Más de la mitad de las vías en Colombia a cargo del Estado están malas o regulares; concesionadas avanzan bien

Un informe presentado por la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, confirmó que más de la mitad de las vías en Colombia a cargo del Estado se encuentran en mal estado o regulares.

De acuerdo con el reporte, se trata de carreteras a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), que anualmente recibe un 40 % de su presupuesto de parte de la Nación y otro 60 % del recaudo de 32 peajes que tiene instalados por todo el país.

Así mismo, se trata de una entidad que, recientemente, ha recibido carreteras importantes, tras el fin de algunas concesiones, como Bogotá – Facatativá – Los Alpes o Córdoba – Sucre.

¿Por qué más de la mitad de las vías en Colombia a cargo del Estado están malas o regulares?

A pesar de lo anterior, el gremio transportador denunció que el Invías ha tenido una alta rotación de cargos directivos (van ocho directores en tres años) y agregó que le falta “supervisión a la inversión por parte de los directores territoriales”.

Según la presidenta de Colfecar, estos factores se suman a la falta de recursos de la Nación y han generado un impacto en la calidad de las vías que tiene a cargo el ente público

Incluso, detalló que de los 10.660 km que son operados por el Invías, el 54 % está en mal estado o regular. Esto es equivalente a más de 5.700 km, de los cuales cerca de 2.000 km están destapados. El 46 % restante sí se encuentra bien, de acuerdo con el reporte de la agremiación.

Por su parte, el informe detalló que las vías concesionadas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se encuentran en buen estado, gracias a las obras realizadas por los empresarios a cargo.

Con esto en mente, Hernández criticó el hecho de que el gobierno de Gustavo Petro no esté renovando las concesiones vencidas o a punto de vencer, sino que las está retornando a manos del Invías.

Eso sí, también dejó claro que las cosas en la ANI no son perfectas. Según la directiva, también ha tenido una alta rotación (seis presidentes en tres años), así como desincentivos al modelo de concesiones, incremento en litigios y demandas, y falta de liquidez.

Ingenieros advierten riesgos en cambios a contratación pública para personas con discapacidad

La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) encendió las alarmas frente a un proyecto de decreto que el Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), tiene en revisión.

La iniciativa busca modificar los criterios de calificación en licitaciones y concursos de méritos, otorgando puntaje adicional a las empresas que contraten personas con discapacidad o que estén lideradas por ellas.

A primera vista, el cambio parece un avance en materia de inclusión laboral. Sin embargo, para los ingenieros, la medida podría tener efectos contraproducentes en el sector de la infraestructura. En un documento enviado al DNP, la SCI aseguró que el mecanismo propuesto desconoce principios básicos de igualdad e imparcialidad contenidos en la Ley 80 de 1993, la norma que regula la contratación pública en Colombia. Además, recordó que la aplicación de la Ley 1618 de 2013 —que buscaba garantizar derechos de las personas con discapacidad— ya había generado dificultades prácticas en la ejecución de proyectos.

Uno de los puntos más del pronunciamiento tiene que ver con la estructura empresarial del sector. Según la SCI, más del 93 % de las compañías de ingeniería son unipersonales o sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.).

Esto significa que aplicar el mismo beneficio a cualquier empresa puede resultar inequitativo: no es lo mismo, señalan,” el esfuerzo de un empresario que arriesga todo su capital social que el de un socio minoritario con una participación reducida.

Ajustes propuestos y llamado al Gobierno

La SCI planteó varias alternativas. Propone, por ejemplo, que el beneficio del puntaje adicional se limite a criterios de desempate y que se mantenga en el 1 % actual, en lugar de subir al 2 % como contempla el borrador del decreto.

También sugirió que la obligación de contratar trabajadores con discapacidad se ajuste al tamaño de la empresa y que los contratistas deban acreditar, en cada pago, que cumplen efectivamente las condiciones que les dieron acceso a los beneficios.

