La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) recibió un duro revés jurídico y financiero tras perder una demanda en el caso de la megavía Antioquia – Bolívar, por la cual deberá pagar $3,5 billones.
La decisión, proferida el 30 de abril por un tribunal del Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD/AAA), reconoce múltiples incumplimientos contractuales por parte de la entidad en el marco del contrato de asociación público – privada (APP).
Este proyecto, que abarca cerca de 500 kilómetros de vías en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, entra ahora en una fase de terminación anticipada tras determinarse que la imposibilidad de culminar las obras no fue responsabilidad del concesionario, sino de factores externos y de la afectación a la estructura de ingresos del proyecto.
¿Por qué Colombia perdió la demanda en caso de megavía Antioquia – Bolívar?
El tribunal arbitral fundamentó su decisión en el desequilibrio económico generado, entre otros puntos, por la falta de aumento de las tarifas en el peaje de Carimagua, concepto por el cual la ANI deberá pagar $257.866 millones, además de la aplicación de la fórmula de liquidación por terminación anticipada que asciende a $3,3 billones.
La condena total alcanza los $3,58 billones y otros US$597.696, montos que incluyen perjuicios por compensaciones ambientales, demoras relacionadas con el Decreto 050 (congelación de peajes que aplicó el gobierno de Gustavo Petro en 2023) y la atención de sitios inestables.
Para la firma Construcciones El Cóndor, accionista del 50 % de la concesionaria y contratista principal de la obra, este fallo representa un hito determinante en su historia reciente.
Según la empresa, la decisión valida la eficacia del sistema arbitral para resolver controversias donde los mecanismos de compensación previstos originalmente resultaron insuficientes o inoportunos para absorber la materialización de riesgos sectoriales.
Implicaciones institucionales y recuperación de la inversión
El Cóndor también informó que la materialización del valor reconocido está sujeta a procesos de ejecución y coordinación con la ANI, así como a posibles recursos de aclaración o acciones judiciales ante el Consejo de Estado que podrían surtirse en las próximas semanas.
Por lo pronto, la concesionaria iniciará el proceso de reversión del contrato y la interacción con sus financiadores para buscar una solución que permita monetizar este reconocimiento económico, el cual busca resarcir la inversión comprometida y estabilizar la situación financiera de los socios ante lo que el tribunal calificó como una gestión institucional que requiere revisión profunda.
En plata blanca, esto también implicará que el contrato de APP se acabará de manera anticipada y, por ende, las vías entre Antioquia y Bolívar volverían a manos del Instituto Nacional de Vías (Invías).
