Día: 21 de febrero de 2025

Los mineros informales de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) están diseñando una jugada estratégica para formalizar sus actividades. Su plan consta de dos rutas: una, impulsando que el Banco de la Nación compre su oro impuro; y la otra, buscando que la entidad estatal les abra cuentas bancarias para gestionar sus millonarias transacciones, que ascienden a US$ 6 mil millones anuales.

Estas iniciativas fueron presentadas el pasado sábado a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, como parte de su propuesta para la nueva Ley MAPE. El objetivo es no solo regularizar las operaciones, sino también ganar legitimidad dentro del sistema financiero, blanqueando el oro a través de las transacciones bancarias y buscando la formalización de un negocio históricamente opaco.

En caso de que la venta directa al Banco de la Nación no sea posible, el plan B ofrece una alternativa más amplia. Con este plan, los mineros esperan que las transacciones sean canalizadas por medio del sistema bancario, lo que permitiría la inclusión de su metal dorado en el circuito legal, despojándose de su origen informal. A través de este mecanismo, buscan mejorar su imagen ante la ley.

Las propuestas están tomando forma en el Congreso, donde tres legisladores clave han presentado proyectos de ley que abren el camino hacia la primera alternativa, que consiste en que el Banco de la Nación compre directamente el oro de los mineros informales. Los proyectos están a cargo de Eduardo Salhuana, presidente del Congreso por Alianza Para el Progreso (APP), Jorge Montoya, vocero de Honor y Democracia, y Jorge Flores Ancachi de Podemos. Los tres buscan impulsar esta iniciativa para abrir las puertas al millonario negocio minero informal.

Por su parte, la segunda propuesta, que consiste en que el Banco de la Nación abra cuentas bancarias para que los mineros informales gestionen sus operaciones, aún no cuenta con proyectos legislativos específicos. Sin embargo, según Magno Ismael Palomino, secretario general de Confemin, ya están trabajando en obtener el apoyo necesario para su implementación. Recientemente, se reunieron con asesores del congresista Segundo Quiroz del Bloque Magisterial, aliado de Confemin.

Los mineros informales argumentan que los bancos privados los discriminan al no aceptar realizar transacciones, lo que según ellos va en contra de la economía social de mercado. En su propuesta, piden que el Banco de la Nación brinde los servicios bancarios necesarios para la comercialización y procesamiento de minerales, garantizando la trazabilidad de las operaciones.

En este sentido, la iniciativa se propone incluir un capítulo en la nueva ley denominado “Bancarización de las operaciones de comercialización de minerales”. Según el documento, el Banco de la Nación debería abrir cuentas para los pequeños productores mineros, lo que fortalecería la trazabilidad y permitiría la formalización de sus actividades.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, se reunió con Wan Guangfeng, CEO de CNPC PERÚ, con quien dialogó sobre el potencial en hidrocarburos del Perú y las posibilidades de inversión en proyectos de exploración y explotación en la Amazonía, contribuyendo a la reactivación económica del país.

El titular del MINEM, resaltó la importancia de contar con nuevas reservas que contribuyan al crecimiento del sector hidrocarburos, atrayendo el interés de inversionistas con reconocido prestigio y experiencia que ayuden a poner en valor los recursos que ofrece el país.

«Tenemos una buena relación con las comunidades, y para ellos es importante la reactivación de los lotes petroleros, que permitan generar mayor crecimiento económico para sus localidades», agregó el ministro.

Montero Cornejo mencionó estar trabajando junto a la viceministra de Hidrocarburos del MINEM, Iris Cárdenas, en la reactivación de la actividad petrolera en la zona de Loreto, lo cual generaría a su vez, una mayor producción de crudo, la cual permitiría dar operatividad al Oleoducto Nor Peruano y a la nueva Refinería de Talara.

En otro momento, anunció que visitará las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza y Tigre, donde se iniciará la remediación de las zonas impactadas por actividades de hidrocarburos del pasado.

«Por primera vez, el Estado va a invertir una suma muy importante para la remediación de sitios impactados, atendiendo la demanda de las comunidades… Llegaremos con importantes anuncios para las comunidades”, añadió, destacando la articulación alcanzada con apus y representantes de las localidades amazónicas.

