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Estos son los próximos pasos en la entrega temporal de lotes a Petroperú

La presidenta de Perupetro, Isabel Mercedes Tafur, informó que el directorio de esa agencia estatal aprobó de forma unánime, la entrega a Petroperú de los Lotes I y VI, situados en la cuenca Talara, y cuyos contratos vencen este mes.

En el mismo sentido, refirió que la próxima entrega (a Petroperú) del Lote Z-69 (situado en la misma zona de Piura y cuyo contrato actual rige hasta noviembre), será sometida a sesión del directorio de Perupetro este jueves.

Los tres lotes del noroeste antes mencionados, serán entregados a la petrolera estatal en contratos de corto plazo, por dos años, lapso durante el cual Perupetro espera convocar a concurso y entregar su explotación al mejor postor, en contratos de largo plazo, de 30 años.

Seis interesados

El presidente de Petroperú, Pedro Chira Fernández, anunció que este viernes, tienen previsto elegir a la empresa de servicios integrales que les acompañará en la operación por dos años, de los referidos yacimientos del noroeste, y para lo cual seis empresas le han alcanzado propuestas.

Explicó que la incorporación de esa empresas se hace en cumplimiento del reglamento de calificación de empresas (de Perupetro, que le exige contar con experiencia previa en operación petrolera).

En este caso, la empresa elegida hará las consultorías necesarias al equipo de ingeniería que operará los lotes.

Por lo pronto, Chira indicó que ya cuentan con un plan de contingencia para evitar que el anunciado fenómeno de El Niño (en el próximo verano) vaya a paralizar la producción de los tres lotes que pasarán a manos de la petrolera del Estado.

Plan financiero

El titular de Petroperú afirmó que esta firma, en su rol subsidiario (en referencia a abastecer de combustibles donde no llega el sector privado), ha incurrido en una serie de gastos, que no son compensados a tiempo, y que los debe asumir como empresa pública.

Indicó que ésta actualmente está pagando US$800 millones por la importación de petróleo (para la nueva refinería Talara) y para la provisión de combustibles, y que necesitará US$700 millones más cuando arranque (al 100% la planta) durante el fenómeno El Niño.

Frente a esa situación, indicó que la empresa “no se ha quedado con los brazos cruzados” y que tienen una serie de acciones para cumplir con sus compromisos financieros entre este año y el 2024 y mejorar su liquidez.

Entre esas acciones en curso, citó que está una línea de comercio internacional de cartas de crédito respaldada por Exim Bank (EE.UU.), para la compra de petróleo y derivados a proveedores estadounidenses por hasta US$300 millones.

Además, mencionó la generación de nuevas líneas de crédito a través de una estructura revolvente anual por cinco años con Bladex y algunos bancos adicionales por entre US$300 a US$500 millones.

Citó también un programa de titulación para la obtención de recursos de la venta efectiva de la cartera de cuentas por cobrar a través de un fideicomiso, que adquiere cuentas por cobrar de Petroperú equivalente a US$285 millones, entre otras medidas.

Elías García Olano – Gestión

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Puerto de Chancay no representa un riesgo para la soberanía del país, afirman

La construcción del puerto de Chancay, ubicado al norte de Lima; así como su entrada en funcionamiento una vez que esté culminado, no representa un riesgo para la soberanía o defensa del país, afirmó la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A.

De esta manera, a través de un comunicado responde a una nota difundida por el diario Financial Times, que señalaba, entre otros temas, «una presunta preocupación del gobierno estadounidense por el desarrollo del puerto de Chancay en Perú, indicando además que China podría eventualmente hacer un uso militar del mismo«.

«Lejos de representar un riesgo para nuestra soberanía o defensa, el puerto de Chancay es una extraordinaria noticia para el desarrollo económico y social de Perú, al constituirse como el primer puerto del Pacífico sudamericano que tendrá la capacidad de recibir buques de 18,000 contenedores a plena carga, y permitirá por tanto el trayecto directo de los mismos entre Sudamérica y Asía, reduciendo el tiempo de viaje en aproximadamente diez días«, afirma.

Precisan, asimismo, que esto significa «una mayor competitividad para nuestras exportaciones y menores precios para nuestros productos importados«.

«En suma, el puerto de Chancay es un proyecto transformador para nuestra logística con impactos positivos en la economía e integración nacional y sudamericana, que convertirá a Perú en un hub regional y traerá grandes oportunidades para el desarrollo sin comprometer la soberanía ni la seguridad nacional«, agrega.

