Este viernes cierra el 4to. Summit Internacional de GLP de Agremgas, con presencia de Valora Analitik como medio aliado, evento en el cual el mensaje principal es que el sector del gas GLP está en posición de mostrarse como un combustible que puede competirle en costos y confiabilidad en el suministro frente a opciones como el gas natural.

Así mismo, persisten retos como el pago de subsidios y asegurar la infraestructura de distribución, según lo dijo Sara Vélez, directora ejecutiva de Agremgas en entrevista con Valora Analitik.

• P: En los eventos gremiales recientes hay una palabra en común: incertidumbre. ¿Fue el caso del 4to. Summit Internacional de GLP de Agremgas?

R: En cuanto al negocio no creo que haya incertidumbre en general, pero sí tenemos una y es lo que hemos venido alertando hace varios meses, el reconocimiento y el pago de subsidios a las empresas del sector del GLP. Ello tiene un impacto sobre la caja de las compañías y podría tener un impacto en la continuidad del servicio.

Hasta el momento hemos respondido, no hemos parado de prestar el servicio, seguimos honrando los subsidios a los usuarios finales, es pero diría que es la única incertidumbre, no sabemos cómo se van a cubrir los subsidios faltantes de este año porque pues la apropiación presupuestal no alcanza a cubrir la totalidad de los meses.

• P: Ahora, hay otra palabra clave en este evento: oportunidad, ¿Cuál es el mensaje que queda?

R: Creo que el mensaje es que aprovechemos la oportunidad que tenemos, el GLP puede ser el combustible que ofrezca la confiabilidad energética en Colombia. Estamos hablando de generación de energía con GLP, atender a la industria con GLP, atender a los usuarios residenciales, incluso aquellos que hoy tienen gas natural, hay nuevas tecnologías que lo viabilizan. Aprovechar también el precio de la gasolina y usar el auto GLP para la movilidad con mayores ahorros para los usuarios. Así que son grandes oportunidades.

• P:  Ahora, ¿qué queda también sobre las intervenciones de los reguladores del Estado?

R: De los reguladores se nos queda algo muy importante, que es el plan de continuidad de GLP. Esto lo que va a buscar es tener almacenamientos estratégicos para que, en caso en que haya alguna contingencia en el transporte o en el abastecimiento, esta estrategia nos ayude a garantizar la continuidad de la prestación del servicio a todos los usuarios.

• P: Desde la UPME también se dijo que en su escenario más plausible no habría riesgo de desabastecimiento. ¿Hay acuerdo en eso?

Yo creo que sí hay acuerdo, pero sería fundamental poder incentivar la producción doméstica, lo hemos dicho también en estos dos días y es que la producción doméstica tiene un precio mucho más económico que el GLP importado.

• P: En cuanto al papel de Colombia frente al resto de América Latina, ¿cómo evaluar el papel de Colombia?

R: Hay muchos países que son referentes para nosotros o de los cuales podemos tomar lecciones aprendidas. En Perú, el auto GLP tiene un protagonismo muy importante en la matriz de transporte de este país. Así mismo, en una sesión muy interesante con Rocío Robles, de México, nos ha explicado cuáles han sido las lecciones aprendidas por los que han transitado cuando un país cambia de tener una oferta completamente doméstica o mayoritariamente doméstica a tener importaciones como es el caso de Colombia. Así que tomaremos las lecciones aprendidas y trataremos de no cometer los mismos errores.

• P: Usted hablaba acerca de que la reducción en el abastecimiento de gas natural puede ser el ‘cuarto de hora’ del GLP, pero le respondían que puede ser más que eso…

R: Sí, lo que estamos viendo es que tenemos que aprovechar la situación, tenemos que posicionarnos como un energético que se ha visto como una alternativa real en la matriz energética colombiana y no hablando de un energético que solo se usa para la sustitución de la leña, algo que sí es importante y tenemos una responsabilidad social en la sustitución de la leña, pero no es el único uso.

• P: ¿Cuáles serían los retos a futuro del sector?

