Día: 30 de septiembre de 2025

La Línea 9 del Metro será una gran inversión de más de US$ 2.700 millones, 27 kilómetros, 19 estaciones y 6 conexiones con otras líneas existentes. Atraviesa de norte a sur la ciudad, desde Recoleta hasta Puente Alto, con lo que se espera no sólo mejorar la movilidad urbana en la región, sino también generar una dinamización del mercado inmobiliario y generar mayor oferta de vivienda en la Región Metropolitana.

Para Esteban González, director de AGS Visión Inmobiliaria, el desafío es equilibrar el desarrollo armónico de los barrios con la necesidad de ofrecer vivienda accesible. “En los últimos 20 años, el precio del suelo se ha más que duplicado, mientras que la capacidad constructiva se ha reducido casi a la mitad debido a planes reguladores restrictivos. El resultado es que los precios suben y la oferta de vivienda asequible disminuye. Queremos proteger los barrios, pero también tener vivienda accesible. Hoy esa combinación es difícil de compatibilizar”, explica.

El proyecto también apunta a elevar la calidad de vida de los habitantes, ya que la extensión de la Línea 9 no solo mejorará la conectividad entre comunas, sino que además impulsará avances en servicios y acceso a oportunidades laborales. Comunas históricamente relegadas como La Pintana, Puente Alto y La Granja podrán integrarse de manera más efectiva al desarrollo urbano de Santiago, beneficiando a millones de personas que actualmente enfrentan desplazamientos largos y complicados en su día a día.

González también advierte sobre la falta de coordinación entre los planes reguladores comunales, metropolitanos y la expansión del Metro. Mientras la red de transporte define rápidamente la ubicación de sus estaciones, los planes reguladores quedan rezagados, limitando sus usos y dificultando la densificación urbana. Además, los planes comunales dependen de la aprobación de concejos municipales y vecinos, quienes casi por principio, se oponen a nuevas construcciones, limitando la oferta de vivienda.

Comunas como La Pintana se presentan como una oportunidad histórica para el desarrollo urbano en estos momentos. Con aproximadamente 1.500 hectáreas disponibles, la combinación de infraestructura, planificación y proyectos innovadores podrían cambiar radicalmente el perfil socioeconómico de la zona. “Proyectos como La Platina y Portal Bicentenario destacan por su arquitectura de calidad, departamentos de 65 a 70 metros cuadrados y equipamiento completo. Por esto es importante armar planes reguladores pro-inversión”, afirma González.

El proyecto de Línea 9 de Metro beneficiará directamente a más de dos millones de personas, y según los especialistas, el verdadero desafío será lograr un desarrollo urbano que combine conectividad, inversión y planificación, asegurando que las viviendas sean accesibles sin sacrificar la identidad de los barrios.

El proyecto liderado por Kattina Orellana, COO y cofundadora de Pignus, busca transformar la manera en que se entrenan los trabajadores de la construcción en Chile utilizando visores de realidad aumentada para, de una forma lúdica, capacitar y hacer pruebas que minimicen los riesgos laborales en un rubro que requiere estar siempre alerta.

La empresa nació con la idea de evaluar competencias laborales mediante realidad virtual, traspasando las pruebas conductuales hechas tradicionalmente en el papel, hacia el mundo digital inmersivo. Ese fue el concepto que el OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) premió en 2024 mediante la entrega de un pozo compartido de $200 millones entre las propuestas ganadoras, y que ayudó a financiar a empresas con soluciones innovadoras en el mundo de la construcción.

“Desde el OTIC CChC estamos convencidos de que la innovación tecnológica es una aliada estratégica para enfrentar los desafíos de capital humano en la construcción, especialmente cuando herramientas como la realidad aumentada o la IA llegaron para quedarse. Proyectos como Pignus muestran que es posible combinar formación práctica y seguridad con nuevas metodologías de aprendizaje inmersivo”, sostiene Claudia Jaña, subgerente de Innovación Social del OTIC CChC.

