Día: 13 de enero de 2026

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) dispuso la entrega de 320 Bonos de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos (BPVVRS) en tres distritos de Lima Metropolitana.

Mediante Resolución Ministerial N° 005-2026-VIVIENDA, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, aprobó la primera convocatoria del 2026 para el otorgamiento de 320 Bonos de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos.

La norma indica que la mencionada convocatoria se dirige a los potenciales beneficiarios del bono que residan en los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador de la provincia y departamento de Lima, conforme a los criterios de vulnerabilidad sísmica, titularidad del predio y clasificación socioeconómica.

El valor del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos que se otorgará será de alguno de los tres tipos de intervención, según correspondan las condiciones técnicas de la vivienda y del terreno, de acuerdo con el diagnóstico y el diseño de la obra de reforzamiento estructural contenido en el expediente técnico elaborado por la entidad técnica.

Los tipos de intervención son los siguientes: I) reforzamiento estructural, por el monto de 21,000 soles; II) reforzamiento estructural que incluye construcción de techo aligerado nuevo, por el monto de 21,600 soles, y III) reforzamiento estructural que incluye demolición de techo aligerado en mal estado y construcción de techo aligerado nuevo, por el monto de 22,600 soles.

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo es responsable de la ejecución, seguimiento y cierre de la presente convocatoria, en coordinación con el Fondo Mivivienda.

Para acceder al Bono de Protección de Viviendas Vulnerables contra Riesgos Sísmicos se debe ser dueño del predio, es decir, tener título de propiedad, además de clasificar como persona en situación de pobreza o pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Este bono fue creado en el año 2014, debido a que el Perú es vulnerable a los eventos sísmicos, además de que un importante número de viviendas no han sido construidas de manera adecuada.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que este año la economía del Perú crezca 3.2%, una cifra modesta si se recuerda la dinámica, por ejemplo, de los años 2010-2013 (6.5% en promedio), pero que va en línea con los resultados de los últimos dos años (alrededor de 3%).

Sin embargo, la ministra del MEF, Denisse Miralles, reconoce que el proceso electoral hace de este año un periodo más complejo para el Producto Bruto Interno (PBI).

“[…] Es un espacio complejo. Recordemos que son elecciones que se dan cada 20 años: confluyen no solo en las nacionales, sino también las de gobiernos regionales y locales. Siempre el primer año de gestión hace que se ralentice un poco la inversión en estos niveles de gobierno”, mencionó durante conversión en Panorama.
Es cierto, subrayó Miralles, que necesitaríamos crecer mucho más de 3% para que se vean mejores condiciones para los peruanos.

Pero, aunque será complejo, no resulta imposible, consideró: “Se pueden tomar acciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos impulsando el destrabe de inversiones, mejorando los marcos normativos. Hemos sacado nuestro reglamento de APP, por ejemplo, y eso esperamos que dinamice la economía».

¿Obras desfinanciadas?

Ante la consulta sobre el riesgo de tener obras desfinanciadas para este año, sobre todo bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno como -y así se especificó en la pregunta- la vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa, la ministra Miralles señaló:

“Si bien hay proyectos estratégicos en el Perú que se iniciaron, también hemos encontrado que para muchas de las grandes obras no se había previsto el total de la inversión. Era como ‘Dios proveerá’ y a ver qué pasa”.

Agregó: “Nosotros creemos que estamos haciendo un ejercicio muy serio respecto a eso y hay algunos proyectos que por su nivel de avance obviamente van a continuar [como la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa]. La idea es que esos proyectos, por ejemplo, sean prioritarios porque además están directamente ligados a la competitividad del país”.

Miralles recordó que cuando ingresó a la gestión ya encontró el presupuesto del Poder Ejecutivo enviado al Congreso de la República. Si bien se priorizaron ciertos proyectos, el monto que había previsto la anterior gestión no era suficiente para el nivel de pago esperado ahora.

“Por ello, con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones [Aldo Prieto] estamos esperando sentarnos con los operadores [de los proyectos] para conversar y ver qué salidas le podemos dar a esto Proyectos sobre todo que están avanzados”.

De acuerdo con el informe Casas de Playa y Campo 2026 de RE Propiedades, basado en el análisis de la oferta de casas de campo en renta para la temporada de verano 2026, la oferta de casas de campo en alquiler se concentra hoy en distritos del sur de Lima. El distrito de San Antonio (Cañete) concentra el 32% de la oferta; seguido por Cieneguilla, con 30%; Chaclacayo, con 19%; Pachacámac, con 8%; y Asia, con 5%. Además, Lurín y Pucusana representan 3% cada uno.

