La Contraloría General de la República emitió una opinión negativa sobre los estados financieros de la vigencia 2024 del Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial, administrado por BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria y sujeto de control de la Contraloría delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico.

El Fondo Empresarial es un patrimonio autónomo constituido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y en donde el superintendente ejerce como ordenador del gasto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 132 de la Ley 812 de 2003, y cuya existencia ha sido reiterada por las leyes 1151 de 2007, 1450 de 2011, 1753 de 2015 y 1955 de 2019.

Este instrumento tiene como propósito principal fortalecer la capacidad de la Superintendencia en el desarrollo de procesos de toma de posesión, tanto en su fase de administración temporal como en liquidación, con el fin de salvaguardar la continuidad y la viabilidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

El fondo se financia con recursos provenientes de distintas fuentes entre ellas: ingresos por la tarifa establecida en la Ley 1955 de 2019, ingresos por multas, excedentes de la Superservicios, de la CRA y la CREG, reintegros y cancelaciones de contratos de mutuo, pignoraciones, rendimientos de recursos de terceros y otros ingresos.

Deficiencias críticas que dan lugar a los hallazgos en el Fondo Empresarial de la Superservicios

El informe de auditoría financiera reveló deficiencias críticas en los controles contables, contractuales y de seguimiento, que derivan en diez hallazgos administrativos, de los cuales tres presentan presunta incidencia fiscal por $593.737 millones.

Tales hallazgos han sido trasladados para su respectiva evaluación dentro del procedimiento de responsabilidad fiscal.

De estos hallazgos, el que más se destaca está relacionado con los contratos de mutuo Nos. 134, 141 y 146 suscritos con Electricaribe S.A. E.S.P., en los cuales no se aplicaron las disposiciones que establecen los plazos pactados, las actualizaciones con una tasa igual al IPC del año inmediatamente anterior y los correspondientes intereses moratorios.

Una situación similar se evidenció en los contratos No. 180 y 181, en relación con el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula tercera, donde se estableció un plazo máximo de 12 meses para el pago de los recursos derivados de tales contratos y que, una vez vencido el termino, Electricaribe quedaría comprometido con el pago de intereses moratorios sobre el monto del capital en mora.

En consecuencia, se concluye que el Fondo Empresarial no ejecutó los procedimientos correspondientes ni adoptó medidas para garantizar el recaudo oportuno, lo que podría haber comprometido la adecuada gestión de los recursos públicos involucrados.

Como consecuencia de estas deficiencias, la Contraloría General de la República pone de presente una posible afectación a la capacidad de recuperación del capital prestado, lo que podría comprometer la sostenibilidad del Fondo Empresarial como mecanismo de apoyo a empresas de servicios públicos intervenidas.

Además, se identificó un debilitamiento estructural del control interno, que fue calificado “con deficiencias”, tras evidenciar fallas en conciliaciones bancarias, ausencia de soportes en pagos, falta de garantías suficientes para respaldar obligaciones y un aumento del riesgo de impago.

Plan de mejoramiento

La Contraloría General de la República insta al Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial a presentar un Plan de Mejoramiento con medidas correctivas concretas, orientadas a fortalecer la gestión financiera, operativa y contractual del fondo, asegurando la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

El 25 de junio de 2025, el ministro de Minas y Energía de Colombia publicó el borrador del proyecto de ley que fija varios mecanismos que, juntos, buscan bajar las tarifas de energía en el país: entre los cambios que se proponen están los ajustes a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

De acuerdo con el proyecto de ley, los cambios a la Comisión se harán por medio de una serie de ajustes que quedarían en el artículo 21 de la Ley 143 de 1994: por ejemplo, en la composición de la entidad.

“ARTÍCULO 21. Composición y Naturaleza de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) se organizará como Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía, sin personería jurídica, que estará integrada de la siguiente manera:

1. Por el ministro de Minas y Energía, quien será el presidente de la Comisión
2. Por el ministro de Hacienda y Crédito Público
   
3. Por el director del Departamento Nacional de Planeación
4. Por cinco expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro años
5. Por un experto representante de la academia, nombrado por el presidente de la República para períodos de cuatro años
6. Por un representante de los usuarios con dedicación exclusiva, elegido mediante concurso público, adelantado por una universidad pública o privada legalmente constituida y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, avalada por la Comisión Nacional del Servicio Civil para la realización de concursos públicos, y acreditada de alta calidad conforme la publicación anual del SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior)
7. Por un representante de los sindicatos con dedicación exclusiva, elegido mediante concurso público, adelantado por el trabajo conjunto de al menos dos de las agremiaciones sindicales que agrupe el mayor número de trabajadores del sector de energía eléctrica y gas
8. El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios asistirá con voz, pero sin voto”.

Según estos cambios, los ministros solo podrán delegar su participación en los viceministros, el director del Departamento Nacional de Planeación solo en un subdirector general y el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios en un superintendente delegado.

