Violento ataque con explosivos en operación minera de Antioquia deja un muerto y un herido

Un nuevo episodio de violencia sacudió al municipio de Buriticá, Antioquia. Un atentado con explosivos registrado en las últimas horas al interior de la mina Buriticá, operada por la compañía Zijin Continental Gold, dejó como saldo un trabajador fallecido y otro más herido, según confirmaron la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y la administración municipal.

A través de un comunicado, la ACM rechazó de manera categórica lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con los trabajadores afectados por el ataque.

“Lo ocurrido en Buriticá es inaceptable. El Estado debe velar por la integridad y la vida de todos los ciudadanos, incluyendo los trabajadores del sector minero. Igualmente, debe garantizar la seguridad en las operaciones y enfrentar las estructuras criminales que se alimentan de la extracción ilícita de minerales y la ilegalidad”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente del gremio.

La organización advirtió que ningún trabajador debería salir de su hogar para cumplir con su labor y no regresar junto a su familia a causa de hechos violentos. Por ello, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que adopten medidas inmediatas que permitan proteger a quienes trabajan en la industria minera y esclarecer lo sucedido.

Alcaldía habló de atentado terrorista

Por su parte, la Alcaldía de Buriticá lamentó lo ocurrido y calificó los hechos como un “atentado con explosivos” ocurrido dentro de la operación minera.

En su pronunciamiento, la administración municipal aseguró que la situación vuelve a evidenciar los problemas de seguridad derivados de las acciones criminales asociadas a la minería ilegal.

El alcalde José Luis Rodríguez Úsuga señaló que el ataque no solo afecta a una empresa legalmente constituida y generadora de empleo para la región, sino que también representa una amenaza para la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de toda la población.

Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública y a las autoridades judiciales para fortalecer las acciones institucionales que permitan recuperar plenamente la seguridad en el municipio y combatir las estructuras delincuenciales que continúan operando en la zona.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes están detrás del atentado, tanto la ACM como la Alcaldía coincidieron en exigir resultados rápidos por parte de las autoridades y reclamaron garantías para la seguridad de los trabajadores que diariamente desarrollan sus labores en uno de los proyectos mineros más importantes del país.

Golpe a minería ilegal en Cauca: Ejército afectó rentas de disidencias por casi 1.700 millones al mes

Dos operaciones militares desarrolladas en quebradas del río Mondomo, en el norte del Cauca, lograron afectar una de las economías ilícitas que financian a las disidencias de ‘Mordisco’ en la región.
Según el Ejército, las acciones golpearon bases clandestinas de minería ilegal que estarían al servicio de la ‘Jaime Martínez’ y que generaban ganancias cercanas a los 1.698 millones de pesos mensuales.
Las operaciones fueron adelantadas por tropas de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, junto con el Batallón de Seguridad Civil N.° 3 y el Batallón de Montaña N.° 8, en coordinación con la Policía, en zonas rurales de Caldono y Santander de Quilichao.
En el primer operativo, realizado en inmediaciones del río Mondomo, en Caldono, los uniformados encontraron una draga tipo buzo y dos motores tipo motobomba utilizados para la extracción ilícita de minerales.
La segunda intervención ocurrió también sobre brazos del mismo río, pero en jurisdicción de Santander de Quilichao, donde fue ubicada otra unidad de explotación ilegal compuesta por un ‘dragón’ y dos motores industriales.
En total, las autoridades destruyeron de manera controlada dos dragas y cuatro motores, con los que, según inteligencia militar, se obtenían cerca de 3.000 gramos de oro al mes.
Además de afectar las finanzas ilegales de las disidencias, las autoridades advirtieron sobre el impacto ambiental que dejaban estas actividades en la región.
La minería ilegal estaba contaminando las aguas de los ríos, deteriorando el suelo y afectando la fauna y flora de las comunidades ribereñas que dependen del río Mondomo para subsistir.
El Ejército aseguró que continuará las operaciones contra las economías ilícitas que financian a los grupos armados en el norte del Cauca, una de las regiones más golpeadas por la disputa territorial entre estructuras ilegales.

Las cifras de la minería ilegal

Más de 94.000 hectáreas, un área equivalente a más de 130.000 canchas de fútbol, han sido devastadas por la extracción ilegal de oro en Colombia. Un flagelo acaparado por los grupos armados ilegales, que logran extraer rentas que están desbancando a las obtenidas por el narcotráfico.
Según un informe de Inteligencia en poder de EL TIEMPO, al menos 1.120 quebradas y ríos han sido afectados por vertimientos de mercurio, una de las principales sustancias utilizadas en esta actividad criminal. Ríos como los del Amazonas, el Mira, el Atrato, el Cauca y el Putumayo aparecen entre los más contaminados por este metal pesado, lo que evidencia una afectación que compromete ecosistemas de escala regional.
Las proyecciones incluidas en la documentación advierten que cerca del 85 % de la producción nacional de oro tendría origen ilegal. Bajo este escenario, las ganancias criminales podrían alcanzar los 8.414 millones de dólares en 2025.