Para el verano 2026, el informe reporta que la renta mensual promedio de una casa de campo se sitúa en US$ 3.763, con valores entre los US$ 1.880 y los US$ 6.856, mientras que la renta semanal promedio se sitúa en US$ 1.151, con un rango de US$ 470 a US$ 2.143. Estos valores representan incrementos de 6% en la renta mensual y de 10,9% en renta semanal frente al verano 2025, de acuerdo al estudio. El predominio de avisos de alquiler semanal y mensual, según RE Propiedades, sugiere un uso más frecuente de estas viviendas, no concentrado en un solo periodo del año.

Frank Oré, consultor senior del equipo de Consultoría y Estudios de RE Propiedades, vincula ese patrón con una evolución del mercado. “Históricamente, la casa de campo estuvo más asociada a zonas como Chaclacayo y a un uso esporádico. Hoy vemos que el desarrollo se mueve hacia el sur, donde hay mayor disponibilidad de terrenos y proyectos de mayor escala”, señala. Para él, el desplazamiento no implica que el sur sea el único mercado existente, pero sí el que concentra la mayor dinámica de nuevo desarrollo dentro del universo que analiza el estudio.

Oré explica que el mercado de casas de campo ha ido cambiando de eje, desde el este de Lima hacia el sur. Señala que, durante varios años, este tipo de proyectos se concentró en distritos como Chaclacayo y Cieneguilla. Hoy, añade, la mayor parte del nuevo desarrollo se localiza en el sur, donde es posible estructurar mejor el producto, con condominios, servicios comunes y precios más homogéneos y comparables entre proyectos.

El informe también muestra una dispersión de precios por distrito. Mientras Cieneguilla, Chaclacayo y Lurín registran rentas mensuales por encima del promedio, San Antonio y Pachacámac se ubican por debajo. Para Oré, esta diferencia se explica por el tipo de vivienda, el tamaño de los lotes y el distinto grado de consolidación de cada mercado, con zonas más maduras frente a otras aún en desarrollo.

Desde el lado de la demanda, Luciano Barredo, gerente de Marketing de Urbania, refuerza la lectura de mayor tracción en el sur. Señala que en los últimos seis meses las búsquedas de casas de campo en el sur de Lima crecieron alrededor de 8%, con mayor interés en distritos del sur chico como Mala, Asia y zonas de Cañete.

“Vemos un perfil principalmente familiar y un uso que combina semanas completas con escapadas cortas repetidas a lo largo del año”, explica Barredo, lo que, según su lectura, muestra un comportamiento que no se limita a una sola temporada.

Proyectos en expansión y una oferta cada vez más estructurada

En San Antonio (Cañete), el proyecto Country San Antonio, de Desarrolladora, avanza por etapas. La primera contempla 128 casas, de las cuales 76 ya han sido vendidas. El ticket promedio se sitúa en alrededor de S/520.000, con un rango de entre S/495.000 y S/550.000. La empresa describe el desarrollo como un condominio orientado a un uso recurrente durante el año.

Antonio Espinosa, director de Nuevos Negocios de Desarrolladora, explica el giro que observa en el comportamiento del cliente. “La casa de campo ya no se compra pensando en unas pocas visitas al año. Hoy vemos familias que la usan varias veces al mes o por periodos más largos, y eso sostiene la demanda más allá del verano”

En el distrito de Asia (Cañete), Asia del Campo desarrolla condominios campestres de entre 200.000 m2 y 300.000 m2, y avanza con nuevas etapas que suman entre 700 y 800 lotes, dentro de un esquema progresivo de desarrollo. Los precios de venta se ubican entre US$ 28.000 y US$ 29.000 por lote, y la empresa reportó una valorización acumulada cercana al 20% anual en los últimos años.

Para José Carlos Villalobos, gerente general de Asia del Campo, el mercado muestra una demanda más estable. “Hay compradores que adquieren la casa de campo como segunda vivienda, pero también otros que ya piensan en un uso más permanente en el mediano plazo. Eso explica por qué el sur sigue concentrando nuevos desarrollos”

En Cieneguilla, Menorca desarrolla proyectos como La Quebrada, donde ofrece lotes desde 1.000 m2. Los precios varían entre US$ 180.000 y US$ 250.000, dependiendo de la ubicación y la etapa. La inmobiliaria indica que durante el 2025 colocó alrededor de 1.200 unidades vinculadas a casas de campo y segunda vivienda, y que se encuentra en la tercera etapa del proyecto, con nuevas fases previstas para el 2026.

