Día: 22 de julio de 2025

El Perú busca competir en los grandes mercados internacionales con megaproyectos como el puerto de Chancay, pero mientras tanto, muchos agricultores y transportistas siguen enfrentando serias dificultades en las vías rurales. Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al cierre de 2024, solo el 25,2 % de la red vial departamental está pavimentada. En la red vecinal, que conecta directamente con los centros poblados, la cifra es aún más baja: apenas un 3,4 % de los más de 116,000 kilómetros existentes están asfaltados. En contraste, la red nacional tiene una pavimentación del 83,1 %.

Esta desigualdad en la infraestructura vial representa una barrera estructural para el desarrollo territorial, limita el acceso a servicios básicos y afecta directamente la competitividad de los productos agroindustriales que el país intenta posicionar en Asia y otros mercados internacionales.

Desde el sector empresarial, Mario Salazar, presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de ADEX, señala que esta deficiencia genera un impacto negativo en la cadena logística diaria. “Tenemos una autopista de clase mundial de Chancay hacia Shanghái, pero internamente falta construir carreteras rurales para que los productos agroexportables puedan llegar a la costa”, explica. Añade que el 75 % de las vías del país no están pavimentadas y que la situación empeora con las lluvias.

El costo del transporte interno puede representar hasta un 30 % del valor total de la exportación, y las demoras deterioran la calidad de productos como mango, fresa, piña y cacao, causando pérdidas significativas. Este problema golpea con más fuerza a los pequeños agricultores, quienes no pueden asumir altos costos logísticos ni mermas en sus productos.

Uno de los problemas fundamentales radica en la mala gestión de las obras viales. José León, socio del Estudio Benites, Vargas & Ugaz, señala que los proyectos enfrentan cuellos de botella por defectos en expedientes técnicos, ejecución deficiente y falta de coordinación entre el gobierno nacional, regional y local. “El puerto de Chancay avanza como una isla, pero las vías a su alrededor permanecen inadecuadas”, comenta.

Para enfrentar esta problemática, León propone usar mecanismos como las obras por impuestos, que han demostrado ser efectivos para la ejecución y mantenimiento de infraestructura vial. Este método permitiría reducir la brecha logística en carreteras, agilizando la mejora de la conectividad.

Juan Suito, especialista en infraestructura de la Universidad del Pacífico, apunta que el sistema Invierte.pe exige justificar la inversión con demanda previa, cuando la lógica debería ser invertir para generar demanda. Esto ha llevado a que muchas vías rurales se construyan como caminos de trocha, limitando la competitividad y desarrollo económico en zonas rurales.

Suito también resalta la diferencia en costos logísticos entre Perú y otros países. Según un estudio del Banco Mundial, estos costos pueden llegar al 30 % del valor del producto en Perú, mientras que en países de la OCDE oscilan entre 8 % y 10 %. “Si no conectamos las regiones productivas con megaproyectos como Chancay, se pierde una gran oportunidad”, advierte.

El representante de ADEX, Mario Salazar, vislumbra un gran potencial si se mejora la red vial. Actualmente, Perú exporta cerca de 12,000 millones de dólares en agroindustria, pero con una mejor infraestructura y la nueva ley agraria, esta cifra podría duplicarse en diez años. Sin embargo, lamenta la falta de visión estratégica en autoridades locales, que muchas veces priorizan obras sin impacto productivo real.

Finalmente, León subraya que la falta de capacidad técnica y planificación estratégica está en el centro del problema. Explica que la mayoría de obras se realizan por administración directa, con expedientes mal elaborados y sin continuidad entre gestiones municipales, lo que genera desconexión entre las verdaderas necesidades y las decisiones políticas.

El reciente informe La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2025, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), ha puesto de relieve la importancia de estos recursos para el desarrollo de los países de la región, entre ellos el Perú.

El documento se emite en un contexto global de incertidumbre por la guerra comercial arancelaria que ha reconfigurado los flujos de capital extranjero en el mundo; asimismo, refiere que en el 2024 los anuncios de proyectos de inversión disminuyeron en todo el planeta respecto al 2023; sin embargo, enfatiza que las únicas regiones que se desmarcaron de esta tendencia fueron América Latina y el Caribe y América del Norte.

Así, en el 2024 la inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe llegó a los 188,962 millones de dólares, monto superior en 7.1% respecto al 2023, y en el caso del Perú sumó 6,799 millones de dólares, representando un crecimiento de 57% respecto a los 4,339 millones de dólares del 2023.

“En la Cepal creemos que América Latina y el Caribe debe aprovechar la inversión extranjera directa (IED) para alcanzar un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible. Para lograr esto será clave utilizar la IED como una herramienta estratégica dentro de las políticas de desarrollo productivo”, recalca el organismo internacional.

