La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SuperServicios) inició, a partir de agosto de 2025, una evaluación integral a XM S.A. E.S.P., administradora del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y del Mercado Mayorista de Energía (MEM).

De acuerdo con la entidad, estas visitas se gestan en el marco del Plan de Acción 2025. Esta evaluación, que se extenderá por tres meses, contempla el análisis de aspectos administrativos, financieros, regulatorios y comerciales relacionados con la operación de XM.

Como parte de la estrategia de inspección, vigilancia y control, la SuperServicios adelantará una revisión de los convenios y contratos suscritos por XM, con el fin de verificar su conformidad con las disposiciones definidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG): entre estos, el contrato mencionado recientemente por el Ministerio de Minas y Energía.

En línea con información de la Superintendencia, la evaluación integral se desarrolla en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que se realiza sobre los agentes del mercado, con el propósito, según la entidad, de fortalecer la transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo del sistema eléctrico nacional.

De manera paralela, la SuperServicios anunció que sostiene mesas de trabajo permanentes con XM, en las que se evalúan las condiciones técnicas, operativas y administrativas del Sistema Interconectado Nacional, con enfoque preventivo y correctivo.

Se adelantará investigación a XM con Superservicios, Procuraduría y Contraloría

Valora Analitik conoció que el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, y su equipo han concluido la primera visita que hace el Gobierno Nacional a XM, luego de que el funcionario anunciara por sus redes sociales un riguroso seguimiento a la entidad tras conocerse la fallida compra de un software que no ha empezado a operar luego de casi diez años de gestión.

El ministro Palma destacó: “estuvimos visitando a XM. Habíamos iniciado con un derecho de petición pidiéndole información a la empresa y ellos nos contestaron: era necesaria esta visita que deja más preguntas que respuestas”.

Para el funcionario “es increíble que, en cerca de diez años -porque este proceso empezó en 2013 y se firmó en 2016-, no hay software. Se dice que, según las estimaciones, se invirtieron allí más de US$26 millones, incluso, pueden ser más, pero que es plata de los usuarios que se paga en las facturas de energía eléctrica”.

Por esta razón, el ministro Edwin Palma ha anunciado que la cartera va a insistir en que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que investigue a fondo a XM para esclarecer los hechos de dicha coyuntura.

Adicionalmente, Palma indicó que se pedirá que se involucre en la investigación a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, pues aseguró que “allí hubo miembros de Juntas Directivas de XM, administración de XM, incluso, expertos comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que desembolsaban estos recursos durante casi diez años”.

De acuerdo con el líder de la cartera minero-energética, se cree que hay cosas que se deben investigar para aclararle al país sobre las presuntas irregularidades.

“Hoy no ha habido una respuesta oficial. Hemos dicho a XM que me digan si esa plata técnicamente se esfumó, porque hoy ese sistema, que esperaba poner a XM en otro nivel tecnológico, no existe y, por lo tanto, esa plata debe estar en algún lado”, precisó Palma.

Tras la adquisición por parte de SUR Holding, el operador de telefonía celular WOM Colombia anunció la nueva estrategia de negocio que trae consigo una agresiva propuesta comercial.

Esa nueva estrategia, según la empresa, busca garantizar que “todos los colombianos, sin importar su nivel de ingresos, puedan mantenerse conectados”.

Para lograrlo, la compañía -que está a la espera de definiciones de uso de roaming nacional por parte del Gobierno Nacional- lanzó un plan móvil que, por $29.900, incluye datos, llamadas y mensajes de texto ilimitados.

Dentro de lo comunicado por la empresa se advierte que ese nuevo plan de servicios se ofrece “sin letra pequeña ni cargos ocultos”.

Uno de los trenes que hará parte de la Primera Línea del Metro de Bogotá ya fue embarcado con destino a Colombia desde el puerto de Qingdao, en la provincia de Shandong, China. Así lo anunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien compartió imágenes del proceso y destacó los avances del proyecto, que actualmente registra cerca del 60 % de ejecución.

En entrevista con Blu Radio, Galán confirmó que el tren llegará al puerto de Cartagena, una ruta que facilita su posterior traslado hasta la capital. Una vez en Bogotá, será sometido a pruebas técnicas en el patio taller. El mandatario indicó que para mayo de 2026 se prevé el inicio de pruebas dinámicas, las cuales se extenderán hasta la cuarta estación de la línea.

