Día: 27 de mayo de 2025

En los últimos 25 años, las concesiones portuarias en Matarani, Callao (terminales Norte y Sur), Paracas, Paita y Salaverry han promovido inversiones que superan los 3,500 millones de dólares, según datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Estas inversiones han sido fundamentales para fortalecer la competitividad del sistema portuario peruano, modernizando la infraestructura y mejorando el flujo de carga en los principales puertos del país.

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la CCL detalló que el monto total invertido asciende a 3,571 millones de dólares, una cifra que refleja el dinamismo del sector y su impacto positivo en el comercio exterior. Gracias a este impulso, los puertos del litoral peruano han ganado atractivo a nivel regional, consolidándose como puntos estratégicos en la cadena logística del Pacífico Sur.

Sin embargo, el presidente de la CCL, Roberto De La Tore, advirtió que este avance podría verse amenazado por el proyecto de ley 9778, próximo a ser debatido en el Congreso. Esta iniciativa propone modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional para limitar la gestión privada en terminales portuarios estatales, prohibiendo que sean administrados totalmente por empresas privadas. De La Tore alertó que esta medida podría frenar nuevas inversiones y comprometer el desarrollo portuario alcanzado.

Con el objetivo de abordar este y otros desafíos, la CCL organizará el Foro Internacional de Puertos este miércoles 28 de mayo, bajo el título “Impacto de la conectividad para el desarrollo portuario del Perú”. El evento reunirá a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre el futuro del sistema portuario, su sostenibilidad y los retos logísticos más urgentes.

Entre los ponentes confirmados se encuentran Fernando Fauche, director comercial de APM Terminals Callao; Miguel Garín Alemany, director de Desarrollo Internacional de la Fundación Valenciaport (España); César Rojas Álvaro, gerente general del Puerto General San Martín en Paracas; Raquel Meza Labarra, presidenta de la Fundación Mascarona; Eduardo Villena, jefe Legal y de Sostenibilidad de DP World Callao; y Eduardo Cerdeira, gerente general de Terminales Portuarios Euroandinos. Sus intervenciones ofrecerán una mirada integral al desarrollo portuario como motor del progreso económico.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial, decidió aumentar el monto que el Estado peruano deberá pagar a la empresa española Enagás por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Según el nuevo fallo publicado esta semana, la compensación asciende ahora a aproximadamente US$302 millones, luego de que el tribunal acogiera parcialmente una solicitud de rectificación presentada por la compañía.

Este nuevo pronunciamiento complementa el laudo arbitral emitido en diciembre de 2023, cuando ya se había establecido una indemnización de US$194 millones a favor de Enagás, tras determinar que la terminación unilateral del contrato por parte del Estado peruano en 2017 generó perjuicios significativos a la empresa. Además, se reconoció el derecho de Enagás a repatriar dividendos retenidos. A raíz de ese fallo inicial, la empresa solicitó revisar errores en el cálculo de daños. Uno de los reclamos, por US$94 millones, fue parcialmente aceptado y resultó en un incremento adicional de US$104 millones entre capital e intereses.

Enagás comunicó la decisión del Ciadi a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, precisando que el impacto contable de esta resolución se reflejará en sus estados financieros del primer semestre de 2025. La controversia tiene su origen en la cancelación del contrato del GSP, un proyecto valorizado en US$7,000 millones que era desarrollado por un consorcio liderado por Odebrecht (50%), con participación de Graña y Montero y Enagás (25% cada una). La rescisión fue impulsada por el escándalo de corrupción vinculado a Odebrecht, aunque los otros socios no estaban implicados directamente en los hechos.

A pesar de los laudos favorables, Enagás ha reiterado su voluntad de llegar a una solución consensuada con el Estado peruano. “La compañía mantiene su disposición para alcanzar en cualquier momento un acuerdo amistoso que facilite la ejecución del fallo en términos convenientes para ambas partes”, señaló la empresa. También informó que mantiene depósitos por aproximadamente US$65 millones en entidades financieras peruanas, correspondientes a una carta fianza entregada durante la ejecución del contrato.

Este caso no es aislado. En los últimos años, Perú ha enfrentado múltiples arbitrajes internacionales presentados por empresas extranjeras en sectores clave como infraestructura, transporte y energía. Entre los más recientes destaca el de Kuntur Wasi, que obtuvo un fallo favorable por US$91.2 millones tras la cancelación del contrato del aeropuerto de Chinchero. También figura el caso de Metro de Lima Línea 2, en el que el Ciadi halló responsabilidad parcial del Estado, y otro iniciado por Brookfield Corporation, cuyo fallo favorable sigue siendo confidencial.