Al respecto, señala con claridad que “la abundancia de minerales críticos” constituye una gran oportunidad para atraer IED hacia el sector y otros sectores relacionados con la región latinoamericana.

“Chile, Perú y Argentina, que poseen reservas sustanciales de cobre y litio, han experimentado recientemente un aumento del interés de los inversionistas internacionales en la explotación de estos recursos”, subraya la Cepal.

En efecto, hay que recordar que a fines de agosto del 2024 el entonces subsecretario de Estados para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, de Estados Unidos, José Fernández, llegó en visita oficial al Perú para firmar un memorando de entendimiento entre ambas naciones, a fin de fortalecer la cooperación en cadenas de suministro de minerales críticos, como el cobre, recurso imprescindible en la transición energética del mundo hacia una economía sustentable.

Fernández señaló en ese entonces que “la demanda de minerales estratégicos pudiera aumentar hasta 100 veces para el 2050” si se tiene la intención de cumplir los objetivos climáticos de reducción de las emisiones contaminantes en el planeta.

Inversión minera

La minería es el principal motor de la economía peruana y su flujo en inversiones anuales ha sido notable en el presente siglo, tras registrar inversiones formales por 235 millones de dólares el 2003, empezó su ascenso acelerado desde los 911 millones el 2007 a los 6,378 millones anuales el 2011, para luego en el 2013 alcanzar un pico de 8,917 millones de dólares y luego empezar su declive hasta los 3,334 millones de dólares en 2017, desde entonces se ha mantenido alrededor de los 5,000 millones de dólares en promedio, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En el presente año, la inversión minera formal en el Perú de enero a mayo sumó 1,845 millones de dólares, cantidad 4.7% superior al mismo período del 2024 (1,763 millones), impulsado a su vez por el crecimiento en el rubro exploración (39.7%) e infraestructura (10.6%).

Asimismo, el Perú tiene una cartera de inversión minera formal conformada por 67 grandes proyectos que representan 64,071 millones de dólares, y una cartera de 84 proyectos de exploración minera por 1,039 millones de dólares, de acuerdo con el Minem.

Entonces hay un potencial que se puede poner en marcha para generar empleo e impulsar la actividad económica en diferentes sectores que implica la minería, como transporte, infraestructura vial, de comunicaciones, alimentación, vivienda, entre otros.

Creciente interés

En este contexto, la Cepal manifiesta que América Latina y el Caribe es una región de creciente interés debido a los altos niveles de reservas y producción de algunos de los minerales críticos, especialmente litio y cobre, y, por lo tanto, un destino atractivo para la IED en el sector.

El organismo internacional remarca que “la escasez relativa de los minerales críticos y la competencia geopolítica internacional presentan nuevas oportunidades”, pero también importantes desafíos para la región.

La Cepal detalla que los minerales críticos para la transición energética se concentran geográficamente en pocas regiones, incluida América Latina y el Caribe. “Chile cuenta con el 31.3% de las reservas mundiales de litio y Argentina con el 13.3%. Respecto al cobre, Chile posee el 19.4% de las reservas mundiales y el Perú el 10.2% y México el 5.4%” precisa.

Asimismo, destaca que América Latina y el Caribe constituye una región protagónica en el mercado global de minerales críticos.

“Entre el 2005 y el 2024 se registraron 1,152 anuncios de proyectos de inversión extranjera directa en los sectores de minerales y metales en la región, por un monto total de 230,065 millones de dólares. El 84% del valor total de estos anuncios se concentró en cuatro países: Chile, Perú, Brasil y Argentina, mientras que el 24% del número total de proyectos correspondió a minerales críticos (42% del monto anunciado)”, explica la Cepal.

También indica que en el referido período (2005-2024), los anuncios de IED en minerales críticos provinieron principalmente de Canadá (20%), Reino Unido (20%), China (14%), Australia (11%), seguidos de otros países.

Asimismo, la Cepal señala que la IED en minerales críticos, no solo tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en este sector, sino que puede también fomentar nuevas actividades productivas vinculadas a la tecnología e innovación y valor agregado.

“Esta es la gran oportunidad que América Latina y el Caribe tiene en la actualidad de utilizar los minerales críticos como una plataforma para promover un desarrollo productivo que trascienda la especialización en la producción y exportación de recursos naturales”, puntualiza la Cepal.

Importancia

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afirma que la IED es un pilar fundamental de la política de desarrollo económico y que es una de las principales fuentes de financiamiento externa para las economías en desarrollo. Resalta que estimula al capital local, facilita las mejoras de capital humano e instituciones, mejora el estándar y nivel de vida de la población, crea más empleo, promueve encadenamientos productivos y genera una mayor dinámica económica y mayores ingresos fiscales.

