Día: 7 de abril de 2026

El mercado inmobiliario en los distritos premium de Lima como Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja y Barranco, mantiene su dinamismo, entre enero y febrero de 2026 se vendieron 1,099 unidades, lo que representa un crecimiento de 6.6% frente al mismo periodo del 2025 y una oferta que supera las 14 mil unidades disponibles. En este contexto, más de 30 inmobiliarias participarán en la segunda edición de Nexo Top, una feria que reunirá más de 100 proyectos y alrededor de 1,300 unidades en estas zonas de alta valorización.

El evento se realizará el 18 y 19 de abril en el Hotel Los Delfines (San Isidro) y estará dirigido tanto a compradores finales como a inversionistas interesados en zonas con mayor demanda y plusvalía en la capital. La oferta también incluirá alternativas en playa y campo, en línea con la diversificación de la demanda hacia segundas viviendas y espacios fuera de la ciudad.

“Nexo Top se ha consolidado como el espacio ideal para conectar a los desarrolladores inmobiliarios con un público serio y con alta intención de compra en los distritos premium de Lima. Proyectamos recibir a más de 3,000 visitantes durante los dos días del evento y superar las 80 unidades inmobiliarias vendidas, superando los resultados de la edición anterior, en la que se colocaron 71 departamentos”, señaló Ana Cecilia Gálvez, gerente general de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).

En línea con este contexto favorable, el mercado mantiene una oferta robusta, con más de 14 mil unidades disponibles en Lima Top, lo que permite a los compradores acceder a una mayor variedad de proyectos, tipologías y rangos de precios, además de condiciones comerciales más competitivas.

Entre las ventajas que ofrecerán las inmobiliarias participantes figuran descuentos de hasta S/ 70,000 y la posibilidad de separar un departamento desde solo S/ 1,000. Los precios más bajos registrados en la feria para cada distrito son los siguientes: desde S/ 383,436 en Miraflores; S/ 211,612 en San Isidro; S/ 372,968 en Surco; S/ 410,600 en San Borja; S/ 293,022 en Barranco; y desde US$ 139,000 en playa.

Este mayor dinamismo del mercado abre oportunidades para compradores e inversionistas. El precio promedio por metro cuadrado en Lima Top se ubicó en S/ 8,625 durante los dos primeros meses del año, ligeramente por debajo del registrado en el mismo periodo del 2025 (S/ 8,814), lo que refleja un ajuste de alrededor de 2% en un contexto de alta competencia entre desarrolladores.

Nexo Top está dirigido a personas interesadas en adquirir una vivienda o realizar una inversión inmobiliaria en zonas caracterizadas por su modernidad, seguridad y excelente ubicación respecto a centros laborales, educativos y de entretenimiento. Se trata de un espacio de asesoría personalizada en un ambiente cómodo, donde los visitantes podrán comparar diversas opciones y tomar decisiones informadas.

Además, se contará con la participación de los principales bancos del sistema financiero, que brindarán orientación sobre créditos hipotecarios, permitiendo a los asistentes evaluar el financiamiento de manera más precisa.

Nexo Top concentra proyectos de alto valor en los distritos premium de Lima y ofrece condiciones preferenciales en un entorno que facilita la toma de decisiones. Para asistir al evento, los interesados deben registrarse en ferianexo.pe para acceder de forma totalmente gratuita, además de seguir las redes sociales de Nexo Inmobiliario para enterarse de las próximas novedades y beneficios para todos aquellos interesados en adquirir su próxima vivienda en Lima Top.

La inversión pública en marzo alcanzó los S/ 5,130.13 millones, en un contexto general de débil dinamismo y que presentaba caídas respecto al arranque del 2025. Sin embargo, dicho resultado significó un fuerte crecimiento de casi 18% respecto al mismo mes del año pasado.

En enero y febrero, el indicador había presentado caídas de 9.1 y 2.5%, respectivamente, marcando el inicio del último año de gestión de las autoridades subnacionales, cuyos comicios se realizarán en este octubre.

Pese al arranque adverso para el desarrollo de obras públicas, el resultado de dicho mes permitió compensar lo previo y la foto del primer trimestre fue positiva. Al consolidar S/ 11,641.62 millones, se marcó un crecimiento de más de 3.5% respecto al primer trimestre del 2025.

Con más gasto

Durante el primer trimestre del año, las regiones que más recursos vienen gastando son Loreto (S/ 367.1 millones), Junín (S/ 288.1 millones), Piura (S/ 253.8 millones), Ayacucho (S/ 196.3 millones) y Arequipa (S/ 183.7 millones).

