Día: 2 de octubre de 2024

El Directorio de Petroperú presentó su renuncia el pasado 10 de septiembre, señalando que el Gobierno no había tomado decisiones frente a la «insostenibilidad financiera» que atraviesa la empresa. Hoy se cumplen 22 días desde esa renuncia, y la situación sigue siendo incierta, ya que el premier Gustavo Adrianzén no ha cumplido su promesa. En una entrevista con RPP, mencionó que la próxima semana se revelarían los nombres de los nuevos miembros del Directorio, pero esto no ha sucedido.

Hasta el momento, no se han definido los perfiles que ocuparán los puestos vacantes en la empresa estatal. Fuentes bien informadas habían indicado que, aunque el Ejecutivo propuso la continuidad de los actuales miembros, la condición era mantener a todo el Directorio, incluyendo a Oliver Stark, quien había renunciado. Sin embargo, en las últimas horas, el Gobierno ha estado en contacto y ha propuesto el ingreso de Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú, para reemplazar a Stark.

El 16 de septiembre, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, declaró a RPP que los tres miembros del Directorio designados por su ministerio expresaron interés en continuar. Horas después, Rómulo Mucho, actual ministro de Energía y Minas, mencionó en «Las Cosas como son» de RPP que esperaba que el 17 de septiembre se anunciaran los nuevos integrantes del Directorio tras su reunión con Arista.

No obstante, RPP pudo confirmar que algunos miembros del Directorio nombrados por el MEF aún no habían confirmado su continuidad, contradiciendo así las declaraciones del titular del MEF.

El 17 de septiembre, durante una conferencia en el Congreso, Arista sostuvo que los nombres del nuevo Directorio se definirían esa misma tarde. Sin embargo, la incertidumbre continuó.

El 19 de septiembre, el premier Adrianzén afirmó en Ampliación de Noticias de RPP que «la próxima semana se definirán los miembros del Directorio». Esta declaración, sin embargo, ha resultado en más dudas que certezas.

Para abordar la crisis financiera de Petroperú, el Gobierno aprobó un apoyo económico de hasta 750 millones de dólares, destinado a «medidas extraordinarias y urgentes» que permitan a la petrolera estatal superar su situación crítica. Esta disposición se formalizó mediante un decreto de urgencia publicado en el diario oficial El Peruano.

La calificadora internacional Fitch Ratings, en un comunicado oficial, señaló que «el último paquete de apoyo financiero del gobierno peruano para Petroperú es un paso positivo que evita que la empresa caiga en impago». Esto refleja la gravedad de la situación financiera de la empresa y la necesidad urgente de medidas efectivas.

En conclusión, el futuro de Petroperú sigue siendo incierto a medida que el Gobierno intenta estabilizar la situación, pero la falta de decisiones claras sobre el nuevo Directorio continúa generando preocupación entre los inversores y trabajadores de la empresa.

El presidente del XIV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores – proEXPLO 2025, Walter Tejada, señaló que, lamentablemente, el Perú ha perdido participación en el mercado global de exploración. Así lo indicó en una entrevista exclusiva con el programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Si hace 5 o 6 años la inversión en exploración realizada en Perú representaba el 6% del total global, el día de hoy representa menos del 4%. Es una caída bien significativa”, detalló el ingeniero. Sin embargo, ¿qué significa en cifras? Tejada refirió que ese 6% equivale a que la inversión en exploración debería estar en alrededor de US$ 750 millones al año, pero no lo está. Hoy el monto se encuentra en US$ 450 millones aproximadamente.

Bajo esa premisa, sostuvo que el país perdió competitividad, lo cual se traduce en inversiones un poco más lentas o menores. ¿Cuáles son los retos para que el Perú recupere su potencial? Tejada manifestó que uno de ellos es la permisología. El trámite para sacar un permiso para explorar y luego perforar demora hasta 4 años, cuando lo ideal debería ser entre 1 o 2 años como máximo.