Así va el proceso para contratar el megaproyecto Villeta – Guaduas – El Korán por casi $8 billones

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) avanza en el proyecto de iniciativa privada (IP) Villeta – Guaduas – El Korán, una de las apuestas más ambiciosas contempladas actualmente para el centro del país.

El proyecto, ubicado en Cundinamarca, contempla un alcance de 140 kilómetros y busca beneficiar a cerca de 2,5 millones de personas. Además, prevé inversiones estimadas en $7,6 billones entre Capex y Opex, con cifras calculadas a diciembre de 2024.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase de factibilidad y en el inicio de los procesos de aprobación requeridos para su desarrollo.

Entre las obras contempladas en el proyecto se encuentran la rehabilitación de 58,3 kilómetros de doble calzada entre Guaduas y El Korán, la construcción de 18 kilómetros de nueva doble calzada entre Villeta y Guaduas, y el mejoramiento de otros 5 kilómetros de vía existente. Además, en el corredor Honda – Villeta – Guaduas se prevé la intervención de 58,5 kilómetros adicionales para ampliar y optimizar la doble calzada.

Frente al avance del proyecto, el vicepresidente de Estructuración de la ANI, Julián Rueda, aseguró que esta conexión es una de las prioridades estratégicas para el país.

“Tenemos algunos proyectos importantes en los que venimos avanzando, como Villeta – Guaduas. De hecho, cuando me preguntan cuál es el proyecto víal más importante que hoy necesita el país, siempre menciono Villeta – Guaduas. Es una necesidad importantísima”, afirmó el funcionario.

Rueda explicó que actualmente la ANI trabaja en el cierre de la factibilidad técnica y financiera del proyecto, paso necesario para iniciar los ciclos de aprobación ante las diferentes entidades del Gobierno Nacional, incluido el Ministerio de Hacienda.

“En este momento estamos en proceso de cierre de la factibilidad del proyecto para empezar todos los ciclos de aprobación y determinar el perfil de vigencias futuras que requiere. Estamos hablando de un Capex cercano a los $8 billones para lograr la materialización de lo que era la gran expectativa de la antigua Ruta del Sol”, indicó.

Según explicó la ANI, el proyecto busca fortalecer la conectividad logística y de transporte en el corredor Villeta – Guaduas – El Korán, considerado estratégico para la movilidad de carga y pasajeros entre el centro del país y otras regiones.

La infraestructura como motor económico

En Antioquia lo tenemos claro: las vías no son simplemente kilómetros de pavimento, túneles o puentes. Las vías son oportunidades, desarrollo y competitividad. Allí radica la gran apuesta del gobernador Andrés Julián Rendón y la ejecución que adelantamos desde la Secretaría de Infraestructura Física de obras estratégicas con las cuales no solo transformamos la geografía y la movilidad, sino también la vida de millones de antioqueños.

Hoy el departamento vive uno de los momentos más importantes de su historia en materia de conectividad. La nueva vía al mar, la segunda etapa del túnel de Oriente, la pavimentación de 1.200 km en todas las subregiones, la construcción placa huella en 100 municipios, la atención de puntos críticos olvidados donde estamos instalando puentes, representan mucho más que ingeniería: representan una visión de futuro.

Porque la infraestructura no solamente conecta territorios; también mueve la economía. Diversos estudios han demostrado que por cada peso invertido en obras civiles se generan entre $1,5 y $2 adicionales en sectores como el comercio, la industria, el transporte y los servicios. Esa capacidad de multiplicar crecimiento convierte a la infraestructura vial en uno de los motores más poderosos para el desarrollo regional.

Las proyecciones son contundentes. Una inversión conjunta cercana a los $9 billones en infraestructura podría generar un crecimiento adicional estimado entre el 3,5 % y el 5,7 % del PIB acumulado de Antioquia hacia el año 2028. En términos reales, esto significa una inyección cercana a los $14 billones adicionales circulando en la economía regional, fortaleciendo la competitividad y consolidando nuevas oportunidades para miles de familias.

La Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo —la obra de infraestructura más importante del país, con una inversión superior a los $5 billones— es quizá el mejor ejemplo de cómo Antioquia se proyecta hacia el futuro. Después de que el Gobierno Nacional decidiera no continuar con los tramos que estaban bajo su responsabilidad, el Departamento y el Distrito de Medellín tomaron la decisión de apropiar los recursos necesarios —más de $850.000 millones— para culminar el tramo 2 entre Santa Fe de Antioquia y Giraldo. Los recursos no sobraban, pero sí la voluntad, el liderazgo y la capacidad para sacar adelante una obra estratégica para la economía de Antioquia y de Colombia.