Finalmente, los ingenieros advirtieron que las micro, pequeñas y medianas empresas —que representan la columna vertebral del sector— serían las más afectadas por las nuevas reglas. Estas compañías, claves en generación de empleo y proyectos de innovación, necesitan respaldo institucional para sobrevivir en un contexto económico complejo, y no cargas adicionales que podrían comprometer su futuro.

Por cierre en la vía al Llano, sector de materiales de construcción reporta millonarias pérdidas diarias

La Asociación Colombiana de Productores de Agregados (Asogravas) denunció pérdidas en el sector de materiales de construcción que superan los $1.500 millones diarios debido al cierre en el kilómetro 18 de la vía Bogotá-Villavicencio.

El gremio, que representa a los productores de agregados para la construcción, pidió al Gobierno Nacional con carácter de urgencia tomar el control de la situación en un comunicado, pues se ha reportado como gravemente afectado dado que en los Llanos se producen agregados como arena y grava que sirven de insumo para la construcción de infraestructura y vivienda.

Según Asogravas, el cierre ha paralizado la movilización de hasta 20.000 toneladas diarias de arena y grava que provienen del Meta. Esta situación, dicen las empresas agremiadas, no solo pone en riesgo la competitividad del país porque genera sobrecostos de las obras, sino que también afecta la cadena logística y la continuidad de proyectos de vivienda e infraestructura en Bogotá y la región central, los cuales podrían enfrentar un riesgo inminente de desabastecimiento de materiales.

Carlos Fernando Forero Bonell, director ejecutivo de Asogravas, declaró que «cada día de inacción significa pérdidas millonarias, empleos en riesgo y más familias afectadas». El gremio estima que unos 850 empleos directos e indirectos se mantienen en vilo y que solo en el departamento del Meta se han dejado de recibir más de $180.000 millones.

Municipios como Chipaque, Cáqueza, Guayabetal, Quetame y Une han reportado el cierre de comercios y la afectación de acueductos veredales.

Llamado urgente al Gobierno Nacional

Asogravas señaló que, 15 días después del derrumbe en el kilómetro 18+600 de la vía Bogotá–Villavicencio, aún persisten fallas graves en la atención de la emergencia. El gremio denuncio que aún no se han construido canales de agua adecuados ni se han realizado estudios técnicos o geológicos detallados para definir las obras necesarias para contener la montaña.

Por esta razón, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y exigió una intervención inmediata que con recursos extraordinarios y una coordinación centralizada, dada la limitada capacidad de las autoridades territoriales.

También pidió la implementación de alivios para transportadores y empresas, como la reducción de peajes, subsidios a combustibles y líneas de crédito de emergencia, así como dar privilegio al transporte de carga para asegurar el abastecimiento de materiales, alimentos y bienes esenciales.

De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico (PMU) anunciado por el Ministerio de Transporte y la ANI, se definieron horarios de paso restringido por la variante, inicialmente por 48 horas. «Estas medidas son un alivio temporal, pero no resuelven de fondo la crisis del corredor», según el comunicado de Asogravas.

Además, el gremio solicitó que se aclare si la responsabilidad de las obras de estabilización recae en la ANI o en la concesión y que se fije un cronograma público de entrega para que se logre una solución de fondo y definitiva para la conexión Bogotá-Villavicencio.

Vía Medellín al suroeste antioqueño tendrá cierre total en este sector: Estas serán las vías alternas

La Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico) anunció que, a partir del martes 23 de septiembre, se llevará a cabo el cierre total del sector Sinifaná, en la Troncal del Café, suroeste de Antioquia. La medida, que iniciará a la medianoche, se mantendrá hasta el 3 de octubre con el fin de adelantar un plan de recuperación vial en un tramo crítico de esta carretera.

