Día: 13 de diciembre de 2024

La Contraloría General de la República alertó a Sedapal sobre los riesgos derivados del retraso en la elaboración del expediente técnico para la construcción de la Represa Jacaybamba, ubicada en Canta. Este retraso podría afectar a 2 millones 224,482 habitantes de distritos al norte de Lima Metropolitana y Callao, quienes dependen del proyecto para mejorar el abastecimiento de agua potable en la zona.

El proyecto fue declarado viable el 20 de mayo de 2022 con una inversión de S/287 millones 327,679, y tiene como objetivo garantizar un adecuado servicio de agua potable en el área de influencia de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Chillón, al norte de la capital. Sin embargo, la Contraloría señaló que, hasta el 30 de octubre de 2023, no se había iniciado la contratación para la elaboración del expediente técnico, lo que implica un incumplimiento en el cronograma previsto para la elaboración del estudio de preinversión.

Originalmente, el plazo para la elaboración y aprobación del expediente técnico estaba fijado para diciembre de 2023, con el inicio de la ejecución de la represa programado para julio de 2024. No obstante, Sedapal solo realizó la primera convocatoria para contratar la consultoría necesaria el 29 de diciembre de 2023, por un valor referencial de S/7 millones 82,460. Sin embargo, el proceso fue declarado desierto por la falta de ofertas calificadas.

Además, la segunda convocatoria aún no ha comenzado debido al riesgo de conflicto social en la comunidad de Cullhuay, en Huaros, Canta. A pesar de que Sedapal indicó que se están tomando medidas para abordar la situación, la Contraloría reveló que la entidad conocía del conflicto desde el 26 de abril de 2024 y no obtuvo resultados concretos hasta la emisión del informe de control, lo que refleja una falta de avances en la implementación del proyecto.

La Contraloría advirtió que si no se inicia la elaboración del expediente técnico antes del 23 de mayo de 2025, el proyecto podría perder su viabilidad, ya que se tendría que actualizar el estudio de preinversión. Por ello, recomendó a Sedapal tomar «acciones urgentes» para avanzar en la elaboración del expediente técnico y garantizar la ejecución de la represa, que beneficiará a más de 2 millones de ciudadanos.

El Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que comenzará a operar a finales de enero de 2025, no solo destaca como una obra de ingeniería avanzada que posiciona al Perú como un centro clave en el transporte aéreo, sino que también ha tenido un impacto positivo en el sector de la construcción. Durante su fase de edificación, el proyecto benefició a unos 5,000 trabajadores, lo que demuestra su relevancia en el desarrollo económico local.

Jorge Zárate Gabriela, secretario general del Sindicato Histórico de Trabajadores en Construcción Civil – Región Callao (SHTCCP), destacó que el trabajo conjunto entre los sindicatos y las empresas a cargo del proyecto ha sido fundamental. Aseguró que esta colaboración ha sido ejemplar en la lucha contra la delincuencia y las mafias que afectan la región.

Zárate subrayó que la alianza entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) ha sido clave para abordar la problemática de la delincuencia en la zona. Según el dirigente, esta colaboración ha sido eficaz en generar un ambiente seguro y productivo en el proyecto.

El dirigente también mencionó que la construcción del nuevo aeropuerto ha traído importantes beneficios, no solo a los trabajadores, sino también a la economía local, a través de inversiones y generación de empleo. “La obra ha beneficiado a un promedio de 5,000 trabajadores y ha contribuido a la remodelación de nuestro primer aeropuerto”, afirmó Zárate.

En cuanto a la corrupción, Zárate señaló que este flagelo ha afectado históricamente a la provincia del Callao y que el nuevo aeropuerto representa una oportunidad de establecer relaciones basadas en reglas claras y cero corrupción. Según él, este proyecto es un ejemplo de cómo se deben manejar grandes obras de infraestructura.

Finalmente, el sindicato reiteró su llamado a un mayor impulso en las inversiones para seguir mejorando la zona del Callao, destacando que estas inversiones no solo impulsan el desarrollo urbano, sino que también generan más empleo y oportunidades para la población.

El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, manifestó que a su juicio, con la implementación de la primera fase informativa de la Ventanilla Única Digital (VUD), se puede observar que hay una intención del Gobierno de acelerar los permisos para el desarrollo de proyectos mineros. Así lo indicó durante su intervención como panelista en el último Jueves Minero, organizado por el IIMP.

“Es claro que hay una hoja de ruta, que empezó hace dos años atrás, para integrar todas las entidades que opinan en un proceso de aprobación de un permiso. Como el ANA y Sucamec para el tema de los explosivos, y es importante que estén conectados porque claramente hay una pérdida de tiempo trasladar el expediente físico”, apuntó.

Sostuvo que los expedientes técnicos para estudios ambientales que envían las empresas a las entidades son alrededor de 10,000 a 15,000 páginas y no pocos folios como se cree. “La posibilidad de que en un mismo foro se puedan compartir las preguntas y no duplicarlas, y la respuesta que se dé, pueda atender a dos o tres entidades que están preocupadas de obtener la misma información”, expresó.

Bajo esa premisa, Ortiz manifestó que de esta manera, la compañía minera puede conocer el estado de avance en que se encuentra el expediente. Dijo que ahora el reto para el 2025, es que las entidades integrantes de la VUD implementen el mismo sistema tecnológico para que dinamizar los expedientes y así evitar futuros hackeos.

“Es importante que las empresas puedan conocer el estado de sus permisos y eso, a su vez, le da una visibilidad y transparencia a los procesos. Creo que es un paso importante y un desafío tecnológico que ya se ha desarrollado en otros países”, refirió.

Finalmente, el vicepresidente del IIMP consideró que es vital que las compañías tengan predictibilidad en sus inversiones, pues de esta manera conocerán si sus proyectos se llevarán a cabo en los plazos establecidos en la ley. Hoy la estabilidad jurídica es todavía un escollo para el sector minero y es un tema en el que debe trabajar el Ejecutivo para el próximo año.

Las inversiones mineras en Perú cayeron un 4.2% en octubre de 2024, sumando un total de US$413 millones, según el boletín minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem). A pesar de esta disminución, el acumulado de inversiones en lo que va del año alcanzó los US$3,756 millones, lo que representa un incremento de apenas un 1.9% en comparación con el mismo período de 2023.

En términos de empresas, el Minem informó que la Compañía Minera Antamina fue la que más recursos desembolsó hasta octubre, con una participación del 11.9% del total invertido. Este resultado se explicó principalmente por los desembolsos realizados en su unidad económica «Yanacocha 1» y en su planta de beneficio «Huincush».

Minera Las Bambas ocupó el segundo lugar, con una participación del 8.7% en el total de inversiones, debido a los mayores desembolsos en su proyecto «Chalcobamba» y en la planta de beneficio «Las Bambas». En tercer lugar se ubicó Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., con una participación de 7.8%, mientras que Anglo American Quellaveco alcanzó el cuarto puesto con un 7.6%.

En cuanto a las inversiones por regiones, el departamento de Moquegua se mantuvo como líder, captando el 14.6% del total invertido. Le siguieron Áncash con el 14.4% y Arequipa con el 11.3%, reflejando la concentración de las inversiones en áreas clave de producción minera en el país.

Además, los datos del Minem revelaron que la producción de cobre en Perú experimentó una caída del 0.7% entre enero y octubre de 2024. En cuanto a otros metales, la producción de zinc también disminuyó un 12.6%. Sin embargo, la producción de plata creció un 15.4%, la de molibdeno aumentó un 28.5% y la de estaño se incrementó un 33.3%, mostrando resultados positivos en algunos minerales clave.

Este panorama de inversiones y producción refleja una dinámica mixta en la industria minera peruana, con sectores que enfrentan retrocesos y otros que continúan mostrando signos de crecimiento.

Augusto Cauti, ex viceministro del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), afirmó que la minería informal en el Perú es una problemática compleja que no ha sido enfrentada de manera adecuada, lo que ha permitido su continuo avance.

“Lo que acrecienta el problema o lo hace más grande y más complejo son los precios del oro y que el producto final que se obtiene de esta actividad es un producto legal, como es el lingote, la barra de doré o el oro”, dijo en el programa Integrando Perú de RCR.

Cauti sostuvo que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), ha fracasado debido a su enfoque centrado en trámites administrativos. “No estamos enfocando el problema de una manera integral, ni estamos trabajando en políticas que sean más integrales de un desarrollo territorial y creo que seguimos empecinados en enfocar esto como un tema de un trámite administrativo minero”, advirtió.

En ese sentido, subrayó la importancia de replantear el uso de las concesiones mineras y regularizar a los mineros artesanales y pequeños mineros que trabajan en esas áreas.  “Hay que trabajar con el minero informal, pero también con los titulares y la titulación de las concesiones, ver qué estamos haciendo y qué se está haciendo en otros mercados en relación a las propiedades y los tiempos que demandan los títulos mineros”, precisó.

Asimismo, destacó la necesidad de utilizar tecnologías para monitorear las operaciones mineras, pero señaló que estas iniciativas requieren la participación de instituciones como el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), el Congreso y otras entidades además del MINEM.

“No se ha visto que efectivamente haya opciones de buscar soluciones, pero estas tienen que ser integrales, involucrar a diversas partes y ofrecer alternativas también laborales y financiamiento”, resaltó.

Cauti mencionó que, para la formalización, se deben dar incentivos y contar con información confiable sobre la cantidad y ubicación de los mineros informales. Agregó que, para combatir la minería ilegal, se deberá buscar la cooperación internacional.

“Podríamos utilizar la cooperación y también el uso de sus tecnologías, de las herramientas que puedan proveer y de financiamientos de oro limpio, oro verde, oro transparente y trazable. Más aun sabiendo que existen herramientas en esos países que en el Perú todavía no se tienen a disposición”, explicó.

 

RCR

En ceremonia realizada en la sede del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) fueron suscritos los primeros contratos de explotación individual para la actividad minera artesanal entre la operación minera Shahuindo, de propiedad de Pan American Silver Perú, y dos asociados de la Asociación de Mineros Artesanales San Blas de Algamarca (AMASBA).

Esto tras la firma de un Convenio Marco que establece un área de operaciones para la explotación de esta actividad, en cumplimiento del proceso de formalización minera integral establecido por la legislación nacional.

El viceministro de Minas, Henry Luna Córdova, destacó estos primeros contratos de explotación individual porque es una “oportunidad para demostrarle al país que la pequeña minería y minería artesanal y la gran minería pueden convivir en un mismo territorio. Estableciendo sinergias sobre la base del consenso”, precisó Luna.

Acotó que la formalización de la minería en pequeña escala, sin duda alguna, introduce y robustece las reglas del juego y alimenta la confianza. “Y la suscripción de estos contratos encarnan pasos trascendentales en esa dirección”, remarcó.

Los contratos de explotación fueron suscritos por Vladimiro Berrocal, gerente general de Pan American Silver Perú; con sus homólogos Marcos Baca Briceño, de la Compañía Minera BS E.I.R.L.; y Nahum Briceño Rodríguez, de la empresa HNS Consorcio SRL y que, por añadidura, es vicepresidente del Consejo Directivo de AMASBA.

Shahuindo es una operación minera de oro, situada en el distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba (Cajamarca), que mantiene altos estándares de desempeño técnico, de seguridad, de respeto al medio ambiente y colaboración con las comunidades locales.

En tanto, AMASBA agrupa a alrededor de 100 titulares de labores mineras artesanales, originarios mayoritariamente de la zona de Algamarca, parte del área de influencia directa de Shahuindo. La organización brinda trabajo directo a más de 1500 personas y beneficia indirectamente a más de 6000 personas.

Cabe precisar que Pan American Silver reconoce a AMASBA como una organización aliada, cuya relación se remonta al inicio del proyecto Shahuindo. Los socios son pobladores locales del centro poblado Algamarca, enfrentando problemas comunes como la inseguridad ciudadana, la minería ilegal, el crimen organizado y la afectación del medio ambiente.

Estuvieron presente en este acto Mayra Figueroa, titular de la Dirección General de Formalización Minera del MINEM; Baltazar Ludeña, director regional de Energía y Minas de Cajamarca; Miguel Inchaustegui, director de Asuntos Sociales y Corporativos de Pan American Silver Perú además representantes de AMASBA.

Martha Vásquez, directora de Gestión Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), comentó que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28090 – ley que regula el cierre de minas – cuentan con garantías para que se cumpla dicho proceso que ascienden alrededor de US$ 2,800 millones.

“Están las garantías de cierre de minas que son menos de US$ 10,000 millones, son como US$ 2,700 o 2,800 millones que están inmovilizados en garantías de cierre de minas en el Minem”, señaló en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Cabe precisar que las actividades de cierre contemplan tres tipos: el cierre temporal, cuando se suspende temporalmente las actividades por razones operacionales o económicas; el cierre progresivo, que comprende el cierre de los componentes ya no útiles para la operación, y el cierre final, cuando todas las operaciones mineras terminan en forma definitiva. Luego viene el post cierre.

Retos
Por otro lado, Vásquez refirió que enfrentan ciertos retos e incluso amenazas relacionadas a esta tarea, como es el caso de la minería informal e ilegal, actividades que al no contar con la autorización ni regulación para operar, no consideran compromisos ambientales ni el cierre de minas.

Otro problema que mencionó fue el incumplimiento de los planes de cierre de minas, como los emblemáticos casos en donde se registró contaminación en la cuenca del río Llallimayo (Puno) y del río Coralaque (Moquegua).