La decisión se da luego de que el director corporativo, Alberto José Vergara Monterrosa, mencionara a ambos directivos en su testimonio.
La Procuraduría General de la Nación vinculó a los miembros de la junta directiva de la petrolera estatal, Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, a la investigación disciplinaria en el caso por el millonario contrato de Ecopetrol con la firma de abogados estadounidense Covington & Burling LLP, cuyo valor pasó de US$875.000 a US$5,8 millones en apenas cuatro meses.
La decisión se da luego de que el director corporativo, Alberto José Vergara Monterrosa, mencionara a ambos directivos en su testimonio, señalando que las decisiones relacionadas con este proceso se tomaron bajo instrucciones de la junta y con la supervisión directa de una Comisión Especial conformada para este fin.
Contexto del contrato de Ecopetrol
El caso comenzó el 29 de agosto de 2024, cuando Ecopetrol aprobó un contrato inicial con Covington & Burling LLP por US$875.000. El objetivo era evaluar los riesgos legales derivados de investigaciones que avanzaban en Estados Unidos, entre ellas las relacionadas con la compra de un apartamento —conocido como el apartamento 901— en el que se vio involucrado el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a través de una empresa vinculada al inversionista Serafino Iacono.
Sin embargo, el 31 de diciembre de 2024 se suscribió un otrosí que amplió significativamente el objeto del contrato, abarcando nuevos frentes de investigación y multiplicando su valor hasta US$5,8 millones, lo que despertó críticas internas y externas sobre la falta de transparencia en el proceso y la forma en la que se autorizó la adición de recursos.