Con visores y simulaciones, los trabajadores son puestos a prueba en entornos que replicaban situaciones reales, ya no con una foto o relato, como se hace normalmente: en Pignus ingresan al trabajador a un escenario virtual donde muestran una situación real y, por ejemplo, debe identificar riesgos, u otros espacios comunes en el mundo de la construcción.

“La realidad aumentada permite que los trabajadores aprendan como en un videojuego, sin la presión de estar en una sala de clases ni el riesgo de estar en la obra”, reflexiona Orellana. “El gran valor de la herramienta es que el trabajador se olvida de que está siendo evaluado y se concentra en resolver situaciones reales de manera entretenida”.

El resultado es inmediato: se logran diagnósticos más precisos, reducción de la ansiedad que suelen generar los test tradicionales y, sobre todo, una mejor comprensión de las habilidades blandas que cada trabajador pone en práctica, explica.

El primer giro llegó cuando la iniciativa puso los ojos en la construcción, una industria que en Chile concentra más de 700 mil trabajadores y que, según datos de la Superintendencia de Seguridad Social, ha enfrentado históricamente elevados índices de accidentabilidad. Allí, el problema no era solo técnico, era también humano. “Nos dimos cuenta de que había una oportunidad concreta de impactar en la productividad y la seguridad del sector”, señala la fundadora de Pignus.

Ahora, en sesiones de hasta cuatro personas, los usuarios participan en dinámicas que parecen un videojuego, donde deben coordinarse como equipo, comunicarse efectivamente e identificar riesgos de seguridad. Cada escenario está diseñado a partir de situaciones reales: una faena en altura, el uso de maquinarias pesadas o la reacción frente a una emergencia. “Nuestro objetivo es simple”, plantea. “Que cada trabajador vuelva a su casa sano y salvo. Si la realidad virtual ayuda a eso, ya estamos cumpliendo nuestra misión”.

Hace unos meses, Orellana viajó a China para conocer de cerca los avances tecnológicos que están marcando tendencia en capacitación industrial, donde vio de primera mano que la automatización y la tecnología serán parte fundamental del rubro. “La realidad china nos confirmó que vamos en la dirección correcta, y que Chile tiene todas las condiciones para sumarse a esta ola de innovación”, comenta Orellana.

Con el premio obtenido en el FIT Construcción 2024, el equipo de Pignus está expandiendo el alcance de sus módulos de capacitación, pues cree que “la construcción chilena está lista para dar un salto hacia la digitalización. Y si eso significa salvar vidas, entonces vale la pena innovar”, concluye.

En esa línea, desde el OTIC CChC señalan que “nuestro propósito es que más empresas y trabajadores accedan a herramientas que fortalezcan sus competencias y eleven los estándares de productividad y seguridad en obra. Al apoyar proyectos como este, impulsamos una transformación cultural que beneficia a toda la industria”, agrega Claudia Jaña.

Con una solución nacida en el norte del país, probada anteriormente en el mundo de la minería y hoy consolidada en Santiago, Pignus busca dejar una huella en la forma en que se capacitan los equipos de obra. Ya no con un papel, sino que en el ambiente virtual de la realidad aumentada.

Entre el lunes 22 y el domingo 28 de septiembre, continuó avanzando el Plan de Reinicio Seguro y Progresivo de Operaciones en División El Teniente. En el período, además se realizaron nuevas diligencias por parte del equipo de fiscalizadores de Sernageomin, que inspeccionó el área industrial, mientras que peritos e investigadores de la PDI realizaron diligencias en los sectores Andes Norte, Diamante y Teniente 8.

 

Un hito relevante de la semana fue la ratificación por parte del directorio de Codelco de Claudio Sougarret como gerente general de la división. Por otro lado, en el marco de su visita a la región, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, se reunió con el comité ejecutivo y unos 100 trabajadores de la división, con quienes conversó sobre el retorno seguro a las operaciones.