Por ello, la Cepal recomienda realizar un análisis detallado de las capacidades actuales, las brechas de inversión y el potencial de atracción de inversiones, con énfasis en infraestructura, industrias digitales y digitalización de sectores tradicionales.

Ello, además de “desarrollar una estrategia con visión de país y de futuro que incorpore explícitamente el papel de la IED”, así como “promover la colaboración entre organismos públicos, mediante instancias de coordinación con funciones claras (consultivas, deliberativas, ejecutivas), que aseguren la implementación efectiva de la estrategia de atracción de inversiones”.

Asimismo, recomienda, evaluar el uso de incentivos fiscales-financieros y hacer un seguimiento de sus resultados, fortalecer la formación de talento humano; implementar herramientas pro inversiones, entre otros.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció hoy que el plazo para presentar recursos de reconsideración para quienes fueron excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vence esta semana. “Este proceso de las reconsideraciones vence en estos días, esta semana y no hay más”, declaró en RPP.

Montero explicó que se otorgó un plazo de 15 días, conforme a lo establecido por la Ley N° 27444, que reconoce el recurso de reconsideración cuando un administrado no está conforme con una resolución administrativa en cualquier sector. El proceso, señaló, culmina esta semana.

El trámite es técnico y requiere que los solicitantes acompañen su recurso con medios probatorios que demuestren que realizaron la gestión correspondiente, pero fueron excluidos erróneamente. “Se evaluará rigurosamente los medios probatorios y se decidirá qué reconsideraciones ameritan volver a ser consideradas en el proceso de formalización”, aseveró.

Hasta la fecha no se conoce cuántas personas han presentado dichos recursos. El ministro adelantó que ese número se revelará al cierre del periodo, “conforme a ley”.

Además, Montero informó que desde la Presidencia del Consejo de Ministros se ha instalado una mesa técnica con participación de gremios (pequeña minería y minería artesanal), la Sociedad Nacional de Minería, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el Poder Judicial, el Ministerio Público y varios ministerios. La segunda sesión está programada para este viernes 25.

Durante las sesiones, se abordarán tres temas prioritarios: el avance de los 31,560 registros autorizados al 31 de diciembre de 2024, los derechos laborales de los trabajadores mineros y asuntos clave de la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, cuyo debate continuará en agosto.

En paralelo, el ministro afirmó que continuarán las interdicciones a la minería ilegal. Se ha formado un subgrupo específico dentro de la mesa técnica que incluye al Ministerio, la Defensoría del Pueblo, gremios mineros, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y el Instituto de Ingenieros de Minas.

Montero enfatizó que la interdicción de actividades mineras ilegales es una prioridad del gobierno, “no es un tema discutible”. “Este gobierno está absolutamente comprometido con la interdicción de la minería ilegal, allí donde se encuentre… Ahí no hay nada que discutir ni negociar. Las interdicciones van a continuar en todo el territorio nacional.”

Durante su participación como panelista en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el exdirector general de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Soto Yen, sostuvo que el Perú tiene el potencial de alcanzar una producción de hasta 4,5 millones de toneladas métricas finas de cobre hacia el año 2035, si se consolidan los proyectos actualmente en cartera.

Soto Yen señaló que iniciativas como Coroccohuayco, Zafranal, La Granja, Michiquillay y la tercera fase de Las Bambas podrían aportar alrededor de 900 mil toneladas adicionales en la próxima década. “El panorama es muy positivo desde el punto de vista del potencial minero”, destacó, pero también advirtió que el avance depende de superar cuellos de botella en la tramitología y en la evaluación de los estudios de impacto ambiental.

Uno de los principales obstáculos que identificó es la discrecionalidad en la evaluación de proyectos mineros, lo que genera incertidumbre para los inversionistas. “No hay malos funcionarios, pero sí una falta de capacitación que afecta el enfoque con el que se revisan los expedientes”, sostuvo.

Además, el también presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas CD Lima CIP remarcó la necesidad de modernizar el Minem, dado que muchos procesos siguen anclados en metodologías técnicas desactualizadas. “Los proyectos actuales cuentan con una ingeniería mucho más avanzada y demandan una gestión pública ágil, con profesionales capacitados en herramientas de gestión moderna”, añadió.

Demanda del cobre
En un contexto de alta demanda global de cobre, impulsada por la transición energética, Soto Yen recordó que el precio del metal ha crecido consistentemente en cada década, y que las proyecciones apuntan a una producción global de hasta 50 millones de toneladas métricas finas hacia 2050. En ese marco, sostuvo que Perú no puede darse el lujo de perder competitividad.

