Día: 14 de julio de 2025

El Ministerio del Ambiente, a través de la Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de la Calidad Ambiental (GICA), lanzó la segunda convocatoria internacional para licitar la construcción de un moderno relleno sanitario y dos plantas de valorización de residuos sólidos en la ciudad de Piura.

El proyecto contempla la instalación de un relleno sanitario en el distrito de Catacaos, específicamente en el sector Cuevín, así como la construcción de una planta de transferencia y otra de valorización en el distrito de Castilla, en la zona de Río Seco. Estas obras forman parte de un sistema integrado de manejo de residuos.

Con una capacidad de procesamiento superior a las 650 toneladas diarias, el relleno sanitario atenderá las necesidades de disposición final de residuos de Piura. En conjunto, estas infraestructuras beneficiarán directamente a más de 437 mil personas, fortaleciendo la gestión ambiental en la región.

La Unidad Ejecutora precisó que el proceso se desarrollará siguiendo estándares técnicos internacionales y está abierto a la participación de postores nacionales e internacionales. Esta licitación forma parte del Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, que impulsa soluciones sostenibles en 16 regiones del país.

Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas de forma física y en sobre cerrado en la sede de GICA (Francisco de Zela 2673, Lince) hasta el 15 de agosto de 2025. El proyecto marca un paso clave en la implementación de políticas públicas enfocadas en la sostenibilidad y el cuidado del ambiente en el Perú.

El alto comisionado para el combate contra la minería ilegal y presidente de la Comisión Multisectorial del Ejecutivo, general FAP (r) Rodolfo García, detalló que en el Perú hay más de 84,000 Reinfo inscritos, pero solo se ha formalizado un 2.4%.

“El concepto que se maneja ahora es que, para erradicar la minería ilegal, las interdicciones que se hacen en la Amazonía, destruyendo dragas y cerrando bocaminas en la cordillera de los Andes, se deben seguir haciendo; pero no es lo más importante, pues la solución pasa por la formalización”, comentó el alto comisionado.

Al respecto, dijo que lo que se pretende ahora es tener una Ley MAPE que posibilite la formalización, pues lo que se debe hacer es centrarse en los 31,000 Reinfo que quedan en proceso de formalización, de ellos más de 10,000 estaban suspendidos por menos de un año, pero tienen la oportunidad de hacerlo.

Control y desarrollo

García Esquerre destacó el modelo Pataz implementado en La Libertad, en donde la idea es que no solo nos dediquemos a cerrar bocaminas, sino que también se han establecido puestos de control para controlar lo que sale e ingresa en las zonas de las minas.

Para ello también se ha creado una mesa de desarrollo, la cual se reunió la semana pasada para plantear una serie de intervenciones del Estado en busca del desarrollo de la región.“La estrategia del Gobierno está reflejada en un documento que ha sido aprobado por decreto supremo, hace dos semanas. 

Se llama ‘Estrategia para la reducción e interdicción de la minería ilegal’ y contempla la formalización como la mejor herramienta para combatir la minería ilegal, pero también el desarrollo sostenible y la búsqueda de economías alternativas teniendo en medio la erradicación”, detalló.

Operativos

Por otro lado, el alto comisionado para el combate contra la minería ilegal informó que el año pasado se ejecutaron 745 operativos de interdicción; y el costo del material interdictado superó los 2,400 millones de soles.

Este año, hasta el 30 de junio, hay 505 operativos de interdicción, un promedio de 84 por mes, y más de 1,300 millones de soles en material interdictado.

“Esto se sigue trabajando, pero las dragas las recuperan. Este año ya tenemos más de 400 detenidos por diferentes delitos conexos a la minería ilegal como el tráfico de explosivos, de insumos químicos y maquinaria no autorizada”, aseveró García Esquerre.

La presidenta Dina Boluarte afirmó este domingo que con los mineros ilegales “no hay pactos, acuerdo ni diálogo” y calificó sus recientes protestas como violentas y destructivas. “El bloqueo de carreteras es parte de un mensaje altamente destructivo”, señaló, en un pronunciamiento televisado realizado en medio de la tensión por las movilizaciones de mineros artesanales e informales en Lima y varias regiones del país.