Perú es uno de los países más activos en la región en cuanto a tratados bilaterales de inversión y mecanismos de arbitraje internacional, lo que ha implicado beneficios en la atracción de capital, pero también una creciente exposición a demandas. Aunque algunas resoluciones han sido positivas para el país —como el caso Kaloti Metals, en el que se desestimaron todos los reclamos—, otros fallos como el de Enagás representan impactos fiscales y reputacionales importantes. Hasta el momento, el Gobierno peruano no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta última decisión del Ciadi.

Como parte de su Plan de Inversiones en Transmisión 2021–2025, la empresa Adinelsa inauguró la nueva bahía de transformación en la Subestación Eléctrica de Transmisión (SET) Andahuasi, en el distrito de Sayán, provincia de Huaura.

Destacó que la obra representa un hito clave en la gestión institucional, y reafirma el compromiso de llevar energía segura y confiable a las zonas rurales más vulnerables del país.

“No solo es una obra de gran envergadura, sino además símbolo de nuestro compromiso con el país profundo. Es un paso firme hacia la inclusión energética y el cierre de brechas históricas en zonas rurales que por décadas no tuvieron acceso a un servicio eléctrico de calidad”, afirmó el gerente general de Adinelsa, Wilber Suárez Vargas.

Esta intervención permitirá beneficiar a más de 230,000 personas, aumentando la confiabilidad del servicio eléctrico, ampliando la cobertura en zonas rurales y brindando soporte energético a las actividades productivas, comerciales y sociales de las comunidades aledañas.

Esta intervención beneficiará a más de 230,000 personas, aumentando la confiabilidad del servicio eléctrico, ampliando la cobertura en zonas rurales y brindando soporte energético a las actividades productivas, comerciales y sociales de las comunidades aledañas.

Datos

El director ejecutivo de Fonafe, Roberto Yafac, dijo que siguen apostando por el desarrollo sostenible y por empresas públicas como Adinelsa.

“Con profesionalismo y enfoque social están transformando la vida de miles de peruanos. Esta obra es un ejemplo de ello”, dijo.

Summa Gold Corporation dio un paso firme en la lucha contra la minería ilegal al adquirir el Bosque Polo, un predio de 65 hectáreas en Huamachuco (La Libertad) que había sido invadido por cerca de 5,000 mineros ilegales. Esta medida forma parte de una estrategia coordinada con autoridades locales, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Gobierno Regional de La Libertad y el Ejecutivo para recuperar zonas críticas afectadas por actividades extractivas informales.

El terreno presentaba una ocupación sistemática mediante socavones sin supervisión técnica ni ambiental, lo que generaba serios riesgos para funcionarios públicos, agentes policiales y personal del Ministerio Público, quienes enfrentaban amenazas y agresiones en cada intervención. También se documentaron ataques armados contra el personal de seguridad de Summa Gold, lo que reflejaba la gravedad del problema.

La compra del predio ha permitido a la empresa instalar puestos de vigilancia permanente, con el objetivo de impedir el ingreso ilegal y comenzar el cierre de más de 60 socavones clandestinos. Esta intervención busca restaurar el control territorial, interrumpir el transporte de mineral extraído ilícitamente y prevenir nuevos focos de inseguridad en la zona.

“Durante meses reforzamos la seguridad en los alrededores, pero la situación en el bosque Polo era crítica. La minería ilegal generaba un entorno hostil que comprometía nuestras operaciones. La familia propietaria había perdido todo control del terreno, y por eso iniciamos las gestiones para adquirirlo”, explicó Jaime Polar Paredes, gerente general de Summa Gold.

Un actor clave en este proceso fue la ronda campesina de Coigobamba, que no tiene vínculos con la minería ilegal. Gracias a su colaboración se identificaron los puntos donde operaban los socavones clandestinos. “Logramos establecer una línea de base y diseñar una estrategia centrada en el diálogo. La familia Polo entendió que la situación ya no era sostenible. Esta acción conjunta entre autoridades, comunidades y empresa privada busca devolver la seguridad y promover una minería formal y responsable”, finalizó Polar.

La minera canadiense Carlton Precious Inc. anunció un aumento en su objetivo de recaudación mediante una colocación privada sin intermediarios, elevando el monto máximo a US$ 1,5 millones debido a la alta demanda por parte de los inversionistas. Con estos fondos, la compañía financiará exploraciones mineras tanto en Perú como en Australia, con el objetivo de avanzar en sus proyectos clave en ambos países.

Principalmente, Carlton destinará el capital neto recaudado para iniciar un programa de perforación en su Proyecto Esquilache, ubicado en la región de Puno, Perú, además de continuar con actividades exploratorias en su Proyecto de Oro Matthina, en Australia. También se emplearán recursos para cubrir necesidades generales de capital de trabajo de la empresa. El enfoque en Perú está orientado a la búsqueda de metales preciosos y básicos, como plata, oro, plomo y zinc.