Durante la semana  el promedio diario de trabajadores(as) del Turno A fue de 8.519 personas, con 1.609 ingresos a interior mina. En el Turno C, el promedio fue de 1.995 personas, de las cuales 618 accedieron a interior mina.

El procesamiento de mineral alcanzó un promedio diario de 78,1 mil toneladas entre Sewell y Colón. Se enviaron 75,8 mil toneladas por día a la planta Colón y 4,8 mil toneladas a la planta Sewell. En planta, la línea SAG1 se mantuvo operativa, mientras que la SAG2 estuvo en mantención programada. La fundición operó con el Convertidor Teniente 1 y la Planta de Limpieza de Gases N°2, alcanzando una fusión de 2.666 toneladas diarias de concentrado. Se moldearon 533 toneladas métricas finas por día durante el fin de semana.

La división continúa entregando información y apoyo a las familias de los trabajadores fallecidos. A su vez, se mantienen 26.615 participaciones en jornadas de reflexión, contención y capacitación, que involucran a trabajadores(as) de la división, la Vicepresidencia de Proyectos y empresas colaboradoras.

A la fecha, se han recibido 71 requerimientos por parte de distintos organismos fiscalizadores y autoridades. De ellos, 49 ya han sido respondidos, mientras que el resto se encuentra en proceso de gestión dentro de los plazos establecidos.

Chile avanza en la implementación del modelo de electromovilidad y se ha consolidado como uno de los países con el transporte público más limpio de América Latina y el Caribe (ALC). Ese es uno de los resultados que incluye el Libro Blanco de la Movilidad Sostenible, el que será presentando en el marco de la X Semana de la Energía, organizada por el Ministerio de Energía y la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).

El análisis señala que Chile se ubica en el primer puesto en cantidad de buses eléctricos en el transporte público en la región, con 2.600 unidades; seguido por Colombia y Brasil. Al mismo tiempo, se destaca que ocupa el segundo puesto a nivel mundial después de China. El libro detalla que la proyección es que Santiago, tendrá dos tercios de sus flotas públicas operando con energía limpia en 2026.

El informe indica que la expansión del transporte eléctrico en la capital chilena ha sido rápida: en 2022, había 800 buses eléctricos y 10 electroterminales, mientras que la proyección es que el próximo año alcancen los 4.406 buses eléctricos y 55 electroterminales (68% de la flota operará con esta tecnología). Los avances se enmarcan en una el diseño progresivo de licitaciones del Ministerio de Transportes local orientadas a la electromovilidad (en la licitación de este año se exigirá que el 100% de los buses sean eléctricos).

En paralelo, se aborda el avance en la instalación de infraestructura para carga. Nuestro país tiene la tercera mayor red de estaciones de carga pública (después de Brasil y México), con 1.133 unidades.

La puesta en marcha de este modelo de la electromovilidad en la capital también arroja resultados positivos en lo ambiental: en 2023, las emisiones de Material Particulado Fino (PM2,5) derivadas del transporte público registró una disminución del 52,8%, en comparación con 2019 -antes de la pandemia-, y bajó 22,3% en gases de efecto invernadero respecto a ese mismo periodo, consolidando al sistema como un referente en sostenibilidad y eficiencia energética.

A nivel general, el parque de vehículos eléctricos livianos en América Latina ha experimentado un crecimiento exponencial: pasó de 17.541 unidades, en 2020 a 444.071, en 2024. Así, Chile se ubica en el 7º lugar en América Latina, con 12.319 unidades con esta tecnología (el ránking lo encabeza Brasil, seguido por México, Costa Rica, Colombia, Uruguay y Guatemala).

Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de Olade, enfatizó que “el desarrollo de la movilidad sostenible ofrece oportunidades únicas para contribuir a la descarbonización de la economía regional, fomentar la innovación, impulsar empleos verdes y mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades. La abundancia de recursos renovables en ALC, que se refleja en una de las matrices energéticas más limpias del mundo, brinda condiciones particularmente favorables para impulsar la transición en el transporte”.