Asimismo, Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. (CSPCP), empresa peruana que lleva adelante la construcción del puerto de Chancay, precisó que los accionistas son la empresa peruana Volcan S.A. (40 %) y la china Cosco Shipping Ports Ltd. (60 %).

«El puerto de Chancay tiene una finalidad exclusivamente comercial, de uso público, y sus características, capacidades y equipamiento, diseñados para este único fin, han sido verificados y aprobados por las autoridades nacionales correspondientes«, señala.

Además explica que, según el marco normativo peruano, «cualquier ingreso de personal militar –armado o desarmado– al territorio nacional debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República«.

«No es discrecionalidad de un puerto permitir ingresos militares independientemente de la titularidad del mismo«, añaden.

De igual modo sostiene que el accionista Cosco Shipping Ports Ltd. es una sociedad que lista en la bolsa de valores de Hong Kong, y tiene entre sus inversionistas a fondos y corporaciones globales de primer nivel.

«Esto garantiza que la empresa tenga estándares de buen gobierno corporativo que no pueden ser violados sin serias consecuencias para el negocio«, afirman.

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Petroperú elige este mes a socio para operar el Lote 64

Tres años después de que aceptara que el Estado peruano le entregue al 100% los derechos y obligaciones sobre el Lote 64, en Loreto, Petroperú dio a conocer los siguientes pasos que prevé adoptar para poner finalmente en producción ese yacimiento.

El lote le fue entregado luego que Geopark Perú, que tenía el 75% de participación en el área (Petroperú el 25%), lo devolviera al Estado peruano ante la oposición de las comunidades nativas Achuar y Wampis a la actividad petrolera en esa zona.

Ambas empresas -Geopark Perú y Petroperú- se habían asociado el 2014 para explotar y explorar el yacimiento, luego que el 2013 lacanadiense Talisman Energy devolviera el lote al Estado, también debido al rechazo que sufrió por parte de las comunidades nativas del área.

En una presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, el presidente de Petroperú, Pedro Chira Fernández, dio a conocer el cronograma que esperan seguir para poner en marcha el lote, ubicado en el distrito de Morona, en provincia loretana de Datem del Marañón.

El funcionario detalló que la última semana de octubre Petroperú realizará un concurso para elegir a su socio, que asumirá la operación y pondrá el capital para explotar ese lote, y donde la petrolera estatal tendrá un porcentaje de participación.

En tal sentido, refirió que a inicios de noviembre próximo esperan ya anunciar a la compañía que será su socio para poner en producción el área. Por lo pronto, refirió que Petroperú ha reiniciado el estudio de impacto ambiental (EIA) que falta desarrollar en dicha zona de la cuenca del Marañón.

Plan de desarrollo

Chira Fernández explicó que el lote cuenta actualmente con dos pozos, y que se necesita un programa para verificar su producción real, para luego determinar un plan de desarrollo final, con el cual, anotó, podría entrar en producción en el segundo semestre del 2026.

Estimó que, de ambos pozos se podría extraer un volumen de 7,700 barriles en promedio diario de petróleo liviano, el mismo que se podría mezclar con el crudo pesado que produce el adyacente Lote 192 lo que permitiría a su vez aumentar la producción de este último (que Petroperú espera poner a producir el 2024).

En su momento Geopark había estimado una inversión de US$130 millones para iniciar producción en el Lote 64 en una primera etapa.

Elías García Olano – Gestión

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Rómulo Mucho propone difusión interna y agilización tramitológica para atraer inversiones mineras

Rómulo Mucho, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, consideró necesario que el Perú debe recuperar la institucionalidad y el clima de confianza para atraer inversiones mineras, pues estas solo arriban a países donde existe estabilidad política, seguridad jurídica y predictibilidad tributaria.

“No obstante que se viene promocionando bastante nuestros proyectos mineros a nivel internacional, en los últimos años se ha estancado la llegada de inversiones al sector. Ante esta difícil situación, propongo dos acciones que inmediatamente debe realizar el Estado”, señaló en un artículo de opinión para la Revista Patronato de la UNI.

De esta manera, sugirió el desarrollo de un plan de promoción interno de la minería, con el objetivo de que todo peruano conozca su importancia para el crecimiento económico, sus múltiples oportunidades y su apalancamiento con otras actividades, lo que pondría en valor a la minería ante la población y reduciría la conflictividad social.

Además, recomendó la agilización de la tramitología y permisología del sector, con el fin de disminuir plazos para viabilizar los proyectos mineros, pues constituyen un activo para la economía a razón de los millones de empleos nuevos e ingresos fiscales que generarían, lo que permitiría contar con recursos para cerrar las brechas sociales.