Para ello, el presidente de proEXPLO 2025 planteó incorporar, además de la implementación de la Ventanilla Única Digital, la tramitación simultánea de permisos y licencias, así como el silencio administrativo positivo para lograr predictibilidad en los tiempos de respuesta, a fin de reducir los plazos en los permisos para explorar.

Cabe recordar que, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, la cartera de exploración 2024 está conformada por 75 proyectos ubicados en 17 departamentos y una inversión conjunta que asciende a US$ 644 millones.

Sobre proEXPLO 2025

El XIV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores – proEXPLO 2025 es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Se realizará de manera presencial del 5 al 7 de mayo de 2025, en el Centro de Convenciones de Lima, bajo el lema “Descubriendo recursos minerales para un mundo mejor”.

Después de endeudar a la Municipalidad de Lima por un periodo de 20 años, la administración de Rafael López Aliaga ha decidido avanzar con la construcción de la Vía Expresa Sur. Este nuevo corredor de 5 kilómetros ampliará la vía del Paseo de la República, conectando la avenida República de Panamá en Barranco con la Panamericana Sur en San Juan de Miraflores.

Un aspecto destacado del proyecto es que contará con dos carriles centrales exclusivamente dedicados a los buses del Metropolitano. Esta conexión se establecerá entre la estación Plaza de Flores en Barranco y la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro en San Juan de Miraflores, facilitando así la interconexión de dos importantes sistemas de transporte masivo.

La Vía Expresa Sur es un proyecto que ha estado en espera durante más de 50 años. Anteriormente, los alcaldes Susana Villarán y Jorge Muñoz lo habían anunciado, pero no se concretó debido a los escándalos de corrupción que afectaron a las constructoras Odebrecht y Graña y Montero, en los que estuvo implicada la anterior administración.

En esta ocasión, la obra no será ejecutada por una constructora privada, sino que será llevada a cabo por Emape. A finales de junio, la Municipalidad de Lima firmó un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para que se encargue de seleccionar la empresa que elaborará el expediente técnico de la Vía Expresa Sur, con una fecha de entrega prevista para el 20 de diciembre.

Una vez que el expediente esté listo, se podrá dar inicio a las obras. Sin embargo, es crucial liberar los predios y resolver las interferencias que existen en la ruta proyectada. La presidenta de Emape, Jessica Villegas, mencionó que hay más de 750 predios que necesitan ser liberados, aunque la mayoría ya pertenece a la comuna de Lima.

Los ocupantes de estos terrenos están al tanto del proyecto y de los derechos de vía. Recientemente, se ha informado que en el área destinada a la ampliación de la Vía Expresa hay viviendas, losas deportivas, parques y almacenes. “En junio presentamos los primeros expedientes de expropiación al Ministerio de Vivienda”, declaró Villegas.

El plan del municipio es trabajar en la liberación de los predios mientras se termina el expediente técnico. Carlos Peña, gerente general de Emape, explicó que también se están abordando las interferencias, tanto en la superficie como en el subsuelo, y que solo comenzarán las obras cuando se resuelva esta situación.

La Vía Expresa Sur se construirá en cinco tramos, con la meta de completar la primera etapa, que va desde la Panamericana Sur hasta la avenida Próceres, para diciembre de 2026. Los tramos restantes deberán ser ejecutados por la próxima administración municipal.

Peña indicó que este proyecto es más manejable que los anteriores, ya que no requerirá la construcción de un ‘zanjón’, sino que se desarrollará a nivel. Solo habrá viaductos elevados en el cruce con la Panamericana Sur. La prioridad es lograr la interconexión entre el Metropolitano y la Línea 1 del Metro.

Además, se confirmó que no habrá peaje para utilizar la Vía Expresa Sur, lo que no debería considerarse un logro, ya que los costos del proyecto, estimados en 797 millones de soles, serán cubiertos por los ciudadanos de Lima a través de un endeudamiento que durará dos décadas.

Finalmente, el expresidente de la ATU, José Aguilar, mencionó que durante su gestión se alcanzaron algunos acuerdos con la municipalidad sobre este proyecto. Sin embargo, es necesario que la ATU apruebe las obras una vez finalizadas, incluyendo las cinco nuevas estaciones del Metropolitano en la Vía Expresa Sur. Fuentes del municipio de Surco han señalado que están trabajando para evitar la ocupación del trazado de la nueva vía.