R: Bueno, pues entre los retos siguen estando el abastecimiento, es decir, tenemos que garantizar nuestro abastecimiento. Hoy por hoy lo está, pero eso tiene unos retos turísticos importantes, todo producto del GLP en Colombia se mueve por las carreteras y eso implica se tener una disciplina y tiene unos retos importantes que hemos venido superando, pero pues toca tomarlo con mucha humildad. Diría que, en segundo lugar, poder atender la industria y decirle que nosotros sí somos la confiabilidad que ellos necesitan en este momento.

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva de Grupo Aval, expuso un balance sobre el proyecto ‘Misión La Guajira, el cual es liderado por el conglomerado colombiano.

Así las cosas, Sarmiento contó los avances que han realizado, retos culturales que han tenido que enfrentar y los proyectos que planean viabilizar.

“El balance para empezar creo que es muy positivo. Al momento lo más importante es decir que cumplimos con todas las metas que nos hemos puesto”, expresó Sarmiento Gutiérrez.

Adicional a eso, hizo énfasis en el aprendizaje obtenido al trabajar con la comunidad Wayuú, resaltando que “entenderlos, oírlos, cocrear, dejar de imponer y entender que las soluciones no las traemos, se crean acá”.

Cabe destacar que el proyecto, que está a seis meses de finalizar, ha impulsado logros en infraestructura durante su tiempo en ejecución que han mejorado la calidad de vida de los habitantes. “Nosotros nos ponemos unos objetivos; presupuestamos, diseñamos, ejecutamos y nos aseguramos de que queden hechos”, afirmó Sarmiento.

Logros y avances en infraestructura 

Con una inversión de $40.000 millones hasta la fecha, el ejecutivo informó cuales han sido los avances que han logrado hasta el momento en La Guajira. “Creo que en este momento debemos ir como por $40.000 millones probablemente, y al final estaremos más o menos en $80.000 millones”.

Asimismo indicó que 81 comunidades cuentan actualmente con “algún tipo” de energía solar y el 70 % de las plantas de tratamiento de potabilización de agua están construidas, instaladas y funcionando. Adicionalmente han limpiado 40 pozos de agua.

Igualmente están haciendo la gestión para conseguir permisos de Corpoguajira que les permitan perforar nueve pozos para terminar de construir plantas potabilizadoras y, por otro lado, instalar y sembrar huertas con el fin de darle “seguridad alimentaria” a muchas comunidades.

Relación del Gobierno Nacional y el sector privado

En este aspecto, Sarmiento afirmó que el Gobierno en varias ocasiones ha sido “hostil” con su sector. Sin embargo, han logrado trabajar con ellos y sus integrantes de forma “coordinada”.

Por otro lado, recordó que “hace dos años se hizo una reunión en Cartagena donde el Gobierno llamó al empresariado a tener una disposición para hacer este tipo de proyectos. Para empezar, creo que somos los únicos y eso es muy importante”.

Proyectos de infraestructura futura

Para finalizar, expuso cuales son los proyectos en los que han empezado a trabajar, identificando dos campos de infraestructura.

En la primera parte, infraestructura escolar, en donde han diseñado academias o internado que son muy común en esa parte del país. Actualmente están buscando aliados porque “hay mucha gente que está interesada en construir eso”.

Para las carreteras nacionales están en diseños de cuatro o cinco vías; una troncal “importante” y el resto carreteras secundarias, pero de gran relevancia para el departamento.

“Tenemos que decidir cuáles de ellas puede hacer el departamento por obra pública y, adicional, ellos tendrán la oportunidad de licitarlas. Por lo menos ya tienen los diseños que nosotros hemos hecho y ahí veremos si participamos. Hay otras que se pueden hacer de pronto por iniciativas privadas, en cuyo caso seguramente las presentaremos y alguien si quiere meterse, lo puede hacer”.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, envió una comunicación a la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá en la que solicita que se haga una revisión integral de los diseños urbanísticos de la primera línea tras identificar una serie de desafíos durante la ejecución del proyecto.

“Esta revisión busca fortalecer la articulación del proyecto con el entorno construido, el uso seguro y funcional del espacio público, y la incorporación de medidas proactivas para abordar eventuales puntos críticos durante la ejecución del proyecto”, contó el Ministerio en un comunicado.

