Se mantienen proyecciones para la construcción pese a Imacec de 3,2%

De acuerdo con la información preliminar entregada por el Banco Central, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo de 2025 registró un crecimiento de 3,2% en comparación con igual mes del año anterior.

Este resultado corresponde al segundo mayor ritmo de expansión en lo que va del año -tras el crecimiento de 3,7% registrado en marzo- y se ubicó dentro de las proyecciones de los analistas encuestados.

El informe del Banco Central destacó que el crecimiento de mayo se explicó por el buen desempeño de todos los componentes del Imacec, con un especial impulso de los servicios (2,4) y la minería (10,3). En contraste, la serie desestacionalizada mostró una leve caída de 0,2% respecto del mes precedente, aunque mantuvo un aumento de 4,1% en doce meses.

Cabe señalar que mayo de 2025 tuvo un día hábil menos que el mismo mes de 2024, lo que también influyó en los resultados. Además, las cifras se vieron favorecidas por los los débiles resultados de mayo 2024 (efecto estadístico). Por ello, al analizar los datos sin el efecto de estacional, se tiene que la disminución en el margen (respecto de abril 2025) podría anticipar un ritmo de crecimiento más moderado en los próximos meses.

Desde la gerencia de Estudios y Políticas Públicas de la CChC precisaron que “el resultado se encuentra en línea con las estimaciones previamente consideradas, por lo que no se esperan modificaciones en las proyecciones de corto plazo, en el comportamiento general de la economía o en relación con la inversión en el sector de la construcción”.

Destacar que según el más reciente Informe de Política Monetaria (Ipom), el Producto Interno Bruto (PIB) proyectó un crecimiento de entre 2% y 2,75% para este año. Con los resultados acumulados a mayo, la actividad muestra un avance promedio de 2,48% en lo que va del 2025.

Presidente de Sonami valora ley de permisos sectoriales pero advierte: “Aún queda mucho por hacer”

Luego que la Sala de la Cámara aprobara en último trámite el proyecto que agiliza los permisos sectoriales para los proyectos de inversión, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, valoró el trabajo del Ejecutivo al impulsar una iniciativa acorde a las necesidades económicas del país, aunque manifestó que todavía se puede avanzar mucho más.

El líder gremial señaló que “hoy se dio un primer paso para reducir los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión en el país que, en el caso de la industria minera, se pueden extender hasta 12 años. Por lo tanto, si bien valoramos el trabajo realizado por el Ejecutivo, particularmente por el Ministerio de Economía, creemos que todavía queda mucho por hacer”.

A su vez, el presidente de Sonami explicó que “este proyecto excluye la tramitación de permisos ambientales, que son la principal traba para la ejecución de proyectos por su demora en la obtención de permisos. Por lo tanto, hubiésemos esperado que esta instancia legislativa consolidara los diversos proyectos que abordan los temas de permisos y autorizaciones para que la ley fuese efectivamente una ley marco, integral y que cumpliera con el propósito de simplificar y/u homogenizar esta materia”.

Riesco, en tanto, destacó también el trabajo y la apertura al diálogo de los parlamentarios, quienes tuvieron un rol importante al incorporar mejoras en este proyecto.

Congreso aprueba Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales: luz verde a reforma clave para agilizar inversión

En su tercer trámite legislativo, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones realizas por el Senado al Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y la despachó a Ley. El proyecto, que ingresó al Congreso en enero de 2024, es una reforma estructural que moderniza el Estado, reduce la burocracia y acelera la inversión.