Por funciones, la que presenta mayores recursos ejecutados son transporte (S/ 3,610.2 millones), educación (S/ 1.720.3 millones) y salud (S/ 1,575.4 millones).

Avance reciente

Asimismo, se identificó que, apenas acabada la primera cuarta parte del año, con cierre al 4 de abril, tres sectores del Gobierno nacional presentaron gastar al menos la tercera parte del total de su presupuesto: la Presidencia del Consejo de Ministros, con un 42%; Economía y Finanzas, con un 39%; y Salud, con un 36%.

Del otro lado, aparecen Mujer y Poblaciones Vulnerables, con apenas un 2.7%; Relaciones Exteriores, con un 1.6%; y Defensa, con un 1.4%.

A nivel de gobiernos regionales, son siete los que presentan un avance de más del 30% del total de su presupuesto asignado para este año.

Este listado lo lidera la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), con un 57% de avance; seguido del gobierno de Amazonas (42.1%), de Loreto (35.2%), de Tacna (34.5%) y Pasco (32.4%).

Los que presentan los peores niveles de eficiencia son el gobierno de Áncash (11%), de La Libertad (10.7%), de Huánuco (8.1%), de Tumbes (4.8%) y de la Provincia Constitucional del Callao (2%).

Los prolongados plazos para la obtención de permisos ambientales, que pueden extenderse entre dos y tres años, se han convertido en uno de los principales factores que limitan la competitividad de la exploración minera en el Perú, advirtió el geólogo Adán Pino, presidente de proEXPLO 2026.

“Eso es demasiado tiempo. Son dos o tres años en los que una empresa puede decidir mover su presupuesto a otro país”, agregó. Indicó que esta situación supera ampliamente los plazos de países competidores como Chile o Argentina, donde estos procesos pueden completarse en menos de un año, lo que incrementa el riesgo de que las empresas redirijan sus inversiones hacia otros mercados.

Resta competitividad

En ese sentido, el especialista recalcó que la exploración depende directamente de la capacidad de ejecutar perforaciones en plazos razonables.

“Si no perforo, la posibilidad de tener un descubrimiento es cero. Y para perforar, el sistema de permisos tiene que ser ágil”, afirmó en el webinar Rumbo a proEXPLO 2026, organizado por el Capítulo de Ingeniería Geológica y Geofísica del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Arequipa.

Pino también alertó sobre el impacto de la minería ilegal en la competitividad del país, señalando que su avance en los últimos años viene afectando la percepción de riesgo en determinadas zonas.

En ese contexto, hizo un llamado a trabajar de manera articulada para enfrentar estos desafíos y fortalecer el posicionamiento del Perú en el escenario global.

“Necesitamos trabajar en estos desafíos para hacer que el Perú sea un país competitivo y atraer exploración a la región”, añadió.

Frente a este panorama, Pino señaló que proEXPLO 2026 buscará consolidarse como una plataforma para impulsar soluciones concretas a estos desafíos. El evento incluirá espacios especializados para abordar temas críticos como permisos, minería ilegal y formación profesional, además de promover el intercambio de conocimiento global.

“El objetivo es mostrar el potencial geológico del Perú, pero también generar discusión sobre los principales obstáculos que enfrenta el sector, contribuyendo así a mejorar nuestras capacidades y atraer nuevas inversiones”, finalizó.

El politólogo Franco Olcese, del Centro Wiñaq, advirtió que la minería ilegal viene siendo percibida por la ciudadanía como un fenómeno cada vez más relevante e influyente, pero desde una perspectiva negativa. Según explicó, esta actividad no solo genera daños ambientales, sino que también está asociada al aumento de la criminalidad y a una creciente cercanía con el poder político.

Un estudio elaborado por Ipsos para el colectivo País Seguro confirma esta percepción. La investigación revela que la población identifica a la minería ilegal como la actividad ilícita que más dinero mueve en el Perú, superando ampliamente a otras economías criminales.

De acuerdo con los resultados, el 43% de los encuestados considera que la minería ilegal lidera en volumen económico dentro de las actividades ilícitas. Muy por detrás aparece el narcotráfico con 19%, seguido por la extorsión y el cobro de cupos con 12%. Otras prácticas ilegales como la corrupción, los préstamos informales conocidos como “gota a gota” y el contrabando registran porcentajes aún menores.