Durante las protestas, que se extendieron a Ica, Cusco, La Libertad y Arequipa, se reportaron bloqueos y enfrentamientos con la policía. En Chala, Arequipa, un enfrentamiento terminó con la muerte de una persona cuando la Policía liberó la Panamericana Sur, bloqueada por manifestantes. Boluarte responsabilizó a la minería ilegal por la muerte de dos ciudadanos en estas jornadas y aseguró que el orden ya ha sido restablecido, advirtiendo que no se permitirá “el caos” similar al vivido en diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023.

La mandataria enfatizó que la minería ilegal destruye el medio ambiente, contamina ríos, explota inhumanamente a los trabajadores, promueve la trata de mujeres y el trabajo infantil, por lo que “no tiene cabida en el país”. Reiteró que no habrá retroceso frente a quienes impulsan esta actividad ilegal, responsabilizándolos por la violencia y pérdida de vidas ocurridas en los últimos días. Además, recordó que el caos del pasado reciente causó decenas de muertes, una fuerte recesión económica y aumento del desempleo y la pobreza.

Boluarte comparó los bloqueos y llamados a la violencia con el terrorismo de los años 90, e hizo un llamado al Ministerio Público para que denuncie de oficio a quienes promueven “ríos de sangre” en el país. “Los mineros ilegales están al margen de la ley y con ellos no hay pactos ni diálogo porque defienden violentamente una actividad destructiva”, sostuvo, reafirmando que el gobierno no negociará con la ilegalidad.

Finalmente, la presidenta pidió a la ciudadanía “vigilar” a los “malos congresistas” que, según ella, han promovido la violencia contra el Estado y la institucionalidad. Anunció que el lunes se realizará una mesa de trabajo con altos funcionarios y representantes del sector minero para avanzar en la formalización, convocando a autoridades del Congreso, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo y gremios mineros, aunque no mencionó a la fiscal de la Nación en la convocatoria.

Los mineros informales agrupados en la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) anunciaron que este lunes iniciarán una ronda de diálogo con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el lugar y la hora del encuentro, desde el gremio señalan que podrían participar también el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, con quien ya mantuvieron conversaciones el último viernes. Además, no se descarta la presencia de la presidenta Dina Boluarte, según fuentes cercanas a la organización.

Ismael Palomino, coordinador general de Confemin, explicó que la cita fue gestionada de manera indirecta, pues el gremio no tiene comunicación directa con el Ejecutivo. Las coordinaciones se están articulando a través de la Defensoría del Pueblo y del titular del Parlamento, reflejando así la distancia institucional que existe entre el Gobierno y el sector de la minería informal.

La principal demanda que Confemin llevará a la mesa es la anulación de más de 50 mil inscripciones suspendidas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Estas exclusiones fueron ordenadas mediante el Decreto Supremo N.º 012-2025, luego de que los afectados superaran un año de suspensión sin regularización. Según Palomino, la falta de un contrato firmado con el titular de la concesión ha sido la principal barrera para muchos mineros. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, afirmó que los mineros suspendidos no cumplieron con los requisitos exigidos y que muchos tenían licencias vencidas desde hace más de cuatro años. El gremio solicita la derogación del decreto y la creación de una nueva norma que permita reincorporar a los afectados, pedido que ya fue presentado formalmente ante la Presidencia del Consejo de Ministros el 27 de junio.

En señal de apertura al diálogo, los mineros informales decidieron suspender las protestas a nivel nacional, que habían provocado bloqueos en varias regiones y campamentos en Lima. Voceros del gremio indicaron que el tránsito se ha normalizado y que no habrá nuevas medidas de fuerza mientras haya voluntad de negociación. El conflicto se desató tras la exclusión masiva de mineros del REINFO por parte del Ministerio de Energía y Minas, medida que generó movilizaciones en regiones como Arequipa, Cusco, Ayacucho y La Libertad.

