Definitivamente, la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas) se deshizo casi en su totalidad. Este jueves (12 de octubre) se van Adriana Jiménez y Juan Carlos Bedoya, dos de los tres comisionados en encargo que quedaban, pues cumplieron dos periodos seguidos, cada uno de tres meses, como lo permite la ley, y no hubo poder humano que lograra que se tuviera el plan B a tiempo para su reemplazo.
Al tercer comisionado, Manuel Peña, se le venció el tiempo el 5 de octubre; y la cuarta integrante de la comisión, Ángela Sarmiento, ya había presentado su renuncia con anterioridad, es decir, solo quedaban tres en encargo.
En firme, como integrante de la Creg, solo queda José Fernando Prada, quien funge como director y presentó la renuncia —el 18 de septiembre—, luego de la cual debía esperar 30 días, los cuales estarían por cumplirse.
La procuradora alertó, pero nada
Hace apenas unas horas, la procuradora general, Margarita Cabello, había lanzado una alerta, pues todas las partes que ahora se juntan, contando con la de la interinidad de la Creg, podrían conducir a un apagón real, más allá del financiero que han puesto sobre el tapete las comercializadoras de energía, que dicen estar en franca iliquidez.
Uno de los argumentos de la urgencia que expuso la procuradora es la proximidad de las elecciones regionales, durante las cuales, sería contraproducente para la transparencia de esos comicios, que no se contara con la garantía de la electricidad. “Hay que implementar soluciones para garantizar el suministro de energía”, dijo la procuradora.
No obstante, hasta el momento no se ha producido el destape de una solución, más allá del parte de tranquilidad que dio el ministro de Minas, Andrés Camacho, con la expedición de un decreto, con el cual se conjuraría uno de los problemas que hay en todo el rompecabezas que pone en riesgo de apagón al país.
Camacho señaló que, con el decreto, se activaba la línea de crédito para las empresas distribuidoras de energía que se acogieron al programa de opción tarifaria que operó durante la crisis sanitaria, para aliviar el bolsillo de los hogares que no podían pagar el recibo y evitar así que se quedaran sin el servicio de energía en plena pandemia.
El mencionado decreto, si se hace realidad con prontitud, llevaría a que las compañías sin liquidez para comprar energía puedan tener cómo hacerlo, lo que a su vez llevaría a poder garantizar cierta seguridad de que podrán abastecer al país del servicio durante el fenómeno de El Niño.
Camacho ha dicho que viene un paquete más de medidas para enfrentar las situaciones que hay alrededor de la energía, lo que encajaría además con las declaraciones entregadas en SEMANA, por el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, quien recordó que el presidente de la República, con base en un mandato constitucional y según los preceptos de la Ley 142, puede ejercer funciones y regular.
¿Se rearmará la Creg?
“Alrededor de la Creg se armó el debate, porque la Constitución le indica al presidente la responsabilidad de señalar las políticas para la prestación eficiente de los servicios públicos. El artículo 370 de la carta magna le dice que debe ejercer la inspección, vigilancia y control de los servicios públicos a través de la Superintendencia. Luego, la Ley 142, atendiendo un mandato constitucional, abre la libre competencia a los sectores privados para que presten servicios públicos, que antes estaban en hombros del Estado”, dijo Quiroga a este medio.
De ahí que ya empiecen a hacerse conjeturas, alrededor de la Creg, con todas las sillas vacías. Nombrar de manera rápida comisionados no es viable, pues, según las normas, es necesario publicar con anticipación las hojas de vida en Presidencia de la República, luego de lo cual, se necesitaría esperar tres días de comentarios. Hasta el momento, nada de eso se ha hecho.