Según cifras de la Alcaldía, la construcción del Metro de Bogotá llegó a un avance del 55,42 % con corte a mayo y hay frentes activos de obra en cinco vías principales de la ciudad, así como en los predios donde estarán ubicadas los edificios de acceso de las 16 estaciones que lo conforman.

El Ministerio de Transporte detalló que las observaciones se derivan del análisis de reportes ciudadanos, notas de prensa y estudios técnicos realizados por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) para la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Estas incluyen, por ejemplo, la necesidad de definir con mayor claridad el uso del espacio bajo el viaducto en sectores como la Av. Villavicencio (entre la Av. Cali y la Av. 1º de Mayo) y Santa Isabel (Calle 8ª sur entre la NQS y la Carrera 27), así como de preservar la arborización y garantizar espacios funcionales e inclusivos.

Respecto a la seguridad, se ha reportado una percepción de mayor inseguridad asociada a factores como el cierre temporal de comercios y la baja iluminación en ciertas zonas, especialmente la Av. Caracas entre las calles 13 y 24, y 57 y 63.

Luego advierte que, en los corredores intervenidos, el cierre de estaciones y la reducción de carriles han generado ajustes en los tiempos de desplazamiento de los usuarios.

Del mismo modo, la cartera pide a la empresa explorar mecanismos de acompañamiento y mitigación a algunos comerciantes y residentes que han manifestado afectaciones derivadas de las obras en corredores como la Av. Caracas (entre calles 9 y 13) y la Av. 1ª de Mayo (entre Av. 68 y Av. Boyacá).

También menciona otros aspectos, como la integración paisajística, la cercanía a edificaciones existentes y la necesidad de aprovechar de forma eficiente las oportunidades urbanas que puede generar el viaducto.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, presentó avances del proyecto férreo que busca conectar a Jamundí con Cali, y posteriormente a Yumbo, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y Palmira.

De acuerdo con el mandatario, la iniciativa progresa de manera positiva y se espera que en septiembre inicie la licitación de la primera fase, que irá desde Cali hasta Jamundí.

“El proyecto tiene una extensión total de más de 70 kilómetros. La primera fase, que es la conexión Cali-Jamundí, ya está lista y se encuentra en tercera fase de estudios. Contamos con los recursos necesarios, tanto por parte de la Alcaldía de Cali como de la Gobernación del Valle. Ahora estamos a la espera del aval técnico del Ministerio de Transporte, que debería salir pronto, y luego del aval fiscal”, explicó Eder en la Convención Bancaria 2025 en lugar de Asobancaria 2025.

Una vez obtenidos ambos avales, la administración espera abrir el proceso licitatorio en septiembre. Según el cronograma, la construcción del primer tramo tomaría alrededor de seis años.

Este primer segmento del sistema férreo generaría entre 5.000 y 10.000 empleos, y tendrá un impacto directo en la reactivación económica del sur del Valle del Cauca, gracias a la alta demanda de materiales como cemento, hierro y tecnologías especializadas.

“Es una obra clave no solo por su aporte a la sostenibilidad, sino porque fortalecerá la integración entre Jamundí y Cali. Y si hay más unión entre ambas ciudades, habrá más desarrollo para Jamundí y más seguridad para sus habitantes”, afirmó el alcalde.

A las 8:08 am del domingo 8 de junio de 2025, se registró un fuerte sismo en el país. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, SGN, alcanzó una magnitud de 6,5 en la escala Richter.

Reportado como uno de los más fuertes, causó pánico en diversas regiones del país, además de ocasionar destrozos significativos en inmediaciones de su epicentro.

Este sismo fue el primero de una serie de 138 réplicas que hicieron del 8 de junio un domingo “movido” en el país. Por fortuna, no hubo víctimas humanas, pero sí afectaciones importantes en Paratebueno, Fómeque, Sibaté, Tocaima, Fusagasugá, Medina, Ubaque y Quetame. Vías comprometidas y construcciones agrietadas se cuentan dentro de los daños ocasionados.

Hoy, 24 horas después, Paratebueno se encuentra con problemas en el suministro de agua y de luz y, de acuerdo con datos oficiales, con más de 300 viviendas afectadas.