Este proyecto reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento hacia Urabá, acercará al Departamento a los puertos sobre el Caribe y consolidará una plataforma logística estratégica para el país. No es exagerado afirmar que el Toyo redefinirá la economía del Occidente colombiano.

Lo mismo ocurre con la segunda etapa del Túnel de Oriente, una obra que responde al crecimiento acelerado del Valle de San Nicolás y a la necesidad de fortalecer la conexión entre Medellín y el Oriente antioqueño. Cada minuto que se ahorra en movilidad se traduce en productividad, turismo, inversión y calidad de vida.

Pero el desarrollo no puede quedarse únicamente en las megaobras. Nuestra prioridad también es llegar a cada rincón del Departamento. Por eso hoy avanza el proyecto de pavimentación de vías más grande del país: 1200 kilómetros que representan mucho más que una cifra, porque su verdadero valor es profundamente social y económico.

Estas obras representan empleo y reactivación económica. Miles de familias antioqueñas han encontrado oportunidades laborales gracias a los proyectos viales que avanzan actualmente en el Departamento. Detrás de cada túnel, puente o carretera hay ingenieros, obreros, transportadores, operadores y pequeños negocios que se benefician del movimiento económico que genera la construcción. Hoy, los proyectos de infraestructura vial que se adelantan en Antioquia y los que estamos por contratar, estiman la creación promedio de 36.000 a 72.000 empleos directos e indirectos.

Antioquia está demostrando que cuando hay voluntad, liderazgo y capacidad de gestión, las cosas pasan. El desarrollo de un territorio no se construye con discursos, sino con obras concretas que permanezcan en el tiempo y transformen la vida de la gente.

La infraestructura vial seguirá siendo la columna vertebral de la competitividad. Con trabajo, liderazgo y amor por Antioquia estamos conectando el departamento a paso firme, porque conectar territorios es conectar sueños, oportunidades y futuro.

Construcciones El Cóndor denunció uso fraudulento de su nombre y experiencia en licitaciones públicas

Construcciones El Cóndor informó que identificó un presunto uso fraudulento de su nombre, NIT y experiencia contractual en al menos tres procesos de licitación pública adelantados en el país.

Según explicó la compañía, el pasado 27 de mayo de 2026 tuvo conocimiento de que la firma Grupo Civil JK S.A.S., constituida en diciembre de 2024 y con domicilio en Neiva (Huila), habría utilizado información falsa para presentarse en procesos licitatorios ante la Gobernación de Córdoba, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Alcaldía de Manizales.

De acuerdo con El Cóndor, la empresa habría presentado documentación falsa tanto ante las entidades contratantes como ante la Cámara de Comercio del Huila en el Registro Único de Proponentes (RUP), asegurando que la constructora contaba con una participación accionaria del 10 % en Grupo Civil.

La compañía señaló que el mecanismo utilizado consistió en la elaboración de un supuesto “Certificado de Accionistas” firmado bajo gravedad de juramento por la representante legal y el contador público del Grupo, documento que, según El Cóndor, carece de veracidad.

Además, indicó que dicha sociedad registró como experiencia propia un contrato ejecutado por El Cóndor dentro del Consorcio Constructor Américas con Vías de las Américas, contrato valorado en más de 1,5 millones de salarios mínimos mensuales legales vigentes y en el que la constructora tenía una participación del 66,67 %.

Con ese soporte, la firma habría participado en tres procesos de contratación pública: SI-LP-001-2026 de la Gobernación de Córdoba, 072-00-A-COFAC-DIFRA-2026 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y LP-009-2026 de la Alcaldía de Manizales.

Ante esta situación, Construcciones El Cóndor aseguró que “no es ni ha sido jamás accionista, socia ni partícipe” de Grupo Civil y reiteró que nunca autorizó el uso de su nombre, experiencia contractual o identificación tributaria.

La compañía informó que ya interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y otra ante la Superintendencia de Sociedades por presuntos actos de competencia desleal, solicitando además medidas cautelares urgentes.

Asimismo, envió comunicaciones formales a las tres entidades públicas involucradas para pedir que se abstengan de adjudicar los contratos mientras avanzan las investigaciones y remitió copias del caso a la Junta Central de Contadores por la actuación del contador que certificó la supuesta estructura accionaria.

El Cóndor advirtió que estos hechos representan un riesgo reputacional para la compañía debido al uso no autorizado de su identidad comercial en procesos de contratación estatal.

No obstante, aclaró que hasta el momento no ha comprometido recursos, garantías ni personal en ninguno de los procesos señalados y que, por ahora, no prevé un impacto financiero directo derivado de esta situación.

Por último, la constructora indicó que continuará monitoreando los procesos en la plataforma Secop II y comunicará cualquier novedad relevante al mercado.