Los trenes fueron fabricados en la ciudad de Changchun, un reconocido polo industrial del sector ferroviario en China, sede de algunas de las principales empresas dedicadas a la producción de material rodante a nivel mundial. Desde allí, los vagones fueron transportados por vía terrestre hasta Qingdao, para luego iniciar la travesía marítima hacia Colombia.

Según el cronograma oficial, se espera que el tren arribe entre finales de septiembre y comienzos de octubre, ya que el trayecto por mar puede durar hasta 58 días. Posteriormente, los equipos serán trasladados por tierra a Bogotá, donde iniciarán las fases de prueba técnica y de operación estática y dinámica.

¿Cómo estarán compuestos los trenes del Metro de Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, firmaron recientemente un Memorando de Entendimiento con el objetivo de consolidar la ejecución de varios proyectos estratégicos en materia de movilidad e infraestructura para la capital del país. Este acuerdo permitió reprogramar algunos pagos, lo cual facilitará la continuidad de obras clave para la ciudad.

De acuerdo con un comunicado emitido por la administración distrital, el memorando establece lineamientos para la cofinanciación y programación de obras como la primera y segunda línea del Metro de Bogotá, la incorporación de buses eléctricos al sistema TransMilenio y la renovación integral de la Calle 13, una de las principales vías de ingreso a Bogotá desde el occidente.

María Montejo, abogada experta en temas de infraestructura y miembro del grupo Baker McKenzie, explicó a Valora Analitik las implicaciones de esta decisión, considerando que los desembolsos estaban inicialmente previstos para julio.

Según Montejo, “en lo relacionado con la primera línea del Metro de Bogotá, este memorando de entendimiento suscrito entre el Distrito y la Nación, y en particular el otrosí número cuatro al convenio de cofinanciación, modificó únicamente uno de los pagos a cargo de la Nación. El desembolso programado para el 31 de julio de 2025 fue reprogramado para el 31 de octubre del mismo año”.

Desde su experiencia, Montejo analizó si este aplazamiento podría generar consecuencias en la ejecución de las obras, especialmente las relacionadas con la primera línea del metro. “Las reprogramaciones no son perjudiciales siempre y cuando se cumplan los nuevos plazos. Si llegamos a octubre y no se ha desembolsado el dinero correspondiente, ni se ha constituido el encargo fiduciario para la segunda línea del metro, entonces sí podríamos enfrentar un escenario de incumplimiento contractual e incertidumbre”, advirtió.

En cuanto a los efectos sobre los cronogramas actuales, la abogada precisó que no debería haber afectaciones inmediatas. “Esta reprogramación no debería alterar los cronogramas de las obras que ya están en ejecución, entre otras razones porque, en el caso de la segunda línea del metro, aún no existe un cronograma de obra activo. No obstante, será fundamental hacer un seguimiento riguroso y verificar que, para diciembre de 2025, ya se haya constituido el encargo fiduciario, que representa el primer paso para concretar los desembolsos comprometidos por parte del Gobierno Nacional”.

Montejo también valoró el contexto en el que se dio esta reprogramación. Afirmó que “no es necesariamente negativo buscar un alivio frente a las restricciones fiscales que enfrenta la Nación, siempre que se haga de manera consensuada, mediante acuerdos contractuales y no de forma unilateral o sin concertación previa”.

¿Hay rompimientos legales con el aplazamiento de los pagos para la ejecución de proyectos?

Una vez se conoció esta decisión, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, advirtió que “la propuesta contenida en el proyecto de decreto genera serias dudas acerca de su constitucionalidad y legalidad, por cuanto desconoce instancias y procedimientos actualmente regulados en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en la Ley de Asociaciones Público-Privadas”. Esta declaración se dio en el contexto de su preocupación por el impacto que dicha medida podría tener sobre distintos proyectos de infraestructura en el país.

Caicedo también subrayó que “cualquier modificación en el presupuesto, sin justificación técnica y legal, va en detrimento del propio Estado, afecta la confianza inversionista, defrauda el principio de transparencia —que debe primar en una relación contractual— y limita, por ende, las posibilidades de generar valor agregado, competitividad y desarrollo económico”. El pronunciamiento hace referencia, entre otros, a proyectos viales de cuarta y quinta generación (4G y 5G), incluidos aquellos que se desarrollan en Bogotá.

Al respecto y consultada sobre la legalidad de estas modificaciones, Montejo fue enfática en que “no hay nada ilegal en estas reprogramaciones. Según lo que se conoce, se han cumplido todos los hitos, requisitos y aprobaciones previas necesarios para suscribir estos acuerdos. Por tanto, estamos ante modificaciones válidas, concertadas, y es fundamental hacer un seguimiento riguroso para garantizar el cumplimiento de los nuevos plazos establecidos”.