A su turno, el directivo de CNPC manifestó su interés de continuar apostando por el Perú, considerando al subsector Hidrocarburos como rentable y atractivo para la inversión y resaltando las acciones y el impulso del MINEM para viabilizar más proyectos.

Cabe señalar que el MINEM tiene, como visión del sector al 2040, contar con un sistema energético que satisfaga la demanda nacional de energía de manera confiable, continua y eficiente, que promueva el desarrollo sostenible y se basa en la planificación y en la investigación e innovación tecnológica.

La minera australiana Solis Minerals Limited ha anunciado la identificación de nuevos objetivos de pórfido de cobre-oro e IOCG (óxidos de hierro, cobre y oro) en su proyecto Chocolate, ubicado en Moquegua, Perú. La compañía ha destacado el potencial de la zona y ha delineado sus próximos pasos para continuar con las actividades de perforación en la región, que anteriormente fue conocida como Guaneros.

Mike Parker, director ejecutivo de Solis Minerals, indicó que, mientras los equipos de exploración continúan trabajando en el extenso terreno del proyecto Chocolate, han encontrado más evidencia de mineralización expuesta en superficie. Los datos geofísicos obtenidos sugieren la existencia de grandes sistemas minerales en la zona. «Las leyes de cobre y oro en superficie, incluida la muestra IOCG 17397 con 4,92% de cobre y 2,47 g/t de oro, destacan el significativo potencial de exploración», señaló Parker.

Aunque el proyecto se encuentra en una fase temprana, la posición estratégica de Chocolate entre las áreas de Ilo Este y Chancho Al Palo, que forman parte de la misma tendencia geológica, ha incrementado la perspectiva positiva de la región. Solis Minerals anticipa que la zona tiene un gran potencial de descubrimiento y continuará con una exploración sistemática para identificar más objetivos de perforación.

La compañía está construyendo una sólida cartera de proyectos de cobre, con enfoque en sus propiedades en Ilo Este, Ilo Norte y otras zonas en la franja costera del Perú. Actualmente, Solis posee 81 concesiones de exploración, que abarcan 69,200 hectáreas, de las cuales 46 concesiones están otorgadas y 35 solicitudes están en proceso.

El proyecto Chocolate comprende siete concesiones de exploración que totalizan 6,100 hectáreas, con seis concesiones otorgadas de 5,700 hectáreas y una en solicitud de 400 hectáreas. Estas se encuentran en el cinturón costero sur de Perú, una región con alto potencial mineral, entre los objetivos de perforación de Ilo Este y Chancho Al Palo. En mayo de 2024, el área fue delimitada, y los equipos de Solis comenzaron rápidamente con el mapeo de reconocimiento y estudios geoquímicos.

En agosto de 2024, la empresa realizó una prospección geofísica con magnetómetros no tripulados, cuyas muestras fueron procesadas mediante técnicas avanzadas. Hasta el momento, se han tomado 151 muestras de roca, y los resultados de cuatro de ellas ya han sido publicados. Estas muestras fueron analizadas en los laboratorios de ALS Global en Lima.

El programa de exploración geoquímica ha cubierto aproximadamente 600 hectáreas, lo que representa el 10% del área total del proyecto Chocolate. Cabe destacar que alrededor del 75% de la zona, unas 4,500 hectáreas, no está cubierta por sedimentos recientes y es apta para futuros estudios geoquímicos, lo que podría ampliar significativamente el potencial de la exploración.

Hasta la fecha, Solis ha identificado cuatro zonas objetivo en el proyecto Chocolate: pórfido objetivo 1, IOCG objetivo 1, pórfido objetivo 2 y IOCG objetivo 2. La empresa sigue trabajando para expandir la cartera de perforación y maximizar las oportunidades en esta prometedora región minera.

El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, aseguró que ser el tercer productor mundial de cobre no significa que el país deje de ser un destino relevante para la inversión minera.

Desde el 2023 Perú descendió al tercer puesto en la producción global del metal rojo, al ser superado por la República Democrática del Congo, que se ubica detrás de Chile que sigue siendo el primero del ranking.

Sin embargo, señaló, en diálogo con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), que esta nueva posición implica que estamos dejando de aprovechar una oportunidad para acelerar el desarrollo de nuestro país y su consecuente impacto en la reducción de pobreza.

Según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) el Congo habría cerrado el 2024 con una producción de 3.3 millones de toneladas, mientras que Perú con 2.7 millones de toneladas, una diferencia de 500 mil toneladas.