Manuel de la Barrera, gerente central comercial de Menorca, señala que el segmento muestra continuidad en ventas, lo que permite planificar proyectos y lanzamientos por etapas sin depender de picos estacionales. “La casa de campo deja de ser un producto marginal. Hoy tiene volumen, continuidad en ventas y una demanda que se mantiene activa durante todo el año”

Centenario Urbanizaciones enfoca su expansión en distritos del sur de Lima, con énfasis en San Antonio y en zonas del eje de la Panamericana Sur, a través de proyectos de terrenos urbanizados orientados a casas de campo y segunda vivienda.

Rafael Wong, gerente comercial de la compañía, enmarca esa apuesta como una decisión de largo plazo. “El desarrollo de casas de campo en esta zona no es coyuntural. Responde a un mercado que ya muestra continuidad y capacidad de absorber nuevos proyectos”, señala.

Aunque con escalas y precios distintos, los proyectos desarrollados se ejecutan por etapas, se ubican en distritos del sur con disponibilidad de suelo y apuntan a un uso más frecuente de la casa de campo. Para Oré, este patrón es consistente con un mercado que puede absorber nuevas fases de desarrollo con continuidad en el tiempo.

Las desarrolladoras coinciden en que el crecimiento del segmento se sostiene en proyectos por etapas y en una demanda que, según describen, combina uso frecuente con planes de permanencia más prolongada. En esa misma línea, Oré sostiene que el avance de formatos de renta semanal y mensual, y la concentración de oferta observada por RE Propiedades son consistentes con un mercado más estructurado en el sur de Lima.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó la transferencia de 86.4 millones de soles a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) para la reorganización patrimonial de los activos de la empresa estatal de hidrocarburos Petroperú.

La decisión se tomó mediante la publicación de la Resolución Ministerial N° 008-2026-Minem/Dm, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma establece que se autoriza la transferencia financiera del Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas-Unidad Ejecutora N° 001: Ministerio de Energía y Minas a favor del Pliego 055: Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), con el objetivo de financiar los encargos establecidos en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, Primera, Segunda y Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia N° 010-2025 por la suma de 86 millones 400,000 soles.

Refiere que el artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 010-2025 autoriza, de manera excepcional y por razones de necesidad pública, la reorganización patrimonial de los activos de Petroperú en las formas a las que se refiere este DU, en uno o más bloques patrimoniales, los cuales pueden incluir a los activos tangibles e intangibles, licencias, permisos y contratos, entre otros.

Refiere que estos bloques patrimoniales pueden incluir a la Nueva Refinería de Talara.

Señala que el o los bloques patrimoniales, según corresponda, pueden ser transferidos a uno o varios vehículos de propósito especial, cuya titularidad corresponde a Petroperú, pudiendo incluir a la Nueva Refinería de Talara, otras unidades productivas y demás activos que ProInversión determine en conformidad a lo señalado en el referido decreto de urgencia.

Precisión

Petroperú emitió un comunicado en el cual afirma que el proceso de reorganización no implica la privatización de la compañía y que el Estado mantendrá la propiedad de los activos estratégicos.

Señala que atraviesa una etapa crítica, que no solo afecta a la empresa, sino también al sector hidrocarburos. “Para superarla se requieren cambios estructurales y decisiones responsables impostergables. Como lo ha señalado la Junta General de Accionistas en sus declaraciones públicas, el proceso de reorganización patrimonial de Petroperú no implica su privatización, pues el Estado mantendrá la propiedad sobre sus activos estratégicos”, indica.

El Estado peruano quedaría enfrentado a una obligación internacional definitiva luego de que el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a favor de la minera canadiense Lupaka Gold Corp. quedara firme, tras no haberse solicitado su anulación dentro del plazo legal. La información fue confirmada por la propia compañía minera.

El fallo, emitido el 30 de junio de 2025, ordena al Perú el pago de una indemnización que actualmente bordea los US$ 67 millones, monto que continúa incrementándose debido a la aplicación de intereses anuales del 9%, según detalló Lupaka.

La disputa se remonta a los bloqueos comunitarios que afectaron al proyecto aurífero Invicta, ubicado a unos 120 kilómetros al norte de Lima. Estas acciones impidieron el acceso al yacimiento y forzaron la paralización total de las operaciones, lo que derivó finalmente en la pérdida de la inversión realizada por la empresa.