“Los expertos tendrán la calidad de empleados públicos de período fijo y no podrán ser reelegidos para más de un período; una vez culminado el periodo cesarán en el ejercicio de sus funciones. La Comisión de Regulación de Energía y Gas expedirá su reglamento interno, que será aprobado por el Gobierno Nacional, en el cual se señalará el procedimiento para la designación del director ejecutivo de entre los cinco expertos de dedicación exclusiva”, expresa el proyecto de ley.

Así las cosas, los cinco expertos en asuntos energéticos deberán reunir las siguientes condiciones:

a. Ser colombiano y ciudadano en ejercicio

b. Tener título universitario y estudios de posgrado relacionados con el sector energético

c. Haber desempeñado cargos de dirección o coordinación en asuntos energéticos en entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales; o haberse desempeñado como profesor, investigador, consultor o asesor, en asuntos energéticos, experiencias cuya suma debe ser mínimo de cinco años;

Por su parte, el experto representante del sector académico deberá reunir las siguientes condiciones:

a.  Ser colombiano y ciudadano en ejercicio

b.  Tener experiencia mínima relacionada de cinco años en el ejercicio profesional docente

c.  Tener por lo menos una investigación relacionada con los servicios públicos de energía y/o gas; o tres años de experiencia específica relacionada con asuntos energéticos y afines, y títulos de pregrado y de maestría o doctorado afines al área energética.

O, cuatro años de experiencia profesional relacionada con asuntos energéticos y afines, y títulos de pregrado y de especialización afines al área energética.

Esta experiencia podrá ser concurrente con la experiencia mínima relacionada.

Entre tanto, también se determinó que el experto representante del sector sindical debe ser colombiano y ciudadano en ejercicio, con experiencia mínima de cinco años en el ejercicio profesional del sector energético y afines, y con, por lo menos, cinco años de actividad sindical.

De acuerdo con el documento del Ministerio de Minas y Energía, se mantendrá la norma de que los cinco expertos en asuntos energéticos sean escogidos libremente por el presidente de la República.

“En su elección, el presidente propenderá por la formación de un equipo interdisciplinario, por lo que no podrá nombrar a más de un abogado”, indicó el borrador.

De otro lado, se expresa que el representante de la comunidad académica en la CREG llevará la vocería ante la Comisión de sus representados, para ello el Gobierno Nacional establecerá los canales que permitan o faciliten el cumplimiento de esta función.

Este representante estará sujeto al régimen de inhabilidades del artículo 44 de la Ley 142 de 1994.

Finalmente, los expertos no podrán ser elegidos en cargos directivos en entidades públicas o privadas del sector energético durante el año siguiente al ejercicio de su cargo.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, mejorar la movilidad y preservar la infraestructura del corredor Bogotá – Girardot, la concesión Vía Sumapaz —integrante de la red global VINCI Highways— puso en operación dos estaciones de pesaje equipadas con tecnología de última generación para vehículos de carga.

Una de las estaciones está ubicada en el kilómetro 51 de la vía, en sentido Girardot–Bogotá, cerca del peaje de Chinauta, dentro del municipio de Fusagasugá. La otra se localiza en el sector El Soche, municipio de Granada, en sentido Bogotá – Girardot, a aproximadamente nueve kilómetros del peaje de Chusacá. Estas instalaciones reemplazan la antigua báscula de Fusagasugá, elevando los estándares operativos del corredor mediante infraestructura más moderna y eficiente.

Las nuevas estaciones forman parte del plan de modernización tecnológica del proyecto vial y tienen como propósito garantizar una operación más eficiente, reducir los tiempos de desplazamiento y reforzar los mecanismos de control para el transporte de carga. Cabe recordar que las obras de ampliación de esta vía, conocida por su alta densidad vehicular, fueron entregadas oficialmente en abril de este año.

¿Cómo será la tecnología implementada en los nuevos pesajes?

Ambas estaciones están dotadas con sistemas de pesaje dinámico y estático. El primero permite que los camiones sean monitoreados sin necesidad de detenerse, siempre y cuando mantengan una velocidad constante. Esta modalidad contribuye a disminuir los tiempos de tránsito y evita las congestiones habituales que se generan en las estaciones tradicionales.

En los casos en los que se detecta una posible sobrecarga, se activa el sistema de pesaje estático, el cual dirige al vehículo a una plataforma para realizar una inspección detallada. Este proceso permite verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de límites de carga, lo cual es fundamental para proteger la infraestructura vial y prevenir incidentes.

La implementación de estas estaciones se articula con otras tecnologías que Vía Sumapaz prevé desplegar de forma progresiva a lo largo de 2025. Entre ellas se destacan cámaras de videovigilancia, paneles de información variable, estaciones meteorológicas, postes de emergencia y sistemas inteligentes de transporte (ITS). Todos estos elementos están orientados a ofrecer una experiencia de viaje más segura, ágil y controlada para los usuarios.

Desde la concesión se resaltó que el control adecuado del peso de los vehículos es determinante para prolongar la vida útil del pavimento, minimizar el riesgo de accidentes y contribuir a una movilidad más eficiente en uno de los corredores más transitados del país.