Uno de los puntos más críticos es la situación financiera de Air-e, que, según la Cámara, impacta de forma negativa a toda la cadena del sector. Desde la intervención de la empresa en septiembre de 2024, los pagos a proveedores fueron suspendidos y aún no existe un panorama claro sobre su recaudación.
“Los proveedores de bienes y servicios, afiliados o no al gremio, están siendo gravemente afectados. La falta de pagos ha generado perjuicios económicos que ponen en riesgo la sostenibilidad de muchas empresas”, advirtió el comunicado firmado por Carlos Alberto Zarruk Gómez, presidente ejecutivo del gremio.
Participación del Estado: una salida viable
Ante la propuesta de que el Estado asuma directamente la prestación del servicio mediante una empresa pública, la Cámara considera la medida positiva, siempre que se convierta en una solución definitiva al problema estructural.
“El desarrollo de la región Caribe depende de un suministro energético confiable y eficiente. Si la solución requiere participación estatal, es bienvenida, pero debe ser implementada con prontitud”, indicó Zarruk.
Llamado al diálogo con el Gobierno
La Cámara Colombiana de la Energía hizo un llamado a establecer un diálogo franco y constructivo con el Gobierno Nacional, con el fin de acordar mecanismos para saldar las deudas que Air-e ha acumulado tanto antes como durante la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos.
El objetivo, explicó el gremio, es dar estabilidad financiera a las empresas proveedoras, recuperar la confianza en el sistema y garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico en la región.
“Se trata de una tarea impostergable en beneficio de los usuarios del Caribe y de la viabilidad del sistema eléctrico nacional”, concluyó el comunicado.