Las protestas causaron pérdidas económicas diarias estimadas en hasta S/280 millones, principalmente en los sectores de transporte y comercio. Durante los enfrentamientos del viernes, un minero falleció y varios policías resultaron heridos. Un día antes, se reportó un ataque contra la Policía en la avenida Abancay, atribuido por los mineros a supuestos infiltrados. Mientras tanto, el gremio mantiene un campamento instalado en la plaza Luis Alberto Sánchez, frente al Parque Universitario.

Además del REINFO, Confemin exige la pronta aprobación de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), norma que contempla la continuidad del REINFO bajo una nueva denominación: el Registro Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (RENAPMA). También han planteado la reversión de concesiones mineras, aunque, según Ismael Palomino, esta última demanda no será parte de la agenda en la mesa de diálogo con el Ejecutivo.

Por ahora, la tensión se ha reducido, pero el conflicto aún no se ha resuelto completamente. La situación podría reactivarse en cualquier momento si no se alcanzan acuerdos satisfactorios para las partes involucradas.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, informó que la minería ilegal causará pérdidas de aproximadamente 5,200 millones de soles en la recaudación del Impuesto a la Renta durante el 2025. Estas pérdidas también afectarán el canon minero, con un impacto estimado en 2,600 millones de soles, lo que repercutirá negativamente en la provisión de bienes y servicios esenciales para las comunidades más vulnerables del país.

Montero destacó que regiones como Puno, Arequipa, Madre de Dios, La Libertad, Apurímac y Ayacucho son las más perjudicadas por esta situación, con pérdidas que oscilan entre 160 y 460 millones de soles en ingresos tributarios. Subrayó que la minería ilegal no solo impide el desarrollo económico, sino que también destruye el medio ambiente y genera problemas de seguridad ciudadana en estas zonas.

El ministro también denunció la vulneración sistemática de los derechos laborales de los trabajadores de la pequeña minería y minería artesanal, quienes han sido explotados por titulares de registros suspendidos o excluidos. Aseguró que el gobierno revisará las normativas laborales para garantizar condiciones adecuadas de salud y seguridad ocupacional, y evitar que estos trabajadores sean manipulados por quienes supuestamente los defienden pero los exponen a riesgos.

En cuanto a la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, Montero explicó que su discusión continuará en el Congreso en la próxima legislatura. Señaló que esta normativa está destinada a regular las actividades formales de estos sectores y no a facilitar la legalización de actividades ilegales ni la reincorporación de registros suspendidos o excluidos.

Finalmente, el ministro enfatizó que la ley debe responder a las necesidades de los mineros formales, proteger sus derechos laborales, preservar el medio ambiente y contribuir a la economía nacional. Resaltó que cualquier intento de favorecer economías ilegales sería un daño grave al diseño y propósito de esta legislación crucial para el país.

El Perú no ha impulsado un nuevo proyecto minero greenfield de gran escala desde la construcción de Quellaveco, situación que genera inquietud en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del gremio, advirtió que esta falta de nuevos desarrollos pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo de la producción minera nacional.

Ortiz destacó que el crecimiento del sector minero depende de tres pilares fundamentales: estabilidad institucional, incremento en la inversión para exploración y una política firme contra la minería ilegal. “Perú cuenta con un enorme potencial geológico y humano para liderar la transición energética global, pero esto solo se logrará garantizando seguridad, predictibilidad y respeto al Estado de derecho”, sostuvo en una columna publicada en el boletín Semáforo Minero.

En ese marco, valoró los primeros resultados reportados por la empresa canadiense Hannan Metals en su proyecto aurífero Valiente, en Huánuco. Según Ortiz, estos descubrimientos son vitales para reactivar la fase de exploración, base esencial para la continuidad y el futuro de la actividad minera en el país.

Por otro lado, el dirigente expresó preocupación por el avance de la minería ilegal, un fenómeno que calificó como insostenible. Recordó la reciente masacre ocurrida en Pataz (La Libertad), donde 13 personas perdieron la vida. Aunque valoró el despliegue militar para retomar el control en la zona, afirmó que se necesitan medidas de mayor alcance y alcance regional.

Finalmente, Ortiz llamó a implementar una política integral que pueda replicarse en otras zonas afectadas por la minería ilegal, como Madre de Dios y Apurímac, con el fin de proteger el desarrollo sostenible y la seguridad de las comunidades.