 de la Alcaldía de Manizales.

Ante esta situación, Construcciones El Cóndor aseguró que “no es ni ha sido jamás accionista, socia ni partícipe” de Grupo Civil y reiteró que nunca autorizó el uso de su nombre, experiencia contractual o identificación tributaria.

La compañía informó que ya interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y otra ante la Superintendencia de Sociedades por presuntos actos de competencia desleal, solicitando además medidas cautelares urgentes.

Asimismo, envió comunicaciones formales a las tres entidades públicas involucradas para pedir que se abstengan de adjudicar los contratos mientras avanzan las investigaciones y remitió copias del caso a la Junta Central de Contadores por la actuación del contador que certificó la supuesta estructura accionaria.

El Cóndor advirtió que estos hechos representan un riesgo reputacional para la compañía debido al uso no autorizado de su identidad comercial en procesos de contratación estatal.

No obstante, aclaró que hasta el momento no ha comprometido recursos, garantías ni personal en ninguno de los procesos señalados y que, por ahora, no prevé un impacto financiero directo derivado de esta situación.

Por último, la constructora indicó que continuará monitoreando los procesos en la plataforma Secop II y comunicará cualquier novedad relevante al mercado.

Las propuestas sectoriales de Iván Cepeda Castro en materia de infraestructura y movilidad están directamente ligadas al desarrollo rural y a la democratización de los territorios, bajo el concepto de lo que llamada una revolución pacífica de transformación social que responda al clamor del pueblo desde las regiones.

La visión planteada en su documento programático establece que la transformación territorial tiene que traducirse, entre otras condiciones económicas, en el acceso universal al agua potable y el saneamiento básico, en vivienda digna, en una amplia red de vías terciarias y en el mejoramiento real de hospitales, centros de salud y escuelas.

Caminos comunitarios y reforma a la contratación pública, en el plan de Iván Cepeda para la infraestructura

La principal apuesta vial es el Plan Nacional de Construcción de vías terciarias, herramientas definidas como vías para la paz dirigidas a llevar maquinaria, ingeniería y trabajo colectivo a los zonas alejadas del país.

Este proyecto busca que los campesinos que habitan en el campo puedan sacar los frutos de su cosecha sin intermediarios.