De acuerdo con la entidad, el cierre obedece a la necesidad de intervenir el paso provisional ubicado entre los puntos de referencia PR 56+000 y PR 60+000. Los trabajos contemplan la ruptura y reconstrucción del pavimento, así como la estabilización de la zona. Debido a la magnitud de la obra y a las condiciones del terreno, no será posible habilitar tránsito parcial, lo que obliga a mantener una restricción total de vehículos durante diez días consecutivos.

Covipacífico precisó que las labores se ejecutarán de manera continua, las 24 horas del día, con el propósito de reabrir el corredor antes de la temporada de vacaciones de octubre, periodo en el que se incrementa el flujo vehicular hacia Medellín y el Valle de Aburrá desde el suroccidente del país.

Luis Hernando Dávila Lamar, gerente técnico de la concesionaria, señaló que la intervención es indispensable para garantizar condiciones seguras a los usuarios. “Estamos trabajando en la estabilidad de la vía, lo que implica romper la calzada y reconstruirla. Por esa razón no es posible mantener tránsito controlado. El cierre es temporal y permitirá restablecer la circulación en mejores condiciones antes de la temporada alta”, afirmó.

Una vez concluidas las obras, se retomarán los horarios habituales de circulación: de lunes a viernes, con paso permitido entre la 1:30 p. m. y las 3:00 p. m., y entre las 5:00 p. m. y las 8:30 a. m. Los domingos y festivos la vía permanecerá habilitada sin restricciones, mientras que en los demás horarios continuará cerrada.

De manera paralela, avanzarán trabajos de estabilización de taludes y de protección de la quebrada Sinifaná, acciones que hacen parte del plan integral de recuperación de este corredor vial.

¿Cuáles serán las rutas alternas?

Durante el cierre, los conductores tendrán a disposición varias rutas alternas. Los vehículos livianos que viajen desde La Pintada hacia Medellín podrán utilizar los trayectos La Pintada – Puente Iglesias – Fredonia – Medellín; La Pintada – Santa Bárbara – Medellín; o La Pintada – Bolombolo – Venecia – Medellín. En sentido contrario, quienes se desplacen desde Medellín hacia el suroccidente contarán con las rutas Medellín – Fredonia – Puente Iglesias – La Pintada; Medellín – Venecia – Bolombolo – La Pintada; y Medellín – Santa Bárbara – La Pintada.

Vagones del metro de Bogotá entraron en etapa clave: Dan fecha en que harán prueba para su rodamiento

La Empresa Metro de Bogotá informó que está próxima a iniciar la primera etapa de pruebas del sistema de transporte masivo con la puesta a punto del primer tren de la Línea 1, el cual llegó recientemente a la capital del país. Este hito marca el comienzo de un proceso técnico clave para la futura operación del metro, que avanza de manera progresiva y bajo estrictos protocolos de verificación.

Desde su arribo al patio taller, el convoy —compuesto por seis vagones— ha sido sometido a un exhaustivo proceso de alistamiento técnico. Dicho procedimiento está a cargo de un equipo de especialistas del concesionario y de la interventoría, quienes supervisan cada detalle con el propósito de asegurar que la unidad cumpla con los estándares de calidad y seguridad requeridos.

Entre las labores realizadas se encuentra la verificación de los acoples mecánicos y eléctricos, así como de los pasillos de intercirculación, que permitirán a los pasajeros desplazarse de un vagón a otro de manera segura. También se incluyen pruebas en los sistemas básicos de conexión, revisiones estructurales y trabajos de limpieza general, con el fin de garantizar que el tren se encuentre en óptimas condiciones antes de pasar a la siguiente etapa. Se espera que este proceso de adecuación concluya hacia mediados de octubre, momento en el que darán inicio las denominadas pruebas estáticas.

¿Qué evaluarán las pruebas en los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Durante la fase de pruebas estáticas se evaluarán todos los sistemas y subsistemas del tren. Estos incluyen el sistema de frenos, los mecanismos de tracción, el mando y control, así como los equipos de información al pasajero. Además, se contempla la energización del tren para verificar el correcto funcionamiento de la iluminación, la ventilación y otros componentes esenciales que garantizarán la comodidad y seguridad de los futuros usuarios.