Finalmente, el especialista destacó el papel estratégico de Sudamérica, que hoy representa el 42% de la producción mundial de cobre. Con la entrada de nuevos actores como Argentina y Ecuador, la región podría concentrar hasta el 65% de la oferta global en los próximos años.

En plena recta final de su adquisición por parte de Alpayana S.A.C., la minera canadiense Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) emitió un comunicado oficial rechazando con firmeza las acusaciones del nuevo accionista mayoritario sobre pagos a su alta gerencia. Sierra Metals calificó estas afirmaciones de “infundadas” y “falsas”, refiriéndose a un pronunciamiento de Alpayana del 18 de julio, que cuestionaba los acuerdos de separación firmados con los principales ejecutivos.

La minera explicó que los beneficios por “change of control” fueron totalmente informados al inicio del proceso de adquisición y se ajustan a las prácticas estándar del mercado canadiense para empresas cotizadas. Dichos términos fueron incluidos en la circular del directorio del 13 de enero de 2025 y en la documentación de due diligence entregada a Alpayana en abril.

Según Sierra Metals, estos beneficios se diseñaron para asegurar la continuidad del negocio y retener al equipo ejecutivo durante los siete meses que duró la oferta pública hostil inicial. “La empresa no podía modificar unilateralmente contratos laborales vigentes”, aclaró en su comunicado.

El conflicto se intensificó cuando Alpayana, que inició su adquisición en diciembre de 2024 con una oferta hostil de CAD $0.85 por acción, elevó su propuesta a CAD $1.15 en mayo, pero siguió una estrategia agresiva. Durante las negociaciones de abril, solicitó eliminar los beneficios por cambio de control de los contratos ejecutivos, propuesta que fue rechazada por la junta directiva por ser inaplicable y éticamente cuestionable. Posteriormente, Alpayana abandonó el diálogo y retomó la vía hostil.

Sierra Metals reafirmó que los pagos a la alta dirección estaban contractual y legalmente justificados, incluyendo activaciones por renuncia con “causa justificada”, refutando las acusaciones de eliminación de cláusulas de “doble gatillo”. La empresa lamentó que Alpayana publicara un comunicado engañoso en un momento crítico, generando incertidumbre entre los empleados y contraviniendo las prácticas del mercado canadiense.

En mayo del 2025, la producción de metales claves como zinc, plomo, estaño y plata registraron crecimientos importantes, mientras el cobre, principal producto de exportación, mantiene una expansión constante que se traduce en más ingresos para el país y más oportunidades de desarrollo para las regiones productoras.

Así lo señala el Boletín Estadístico Minero (BEM) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que edita mensualmente la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), con la finalidad de medir y cuantificar las riquezas mineras metálicas que determinan el verdadero potencial de los metales extraídos a nivel nacional.

«Durante los cinco primeros meses del año, la producción de metales clave como zinc y plata ha registrado crecimientos de dos dígitos. El dinamismo del sector minero sigue consolidándose como uno de los motores más sólidos del crecimiento económico del país», indica el documento.

Los resultados muestran que la producción de cobre acumulada de enero a mayo del 2025 alcanzó un incremento de 2.8% frente al mismo periodo del 2024. A nivel departamental, Moquegua lidera la producción del metal rojo con el 17.9%, seguido de Apurímac y Arequipa, con el 15.6% y 15.0%, respectivamente.

En relación a la producción de zinc, la producción acumulada a mayo del 2025 reportó un crecimiento de10.7% con respecto a similar periodo del 2024. Áncash ocupa el primer lugar en producción con el 39.3% del total, seguido de Junín y Lima.

En tanto la producción de plata acumulada al quinto mes del 2025 registró una cifra superior en 10.2%, en relación a lo reportado en idéntico periodo del 2024. Lima ocupa la primera posición en producción seguida de Áncash y Pasco.

Sobre la producción de estaño, en mayo de 2025 reportó un incremento intermensual del 5.4%; además de un aumento de 4.5% con respecto a lo registrado en similar mes del 2024. Puno, se mantiene como única región productora de estaño en el Perú.

Respecto a la producción de plomo, la producción acumulada a mayo registró un 7.4% mayor a similar periodo del 2024. Pasco se mantiene como el mayor productor de plomo, seguido de Lima y Junín.

El MINEM ratifica su compromiso por seguir promoviendo una minería moderna, responsable y articulada con las regiones y la población, considerando que medir el impacto de la minería permite reconocer el potencial de nuestras regiones, el esfuerzo de miles de trabajadores y la apuesta por un país más descentralizado e inclusivo.