Finalmente, la experta destacó el valor simbólico y político del acuerdo: “Más allá de la reprogramación de pagos, este memorando envía un mensaje positivo. Veníamos de un periodo prolongado de desacuerdos entre la Nación y el Distrito, y este acto refleja un interés por retomar la colaboración institucional. La comunicación y el trabajo conjunto entre niveles de gobierno son esenciales para la ejecución de estos grandes proyectos de infraestructura”.

FUENTE: VALORA ANALITIK

En medio de la XVI edición de Construverde se anunció que el tramo 1 del Corredor Verde de la carrera Séptima se convirtió en el primer proyecto de infraestructura del país certificado bajo el estándar internacional envision, en nivel plata.

Esta certificación, otorgada por el Instituto de Infraestructura Sostenible (ISI) de Estados Unidos y el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (Cccs), valida el desempeño ambiental, social y técnico de obras como vías, redes de transporte, acueductos o parques urbanos.

La obra, liderada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y ejecutada por Icein, contempla la intervención de 183.000 metros cuadrados a lo largo de 2,8 kilómetros de vía, entre la calle 60 y la calle 94.

Allí se priorizará el transporte público, se habilitarán ciclorutas, nuevas zonas verdes y espacio público.

“La certificación Envision valida aspectos como el uso de materiales con baja huella de carbono, el manejo responsable de residuos de obra, la implementación de drenajes sostenibles y el involucramiento de las comunidades en el diseño del proyecto”, explicó Orlando Molano, director del IDU. “

Un punto de inflexión para el sector

Para Angélica Ospina, directora ejecutiva del Cccs, este hito representa un cambio de fondo en la forma como se concibe la infraestructura en el país: “Hasta ahora habíamos avanzado en sostenibilidad desde la vivienda y las edificaciones no residenciales, pero esta certificación abre un nuevo camino para proyectos de infraestructura resiliente, algo fundamental en el contexto climático actual”, señaló.

La certificación Envision llegó a Colombia hace apenas un año, gracias a una alianza entre el Cccs y el ISI. Hoy ya hay cuatro proyectos registrados bajo este estándar.

Además de este anuncio, el Cccs presentó durante el evento una publicación sobre el caso de negocio de la vivienda sostenible y saludable en Colombia. Entre sus principales hallazgos destaca que la inversión adicional en este tipo de proyectos es, en promedio, del 0,42 %, y que no hay una diferencia significativa entre los costos adicionales de proyectos VIS y no VIS: “Construir de forma sostenible no es más costoso, pero sí más eficiente”.

Colombia ya cuenta con más de 690 proyectos registrados bajo leed, 76.000 viviendas certificadas con el sello Casa Colombia, más de 2.200 hectáreas registradas en Leed For Communities y los primeros pasos en certificaciones como True, Sites y ahora Envision.

Santa Marta, se posiciona como principal ciudad en compra de vivienda turística y sostenible de Colombia, según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), regional Magdalena.

En el primer semestre del 2025 se vendieron 2.619 unidades netas, mientras que en el acumulado de doce meses se comercializaron 4.333, con un crecimiento de la inversión neta en vivienda en el primer semestre del año de un 35 %, equivalente a más de $1,5 billones, movilizando no solo recursos regionales, sino siendo fuente importante de inversión extranjera para el país.

Hoy no solo tienen una oferta de 4.752 unidades, el 91 % en el segmento de vivienda turística, sino que, a junio de 2025, cuentan con 9.805 unidades en proceso de construcción.

Desde el plano sostenible, Santa Marta completa desde 2019 a 2025 casi 5.000 unidades de vivienda con certificación EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), para edificaciones sostenibles, con ventajas significativas que hoy se traducen en un ahorro de agua equivalente a 111 piscinas olímpicas; menos 2.209 toneladas de CO2, equivalente a sacar de circulación 1.067 vehículos durante un año y un ahorro energético de 7.015 MWh, suficiente para alimentar de energía eléctrica 575 viviendas por un año.

“Hemos dado un gran salto hacia una oferta de vivienda turística y sostenible líder en Colombia, con un sector constructor que, además, contribuye decididamente al desarrollo regional; aporta el 10% del empleo de Santa Marta y espera cerrar el 2025 con más de 25.884 plazas activas vinculadas a los proyectos”, asegura Javier Quintero, gerente de Camacol Magdalena.

Vivienda turística, el santo grial del desarrollo regional

El mercado turístico va en aumento, y más en una ciudad como Santa Marta, con alta demanda de turistas, lo que convierte a la vivienda para este fin, en una forma importante de inversión, con ingresos por renta permanentes, aumento gradual de valorización y proyectos que le apuestan a la sostenibilidad.

En vivienda No VIS, que es donde hay más oferta de aquella destinada al turismo, se vendieron 2.585, aumentando un 14 % respecto a 2024, y representando el 7 % de lo que se comercializa. Las zonas top de esta demanda son Pozos Colorados, Rodadero, Gaira, Playa Salguero y Bello Horizonte.

Una oferta cargada de ventajas, donde es posible tener licencia para rentas cortas, como la que ofrece el proyecto Caribbean Beach Resort de la Constructora Marval en Playa Salguero, que con un diseño Grant Resort con más de 30 amenidades y con visuales hacia el mar y la Sierra, combina el enfoque vacacional, comercial y turístico.

Por su parte, Gonmar Acevedo Olaya, gerente de diseño de Marval, el proyecto Poseidón Apartasuites, de la Sociedad de Inversiones Vives y Cia. S.A. y la arquitecta Letid Mendoza Escobar, apuntan al uso de sistemas de ahorro de agua y energía mediante el uso del sistema de P.T.A.R., ventanerías termo acústicas y paneles solares para iluminaciones de áreas sociales, obteniendo ahorros de entre 25 % al 30 % del consumo de agua y 15 % en energía eléctrica, sumado a aparatos sanitarios y luminarias de alta eficiencia.

Además, Reserva del Mar Puerto Gaira, de AR Constructores, con 489 unidades de vivienda turística, logró desde 2024 la precertificación CASA Colombia en construcción sostenible, otorgada por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), gracias a sus estándares ambientales y sociales.

Modelos tipo resort también se ven en la oferta de la ciudad. “Marawa, en el sector de Bello Horizonte, ofrece viviendas diseñadas con estándares de calidad superiores y zonas comunes tipo resort como piscina con borde infinito, gimnasio con vistas al mar, terrazas sociales, restaurante-bar y espacios pensados para el bienestar, el descanso y la conexión con el entorno natural”, afirma María Camila Lora, coordinadora de Mercadeo de Constructora Bolívar.

El 74 % de las compras son de no residentes

El mercado de vivienda turística en Santa Marta es una mezcla que fortalece su visión de una ciudad cosmopolita e inclusiva. De hecho, hoy el total de compras de este tipo lo hacen en un 74 % los no residentes, donde el 55 % son colombianos y un 19 % por extranjeros, este último dato respaldado por la información de Migración Colombia, según la cual, Santa Marta se ubica como el séptimo destino más visitado por los extranjeros para hacer turismo.

Además, en este panorama, el 21 % de las compras de vivienda que hacen los bogotanos en otras ciudades van dirigidas a Santa Marta, y para el caso de los antioqueños, representa el 44 %.

Santa Marta mueve macroproyectos que impulsan más las inversiones

Desde Camacol Magdalena se vienen impulsando varios proyectos que harán de Santa Marta un lugar aún más atractivo para la compra de vivienda.

Se trata de un proyecto piloto de ordenamiento de playa que propone cualificar los servicios y operación turística en playa, la construcción de una infraestructura resiliente compuesta de zonas verdes, senderos peatonales, puntos limpios de residuos, mobiliario urbano y señalización turística, por más de $4.000 millones, en zonas de playa de acceso urbano.

A este se suman proyectos de vivienda con equipamientos sociales integrados, que contribuyen a una vivienda digna para los samarios; el Programa Estratégico de Urbanismo de Pozos Colorados, una nueva propuesta del gremio que le apuesta al desarrollo urbano sostenible para el sur de Santa Marta, que combina infraestructura, sostenibilidad, inclusión social y conectividad turística e incluye el Centro de Convenciones, Ferial y de Exhibiciones (Confex).

Esto para posicionar a Santa Marta como epicentro de grandes eventos y fortalecer la industria del turismo de eventos y negocios, sumado a un Ecoparque costero, malecón 1.2 Kilómetros y senderos peatonales ecológicos, con más de 300.000 m² de nuevo espacio público y zonas verdes.

Finalmente, se suma la Ciudadela de Salud de Santa Marta (Santa Marta Health Center), apoyada por Camacol y gestionada por privados, con una inversión proyectada cercana a los US$900 millones, respaldada por fondos internacionales y el Gobierno de Canadá, que contempla 750 camas nuevas, de las cuales 500 estarán destinadas a población geriátrica internacional, posicionando a la ciudad como un destino de salud y bienestar, impactando la economía local, al generar empleo, atraer turismo médico y fortalecer la infraestructura urbana del entorno.

Durante un encuentro convocado por la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), el agua potable, el saneamiento básico y la restauración ecológica fueron los ejes del debate.

El evento, encabezado por el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, y con participación del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sirvió como plataforma para exponer inversiones, retos técnicos y estrategias.

Caicedo mencionó que actualmente en Colombia hay 301 proyectos en ejecución relacionados con agua y saneamiento, con una inversión total cercana a los $10,33 billones.

De estos, 132 corresponden a acueducto, por un valor de $343.000 millones; 82 son de alcantarillado, por $1,4 billones; y 87 proyectos más, de agua y saneamiento básico, cuentan con una asignación de $663.000 millones.

En el caso de Bogotá, recordó que desde 2016 se han destinado más de $4 billones a la modernización y rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado. Además, mencionó que hay iniciativas de modernización en municipios pequeños, como Apulo (Cundinamarca), con inversiones que superan los $20.000 millones.

Por otro lado, agregó que el Sistema General de Participaciones asignó para 2024 un total de $3,9 billones exclusivamente para agua potable y saneamiento básico en el país. Finalmente, destacó el Plan Departamental de Agua y Saneamiento para la Paz, impulsado por el Gobierno nacional, que proyecta una inversión superior a los $3 billones.

PTAR Canoas: retomar la obra más estratégica para el río Bogotá

Uno de los puntos centrales vino por parte del alcalde al referirse a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, que por años ha enfrentado trabas técnicas y jurídicas. “Asumimos la tarea de sacar adelante esta obra que consideramos la más importante en materia ambiental, no solo para Bogotá sino para América Latina”, afirmó el mandatario.

El proyecto, que permitirá tratar el 70 % de las aguas residuales de Bogotá y el 100 % de las de Soacha, superó la medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ya fueron identificados los precalificados y el Gobierno Distrital espera recibir ofertas en 2025 y adjudicar el contrato en 2026 (aunque se esperaba se licitara este año).

Y aunque Galán reconoció que su administración no alcanzará a entregar la planta terminada, dijo  que dejará el proceso avanzado. Pero entre los hitos concretos está la planta elevadora de Canoas, con 16 km de interconexiones, que entrará en funcionamiento en noviembre y ya alcanza un 85,57 % de ejecución.

Tibitoc y nuevas viviendas con sistemas de reutilización

Otra pieza clave del esquema de agua en Bogotá es la modernización de la planta de Tibitoc, que garantiza el suministro hasta 2058.

Con la instalación del séptimo tren de tratamiento y nueve subestaciones eléctricas, ahora tiene capacidad para tratar hasta 10,5 m³ por segundo, reduciendo la dependencia del sistema Chingaza. Esta obra implicó una inversión superior a los $440.000 millones.

De otro lado, en materia habitacional, Galán anunció que al menos 30.000 de las 75.000 viviendas nuevas que apoyará su administración contarán con sistemas de optimización y reutilización de aguas lluvias. “Es un paso importante, pero también complejo. Si no se hace bien, puede representar un riesgo para la salud pública”, advirtió.

Por eso, el gobierno distrital espera apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para ampliar esta estrategia. Un ejemplo: se contempla un sistema en el parque Simón Bolívar con capacidad de almacenar hasta 5.000 m³ de agua.

Inversiones para conservar, restaurar y prevenir

El alcalde también informó que esperan una inversión de US$92 millones del Fondo Verde para el Clima, que se destinarían a las cuencas de Chingaza, Sumapaz y los ríos Bogotá y Tunjuelo.

La meta: conservar 170.000 hectáreas y restaurar más de 10.000. «Solo el parque Chingaza tiene 78.000 hectáreas, así que estamos hablando de conservar más del doble de su extensión», explicó el alcalde.

En paralelo, Galán detalló que se está avanzando en la restauración ecológica de los cerros orientales. De las 13.000 hectáreas que los componen, su administración ya ha intervenido más de 500 y planea completar la restauración de 1.300, priorizando la eliminación de especies invasoras como pino, eucalipto y retamo espinoso. “Bogotá había avanzado tímidamente, pero en este gobierno estamos cumpliendo la meta”, afirmó.