Este conjunto de evaluaciones permitirá comprobar que cada elemento del convoy responde conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas. La finalidad es asegurar que el tren cumpla con los requisitos exigidos antes de su puesta en operación sobre la infraestructura del viaducto.
Una vez concluida la etapa estática y tras un periodo aproximado de un mes, se iniciarán las pruebas dinámicas. Estas se realizarán en un tramo de 905 metros especialmente acondicionado con un tercer riel, lo que permitirá probar el rendimiento de los motores de tracción y la eficacia del sistema de frenado.

Durante esta fase, el tren será sometido a ensayos en condiciones normales y en escenarios de falla simulada. Este procedimiento busca garantizar que la unidad pueda responder de manera adecuada frente a distintas eventualidades operativas. Asimismo, se pondrán a prueba los sistemas de información al usuario para corroborar su correcta funcionalidad.

Camacol B&C y la Secretaría de la Mujer lideran piloto para prevenir el acoso callejero en frentes de obra

Camacol Bogotá y Cundinamarca se suma bajo su programa Mujeres que Construyen a la iniciativa y plan piloto que lidera la Secretaría Distrital de la Mujer para prevenir el acoso sexual callejero y en la que participan también Cusezar, Coninsa, Conconcreto y la Empresa Metro de Bogotá. El plan, que se ejecutará entre septiembre y noviembre de 2025, articula estándares de obra, formación en prevención de violencias basadas en género, adecuaciones físicas del entorno y un esquema de monitoreo con indicadores de resultado para su eventual escalamiento.

Durante la firma del convenio se presentaron los objetivos del piloto, que combina acciones pedagógicas, adecuaciones comunicativas en el entorno y dispositivos de escucha para generar espacios de trabajo más seguros e inclusivos para las mujeres. Cada empresa seleccionó un frente de obra para implementar el plan de trabajo, que incluye encuestas de percepción, campañas de transformación cultural, señalética, formación del personal y seguimiento de resultados.

“Para el gremio de la construcción es fundamental apoyar iniciativas que promuevan la igualdad de género y la seguridad en el espacio público. Con este piloto reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a que los frentes de obra sean entornos seguros, donde todas las personas puedan transitar con tranquilidad y libertad”, indicó Edwin Chirivi Bonilla, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca.

Este piloto representa un paso importante hacia una construcción más consciente y comprometida con el bienestar de las comunidades y la equidad de género en el desarrollo urbano.

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Laura Tami, destacó que: “La firma de estos memorandos es un paso decisivo para garantizar seguridad de las mujeres en los espacios públicos de la ciudad. Gracias a todos los actores que se suman hoy a esta iniciativa, desde la secretaria trabajamos con diferentes actores con alianzas público-privadas para que las mujeres cada día se sientan más seguras, la apuesta es que cada día una ciudad para todas y todos.”

¿Qué incluye el plan?

  • Encuestas a más de 600 trabajadores para medir percepciones sobre el acoso.
  • Campañas de comunicación y señalética para visibilizar el problema.
  • Capacitaciones en prevención de violencias basadas en género.
  • Monitoreo y evaluación para medir el impacto de las intervenciones.
    Cada empresa intervendrá un frente de obra específico, con acciones que irán desde la mejora de iluminación hasta la instalación de dispositivos de escucha y denuncia.

¿Por qué es urgente? Porque, según la PPMyEG Bogotá (2022), el 64 % del acoso sexual hacia las mujeres ocurre en la calle y los frentes de obra son puntos de mayor exposición por la alta concentración masculina, cerramientos ciegos, baja iluminación y flujos peatonales restringidos que facilitan conductas naturalizadas (silbidos, miradas morbosas y comentarios). La Veeduría Distrital (2022) confirma la magnitud: 8 de cada 10 mujeres han vivido acoso, con inseguridad percibida de 67,2 % en transporte público y 70,7 % al caminar. Intervenir en obra es, por tanto, prioritario y eficaz: permite combinar formación, señalética y adecuaciones físicas para reducir riesgos inmediatos y estandarizar protocolos de prevención en el sector.