Minería sacó cara por la economía

Con base en cifras oficiales, Rómulo Mucho enfatizó que la minería peruana es clave para la economía nacional, ya que representa el 14% del PBI y el 60% de las exportaciones totales, genera 234 mil puestos de trabajo directos y cerca de 1 millón de empleos indirectos, y posee el cobre como principal habilitador a la transición energética.

“En el primer semestre del año, la minería sacó la cara por la economía, creciendo un 10% de su PBI, mientras que otras actividades económicas decrecieron. Esto hizo que el decrecimiento de nuestra economía no sea tan traumático, que llegó a -0.5% del PBI, siendo el más bajo después de casi dos décadas”, sostuvo el exviceministro de Minas.

Sin embargo, contextualizó que la minería se encuentra en constante cambio, debido a que los yacimientos se encuentran a mayor profundidad y se requiere más energía para procesar los recursos extraídos, mientras que hoy se cuenta con suficiente tecnología para mejorar la productividad y rebajar los costos sin perder calidad.

Asimismo, remarcó que las comunidades cercanas a las operaciones mineras tienen demasiadas sobre expectativas y aspiran a tener una mayor participación en el negocio minero, lo cual, si no es atendido a tiempo, continuará originando conflictos sociales, como bloqueos y violencia, en contra de los proyectos mineros y minas en operación.

IIMP

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S/ 14 mil millones generará el Proyecto Coroccohuayco para la provincia de Espinar

El Proyecto Integración Coroccohuayco, una iniciativa que permitirá prolongar la minería en Espinar, complementando la caída de producción de Antapaccay, generará unos S/ 14 mil millones para la provincia de Espinar hasta 2040, dividiéndose en S/ 8.3 mil millones en canon minero, S/ 4.1 mil millones en regalías y S/ 1.6 mil millones en aportes al Convenio Marco de Espinar.

Se estima que el cobre contenido en concentrado de Coroccohuayco es de 3,539 kton, un monto importante considerando que el estimado para Antapaccay es de 619 kton. Este proyecto implicará una inversión de US$ 1500 millones y significará una importante oportunidad de empleo local para las etapas de construcción y operación.

El desarrollo de Coroccohuayco será importante considerando que en los últimos años el Perú ha sufrido una serie de conflictos sociales que han llevado a paralizaciones de hasta once operaciones mineras según reporta el Instituto Peruano de Economía.  Como consecuencia, la entidad estima que se dejaron de producir minerales por un valor de S/ 4775 millones, con un costo para el país de S/ 6991 millones en PBI y S/ 1791 millones en recaudación fiscal. Adicionalmente, esto dejó de generar unos 60800 puestos de trabajo de forma anual.

Cabe resaltar que Coroccohuayco es una iniciativa que viene en cartera desde hace varios años y hoy en día existen 23 proyectos de un total de 46 en cartera que se encuentran paralizados por factores ajenos a la voluntad de las empresas. Es decir, conflictos sociales y demoras en aprobación de instrumentos de gestión ambiental y consulta previa han costado casi S/ 700 mil millones al PBI, S/ 123 mil millones a la recaudación fiscal y hasta 666 mil puestos laborales.

De haberse ejecutado estos proyectos, el crecimiento del PBI peruano hubiera pasado de un promedio anual de 3,9% a 4,7% entre 2008 y 2022, reduciendo la pobreza en 1,7 millones de personas adicionales.

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La Organización de países exportadores de petróleo proyecta un aumento constante en la demanda de petróleo hasta 2045

En su informe de 2023 sobre las perspectivas de la demanda mundial de petróleo publicado este lunes (9 de octubre), la OPEP espera que la demanda de petróleo alcance los 116 millones de barriles por día (mbd) hasta 2045, según su escenario de referencia, un 16,5% más que en 2022. Esto es aproximadamente 6 mbd más que su estimación anterior en 2022 (109,8 mb/día).

Y esta demanda tiene “potencial para ser aún mayor”, afirmó el secretario general del cartel, el kuwaití Haitham Al Ghais. “El mundo seguirá necesitando utilizar todas las energías, incluido el petróleo, gas en los próximos años y décadas”, declaró Al Ghais durante la presentación del informe a los miembros de la organización.

Según la OPEP (un grupo de 13 productores liderados por Arabia Saudita que incluye a países del Golfo y a otros exportadores como Venezuela), la demanda mundial de crudo se verá impulsada por las naciones que no pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con OCDE, con India a la cabeza.