El vicepresidente del IIMP añadió que en los últimos años el país ha trabajado en recobrar los niveles de producción minera antes de la pandemia e impulsar los nuevos proyectos como Mina Justa (2021) y Quellaveco (2023), así como ampliaciones en minas existentes como Toromocho.

“Pero ya no hubo nuevos proyectos en el 2024, mientras en la República Democrática del Congo sí ha habido nuevas minas y ampliaciones relevantes como fue el caso de la mina Kamoa-Kakula”, sostuvo Ortiz en entrevista con el IIMP.
Agregó que para este año se espera una producción de cobre ligeramente superior a la del 2024 basado en incrementos programados en algunas minas como Las Bambas, que planea iniciar producción desde un nuevo sector de su operación. La proyección del Ministerio de Energía y Minas busca superar los 2.8 millones de toneladas métricas finas de cobre.

“Un punto clave para retomar el crecimiento en producción de cobre es la optimización de los procesos de evaluación y autorización de permisos para ampliaciones y nuevos proyectos mineros”, dijo.

Destrabe de proyectos
Frente al desafío de destrabar la ejecución de proyectos mineros en el Perú, Ortiz resaltó como una amenaza la minería ilegal. Advirtió además que podría haber un impacto de cara al proceso electoral de 2026.

“La cercanía de las elecciones puede generar incertidumbre en inversionistas (principalmente los extranjeros). Asimismo, el avance de la minería ilegal que bloquea el acceso de nuevos mineros a la formalidad”, comentó.
Añadió que la ramificación de la minería ilegal incluso pretende modificar el marco regulatorio de las concesiones mineras que ha sido un pilar para el desarrollo de la industria minera peruana de las últimas décadas.

Y es que desde el Congreso de la República se busca modificar la Ley General de Minería y con ello cambios para las concesiones mineras con nuevos plazos y penalidades. La iniciativa legislativa busca recortar el plazo de vigencia de esas concesiones cuando estas no inicien sus inversiones en determinados plazos.

Asimismo, se propone aumentar las penalidades económicas por incumplimiento de la producción mínima anual efectiva a los 20 años desde su titulación (hoy es desde los 30 años).

La canadiense Pan American Silver Corp. proyecta una inversión total de entre US$ 360 millones y US$ 385 millones en 2025 para sus diversas operaciones mineras en Canadá, México, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. De este monto, se destinarán hasta US$ 103.5 millones a las minas de plata Huarón, ubicada en Pasco, y Shahuindo, en Cajamarca, ambas en Perú.

La inversión para la mina de plata Huarón se destinará principalmente a mantenimiento, con un rango de entre US$ 18 millones y US$ 19 millones. Este capital se usará para la renovación de equipos mineros, la exploración cercana y la construcción de una instalación de almacenamiento de relaves en una pila de filtros. Adicionalmente, se destinarán entre US$ 12 millones y US$ 13.5 millones a la planta de filtración de relaves y otros costos operativos relacionados.

Para la mina de oro Shahuindo, Pan American Silver proyecta un gasto de mantenimiento entre US$ 67 millones y US$ 71 millones. Este monto se invertirá principalmente en la preparación de vertederos de desechos, la expansión de la plataforma de lixiviación en pilas y la construcción de una planta de tratamiento de agua, en línea con el mantenimiento y crecimiento de la operación.

En cuanto a las proyecciones de producción para 2025, Pan American Silver espera que la mina Huarón produzca entre 3.7 millones y 3.9 millones de onzas de plata, lo que representaría un incremento respecto a las 3.52 millones de onzas extraídas en 2024. Este aumento se debe a un mayor rendimiento en la zona Horizonte, que aportará mejores leyes de plata.

Por otro lado, la producción de oro en la mina Shahuindo se estima en un rango de entre 125,000 y 135,000 onzas, lo que reflejaría una ligera disminución en comparación con las 135,100 onzas producidas en 2024. Esta caída se debe a la mezcla de minerales de menor calidad apilados, como parte de la actualización de las reservas minerales al 30 de junio del año anterior.

Con el objetivo de agilizar la respuesta ante desastres durante el periodo de lluvias de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha comenzado a ofrecer orientación técnica y asistencia a los gobiernos regionales y locales. Esta medida está dirigida a familiarizarlos con los mecanismos presupuestarios y de contrataciones, así como con las inversiones públicas disponibles para enfrentar las emergencias de manera eficaz.