La jornada incluyó la proyección de videos sobre la percepción de las mujeres, la presentación de buenas prácticas del sector construcción, un conversatorio con representantes de las empresas y la firma simbólica de los memorandos de entendimiento. Con la puesta en marcha del piloto se busca reducir y desnaturalizar el acoso sexual en el espacio público, reafirmando el derecho de las mujeres a moverse de manera libre y segura por la ciudad.

Camacol recibe reconocimiento en Sudáfrica por el liderazgo de Colombia en construcción sostenible

La Corporación Financiera Internacional (IFC) celebró en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, los diez años de la certificación Edge en el mundo, y allí estuvo la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), como único certificador invitado, recibiendo un reconocimiento especial por su liderazgo en la construcción sostenible.

“Hoy, en Sudáfrica, reafirmamos que la sostenibilidad no es un lujo, sino un derecho y una responsabilidad compartida”, afirmó el presidente de CAMACOL, Guillermo Herrera, quien asistió como invitado especial a recibir este galardón.

El dirigente gremial anotó que “ese esfuerzo colectivo le ha permitido al país convertirse en líder mundial con más de 22,2 millones de metros cuadrados certificados con Edge, demostrando que sí es posible democratizar la construcción verde y llevarla a la vivienda social y a las ciudades intermedias, donde está el gran reto de inclusión”.

Las certificaciones de sostenibilidad son el principal instrumento de verificación del cumplimiento de los criterios medioambientales en las edificaciones. Este sello, promovido por la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial, avala las construcciones que optimizan el consumo de agua, energía y otros recursos, contribuyendo significativamente a la mitigación del cambio climático.

Edge lleva operando 10 años en el mundo y 8 en Colombia; de los 22 millones de metros cuadrados certificados en nuestro país, 13 se otorgaron en los últimos dos años. “Gracias al trabajo conjunto con IFC y la Embajada Suiza, en Colombia se creó un verdadero ecosistema a través de Camacol Verde, que integra empresas, banca, regiones y cooperación internacional”, agregó el presidente de CAMACOL.

Frente a más de 200 líderes internacionales, Herrera resaltó que para Colombia es relevante formar parte de los más de 120 países en los cuales está presente Edge. “Estamos en el primer lugar del escalafón internacional, por encima de mercados tan dinámicos como India (con 14,5 millones de metros cuadrados) y México (con 12,6 millones), lo que nos motiva a seguir trabajando de la mano con IFC para impulsar edificaciones más eficientes, asequibles y resilientes frente a los desafíos ambientales”.

Newmont: El Gigante de Zacatecas

Newmont, el titán global del oro, mantiene en México una operación de escala monumental a través de su mina Peñasquito en Zacatecas.

Tras superar una costosa huelga en 2023, la compañía ha demostrado una robusta capacidad operativa, registrando cifras de producción y financieras que reafirman al activo como uno de los pilares de su portafolio. Sin embargo, este desempeño se ve opacado por un horizonte de crecientes desafíos. La consolidación de la nueva Ley de Minería, junto a persistentes conflictos socioambientales, configura un escenario de riesgo que pone a prueba la estrategia a largo plazo de la minera en el país. El caso de Newmont en México es un estudio en tiempo real sobre la gestión de riesgos no operativos en una jurisdicción cada vez más compleja.

 

Producción y finanzas post-huelga

Los resultados operativos de 2024 y el primer semestre de 2025 confirman la capacidad técnica de Peñasquito. Tras la paralización de cuatro meses en 2023, la mina no solo recuperó su ritmo, sino que superó las expectativas. Las ventas atribuibles a Peñasquito alcanzaron los $2.8 mil millones de dólares en 2024, un notable incremento impulsado por la normalización de operaciones. La producción de oro se situó en aproximadamente 350,000 onzas, mientras que la de plata superó los 30 millones de onzas, consolidándola como una de las principales productoras de este metal a nivel mundial.