Este saldo pone sobre la mesa la necesidad de contar con edificaciones sólidas, construidas con todas las de la ley. Es decir, siguiendo de manera rigurosa  las indicaciones que contempla el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, más conocido como la norma NSR-10.

Pues bien, promulgada por el decreto 926 del 19 de marzo de 2010, esta norma establece claramente todos los requisitos que se deben contemplar en el diseño, el uso y tipo de materiales, los protocolos de inspección y el mantenimiento al que deben someterse las edificaciones para garantizar su resistencia ante cualquier sismo.

Cabe anotar que Colombia forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, un área conformada por varios países (Japón, Estados Unidos, Chile y Turquía, entre ellos) propensa a la actividad sísmica que ocasiona el contacto entre las placas tectónicas.

Estas placas, estructuras de la litosfera (la capa superficial y sólida de la Tierra), tienen una estrecha relación con la formación de las montañas y los volcanes que, como sabemos, abundan en la geografía colombiana.

Dada esta condición, la construcción sismo resistente es de carácter obligatorio en nuestro país, como lo consagrada la citada norma NSR-10.

De hecho, su propósito es el de garantizar la seguridad de las edificaciones frente a los sismos. De esta forma, se evitan o previenen los daños estructurales y, desde luego, las afectaciones que un evento sísmico pueda tener en las personas.

En tal sentido, cuenta con 11 títulos que abordan aspectos esenciales:

1. Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente
2. Análisis sísmico
3. Concreto estructural
4. Aceleración sísmica
5. Viviendas de uno y dos pisos de mampostería confinada y bahareque
6. Construcciones metálicas
7. Diseño sismo resistente de estructuras de madera
8. Edificios especiales
9. Estructuras de acero
10. Edificaciones con sistemas no convencionales
11. Requisitos complementarios.

Vale la pena mencionar que la norma NSR-10 aplica a todo tipo de construcciones: residenciales, comerciales, industriales, educativas, etc.

Adicionalmente, el cumplimiento de sus disposiciones es requisito para obtener la licencia de construcción. Esto significa, entonces, que las curadurías urbanas son las entidades encargadas de velar por el cumplimiento de la misma.

Sin embargo, ha tenido actualizaciones desde su promulgación en el año 2010 a fin de hacerla más adecuada para los nuevos tiempos y, desde luego, para estar acorde con los nuevos sistemas constructivos.

La más reciente es la del 25 de agosto de 2023, publicada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En efecto, el Decreto 1401 de 2023 modificó parcialmente a la norma NSR-10 y permite el uso de la nueva norma Norma AIS 410-23 “Evaluación y reducción de la vulnerabilidad sísmica en viviendas de mampostería”.

Esta novedad fue elaborada por el Comité AIS 400 (Vulnerabilidad sísmica y evaluación de daño) de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS, que se convierte en una norma nacional para reducir la vulnerabilidad estructural de las viviendas de origen informal.

Resulta, además, muy oportuna en la coyuntura actual. Recordemos que el 30 de mayo de 2025, el Gobierno Nacional publicó el Decreto 585 que oficializa el programa de vivienda por autogestión. Con esta disposición, los hogares de bajos ingresos y sin acceso al crédito financiero podrán construir sus viviendas con apoyo económico estatal.

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expresa su más enérgico rechazo y profunda consternación por el atentado del que fue víctima el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

 Desde nuestro gremio condenamos con absoluta firmeza este acto atroz, que atenta no solo contra la vida de un líder democrático, sino también contra los principios fundamentales de la institucionalidad y el respeto por la diferencia. 
Colombia no puede seguir normalizando el miedo ni la persecución política. Exigimos garantías reales para el ejercicio de la participación democrática. Al señor Presidente de la República le pedimos que actúe con responsabilidad, celeridad y carácter. Proteger la vida de quienes ejercen liderazgo político no es una opción: es un deber ineludible del Estado. 
Desde Camacol, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la libertad y la democracia. Hoy más que nunca, el país necesita unión, sensatez y valentía para rechazar el odio y construir desde el respeto.