El MEF explicó que con este apoyo, las autoridades regionales y locales podrán adoptar decisiones rápidas y adecuadas para la respuesta y rehabilitación en los distritos declarados en Estado de Emergencia. Uno de los recursos clave que se proporciona es el Programa Presupuestal 0068, el cual permite la ejecución de fondos del presupuesto institucional destinados a la compra de bienes de ayuda humanitaria, kits agropecuarios, hospitales de campaña, brigadas de respuesta, y el funcionamiento de centros de operaciones de emergencia.

En cuanto a los procesos de contratación pública, se ha señalado que los gobiernos pueden hacer uso del mecanismo de contratación directa, amparados en la causal de situación de emergencia. Esto facilitará la adquisición de bienes, servicios y obras necesarias como respuesta inmediata al desastre natural, conforme a la normativa vigente. Además, se detalló que a partir del 22 de abril de 2025, entrarán en vigor nuevas modalidades de contratación establecidas por la Ley N° 32069 y su Reglamento.

El MEF también destacó la posibilidad de realizar modificaciones presupuestarias para financiar diversas acciones en las zonas afectadas, como la movilización de brigadas, la reparación de vías de comunicación, y la limpieza de cauces y sistemas de drenaje. De forma excepcional, se podrá acceder a financiamiento adicional a través del Fondo para Intervenciones ante Desastres Naturales (Fondes), destinado a atender las necesidades en las áreas declaradas en Estado de Emergencia.

En cuanto a las inversiones de emergencia, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) está llevando a cabo capacitaciones específicas para las autoridades locales, con un enfoque en el registro y aprobación del Formato 7-E, que facilita la rehabilitación o reposición de servicios públicos afectados. Estas inversiones tienen como objetivo reducir la vulnerabilidad de los servicios y no están sujetas a los procedimientos tradicionales de programación y evaluación de proyectos.

Por último, el MEF recordó que, en el contexto del Estado de Emergencia, las entidades del Gobierno Nacional intervendrán con los recursos disponibles, en coordinación con el Indeci. Por lo tanto, es crucial que los gobiernos regionales y locales mantengan una estrecha comunicación con el Indeci y las demás instituciones del Gobierno Nacional para una atención complementaria y coordinada de las emergencias.

A pocas semanas del inicio del año escolar en las escuelas públicas, y con la preocupación por el estado de alrededor de 27,937 colegios en mal estado, surge la pregunta: ¿existen recursos suficientes para atender la infraestructura educativa del país? Según datos del portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) ha recibido este año un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 379’064,285 para proyectos de inversión. Sin embargo, a la fecha, solo se ha ejecutado el 4.8% de dicho monto.

El presupuesto asignado a Pronied este año es inferior al de 2024, que ascendió a S/ 437’325,016. A pesar de la diferencia, el programa tiene en su cartera diversos proyectos, algunos de los cuales requieren importantes desembolsos. El proyecto más destacado es el de “Mejoramiento de la prestación del servicio educativo en la I.E. Juan Espinosa Medrano, en Andahuaylas, Apurímac”, que necesitará más de S/ 50.7 millones para su ejecución.

Otros proyectos en marcha incluyen la rehabilitación y remodelación de la infraestructura educativa y el equipamiento de la institución educativa José Andrés Rázuri en Pacasmayo, La Libertad, con un presupuesto de S/ 29’398,468, así como el mejoramiento y equipamiento de la institución educativa N.° 86612 Señor de los Milagros en Mayorca, Áncash, con una inversión de más de S/ 23 millones.

La expresidenta de la Confiep y presidenta de CADE Ejecutivos 2025, María Isabel León, expresó su preocupación por la enorme brecha de infraestructura educativa en el país. En su opinión, es urgente realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación actual de las escuelas públicas y, en función de ello, priorizar las regiones que más necesitan apoyo en materia de infraestructura.

León también destacó la falta de planificación y eficiencia en la ejecución de los proyectos. Para abordar esta problemática, indicó que se requiere una decisión política firme y drástica, subrayando que, si se siguen tomando las mismas medidas, se obtendrán los mismos resultados negativos en cuanto a la calidad de la infraestructura educativa en el país.