Igualmente significativos son los subproductos: la producción de zinc rondó las 450 millones de libras y la de plomo las 180 millones de libras. Los costos de mantenimiento todo incluido (AISC, por sus siglas en inglés), una métrica clave para la industria, se han mantenido competitivos, aunque presionados por la inflación y los nuevos acuerdos laborales. La inversión de capital, cercana a los $250 millones de dólares anuales, se ha centrado en la optimización de procesos y el mantenimiento del Tailing Storage Facility (TSF), una infraestructura crítica bajo constante escrutinio ambiental.

 

Relaciones laborales, un equilibrio precario

La huelga de 2023, liderada por la Sección 304 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), marcó un punto de inflexión. El conflicto, centrado en el reparto de utilidades (PTU), evidenció el poder del sindicato y el delicado equilibrio de las relaciones laborales. La resolución, mediada por la Secretaría del Trabajo, culminó en un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo 2024-2026. Este acuerdo incluyó un aumento salarial directo del 7.5% y mejoras en bonos y fondos de ahorro.

Aunque el acuerdo trajo estabilidad, la disputa subyacente sobre el cálculo del PTU sigue latente, sujeta a la interpretación de las autoridades fiscales. Para la gerencia de Newmont, la gestión de la relación con el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia es tan crucial como la geología del yacimiento. La paz laboral actual es funcional, pero precaria, y representa un riesgo financiero y operativo constante.

 

El frente socioambiental, el riesgo persistente

El principal riesgo no minero para Peñasquito sigue siendo el agua. Ubicada en una de las cuencas más estresadas hídricamente del país, la operación es objeto de un intenso escrutinio. Newmont reporta tasas de reciclaje de agua superiores al 70% en sus procesos, una cifra técnicamente respetable. No obstante, esta eficiencia operativa no ha logrado mitigar la percepción de comunidades locales, como el ejido de Cedros, que denuncian el agotamiento de sus pozos y la contaminación de acuíferos.

Historiales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) muestran sanciones previas por irregularidades en el manejo de residuos, lo que alimenta la narrativa de los grupos opositores. Los conflictos por el uso de la tierra y el cumplimiento de acuerdos de inversión social son recurrentes y, a menudo, derivan en bloqueos que afectan la logística de la mina. El desafío no es solo técnico, sino social: demostrar con datos verificables y acciones tangibles una gestión hídrica sostenible ante una audiencia escéptica y directamente afectada.

 

Navegando la nueva ley de minería

Quizás el mayor desafío estructural para el futuro de Newmont en México es la reforma a la Ley de Minería de 2023. Para una operación consolidada como Peñasquito, cuyo ciclo de vida se extiende por décadas, las nuevas disposiciones introducen una incertidumbre significativa. La ley ahora limita la duración de las concesiones y endurece las condiciones para su renovación, además de exigir consultas previas con comunidades indígenas para cualquier nuevo proyecto, un proceso que puede ser largo y complejo.

Financieramente, la reforma contempla un aumento en el pago de derechos y la obligación de presentar fianzas o seguros para garantizar la reparación de daños ambientales, lo que podría impactar los costos operativos. Este endurecimiento del marco regulatorio coincide con la estrategia global de Newmont de optimizar su portafolio y deshacerse de activos considerados «no esenciales».

Producción Minera de México retrocede el 5.8% interanual

La producción industrial de México retrocedió 2.7% interanual en julio, arrastrada por caídas en los cuatro sectores que componen el indicador, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con cifras originales del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), la minería fue el sector más golpeado, con una contracción de 5.8%, seguida por la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y gas, que disminuyó 3.7%. La construcción retrocedió 3.5%, mientras que las industrias manufactureras cayeron 1.9%.