En su análisis, Olcese señaló que este fenómeno comienza a diferenciarse claramente de otras actividades ilícitas tradicionales. A su juicio, la minería ilegal se posiciona como un poder cada vez más visible y presente, con capacidad de influir en distintos ámbitos más allá del estrictamente económico.

A nivel territorial, el estudio muestra que la percepción del problema varía entre regiones. En zonas como Arequipa y La Libertad, los niveles de preocupación superan el promedio nacional, aunque la sensación de su presencia se extiende a todo el país. En áreas urbanas, sin embargo, parte de la población tiende a percibir el problema como distante.

Eventos recientes han contribuido a reforzar esta percepción. Casos de violencia asociados a la minería ilegal, como el asesinato de 13 personas en Pataz, han tenido repercusión nacional y han fortalecido la asociación entre esta actividad y el crimen organizado. De hecho, datos del Centro Wiñaq indican que más de la mitad de la población considera que la minería ilegal fomenta la delincuencia a nivel nacional.

En cuanto a su impacto económico directo, la mayoría de los encuestados afirma que la minería informal no afecta sus ingresos. No obstante, existe un grupo que percibe efectos negativos, especialmente en zonas como el Callao, donde la actividad genera mayor preocupación por sus consecuencias sociales y económicas.

Finalmente, el estudio también aborda la relación entre minería ilegal y política. Según Olcese, la ciudadanía percibe una cercanía significativa entre esta actividad y el poder político, así como una influencia en la toma de decisiones. A ello se suma la sensación generalizada de que el Estado no está actuando con la eficacia necesaria, ni en la lucha contra la criminalidad ni en los procesos de formalización, lo que refuerza la preocupación ciudadana frente a este fenómeno.

La minería ilegal ha dejado de percibirse como un problema limitado al ámbito extractivo para convertirse en una preocupación central del debate público en el Perú. En el actual contexto electoral, una parte significativa del electorado exige a los candidatos al Congreso y a la presidencia adoptar posturas firmes frente a esta actividad, considerada hoy una amenaza que trasciende lo económico y alcanza dimensiones sociales, políticas y ambientales.

De acuerdo con un estudio de la empresa Ipsos elaborado para el colectivo País Seguro, el 73% de los ciudadanos considera “muy importante” que el candidato por el que vote tenga una posición clara y contundente contra la minería ilegal. Este dato confirma que el tema podría influir directamente en las decisiones electorales.

La preocupación ciudadana se sustenta en la percepción del impacto económico de esta actividad ilícita. Un 43% de los encuestados la identifica como la que más dinero mueve en el país, incluso por encima del narcotráfico. Esta percepción ha crecido respecto a mediciones anteriores, consolidando la idea de que se trata de una economía criminal de gran escala.

Además, existe un consenso amplio sobre sus efectos negativos. La mayoría de la población coincide en que la minería ilegal perjudica múltiples ámbitos: el 86% la considera un delito, el 83% cree que daña al país y el 80% estima que ha influido en autoridades del Congreso y gobiernos regionales. A ello se suma que el 78% la vincula con redes de crimen organizado y el 72% la percibe como una amenaza directa para su seguridad y la de sus familias.

A pesar de la gravedad del problema, predomina la sensación de falta de control. Dos tercios de los encuestados consideran que la minería ilegal ha crecido en el último año y que las autoridades no están tomando medidas efectivas para enfrentarla. Esta percepción alimenta una narrativa de expansión sostenida de la actividad.

El especialista ambiental César Ipenza advirtió que la ciudadanía espera definiciones claras por parte de quienes aspiran a gobernar. Según indicó, el tema debería ocupar un lugar central en los planes de gobierno, algo que no ocurre de manera generalizada, ya que solo una parte de las organizaciones políticas aborda explícitamente el problema.

En ese análisis, se observa que partidos como Perú Libre y Renovación Popular no incluyen propuestas concretas sobre el combate a la minería ilegal. En contraste, agrupaciones como Juntos por el Perú y Podemos Perú han planteado medidas que, según especialistas, podrían generar controversia, como la reducción de plazos de concesiones para su reasignación.

Otro elemento que refuerza la preocupación ciudadana es la percepción de influencia política de esta actividad. Un 71% considera probable que la minería ilegal financie campañas legislativas, el 69% cree que también alcanza las presidenciales y el 64% advierte el riesgo de captura del poder político por redes vinculadas a esta economía ilícita. En ese contexto, el debate sobre la minería ilegal no solo marcará la agenda electoral, sino que también pondrá a prueba la capacidad del país para enfrentar uno de sus problemas más complejos.