El proyecto impulsado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo forma parte del fast track legislativo para el crecimiento económico y busca avanzar en simplificar la obtención de permisos, lo que permitirá entregar mayores certezas a los proyectos de inversión, sin comprometer los estándares regulatorios ni disminuir las exigencias ambientales y técnicas vigentes.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó el despacho a Ley del proyecto y expuso la relevancia que tendrá para impulsar la inversión en el país, “estamos muy contentos porque es un avance muy importante para el país, después de más de un año de tramitación, hemos logrado aprobar este proyecto con un apoyo transversal. Nosotros siempre dijimos que era posible mejorar los tiempos y era posible avanzar de manera muy sostenida, sin por ello bajar los estándares regulatorios y eso es lo que justamente se ha logrado hoy día. Nuestro diagnóstico como Ejecutivo es que, una de las razones principales de por qué los permisos sectoriales se demoran tanto, es porque los servicios están atochados y por eso estamos convencidos que, con las declaraciones juradas, vamos a permitir que todo el esfuerzo esté dedicado a las autorizaciones que realmente implican riesgo, y eso le va a permitir responder a tiempo”.

La iniciativa legislativa busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios. De esta forma, incorpora diversas medidas orientadas a agilizar y hacer más eficiente la tramitación de autorizaciones sectoriales.

El Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales ha sido fruto de un trabajo conjunto y riguroso, desarrollado en estrecha colaboración con parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición. Este esfuerzo compartido ha permitido construir una propuesta con amplio respaldo transversal, basada en el diálogo, la evidencia y el interés común de avanzar hacia una institucionalidad más ágil, moderna y eficiente, que facilite el desarrollo de proyectos de inversión sin renunciar a los estándares ambientales, sociales y técnicos que el país exige.

Sobre el proyecto de ley 

El proyecto de ley que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) busca reducir sustantivamente los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión, sin disminuir los estándares regulatorios. A través de un enfoque transversal, establece normas comunes, introduce proporcionalidad en la regulación y crea nuevas herramientas de gestión para modernizar el Estado en su rol habilitante.

Principales Soluciones del Proyecto 

–Normas mínimas de tramitación. Se establece un conjunto de reglas comunes para todos los permisos sectoriales: inicio mediante formularios, exámenes de admisibilidad, informes entre servicios, plazos máximos obligatorios, y uso del silencio administrativo como herramienta de garantía.

–Técnicas Habilitantes Alternativas (THA). Permite reemplazar permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, sin reducir los estándares regulatorios. Estas THA están sujetas a fiscalización ex post, con fuertes sanciones en caso de fraude.

–Ventanilla Única Digital – Plataforma SUPER. El proyecto transforma en política de Estado la plataforma SUPER como entrada única y trazable para todas las solicitudes.

–Institucionalidad técnica. Crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, encargada de coordinar, monitorear, asesorar y operar el sistema. También impulsa mesas regionales, modernización continua de permisos, y promueve la mejora de gestión mediante convenios y metas institucionales.

-Modificaciones legales sectoriales. El proyecto modifica más de 40 leyes sectoriales para adaptar sus permisos a la LMAS, establecer nuevas facultades regulatorias y aplicar THA. Se incluyen sectores como minería, obras públicas, salud, aguas, energía, concesiones marítimas y DOM.

Lanzan convocatoria para mapear experiencias socioterritoriales en proyectos de energía renovable en América Latina y el Caribe

En el marco de la transición energética regional, el Ministerio de Energía y la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) abrieron una convocatoria para recopilar experiencias y estrategias que enfrenten los desafíos socioterritoriales vinculados a proyectos de energía en América Latina y el Caribe. La iniciativa tiene como objetivo crear un mapa interactivo regional que sistematice buenas prácticas y facilite el diálogo entre actores clave.

Detalles de la convocatoria:

– Participantes: Sector público, empresas privadas, sociedad civil, comunidades y pueblos indígenas.

– Foco: Experiencias reales en gestión territorial, participación comunitaria, ubicación de proyectos y beneficios locales.

– Plazo: Las propuestas podrán enviarse hasta el 28 de julio de 2025, con consultas abiertas hasta el 15 de julio.

Los casos seleccionados serán parte de un repositorio regional y se destacarán durante el evento “Desafíos socioterritoriales para la Transición Energética”, en la Semana de la Energía Olade 2025.

La transición energética requiere soluciones colaborativas que integren a las comunidades y territorios. Esta convocatoria es una oportunidad para visibilizar estrategias que equilibren desarrollo energético y justicia social.

Los interesados deben completar la ficha de postulación disponible en el siguiente enlace.

Subestaciones HVDC: los nuevos nodos inteligentes del Sistema Eléctrico Nacional

La transición energética de Chile no solo requiere nuevas fuentes limpias, sino una red capaz de transportarlas con eficiencia, estabilidad y resiliencia. En ese desafío estructural, las subestaciones convertidoras (SC) HVDC del proyecto Kimal-Lo Aguirre emergen como los nuevos nodos inteligentes del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Estarán ubicadas en las inmediaciones de las actuales subestaciones Kimal, en María Elena (Región de Antofagasta), y Lo Aguirre, en Pudahuel (Región Metropolitana) y marcarán el inicio y fin de la primera línea de transmisión en corriente continua del país. Con una extensión de 1.346 kilómetros y una capacidad de 3.000 MW, este proyecto permitirá transportar electricidad limpia desde las zonas de mayor generación solar del norte hasta los centros urbanos del centro-sur del país durante el día. Asimismo, facilitará también el envío de energía desde el centro-sur hacia el norte durante la noche, en momentos de alta generación hídrica o eólica.

Rol de las subestaciones inteligentes

No se trata únicamente de infraestructuras de conversión de energía, sino de unidades que otorgan capacidad de adaptabilidad, respuesta autónoma y control avanzado a la red eléctrica nacional. Las subestaciones HVDC incorporarán robustez operativa, eficiencia energética y una mayor capacidad de respuesta frente a variaciones de carga, contribuyendo así a la seguridad y sostenibilidad del suministro eléctrico.

Además, están diseñadas con tecnología LCC (Line Commutated Converter), que permite transportar grandes bloques de energía a larga distancia con alta eficiencia, estabilidad y bidireccionalidad. También mejoran la respuesta ante contingencias, habilitan interoperabilidad con futuras conexiones regionales y consolidan un sistema eléctrico más digital, automatizado y resiliente al cambio climático.

En términos técnicos, estas instalaciones recibirán energía en corriente alterna, la transformarán en corriente continua para el transporte, y luego la reconvertirán en alterna para ser inyectada al sistema eléctrico en coordinación con el Sistema Eléctrico Nacional.

“El sistema operará bajo estándares internacionales de seguridad y eficiencia, con control digital sobre fibra óptica, lo que agiliza la respuesta operativa y reduce tiempos de instalación y mantenimiento. Incluirá protección y servicios auxiliares redundantes, con respaldo independiente, garantizando la continuidad ante fallas del suministro principal. Además, todos los equipos contarán con validación sísmica según normativa vigente, asegurando su funcionamiento en escenarios de emergencia”, reforzó Mauricio Restrepo, gerente de Ingeniería y Construcción de Subestaciones Convertidoras de Kimal-Lo Aguirre.

Todo este proceso ocurrirá sobre una superficie equivalente a veinte canchas de fútbol por subestación, en instalaciones que integran patios de corriente alterna, de corriente continua y filtros, además de transformadores, salas de válvulas y sistemas de control digitalizados. La escala de esta infraestructura es inédita en el país: los transformadores convertidores de Kimal pesarán instalados cerca de 700 toneladas y los de Lo Aguirre alrededor de 450 toneladas instalados, siendo los más grandes jamás instalados en el SEN.

Para Restrepo, “estas subestaciones no son solo una solución tecnológica para transportar energía, sino una expresión concreta de cómo estamos agregando inteligencia y adaptabilidad a la red. Hoy enfrentamos desafíos que exigen un sistema que piense, que anticipe, y que reaccione en tiempo real, y eso es precisamente lo que aportan estas instalaciones al país”.

En esa línea, el ejecutivo subraya que Kimal–Lo Aguirre constituye una pieza estructural para responder con urgencia a los desafíos de una red que debe adaptarse y acompañar la transformación energética que Chile ya ha puesto en marcha. “Las subestaciones HVDC serán el cerebro operativo de un sistema más limpio, seguro y sostenible”, afirmó Restrepo.

PROINVERSIÓN y MVCS declaran de interés ejecución y concesión de PTAR Cajamarca

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) declararon de interés la promoción del proyecto “Tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso, ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Perú”, también denominado como PTAR Cajamarca, que permitirá un adecuado tratamiento y disposición final de las aguas residuales que se generan en la ciudad de Cajamarca, en beneficio y mejora de la calidad de vida de las familias de dicha ciudad.

Esta iniciativa privada cofinanciada (IPC), que contempla una inversión referencial y un monto total de operación y mantenimiento de US$ 283 millones (sin IGV), fue propuesta por la empresa FCC Aqualia, S.A. Se ejecutará mediante la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) en la que el concesionario se encargará del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para el adecuado tratamiento y disposición final de las aguas residuales de la ciudad de Cajamarca.

Tras la declaratoria de interés, aquellos terceros interesados en el proyecto podrán manifestar sus expresiones de interés ante PROINVERSIÓN dentro del plazo de 90 días calendario (el cual vence el 28 de septiembre). En caso de no existir terceros interesados en la ejecución del proyecto que se presenten dentro del plazo de 90 días, PROINVERSIÓN procederá -de conformidad con el numeral 89.1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362 (Ley de APP)- con la adjudicación directa del proyecto a favor del proponente.

Con la construcción, operación y mantenimiento de la PTAR Cajamarca y del colector La Victoria, así como del nuevo colector Mashcón, se brindará un servicio eficiente y sostenible de tratamiento y disposición de las aguas residuales de la ciudad de Cajamarca y de tres localidades del distrito de Baños del Inca, en beneficio de 365 mil personas.

La realización de este proyecto mejorará las condiciones de salud de la zona gracias a la reducción de la contaminación de los Mashcón y Cajamarquino; además, dinamizará el desarrollo económico y turismo local, así como generará las condiciones para el futuro desarrollo de proyectos complementarios para el reúso del agua residual y lodos tratados. El Estado Peruano, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), asumirá el cofinanciamiento del 100% de la inversión del proyecto y parte de los costos de operación y mantenimiento (de manera temporal).

“De esta forma, PROINVERSIÓN reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura y el servicio de tratamiento de las aguas residuales a nivel nacional bajo el esquema APP, en beneficio de la salud de las personas y el medio ambiente”, resaltó el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio.

El plazo de la concesión de la PTAR Cajamarca será de 26 años, contados desde la suscripción del contrato de concesión. Este plazo podrá ser ampliado hasta por el máximo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Áncash: modalidad Obras por Impuestos permite rápido avance de construcción del nuevo Hospital de Huarmey

La construcción del nuevo Hospital de Huarmey, en la región Áncash, ya tiene un 83.74 % de avance físico. Este proyecto, que cuenta con una inversión superior a los S/223 millones y va a beneficiar a más de 33 000 habitantes de este departamento, es desarrollado bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI) que permite avanzar rápidamente la ejecución de la obra.

La obra posee un área techada de 11 027.80 m² y saneamiento físico legal. Además, es ejecutada por el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), brazo ejecutor del Ministerio de Salud (Minsa), con participación de Antamina.

Justamente, esta empresa se encargó, durante la primera semana de junio, de la instalación del equipo estacionario de rayos X. Asimismo, ya concluyó la conexión del sistema de agua y alcantarillado, y meses atrás completó los trabajos de instalación del sistema eléctrico.

En el flamante Hospital de Huarmey ya hay internet y actualmente se le están realizando las pruebas a los equipos como rayos X fijo y portátiles, autoclaves para la esterilización del material médico, torre laparoscópica, máquina de anestesia, ecógrafos, entre otros.

Los servicios médicos a disposición de la población serán: consulta externa, emergencias, farmacia, atención a las gestantes, centro obstétrico, centro quirúrgico, hospitalización, patología clínica (laboratorio), diagnóstico por imágenes, medicina de rehabilitación, entre otros; ya que este nosocomio es de la categoría II-1, es decir, de atención general. También dispondrá de dos ambulancias, salas de operaciones y de partos, consultorios, cunas y camas hospitalarias, de obstetricia y de emergencia.

Este proyecto es parte de la política de cierre de brechas en salud promovida por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, bajo el liderazgo del ministro de Salud, César Vásquez, priorizando la ejecución de obras que permitan una atención oportuna y eficiente para la población.

Colegio de Abogados de Lima cuestiona ampliación del Reinfo por posible vínculo con minería ilegal

La reciente promulgación del Decreto Supremo que extiende hasta el 31 de diciembre el proceso de formalización minera ha generado una fuerte reacción de diversas instituciones. La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su preocupación, señalando que esta prórroga favorece el avance del crimen organizado vinculado a la minería informal, debido a los escasos avances del proceso en los últimos años.

Según el pronunciamiento del CAL, la continuidad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —vigente desde hace más de una década— ha demostrado ser ineficaz, logrando formalizar apenas al 2,31% de los mineros inscritos. Advirtieron que mantener este mecanismo podría agravar los impactos negativos en comunidades vulnerables, afectar la recaudación fiscal y socavar la gobernabilidad en regiones sensibles a la minería ilegal.

Desde el Colegio sostienen que una parte de la solución pasa por reforzar la fiscalización, especialmente en el control del uso de explosivos y en las plantas de procesamiento de minerales, áreas donde operan grupos delictivos que financian sus actividades a través de la minería ilegal. Además, instaron a construir consensos entre el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad civil para crear un marco legal que permita formalizar la minería de pequeña escala, sin despenalizar actividades ilícitas ni debilitar la supervisión sobre el uso de insumos peligrosos como el mercurio.

En paralelo, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) se ha movilizado en protesta frente al Congreso, exigiendo que la ampliación del Reinfo se concrete sin nuevos requisitos y demandando la aprobación de la Ley Mape. El gremio rechaza el Decreto Supremo 012-2025-EM, al considerar que limita el acceso al proceso de formalización y establece condiciones que podrían dejar fuera a numerosos pequeños productores mineros.

Confemin sostiene que el artículo 2 del decreto contradice el reglamento vigente, que permitía a los mineros con suspensión del Reinfo levantarla en un plazo de 45 días. Además, denuncian problemas técnicos en el sistema del Ministerio de Energía y Minas (Minem) que dificultan la reactivación de registros, como demoras de hasta ocho días en la entrega de claves de acceso a la plataforma extranet, lo que imposibilita cumplir los nuevos plazos establecidos.

Finalmente, el gremio exige que se derogue el decreto y que el Congreso retome el debate de la Ley Mape, iniciativa que no logró avanzar por falta de dictamen en la Comisión de Energía y Minas. Como recordó su dirigente Máximo Franco Bequer, si bien esta norma no resolverá todos los problemas del sector, sí representa un paso clave para avanzar hacia una formalización más realista y efectiva.

Megaproyecto minero en Piura proyecta inversión superior a US$2.000 millones

El megaproyecto minero Sechura, ubicado en la región Piura, busca posicionarse como una de las mayores iniciativas de explotación de roca fosfórica en el país. Este insumo es fundamental para la producción de fertilizantes y otros productos agrícolas. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) tiene como objetivo atraer a un inversionista privado que se encargue de ejecutar el proyecto, cuya inversión estimada podría superar los US$2.000 millones.

El proyecto se desarrolla en el desierto de Sechura, en el distrito y provincia del mismo nombre, donde se encuentran las concesiones mineras Bayóvar Nº 5, 6, 7, 8 y 12. En total, el área destinada al proyecto supera las 94.000 hectáreas, y se proyecta su uso para actividades de exploración y explotación de roca fosfórica. Uno de los objetivos centrales es añadir valor a esta materia prima, a través de la producción local de fertilizantes fosfatados.

La iniciativa no es nueva. Las concesiones en esta zona fueron devueltas al Estado en 2021, tras finalizar el contrato con las empresas Américas Potash S.A.A. (APPSA) y Juan Paulo Quay S.A.C. (JPQ). Posteriormente, en noviembre de 2024, el megaproyecto fue incluido en el informe multianual de inversiones bajo la modalidad de asociación público-privada (APP), lo que marcó su reactivación formal.

El avance más reciente se dio en marzo de 2025, cuando el Ministerio de Energía y Minas (Minem) remitió a ProInversión el informe de evaluación técnica del proyecto. Este fue aprobado a mediados de junio, lo que permitió el inicio oficial de la fase de estructuración del proyecto. Esta etapa es clave para definir todos los aspectos técnicos, económicos, contractuales y legales que permitirán lanzar el proceso de adjudicación.

Durante esta fase, se realizará la valorización de activos, el diseño del modelo de negocio, la evaluación de riesgos, la estructura contractual y los mecanismos de retribución al Estado. También se trabajará en los estudios de viabilidad financiera, ambiental y social, así como en la redacción final del contrato de transferencia. Todo ello será determinante para atraer inversiones sólidas y sostenibles.

Uno de los principales objetivos de ProInversión es que este megaproyecto no solo se limite a la extracción del recurso, sino que también impulse un proceso de industrialización local. Esto permitiría al Perú pasar de exportar roca fosfórica en estado bruto a producir fertilizantes como fosfato diamónico (DAP) y fosfato monoamónico (MAP), reduciendo la dependencia de importaciones y generando mayor valor agregado dentro del país.

En la actualidad, el Perú exporta roca fosfórica sin procesar, mientras que importa fertilizantes ya elaborados, lo cual representa una pérdida de oportunidad para el desarrollo industrial y agrícola. Con la puesta en marcha del proyecto Sechura, se espera cambiar esta lógica y fortalecer la cadena productiva del sector agrícola nacional, generando empleo, inversión regional y mayor competitividad para la economía peruana.

Minem no descarta propuesta para que Banco de la Nación compre oro a mineros artesanales

La Comisión de Economía del Congreso ha retomado el debate sobre el proyecto de ley que propone que el Banco de la Nación compre oro a los mineros artesanales. La iniciativa busca que esta entidad no solo participe en la compra, venta y exportación del mineral, sino que también implemente la infraestructura, tecnología y procedimientos necesarios para hacerlo de forma eficiente.

Frente a esta propuesta, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, fue consultado sobre la viabilidad de que el Banco de la Nación asuma dichas funciones. Si bien no rechazó directamente la idea, advirtió que dicha entidad tiene actualmente un rol distinto y que el planteamiento requiere un análisis detallado. “No digo que sea inviable, pero tiene que evaluarse y sustentarse adecuadamente por quienes la impulsan”, señaló en declaraciones a Canal N.

El titular del Minem destacó que, para emitir una opinión sólida, es necesario revisar los fundamentos técnicos y económicos del proyecto. En ese sentido, manifestó su interés en conocer la exposición de motivos elaborada por los legisladores, con el fin de entender el enfoque y objetivos de la propuesta parlamentaria.

Asimismo, Montero precisó que hasta el momento su cartera no ha sido consultada de manera formal ni por la Comisión de Economía ni por la Comisión de Energía y Minas, a pesar de que se trata de un tema directamente vinculado al sector minero.

Por ahora, el proyecto continúa en etapa de discusión y no ha sido sometido a votación. Aunque fue incluido en la agenda reciente de la Comisión de Economía, su aprobación aún está pendiente de mayores debates y consensos.