En cifras desestacionalizadas, la actividad industrial también presentó una baja de 2.8% respecto al mismo mes del año pasado. Por componentes, la minería volvió a ser el rubro más afectado, con un retroceso de 5.9%, en tanto que la construcción cayó 4.1%, la energía 3.7% y las manufacturas 1.8%.

El panorama acumulado entre enero y julio de 2025 tampoco resulta alentador. En ese periodo, la producción industrial disminuyó 1.5% frente al mismo lapso de 2024. La minería encabezó las pérdidas con una caída de 8.3%, seguida por la generación y suministro de energía (-2.4%), la construcción (-1.4%) y las manufacturas (-0.2%).

Este desempeño confirma la debilidad estructural del sector industrial mexicano, que ya había registrado tres caídas consecutivas en meses previos. En junio, la producción retrocedió 0.4% interanual, principalmente por descensos en minería y electricidad.

La tendencia negativa se inscribe en un entorno de desaceleración económica nacional. Analistas señalan que el crecimiento de México en 2025 fue ajustado a un rango de entre 0.5% y 1.5%, por debajo de la meta oficial de entre 1.5% y 2.3%, lo que anticipa mayores retos para la segunda mitad del año.

Rumbo al 2026: COPARMEX traza hoja de ruta empresarial para la revisión del T-MEC

Rumbo al 2026: COPARMEX traza hoja de ruta empresarial para la revisión del T-MEC
En el Summit Grandes Empresas: Rumbo Económico de México y Norteamérica, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y líderes empresariales coincidieron en que el T-MEC es más que un acuerdo comercial: se trata de una plataforma de certeza jurídica y de atracción de inversión. El presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez, enfatizó que su revisión en 2026 representa una oportunidad única para reafirmar a México como un socio confiable en Norteamérica.

Cifras clave del T-MEC 2026 para México 

El exjefe negociador del tratado, Kenneth Smith Ramos, destacó que el T-MEC tiene un valor de 2 trillones de dólares, engloba más del 80% de las exportaciones mexicanas y que, desde 2006, más del 50% de la inversión extranjera directa proviene de Estados Unidos y Canadá. Ante este peso estratégico, advirtió que, aunque no ve un riesgo inminente de ruptura, sí habrá turbulencia política en el proceso de revisión, lo que exige capacidad de negociación y unidad entre gobierno y sector privado.

COPARMEX definió tres pilares para enfrentar la coyuntura:

  1. Fortalecer el T-MEC como herramienta estratégica para detonar inversión y empleo.
  2. Diversificar mercados y reducir riesgos excesivos de concentración.
  3. Impulsar innovación, infraestructura, inclusión financiera y MiPyMEs, consideradas “el corazón de la economía mexicana”.

Estado de Derecho y energía competitiva para el nearshoring

Los empresarios insistieron en que, sin seguridad, reglas claras y energía confiable, México no podrá capitalizar el nearshoring. El mensaje fue claro: la inversión llega donde hay confianza institucional y condiciones estables. “El mejor programa social es el empleo formal, y este depende de un marco jurídico sólido y políticas energéticas modernas”, subrayó la Confederación.
El panorama no es sencillo. Según Smith Ramos, durante la revisión podrían aparecer amenazas de renegociación bajo escenarios políticos en Estados Unidos, pero México debe responder con una agenda clara: defender la certidumbre del T-MEC, integrar más a las MiPyMEs y acelerar la digitalización. Para COPARMEX, la clave será transformar esta coyuntura en un motor de inversión sostenida y empleos de calidad.
Al finalizar el encuentro, COPARMEX reiteró que no se trata solo de preparar un tratado, sino de construir un país competitivo e incluyente. “Debemos fortalecer el T-MEC, diversificar nuestros mercados y cuidar el talento que distingue a México. Solo así convertiremos el momento actual en una oportunidad histórica”, recalcó Sierra Álvarez.