Para la OPEP, la demanda de petróleo solo podrá cumplirse con inversiones estimadas en 14 billones de dólares en el sector de aquí a 2045, es decir, unos 610.000 millones de dólares de media al año. “Es beneficioso tanto para los productores como para los consumidores”, defendió Haitham Al Ghais en el documento de 298 páginas, que se publica a menos de ocho semanas de la próxima reunión mundial del clima, la COP28, en Dubái, que abordará el futuro de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón).

“Los llamados a detener las inversiones en nuevos proyectos son erróneos y podrían conducir el caos energético y económico, advirtió Haitham Al Ghais, en una crítica directa del escenario planteado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para que el mundo alcance la neutralidad de carbono en 2050.

“No existe una vía única para alcanzar la neutralidad en carbono”, afirmó ante los miembros de la OPEP, asegurando que el petróleo seguirá teniendo una “parte preponderante”.

Inversiones en las renovables

En 2021, la AIE, una agencia de la OCDE, sorprendió al mundo pidiendo el abandono inmediato de todos los nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos. “No se necesitan nuevos proyectos de petróleo y gas en fase inicial a largo término, indicó recientemente la AIE, cuyo calendario para la neutralidad de carbono pasa por una caída de la demanda de petróleo, a 24 mbd en 2050, gracias al auge de las energías limpias”.

De todos modos, la AIE prevé que la demanda de petróleo comenzará a disminuir en esta década. Las previsiones de la OPEP se basan en un escenario de referencia que adopta “un enfoque realista de la demanda energética global y de la demanda de petróleo”.

El cartel de países exportadores de petróleo subraya que “no existe solución única para responder al crecimiento mundial de necesidades energéticas”, en un momento en que se apuesta cada vez más por los vehículos eléctricos y la energía solar.

Este discurso coincide con el de Emiratos Árabes Unidos, miembro de la OPEP y organizador de la COP28, cuyo presidente, el Sultán al Jaber reitera que no es posible desconectar el sistema energético actual y que es necesario empezar a triplicar la capacidad de las energías renovables.

La OPEP asegura que los “objetivos ambiciosos” de las economías desarrolladas sobre las energías de bajo carbono “están cada vez más en contradicción con las realidades del terreno”, con inversiones “considerablemente a la zaga”. La OPEP estudió otros dos escenarios, uno de ellos con más energías renovables, lo que dio lugar a una disminución de la demanda de petróleo de 18 mbd en comparación con su referencia de 2045 (116 millones).

Un tercero, basado en un mayor crecimiento económico y una menor coordinación de las políticas climáticas, llega a 6,3 mbd más en 2045 que los 116 millones previstos en su escenario de referencia. La OPEP apoya las tecnologías de captura de carbono.

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Sucedió, la Creg se quedó con casi todas las sillas vacías | Colombia, sin quién regule en energía y gas, en medio de riesgo de apagón

Definitivamente, la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas) se deshizo casi en su totalidad. Este jueves (12 de octubre) se van Adriana Jiménez y Juan Carlos Bedoya, dos de los tres comisionados en encargo que quedaban, pues cumplieron dos periodos seguidos, cada uno de tres meses, como lo permite la ley, y no hubo poder humano que lograra que se tuviera el plan B a tiempo para su reemplazo.

Al tercer comisionado, Manuel Peña, se le venció el tiempo el 5 de octubre; y la cuarta integrante de la comisión, Ángela Sarmiento, ya había presentado su renuncia con anterioridad, es decir, solo quedaban tres en encargo.

En firme, como integrante de la Creg, solo queda José Fernando Prada, quien funge como director y presentó la renuncia —el 18 de septiembre—, luego de la cual debía esperar 30 días, los cuales estarían por cumplirse.

La procuradora alertó, pero nada

Hace apenas unas horas, la procuradora general, Margarita Cabello, había lanzado una alerta, pues todas las partes que ahora se juntan, contando con la de la interinidad de la Creg, podrían conducir a un apagón real, más allá del financiero que han puesto sobre el tapete las comercializadoras de energía, que dicen estar en franca iliquidez.

Uno de los argumentos de la urgencia que expuso la procuradora es la proximidad de las elecciones regionales, durante las cuales, sería contraproducente para la transparencia de esos comicios, que no se contara con la garantía de la electricidad. “Hay que implementar soluciones para garantizar el suministro de energía”, dijo la procuradora.