Un total de 1137 obras públicas se encuentran paralizadas debido a la falta de recursos financieros para su ejecución (579 casos) o el incumplimiento del contrato (558 casos), según la información reportada por las mismas entidades públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) al 31 de agosto del 2024. El costo actualizado de estos proyectos supera los S/ 20 218 millones, de los cuales está pendiente ejecutar S/ 9908 millones, informó el contralor general, César Aguilar Surichaqui.

“Lo que queremos es que estas obras se culminen y se pongan a disposición de los ciudadanos, pero no debemos ser ciegos o irresponsables ante los riesgos que afectan su ejecución y nuestro trabajo es alertar sobre ello para que los gestores públicos resuelvan”, destacó.

Aguilar Surichaqui precisó que, de acuerdo con la información reportada por las entidades públicas en el sistema Infobras, otras causales frecuentes de paralización de las obras son: discrepancias, controversias y arbitrajes (117 casos), deficiencias en el Expediente Técnico (108), conflictos sociales (105), eventos climáticos (88), abandono de obra (41), interferencias (7), disponibilidad de terreno (6), falta de permisos, licencias y autorizaciones (4), entre otras razones (647).

“Las obras paralizadas son una problemática que debe resolverse con prioridad, y es por eso que la Contraloría General constantemente realiza un monitoreo de estos proyectos de inversión. A nivel nacional, se han ejecutado 2497 servicios de control a las obras paralizadas, de los cuales, más del 92% corresponde a control simultáneo, y la diferencia fueron control posterior y previo”, mencionó.

Cabe precisar que se considera como obra pública paralizada a aquel proyecto que no se ha concluido y no reporta avances en su ejecución física durante seis meses o más.

Balance a agosto del 2024

Al 31 de agosto del 2024, las entidades públicas han registrado un total de 2260 obras paralizadas en el sistema Infobras, cuyo costo actualizado asciende a más de S/ 33 149 millones, contando con un saldo por ejecutar de S/ 15 576 millones, sostuvo el contralor general.

Detalló que, por nivel de gobierno, tenemos que los gobiernos locales cuentan con un mayor número de obras paralizadas (1669 obras con un monto de inversión de s/ 7610 millones), seguido de las entidades del gobierno nacional (316 obras por s/ 12 873 millones) y del gobierno regional (275 obras por s/ 12 665 millones).

Explicó también que los proyectos de inversión pública inconclusos se encuentran relacionados con diversos sectores de gobierno y, a su vez, con los niveles de gobierno nacional, regional y local. la mayor cantidad de proyectos paralizados se concentra en el sector Transportes y Comunicaciones (614 obras), Vivienda, Construcción y Saneamiento (503), Educación (348) y Agricultura (280), Energía y Minas (80), Salud (65), entre otros (370), indicó.

Por ubicación geográfica, añadió, el ranking de departamentos con mayor número de obras paralizadas es liderado por Cusco (325), Puno (288), Lima (158), Áncash (151), Cajamarca (134) y Ayacucho (134); en tanto que la menor cantidad de proyectos detenidos se encuentra en Tumbes (7), la Provincia Constitucional del Callao (7), Madre de Dios (17), Ucayali (22) e Ica (24).

Medidas a ejecutarse

Con la finalidad de reducir drásticamente el número de obras paralizadas, la Contraloría General procederá a identificar las obras cuya paralización obedece específicamente a una deficiencia o un letargo en la toma de decisiones por parte de las entidades para el destrabe de las obras, aclaró el contralor Aguilar.

En segundo lugar, aseguró que se priorizarán esfuerzos en aquellas obras cuya causal de paralización no corresponda a una falta de presupuesto o causas ajenas a la gestión de las entidades a cargo. Finalmente, se debe estimar, con base en información de diversas fuentes, cuál sería el mejor camino para seguir por parte de las entidades para la reactivación de las obras. Con ello, se puede establecer una mejor estrategia de control, concluyó.