Desafíos

El Libro Blanco de la Movilidad Sostenible detalla que Chile es un referente regional en el área energética, pero aún hay áreas que presentan desafíos. El documento aclara que, por ejemplo, el país no contempla un subsidio directo al valor de compra de vehículos eléctricos. Tampoco cuenta con un régimen impositivo diferenciado para la importación de este tipo de automóviles ni tarifas reducidas en el cobro de peajes. No obstante, se destaca la implementación de medidas significativas como la exención de restricción vehicular para vehículos eléctricos.

Finalmente, se plantea que en el marco de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, el país ha definido metas ambiciosas: a partir de 2035, todos los vehículos livianos nuevos vendidos en el país deberán ser 100% eléctricos y se proyecta que al menos el 40% del parque vehicular privado opere con este tipo de energía para 2050.

El Diario Oficial publicó este lunes la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), con la cual entra en vigencia la normativa que permite la simplificación de los permisos asociados a proyectos de inversión públicos y privados, cualquiera sea su envergadura, proporcionando mayor certeza sobre los tiempos tramitación.

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, destacó este hito en la implementación de este articulado: “Desde hoy, comienzan a regir medidas como la tramitación paralela de permisos, que beneficiará directamente a iniciativas clave como la línea de transmisión Quimal-Lo Aguirre, destinada a atraer energía más barata y limpia al centro del país. Con el avance del proceso de implementación de este nuevo marco jurídico, se constituirá la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, que supervisará y modernizará los trámites públicos y se implementará una línea de denuncias anónimas para personas o empresas afectadas por demoras injustificadas. El mecanismo de silencio administrativo, tanto positivo como negativo, también comenzará a aplicarse, permitiendo que los proyectos que excedan los plazos establecidos sean aprobados o rechazados automáticamente, con posibilidad de apelación”.

Esta La ley establece un nuevo marco regulatorio, que tiene como eje la modernización del Estado para que los permisos sean otorgados en tiempo y forma con el objetivo de reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de espera para la ejecución de iniciativas de inversión, y de un 50% para los correspondientes a proyectos estratégicos. La normativa incorpora principios como la tramitación paralela de autorizaciones, el uso de técnicas habilitantes alternativas, la implementación de una ventanilla única digital y la creación de una institucionalidad técnica especializada. Esta ley modifica más de 40 cuerpos legales y marca un hito en la modernización del Estado al permitir que los proyectos de inversión avancen con mayor certeza, eficiencia y sin disminuir los estándares regulatorios vigentes.

La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales es uno de los proyectos priorizados por el Ejecutivo y el Congreso en el marco del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, instancia mejor conocida como “Fast Track Económico”. Su tramitación fue fomentada mediante un acuerdo transversal que permitió avanzar con rapidez en una agenda legislativa orientada a destrabar iniciativas clave para impulsar el crecimiento del país. El proyecto ingresó al Congreso en enero de 2024 y fue despachado luego de 18 meses de tramitación, tras aprobar todas las etapas institucionales, y luego fue revisado satisfactoriamente por el Tribunal Constitucional.

Si bien la Ley entra hoy en vigencia, varias de sus disposiciones clave contemplan un régimen de implementación gradual como las normas mínimas de procedimiento, el régimen de sanciones a jefaturas de servicio, la puesta en marcha de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, el canal reservado de denuncias, la plataforma digital SUPER, la tramitación ágil de iniciativas estratégicas y el régimen de estabilidad regulatoria. Estas medidas se desplegarán en tres fases: la primera, desde la publicación hasta los seis meses; la segunda, entre el sexto y el noveno mes; y la tercera, hasta completar un año desde la publicación. Este diseño transitorio busca asegurar una implementación ordenada, coordinada y eficaz del nuevo sistema, resguardando los derechos de las personas y asegurando la capacidad del Estado para responder a todo lo que mandata la ley.