Día: 4 de agosto de 2025

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) anunció la ejecución de 21 proyectos en el entorno del Megapuerto de Chancay, una iniciativa estratégica que busca mejorar la infraestructura y los servicios públicos en esta zona clave para el comercio internacional. Según detalló Mario Ríos, vocero de la entidad, la cartera de inversiones ya fue sustentada ante el Ministerio del Interior, e incluye la construcción de nuevas comisarías para reforzar la seguridad.

Además del componente de seguridad, las obras estarán enfocadas en mejorar los accesos al puerto. “Es fundamental crear alternativas viales en la Panamericana para evitar que la carga pesada genere congestión en la infraestructura actual”, señaló Ríos en declaraciones a la agencia Andina. Estas intervenciones permitirán un flujo más eficiente de mercancías desde y hacia el nuevo puerto, considerado uno de los megaproyectos logísticos más importantes del país.

Los proyectos forman parte de la Cartera de Inversiones de Proyectos Estratégicos Territoriales (CIET), respaldada por la Resolución Ministerial N.º 054-2025-PCM, con una inversión total estimada en S/820 millones. Entre ellos destacan intervenciones en el sector salud, como la mejora del centro de salud Peralvillo (distrito de Chancay), el establecimiento de salud de Huaura (más de S/54 millones en inversión) y el puesto de salud de Pasac en Atavillos Alto, provincia de Huaral.

También se ejecutarán obras de mejora en comisarías de la Policía Nacional del Perú ubicadas en Aucallama, Cruz Blanca (distrito de Hualmay) y Chancay. Asimismo, se fortalecerán los servicios de seguridad ciudadana en Barranca y Chancay, zonas de influencia directa del megapuerto, donde se proyecta un notable crecimiento urbano e industrial.

Finalmente, el plan contempla mejoras viales clave para la conectividad regional, como en los tramos Palpa–Orcón–Quilca, Arahuay–Lachaqui, Vilcahuaura–Casuarinas, Santa Leonor–Checras y la vía Huacho–Huaura. Estas obras no solo facilitarán el transporte de carga, sino que también beneficiarán a la población local, al integrarlos mejor con la infraestructura del nuevo puerto y con el resto de la región.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) gestionó el financiamiento de 205 proyectos de equipamiento y movilidad urbana en 20 regiones del país, los cuales mejorarán la calidad de vida de más de 1 millón de vecinos y generarán cerca de 30 mil puestos de trabajo.

Es así que a través del Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) se logró que durante la actual gestión de Gobierno se transfiera S/560 millones a diversas municipalidades del país, para la ejecución de obras de pistas, veredas, parques, plazas, losas recreativas multiusos, entre otros.

Una de las obras ejecutadas con estos recursos es la de “Creación y mejoramiento de espacios públicos para uso de la población en el Morro Solar”, en el distrito de Chorrillos, en Lima, con una inversión de S/5,6 millones, beneficiando a 890 249 habitantes.

También se ejecutó el “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Habilitación Urbana Santa María II”, en el distrito de Jaén, provincia de Jaén, región Cajamarca, con una inversión de S/2,2 millones, que beneficia a 55 398 habitantes.

Más fuentes de financiamiento

Para seguir impulsando la ejecución de este tipo de obras a favor de los barrios urbanos a nivel nacional, el Ministerio de Vivienda también promueve el financiamiento bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) en ejecución conjunta. A la fecha, se tienen tres proyectos que cuentan con Convenios de Cooperación Interinstitucional suscritos mediante este mecanismo, que beneficiarán a más de 11 308 habitantes de los distritos de Chamaca, en Cusco, y Recuay, en Áncash, con una inversión de más de S/36 millones, generando 1056 empleos.

“Mi canchita”

Para fomentar el deporte y actividades sociales y recreativas en espacios públicos, el MVCS, a través del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, está desarrollando la estrategia “Mi Canchita”, mediante la cual se promueve la construcción de losas multiusos. A la fecha, se han firmado convenios de cooperación interinstitucional con 5 municipalidades, beneficiando a 12 874 habitantes de las regiones San Martín, Puno, Apurímac y Huánuco, con una inversión de S/4,1 millones.

Estas y muchas otras obras más forman parte del plan estratégico del PMIB para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población urbana, mediante la actuación coordinada y concurrente entre el MVCS, los Gobiernos locales y la comunidad barrial.

Cabe destacar que, en los últimos 12 meses, el Ministerio de Vivienda también brindó 4 talleres de capacitación sobre la formulación y gestión de proyectos a 133 Gobiernos locales, en el marco del mejoramiento integral de barrios, de manera presencial y virtual.

De esta manera, se busca mejorar el espacio público de barrios urbanos con población prioritariamente vulnerable y contribuir con el cierre de brechas de movilidad urbana y espacios públicos, a través de intervenciones integrales en los vecindarios de escasos recursos a nivel nacional.

El exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, sostuvo que el Perú enfrenta la oportunidad de consolidarse como uno de los principales productores de cobre del mundo si logra destrabar proyectos estratégicos de gran envergadura.

Durante su exposición en el Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Mucho destacó que solo La Granja (US$2.400 millones) y Michiquillay (US$2.500 millones) concentran más de US$4.900 millones de inversión proyectada, lo que convierte a estos proyectos en piezas clave para elevar de manera significativa la producción nacional de cobre.

“Si logramos poner en marcha La Granja y Michiquillay, el Perú dará un salto cuprífero decisivo”, afirmó.
El exministro recordó que el país cuenta con una cartera de 31 proyectos de cobre distribuidos en 14 regiones, que en conjunto representan US$39.795 millones en inversiones. De concretarse, esta cartera permitiría sumar hasta 2 millones de toneladas adicionales de cobre a la producción anual, en un contexto en el que la demanda global se acelera por la transición energética.

Mucho también subrayó que el Perú posee cerca del 11% de las reservas mundiales de cobre, lo que refuerza su papel estratégico en el suministro de minerales críticos. Sin embargo, advirtió que para materializar este potencial se requiere un marco de estabilidad política, reglas claras y la voluntad de destrabar proyectos que permanecen en espera.

“El cobre es la columna vertebral de la transición energética. Sin cobre no hay autos eléctricos, no hay redes inteligentes ni energías renovables. El Perú debe asumir con seriedad su rol en esta nueva etapa de la economía global”, concluyó en el evento del IIMP.

El presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, reiteró un mensaje similar al de la presidenta Dina Boluarte, afirmando que el futuro de la empresa estatal es “promisorio y brillante”. En una entrevista con Exitosa, destacó que para este año se proyecta alcanzar el “punto de equilibrio” y que para 2026 la compañía volverá a generar utilidades.

Narváez, quien en ocasiones anteriores ha señalado como responsables de la situación actual del ente estatal al Banco Central de Reserva (BCR), a diversas entidades financieras y a expresidentes de Petroperú, calificó de “irresponsables” las críticas fundamentadas de analistas sobre el estado de la empresa. Asimismo, minimizó la importancia de los préstamos que el Estado ha otorgado a la petrolera, asegurando que serán pagados más adelante, al igual que las deudas pendientes.

Sin embargo, para el analista Anthony Laub, las declaraciones del titular de Petroperú no reflejan la realidad. Indicó que la supuesta participación de la empresa en el mercado nacional, que Narváez sitúa en un 30%, no toma en cuenta que hace una década esa cifra era cercana al 50%. “No hay sustento técnico ni económico en sus afirmaciones. Asumió la presidencia con pleno conocimiento de los activos y pasivos, pero la gestión ha sido ineficiente, sabiendo que el Estado y sus ministros corregirán los errores”, señaló.

Por su parte, Fernando De la Torre, exgerente de Finanzas de Petroperú, consideró que las palabras de Narváez sobre un futuro prometedor son “solo un deseo” y no están alineadas con los números actuales. Explicó que el ratio de deuda de la empresa es 3.4 veces su patrimonio, muy por encima de compañías similares como ENAP de Chile (0.02 veces) y Ecopetrol de Colombia (1.91 veces).

De la Torre agregó que en diciembre de 2013, antes de la construcción de la Refinería de Talara, el capital de trabajo —es decir, los fondos para gastos operativos y compromisos a corto plazo— mostraba un déficit de US$52.9 millones, pero para fines de 2024 esa cifra se elevó a US$1,945 millones en negativo. “Es imposible aumentar ventas con un capital de trabajo tan deteriorado”, advirtió.

El analista José Antonio Mansen también señaló que, tras el convenio para exportar combustible a Ecuador, resulta poco viable construir un oleoducto de 60 a 70 kilómetros para conectar con ese país, debido a limitaciones operativas. “Sería necesario desarrollar instalaciones de almacenamiento, sistemas de bombeo y un oleoducto paralelo al actual Oleoducto Ramal Norte para transportar 200,000 barriles diarios hacia la Estación 5, además de modernizar el Tramo II para duplicar la capacidad de bombeo de 95,000 a 200,000 barriles diarios, todo para transportar el petróleo ecuatoriano hacia el Terminal Bayóvar”, explicó.

En un contexto desafiante, la subsidiaria peruana de Nexa, empresa de capital brasileño, cerró el segundo trimestre con resultados positivos. Su CEO, José Carlos del Valle, resaltó que la compañía mantuvo un desempeño sólido pese a las dificultades, destacando la recuperación operativa luego de las interrupciones climáticas sufridas a inicios de año en Pasco, donde se encuentran las unidades polimetálicas El Porvenir y Atacocha.

Durante este periodo, se lograron avances importantes en la primera fase del proyecto de integración de ambas unidades, que incluyó la finalización de la ingeniería, la obtención de permisos y la movilización de contratistas. Según del Valle, la segunda fase sigue su curso según lo planeado, con un potencial significativo para extender la vida útil del complejo por más de diez años y mejorar los márgenes operativos.

A pesar de la presión en los precios del zinc y plomo durante el trimestre, la fortaleza en los precios del cobre y la plata impulsó el crecimiento del EBITDA y las utilidades netas en comparación con el primer trimestre. Los ingresos netos consolidados alcanzaron los US$ 250 millones, ligeramente inferiores a los US$ 252 millones del mismo periodo del año anterior, debido a menores precios y volúmenes en Cerro Lindo, compensados parcialmente por mejores resultados en El Porvenir y Atacocha.

En cuanto a producción, el zinc alcanzó las 40,000 toneladas en el segundo trimestre, un 3% más que en el mismo periodo de 2024 y un 27% superior al primer trimestre de este año, impulsado por mayores leyes y volúmenes de mineral procesado en todas las unidades. Los ingresos acumulados en el primer semestre sumaron US$ 460 millones, mostrando un crecimiento del 5% respecto al mismo lapso del año previo.

En términos financieros, el EBITDA ajustado fue de US$ 113 millones, aumentando desde los US$ 93 millones del segundo trimestre de 2024 y mostrando un crecimiento del 62% en comparación con los US$ 70 millones del primer trimestre de 2025. Este resultado se atribuye a mayores aportes de subproductos como plata y oro, reducción de costos operativos y un incremento en las ventas de concentrados. La utilidad neta del trimestre fue de US$ 63 millones, acumulando US$ 103 millones en el semestre, con una utilidad por acción de US$ 0.05 y US$ 0.08, respectivamente.

Finalmente, el reporte enviado a la SMV destacó que se completó la ingeniería detallada del proyecto de integración y se obtuvieron los permisos para iniciar obras de infraestructura de relaves en El Porvenir y Atacocha. Los contratos civiles y electromecánicos fueron adjudicados, comenzando la construcción en julio. Además, se sigue evaluando técnicamente la segunda fase del proyecto. En paralelo, el 17 de julio, Nexa Resources El Porvenir lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para comprar acciones de Nexa Resources Atacocha, válida hasta el 19 de agosto.

Las exportaciones mineras del Perú continúan creciendo a paso firme. Entre enero y abril de 2025, alcanzaron los US$ 17 530 millones, registrando un crecimiento de 22.7% en comparación con el mismo periodo de 2024 (US$ 14 372 millones), de acuerdo con el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

De total acumulado de las exportaciones durante este periodo, los productos minero metálicos sumaron US$ 17 211 millones, mientras que los minerales no metálicos alcanzaron los US$ 319 millones.

Solo en el mes de abril 2025, el monto de las exportaciones mineras ascendió a US$ 3809 millones, registrando un aumento de 6.0% en comparación con el mismo mes de 2024 (US$ 3594 millones), reafirmando el rol estratégico de la industria minera en la configuración de la estructura económica y financiera nacional.

A través del documento estadístico, la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del MINEM subraya la importancia de la transición hacia fuentes de energía más limpias, destacando su impacto en la creciente demanda internacional de minerales.

Entre los productos mineros exportados con mayor crecimiento, al término del segundo bimestre, figuran el oro (44.7%), zinc (36.0%), plata (30.6%), estaño (21.0%), cobre (15.5%) y el plomo (4.9%).

De ellos, el cobre, oro, zinc y plomo, concentran el 90.8% de participación de las exportaciones mineras y representan el 59.8% de las exportaciones peruanas, lo que posiciona a la actividad minera como un eje clave en la generación de divisas para el país.

El MINEM destaca la expansión constante de las exportaciones mineras durante los cuatro primeros meses del año y resalta su impacto directo con el desarrollo macroeconómico nacional, permitiendo más ingresos para el país y oportunidades de inversión pública en beneficio del Perú.

Tras la conclusión de la cuarta sesión de la mesa técnica sobre formalización minera, los dirigentes de la Confemin anunciaron que suspenderán su participación en este espacio hasta que el gobierno modifique el plazo de 90 días calendario para gestionar ante la Sucamec la autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados.

“Hemos decidido suspender nuestra participación en esta mesa, que supuestamente estaba destinada a resolver, pero ocurre todo lo contrario. Tras varias reuniones y días, solo hemos perdido el tiempo. Estamos ante una mesa de sordos donde no se escucha ni se soluciona el problema. Lamentamos la postura del ministro de Energía y Minas, y debo decir categóricamente que no conoce la realidad de la formalización minera”, señaló Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin.

El dirigente también anunció que en las próximas horas se reunirán con sus bases para analizar lo ocurrido en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y evaluar la posibilidad de retomar protestas para defender su derecho al trabajo. Advirtió que si no se prorroga el plazo para cumplir con el requisito hasta el 17 de agosto, miles de mineros quedarían fuera del proceso de formalización.

Cabe recordar que el decreto supremo establece un periodo de 90 días, iniciado en mayo, para que los mineros artesanales tramiten el permiso oficial para el uso de explosivos. Sin embargo, Bequer explicó que la falta de infraestructura, en especial el déficit de polvorines, hace imposible cumplir con este requisito.

“No existen polvorines suficientes para almacenar explosivos, por más que los busquemos. Parece que el ministro responde a otras directivas e intereses que buscan excluirnos. Ya han sacado a más de 50,000 personas y ahora planean excluir a más de 25,000. Esto demuestra una política sistemática para desaparecer la minería artesanal”, afirmó.

En respuesta, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, invitó a la Confemin y Fenamarpe a reflexionar y reincorporarse a la mesa de diálogo, una vez que analicen el comunicado y la resolución que se publicarán próximamente para precisar el carácter del requisito sobre explosivos. “El Ministerio de Energía y Minas ha dejado claro que esta norma aún no puede aplicarse porque falta información de los gobiernos regionales. No se pretende derogarla, sino aclarar su naturaleza con una norma de menor rango,” explicó.

Finalmente, Arana indicó que el proceso contra la minería ilegal continuará sin ceder ante presiones para modificar las normas vigentes. Destacó tres puntos de consenso en la mesa técnica: el acompañamiento a los más de 30,000 mineros artesanales para su formalización, la incorporación de operadores no legalizados para que accedan a beneficios, y la presentación de un nuevo proyecto de Ley Mape para la próxima Comisión de Energía y Minas, que podrá ser enriquecido por gremios y expertos del sector. “Nos quedan cuatro sesiones para elaborar normas y debatir consensos”, concluyó.