Lupaka argumentó durante el arbitraje que las autoridades peruanas no actuaron de manera efectiva para proteger el proyecto ni restablecer el orden público, pese a que se trataba de una inversión extranjera amparada por el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú.

Tras varios años de proceso, el tribunal del Ciadi concluyó que el Estado peruano incumplió estándares internacionales fundamentales, incluyendo el trato justo y equitativo, así como la obligación de otorgar protección y seguridad plenas a la inversión. Además, determinó que los efectos de los bloqueos eran atribuibles al Estado por su inacción frente a los hechos.

De acuerdo con las normas del Ciadi, el Perú disponía de 120 días para solicitar la anulación del laudo. Dicho plazo venció el 28 de octubre de 2025 sin que se presentara ningún recurso, dejando el fallo cerrado, firme y plenamente exigible, sin posibilidad de apelación o revisión.

En un comunicado, Lupaka señaló que espera un pago voluntario por parte del Estado peruano, aunque advirtió que ya ha iniciado acciones para identificar activos del país en el extranjero que podrían ser objeto de embargo, conforme a la Convención Ciadi. La demora en el cumplimiento de la obligación no solo incrementa el costo financiero por la acumulación de intereses, sino que también puede afectar la reputación del Perú como destino de inversión en un contexto donde la seguridad jurídica resulta clave.

Nativo Resources Plc, minera británica enfocada en oro con operaciones en Perú, informó que los resultados iniciales de muestreo superficial en vetas de la concesión Tesoro, en Arequipa, han validado información histórica y respaldan su plan de reiniciar la producción en la mina Bonanza, ubicada dentro de dicha concesión.

Los trabajos realizados incluyeron la excavación de zanjas sobre estructuras mineralizadas, la rehabilitación de labores subterráneas y la identificación de nuevas zonas con potencial aurífero dentro de la misma concesión. Estas actividades buscan ampliar el conocimiento geológico y confirmar la continuidad de los sistemas de vetas.

El programa de exploración de Nativo abarca cerca de 400 hectáreas y ha recolectado hasta ahora 250 muestras mediante zanjas excavadas cada 25 metros, con profundidades entre 1.2 y 1.5 metros, para exponer vetas bajo cobertura coluvial. El muestreo sistemático, con recolección cada metro, tiene como objetivo caracterizar la variabilidad de ley en estructuras mineralizadas previamente identificadas por St Elias Mines.

Las actividades de la compañía incluyen mapeo geológico, análisis geoquímico y verificación de áreas con presencia histórica de oro. Además, se ejecuta un muestreo subterráneo en la mina Bonanza, con más de 150 muestras recolectadas hasta el momento. Con estos datos, se han identificado tres zonas superficiales clave —Bonanza, Tesoro-01 y Tesoro— representativas del sistema de vetas y coherentes con los registros históricos.

“El programa de muestreo ha confirmado que la veta Bonanza posee las leyes necesarias para reiniciar la explotación. También es alentador observar altas leyes superficiales al sur de Bonanza, lo que indica potencial para uno o incluso dos yacimientos adicionales, además de Morrocota”, comentó Stephen Birrell, director ejecutivo de Nativo Resources.

Como preparación para reanudar la explotación en Bonanza, la empresa actualiza su modelo estructural y geológico a partir de trabajos de mapeo subterráneo y muestreo enfocado en zonas de cizallamiento con potencial aurífero. Hasta ahora se han recolectado 34 muestras en galerías y pozos, cuyos resultados servirán para ajustar el plan de mina vigente. El programa también prevé la toma de 117 muestras adicionales en áreas prioritarias, con el objetivo de optimizar la planificación operativa y ampliar la presencia aurífera dentro de la concesión Tesoro.

Paralelamente, Nativo avanzó en la preconstrucción de su planta de procesamiento La Patona, ubicada en Acarí, Arequipa. La compañía concluyó el diseño de la planta y definió los proveedores clave, incluyendo la infraestructura eléctrica, el circuito de chancado y la molienda.

La planta, situada a 45 km de la concesión Tesoro Gold, comenzaría operaciones en el segundo trimestre de 2026. En su primera fase, se espera producir entre 1.48 y 1.67 kilos diarios de oro en barras doré, aumentando a 3 kilos diarios en la segunda fase. Además, contará con una planta de flotación de 150 toneladas para mineral de terceros, un circuito de lixiviación de 70 toneladas, laboratorio metalúrgico y un sistema de fundición con capacidad de hasta 8 kilos diarios.