No obstante, hasta el momento no se ha producido el destape de una solución, más allá del parte de tranquilidad que dio el ministro de Minas, Andrés Camacho, con la expedición de un decreto, con el cual se conjuraría uno de los problemas que hay en todo el rompecabezas que pone en riesgo de apagón al país.

Camacho señaló que, con el decreto, se activaba la línea de crédito para las empresas distribuidoras de energía que se acogieron al programa de opción tarifaria que operó durante la crisis sanitaria, para aliviar el bolsillo de los hogares que no podían pagar el recibo y evitar así que se quedaran sin el servicio de energía en plena pandemia.

El mencionado decreto, si se hace realidad con prontitud, llevaría a que las compañías sin liquidez para comprar energía puedan tener cómo hacerlo, lo que a su vez llevaría a poder garantizar cierta seguridad de que podrán abastecer al país del servicio durante el fenómeno de El Niño.

Camacho ha dicho que viene un paquete más de medidas para enfrentar las situaciones que hay alrededor de la energía, lo que encajaría además con las declaraciones entregadas en SEMANA, por el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, quien recordó que el presidente de la República, con base en un mandato constitucional y según los preceptos de la Ley 142, puede ejercer funciones y regular.

¿Se rearmará la Creg?

“Alrededor de la Creg se armó el debate, porque la Constitución le indica al presidente la responsabilidad de señalar las políticas para la prestación eficiente de los servicios públicos. El artículo 370 de la carta magna le dice que debe ejercer la inspección, vigilancia y control de los servicios públicos a través de la Superintendencia. Luego, la Ley 142, atendiendo un mandato constitucional, abre la libre competencia a los sectores privados para que presten servicios públicos, que antes estaban en hombros del Estado”, dijo Quiroga a este medio.

De ahí que ya empiecen a hacerse conjeturas, alrededor de la Creg, con todas las sillas vacías. Nombrar de manera rápida comisionados no es viable, pues, según las normas, es necesario publicar con anticipación las hojas de vida en Presidencia de la República, luego de lo cual, se necesitaría esperar tres días de comentarios. Hasta el momento, nada de eso se ha hecho.

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Ministerio de Minas y Energía anuncia nueva medida para empresas eléctricas ante opción tarifaria

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, publicó una nueva resolución para apoyar a las empresas ante la opción tarifaria de energía, uno de los mayores temas de discusión en la crisis financiera que vive el sector.

“Sumado al billón de pesos en crédito Findeter ya anunciado, el Ministerio de Minas emite una nueva resolución para apoyar a las empresas con problemas financieros causados por la llamada ‘Opción Tarifaria’ dispuesta por el gobierno anterior. La medida, que viene en estudio hace semanas, permite a las empresas que atienden usuarios finales con saldos acumulados de la ‘Opción Tarifaria’, contar con el suministro de energía de una manera continua y a precios eficientes mientras obtienen los recursos de crédito Findeter. Con ello garantizamos que se siga prestando el servicio a los usuarios de energía eléctrica”, destacó el ministro Camacho.

Así se busca cubrir a las empresas que atienden a usuarios finales, tengan saldos acumulados pendientes de cobro a los usuarios por la aplicación de la opción tarifaria y presenten saldos acumulados positivos de opción tarifaria superior al promedio mensual de pagos al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales-ASIC y al Liquidador y Administrador de Cuentas-LAC de los últimos 12 meses.

No obstante, las medidas dejarán de aplicar para aquellos agentes que reciban el desembolso de los créditos solicitados por estos y aprobados por Findeter relacionados al billón de pesos ya anunciado.

De este modo, el Gobierno habilita una nueva opción para que las compañías del sector eléctrico determinen cuál alternativa podría ser más viable para su operación y que se puedan cubrir la mayoría de las electrificadoras posibles.

Respuestas del Gobierno de Colombia para evitar un apagón

La semana pasada, el presidente Gustavo Petro también había dicho que las empresas contaban con una línea de crédito de $1 billón con Findeter, para evitar una crisis mayor y un posible apagón que ha sido advertido por algunos analistas y expertos en el sector.

De hecho, también provocó la respuesta de 14 exministros de Hacienda y Energía en una carta que criticó las medidas tomadas hasta ahora por el mandatario.

“En la misma línea, hemos expedido más de 10 resoluciones regulatorias y preparamos más paquetes de soluciones, incluida la convocatoria a una reunión de urgencia con las empresas, los gremios, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Comité Nacional de Usuarios de servicios para conjurar la situación”, indicó el ministro Camacho.

