El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial, decidió aumentar el monto que el Estado peruano deberá pagar a la empresa española Enagás por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Según el nuevo fallo publicado esta semana, la compensación asciende ahora a aproximadamente US$302 millones, luego de que el tribunal acogiera parcialmente una solicitud de rectificación presentada por la compañía.
Este nuevo pronunciamiento complementa el laudo arbitral emitido en diciembre de 2023, cuando ya se había establecido una indemnización de US$194 millones a favor de Enagás, tras determinar que la terminación unilateral del contrato por parte del Estado peruano en 2017 generó perjuicios significativos a la empresa. Además, se reconoció el derecho de Enagás a repatriar dividendos retenidos. A raíz de ese fallo inicial, la empresa solicitó revisar errores en el cálculo de daños. Uno de los reclamos, por US$94 millones, fue parcialmente aceptado y resultó en un incremento adicional de US$104 millones entre capital e intereses.
Enagás comunicó la decisión del Ciadi a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, precisando que el impacto contable de esta resolución se reflejará en sus estados financieros del primer semestre de 2025. La controversia tiene su origen en la cancelación del contrato del GSP, un proyecto valorizado en US$7,000 millones que era desarrollado por un consorcio liderado por Odebrecht (50%), con participación de Graña y Montero y Enagás (25% cada una). La rescisión fue impulsada por el escándalo de corrupción vinculado a Odebrecht, aunque los otros socios no estaban implicados directamente en los hechos.
A pesar de los laudos favorables, Enagás ha reiterado su voluntad de llegar a una solución consensuada con el Estado peruano. “La compañía mantiene su disposición para alcanzar en cualquier momento un acuerdo amistoso que facilite la ejecución del fallo en términos convenientes para ambas partes”, señaló la empresa. También informó que mantiene depósitos por aproximadamente US$65 millones en entidades financieras peruanas, correspondientes a una carta fianza entregada durante la ejecución del contrato.
Este caso no es aislado. En los últimos años, Perú ha enfrentado múltiples arbitrajes internacionales presentados por empresas extranjeras en sectores clave como infraestructura, transporte y energía. Entre los más recientes destaca el de Kuntur Wasi, que obtuvo un fallo favorable por US$91.2 millones tras la cancelación del contrato del aeropuerto de Chinchero. También figura el caso de Metro de Lima Línea 2, en el que el Ciadi halló responsabilidad parcial del Estado, y otro iniciado por Brookfield Corporation, cuyo fallo favorable sigue siendo confidencial.
Perú es uno de los países más activos en la región en cuanto a tratados bilaterales de inversión y mecanismos de arbitraje internacional, lo que ha implicado beneficios en la atracción de capital, pero también una creciente exposición a demandas. Aunque algunas resoluciones han sido positivas para el país —como el caso Kaloti Metals, en el que se desestimaron todos los reclamos—, otros fallos como el de Enagás representan impactos fiscales y reputacionales importantes. Hasta el momento, el Gobierno peruano no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta última decisión del Ciadi.