El Proyecto Esquilache abarca unas 1,600 hectáreas e incluye la histórica mina subterránea de plata Esquilache y el prospecto Virgen de Chapi. En marzo de 2025, Carlton reportó resultados prometedores tras un programa de muestreo superficial en las zonas de Mamacocha y Creston, donde se recolectaron muestras con altos contenidos de oro (13,45 g/t), plata (1,018 g/t) y manganeso (10,87%), lo que evidencia un importante potencial mineralógico en la zona.

La mina Esquilache tiene una historia de producción significativa, operando entre 1950 y 1962 y extrayendo cerca de un millón de toneladas de mineral con leyes promedio de 116,57 g/t de plata, 3,2% de plomo, 4,8% de zinc y 0,3% de cobre. Actualmente, Carlton avanza en la obtención de permisos para iniciar la perforación en Mamacocha desde 20 plataformas, buscando confirmar y extender la continuidad de las vetas mineralizadas de plata y oro identificadas.

La colocación privada consiste en la venta directa de valores a un grupo selecto de inversores, sin intermediarios financieros. Carlton ofrecerá hasta 16,66 millones de unidades a US$ 0,09 cada una, donde cada unidad incluye una acción ordinaria y media garantía de compra (warrant) que permite adquirir acciones adicionales a US$ 0,12 durante 24 meses. La operación está sujeta a aprobaciones regulatorias y los valores emitidos tendrán un periodo de restricción mínima de cuatro meses para su venta.

Tras recibir críticas de especialistas y congresistas, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que modificará el reglamento de la ley que establece la rectoría y amplía el plazo de formalización para la pequeña minería y minería artesanal. El ministro Jorge Montero adelantó que se están evaluando tres cambios importantes en el Decreto Supremo vigente.

El primero de estos cambios consiste en la derogatoria del artículo 10, que permitía al Minem firmar convenios con gobiernos regionales para legalizar actividades mineras de pequeña escala. En segundo lugar, se aclarará que la transferencia de titularidad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por sucesión solo será válida hasta la culminación del registro, prevista para junio de este año, con una posible prórroga de seis meses, dejando claro que no tendrá carácter hereditario ni perpetuo.

Finalmente, se promoverá la creación de un grupo de trabajo multisectorial que involucre al Ministerio del Interior, SUNAT y SUCAMEC para facilitar la coordinación en la aplicación del sistema interoperable de la minería artesanal y pequeña minería, fortaleciendo así la supervisión y formalización del sector.

Montero reafirmó que estas modificaciones se resolverán la próxima semana y destacó que el Reinfo y sus normas relacionadas serán eliminados cuando concluya el proceso integral de formalización minera, el cual aún está pendiente por falta de consenso en la Ley MAPE. A pesar de estas aclaraciones, el ministro enfrenta una interpelación parlamentaria por supuestas irregularidades en la publicación del reglamento, y la congresista Ruth Luque ha presentado una denuncia constitucional contra él y la presidenta Dina Boluarte.

Por su parte, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, confirmó que el Reinfo desaparecerá en 2026, una vez que termine el plazo ampliado para su uso. Hasta el 23 de mayo, se han inscrito 82,166 operadores, de los cuales solo 20,684 están vigentes. El registro tiene un plazo final hasta el 30 de junio, con una prórroga única hasta el 31 de diciembre de 2025, y quien no se inscriba en ese tiempo perderá todo derecho.

Para mantener su inscripción activa, los mineros con registros suspendidos deben cumplir con requisitos como la presentación de declaraciones semestrales, contar con el Instrumento de Gestión Ambiental de Formalización Minera (IGAFOM), un RUC válido, y autorización para el uso de explosivos. Además, el Gobierno está revisando y depurando los registros para asegurar la correspondencia entre las actividades declaradas y las ubicaciones reales.

Ante los conflictos por el acaparamiento de concesiones mineras, el Minem propuso que el Ejecutivo actúe como garante en las negociaciones entre titulares de concesiones y mineros artesanales o pequeños mineros inscritos en el Reinfo. Jorge Montero enfatizó que el diálogo es clave para evitar la ilegalidad y avanzar hacia una solución que respete los derechos legales de los concesionarios y favorezca la formalización y convivencia pacífica en el sector.

La compañía canadiense Element 29 Resources espera que su proyecto polimetálico Elida, ubicado en Áncash, se convierta en uno de clase mundial. Así lo indicó Manuel Montoya, director técnico de la empresa durante su participación en proEXPLO 2025.

El proyecto Elida es un sistema pórfido de Cu-Mo-Ag del Eoceno, ubicado en el Grupo Casma y el Batolito Costero, en el centro del Perú, entre Lima y Áncash, a 80 kilómetros de la línea de costa.

Depósito de clase mundial
Montoya aseveró que la estimación de recursos minerales inferidos en un área geológica denominada Objetivo 1 (dentro del depósito) ha identificado un sistema mineralizado de cobre, molibdeno y plata, ubicado dentro de un clúster de pórfidos que puede expandirse lateralmente y en una profundidad superior a los 1,000 metros.

Agregó que la mejor mineralización en ese objetivo se encuentra en zonas de skarn de granate-piroxeno, hornfels de calcosilicato y hornfels biotíticos foliados.

Montoya destacó que existe potencial que convertiría el sistema de pórfido Elida en un yacimiento de “clase mundial” con recursos potenciales superiores a 1,000 millones de toneladas».

«Tenemos más volumen de mineral que no ha sido considerado en el pit del 2022 (…) tenemos taladros al sur que indican mineralización evidente que quiere decir que esa área está abierta y en la parte superior izquierda también está abierta y en profundidad (…) hay una consistencia de que el potencial de exploración está abierto en profundidad y lateralmente”, indicó en el evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Durante su ponencia Montoya detalló que, de acuerdo con la estimación inicial de recursos minerales inferidos del 2022, el proyecto Elida tiene 321,7 millones de toneladas con una ley de 0,32% de cobre, 0,03% de molibdeno y 2,61 g/t de plata, con una ley de corte de 0,2% de cobre.

El vocero de Element 29 informó que la empresa completó tres campañas de perforación que sumaron 8,000 metros explorados. Aseveró que el programa de perforación del 2024 arrojó resultados alentadores: ELID033: 1040 m a 0,39% Cu, 0,036% Mo, 2,96 g/t Ag (0,54% CuEq3), ELID035: 922 m a 0,33% Cu, 0,045% Mo, 2,76 g/t Ag (0,54% CuEq3).

Añadió que los planes a corto plazo incluyen un estudio magnetotelúrico (MT) a escala de distrito y perforación para la definición de recursos en el Objetivo 1, así como la evaluación de los objetivos de exploración periféricos.

“Estamos corriendo un MT regional para definir los objetivos profundos, pero la idea final es medir los targets periferales para incrementar el potencial del clúster de pórfidos”, culminó.

A pesar del clima de inseguridad generado por recientes atentados contra sus operaciones, Compañía Minera Poderosa incrementó sus inversiones durante el primer trimestre de 2025. La empresa, una de las mayores productoras de oro en el país, destinó más de US$ 46 millones a exploración, desarrollo minero, infraestructura y adquisición de equipos en sus unidades de producción Marañón y Santa María, ubicadas en Pataz, La Libertad.

Entre enero y marzo, la compañía destinó US$ 38.8 millones a exploración y desarrollo, un aumento del 30% respecto al mismo periodo de 2024. A ello se sumaron US$ 4.7 millones en infraestructura y US$ 2.6 millones en maquinaria. Estos mayores desembolsos coincidieron con un incremento de actividades de perforación diamantina en ambas unidades, lo que permitió elevar en 10.74% sus recursos minerales, aunque se registró una leve reducción en la ley de mineral a 13.55 gramos por tonelada.

El mayor ritmo de inversión también se reflejó en sus resultados financieros. Minera Poderosa reportó ingresos por ventas de oro por US$ 195.5 millones en el primer trimestre, lo que representó un crecimiento del 35% en comparación interanual. Este aumento se atribuye principalmente al alza del precio del oro, ya que las onzas vendidas disminuyeron ligeramente a 68,103, frente a las 69,582 del año anterior.

A pesar de esa ligera baja en volumen, la empresa alcanzó una utilidad neta de US$ 38.3 millones, notablemente superior a los US$ 21.8 millones registrados en el mismo periodo de 2024. Este desempeño se explica por el incremento en el precio promedio por onza vendida. Además, la compañía cerró el trimestre con un financiamiento total de US$ 30.3 millones con entidades bancarias, incluyendo un pagaré de corto plazo con Scotiabank por US$ 18 millones y un préstamo a mediano plazo con BBVA por US$ 12 millones.

En cuanto a su operación, Minera Poderosa reportó un aumento de 1.77% en toneladas tratadas durante el primer trimestre de 2025. Sin embargo, su producción total de oro en onzas cayó en 4.32% debido a una menor ley del mineral. Pese a estos desafíos, la empresa continúa apostando por el fortalecimiento de sus operaciones en el país.