Agregó el titular de la cartera ministerial que la resolución sobre la extensión de diferimiento de pagos de los comercializadores con el mercado de energía mayorista (MEM) y el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC): están dirigidas “para aliviar la caja en las empresas y reducir los montos de cobro de los prepagos de energía para todas las empresas”.

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El plan del Gobierno de Colombia que buscaría reducir tarifas de energía

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Omar Andrés Camacho, explicó este miércoles que uno de los propósitos del Gobierno Nacional es que las tarifas de energía eléctrica no sigan aumentando en el país.

“Estamos trabajando en esas medidas, ya hemos tenido un equipo de trabajo que está en terreno, en la costa Atlántica revisando las alternativas”, precisó Camacho tras una reunión que tuvo con los principales gremios del sector de energía eléctrica.

El funcionario destacó que la cartera ha tenido reuniones con empresas que operan en el norte del país -como Air-e y Afinia-, y como resultado de estos encuentros se pondrían en marcha obras que permitan instalar techos solares e implementar barrios solares en la región Atlántica.

Esta medida, según el líder de la cartera minero-energética-, se empezará a implementar al finalizar octubre o comienzos de noviembre de 2023.

“Con esta medida, se empezará a desarrollar un modelo, en el marco de transición energética, que permitan aliviar las tarifas. Es una medida del lado de la demanda y las salidas regulatorias que estamos revisando del lado de la oferta”, subrayó el funcionario.

Según Omar Andrés Camacho, “nuestro trabajo es garantizar que no tengamos incrementos y para eso tenemos que regular cómo está funcionando la bolsa”.

Y señaló que hay dos vías expeditas para lograrlo:

  1. Garantizar que existan más contratos bilaterales (que las empresas salgan de la exposición a bolsa).“Para eso hay otras alternativas que vamos a buscar. Ya habíamos tomado una medida para volver el mecanismo de subasta y de compra y venta de energía mucho más rápido. Necesitamos para que aparezca la energía y que tengamos disponibilidad de la misma, que es otra de las tareas en las que estamos trabajando”, indicó Camacho.De manera que, de acuerdo con Camacho, el país pueda tener contratos bilaterales y no se tenga que acudir a precio en bolsa. “Esta es una medida clave, porque en las condiciones en las que tengamos esos contratos los precios serán mucho menores de lo que se ve en el mercado”.
  2. En precio de bolsa, el Ministerio de Minas y Energía está liderando un proceso regulatorio para garantizar que el precio de costo-eficiencia en el mercado sea “mucho más razonable y eficiente”.

Ya que la mayoría de las empresas que están expuestas a los precios de energía en la bolsa son públicas, el ministro Camacho informó que para este caso especial la cartera tiene otro paquete de medidas adicionales a lo anunciado con Findeter.

“Seguimos analizando con Hacienda ya con unas medidas en torno a los subsidios, buscamos la manera de que tengan liquidez. En los recursos que se necesitan para el Fenómeno de El Niño éstas van a tener un mecanismo especial (las públicas)”, relató Camacho.

Las cuentas le apuntan a que se necesita medio billón de pesos para solo este mecanismo especial, que ayudarán a que las electrificadoras públicas mejoren su flujo de caja.

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Orlando Velandia Sepúlveda será el nuevo presidente de la ANH

El superintendente delegado para Energía y Gas Combustible de la Superintendencia de Servicios Públicos, Orlando Velandia, será el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ya que su hoja de vida está para consulta en Presidencia.

Como lo ha informado Valora Analitik, en reiteradas ocasiones, la actual presidente de la ANH, Clara Guatame, tenía pendiente su salida de la entidad tras la renuncia que presentó durante la gestión de Irene Vélez como ministra de Minas y Energía.

Orlando Velandia Sepúlveda es profesional en Derecho de la Universidad Libre de Colombia y es profesional en Ingeniería Geológica Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Velandia Sepúlveda tiene tres especializaciones: en Gestión Ambiental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia y en Economía Internacional de la misma institución.

Además, cuenta con una master of Bussiness Administration University of Phoenix en Estados Unidos.

El que será presidente de la ANH trabajó en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como superintendente delegado desde octubre de 2022.

También pasó por la Contraloría General de la República, entre 2018-2022, como contralor delegado intersectorial; también pasó por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (2016-2018) como presidente y vicepresidente.

Además, Velandia pasó por otras entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente como director Control Gestión, en la DIAN, Contraloría General de la República, Gobernación de Boyacá, Universidad Pedagógica y Tecnología, Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia.