ENTIBACIONES Y LA LEGALIDAD DE LOS ANCLAJES

La densificación de las ciudades y la limitación evidente de espacio han llevado a que en los proyectos de construcción consideren cada días más subterráneos y obras enterradas; prueba de esto es que en la década de los 80’s los edificios contaban con no más de 3 niveles de subterráneos; hoy se construyen obras con 9 y más subterráneos, enterrando las estructuras más de 20 o 30m de profundidad.  Esta limitación de espacio en muchos casos no permite la excavación con taludes estables; obligando a la necesidad de contar con técnicas sostenimiento (entibación y socalzados) que permitan asegurar la excavación, la seguridad de los trabajadores y las estructuras vecinas.

Las técnicas utilizadas hoy para generar estos sostenimientos en proyectos de edificación son elegidas y diseñadas considerando el suelo que se debe contener y la situación de los vecinos/sobrecargas del entorno. Es así como se eligen generalmente técnicas de sostenimientos ya sea muros berlinés, pantallas premoldeadas, muros “bajados”, tablaestacados, soil nailing y/o pilas de hormigón armado.   A su vez, los sostenimientos requieren de elementos arriostrantes, donde los puntales de madera o acero que generalmente se utilizaban en la década de los 80’s y 90’s se han modernizado a técnicas mas seguras donde lo más utilizado corresponde a sistemas de anclajes al suelo circundante.

El anclaje o tensor utilizado para los arriostramientos de los sistemas de sostenimiento consiste en un cable o barra de acero que se introducen al terreno circundante y se inyecta con lechada de cemento o mortero interactuando con el terreno, utilizando el mismo fenómeno de fuste o roce lateral que utiliza un clavo o tornillo con la madera.

Estos anclajes generalmente actúan de manera temporal y son reemplazados con los elementos de arriostre definitivos de la estructura. Momento en que pierden su tensión; quedando como elementos “inocuos” en el terreno circundante, que no generan ningún tipo de problema para las estructuras vecinas, no se descompone y tampoco interfiere para futuras excavaciones.

Accidentabilidad

La etapa de excavación es una de las etapas más riesgosas de la construcción; donde los puntales de madera u acero utilizados como arriostramientos de las entibaciones han sido reemplazados, en la gran mayoría de las obras, por anclajes; situación que ha aumentado el nivel de seguridad de las obras y de las estructuras circundantes.  Esto se demuestra en el hecho de que, de acuerdo con la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, no se registra ningún accidente fatal en excavaciones que hayan contado un proyecto desarrollado por un mecánico de suelos con un proyecto con arrostramientos de anclajes.

Por el contrario, los accidentes fatales reportados son exclusivamente en excavaciones con taludes en frente de la excavación.

Normativa chilena

Lo anterior se debe, dentro de muchos otros factores a que la norma Chilena es muy clara y protege la seguridad de los excavadores y de las estructuras. Para el diseño y ejecución de entibaciones y arriostramientos existe la norma NCh 3206 – 2010 – Geotecnia – Excavaciones, entibaciones y socalzado – Requisitos – norma Chilena que es de gran utilidad y protege la seguridad de los las excavaciones definiendo requisitos de diseño y construcción; entregando directrices generales para el diseño de taludes, pantallas y arrostramientos; norma que ha sido una ayuda importante para el desarrollo de las excavaciones abiertas.

En el año 2018 el Instituto de la Construcción y la Sociedad Chilena de Geotecnia (SOCHIGE) hacen un llamado a participar, a un conjunto de profesionales a la redacción del proyecto de actualización de la norma Nch3206. Se incorporaron más de 40 profesionales y empresas ligadas al diseño, construcción y monitoreo de este tipo de obras; además de la academia, gobierno y asociaciones gremiales ligados a la geotecnia; mejorando los requisitos de diseño y construcción de este tipo de obras. Es probable que esta actualización de norma salga este año 2024 a consulta pública para ser posteriormente publicada oficialmente.

Problemática al utilizar los anclajes

Si bien los anclajes corresponden al método de arriostramiento mayormente utilizado en las excavaciones aumentando los niveles de seguridad de las excavaciones, las estructuras circundantes y, siendo en muchos casos la única alternativa viable de arriostrar las entibaciones y realizar las excavaciones; existen todavía dudas respecto a la legalidad existente de disponer estos elementos bajo el subsuelo de los terrenos vecinos.

Las dudas respecto a la legalidad de los anclajes temporales hacia los terrenos circundantes han generado en el pasado algunas demandas y recursos de protección de los vecinos hacia las inmobiliarias y direcciones de obras, todas fundadas principalmente en conceptos de propiedad del subsuelo circundante. Algunas de estas demandas han llegado a la corte de apelaciones y corte Suprema, con fallos que han definido una jurisprudencia.  Estos fallos han concluido sobre la legalidad de los anclajes temporales y aclaran el concepto de “propiedad del subsuelo” y su relación con el “interés”; sin embargo, a la fecha no existe una ley clara que permita la disposición de estos elementos temporales bajo el subsuelo de los terrenos circundantes que todavía genera preocupación, confusión, distintas interpretaciones e incluso detenido proyectos de excavaciones.

Además, actualmente la práctica habitual es que las Direcciones de Obras de las municipalidades exijan que en los permisos de obras provisorias y excavaciones que en los proyectos ingresados “se elimine” los anclajes de los planos, ya que estos organismos no pueden autorizar el ejecutar obras fuera de los deslindes del proyecto donde, en muchos casos inviabiliza la construcción de algunos proyectos. Algunas de ellas incluso solicitan documentos y autorizaciones expresas de los vecinos para la utilización de anclajes temporales en su subsuelo. – La práctica común es el ingreso de un plano donde no “enteran” que existen anclajes hacia los terrenos vecinos; reemplazándolos incluso por flechas; donde algunas direcciones de obras obligan al cambio de los anclajes por puntales, taludes u otros sistemas, que va en desmedro de la seguridad de la obra y los vecinos y, hasta incluso, hacen el proyecto inviable.

A mi juicio, se hace importante y urgente el legislar sobre los anclajes en terrenos circundantes, y sea agregado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Esto evitará las distintas interpretaciones y aclarará muchas dudas, de lo contrario se fuerza a que se presente municipalmente algo que “o sabemos no se construirá”, o se fuerce a optar por una solución mas riesgosa.

En el directorio del Instituto de la Construcción estamos trabajando en este tema para que finalmente el Departamento de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo instruya categóricamente a las Seremis de Vivienda y a las Direcciones de Obra del país reiterar que se pueda utilizar las circulares DDU N°181 y DDU N°188 en conjunto con un protocolo con los requisitos mínimos que presente el mecánico de suelos en su proyecto. En especifico que se establezca un formato de aviso al vecino, que tenga trazabilidad para que no exista duda de la realización de dicha gestión.

Por medio de estas circulares se señala expresamente que no se debe solicitar autorización al vecino para la aplicación de tensores en el subsuelo, donde solo se debe avisar y, en caso de tener algún problema, el vecino debe optar a la justicia ordinaria, conforme a lo dispuesto en las resoluciones de la Corte Suprema en esta materia (Jurisprudencia existente).

En definitiva, la responsabilidad en utilización de tensores y anclajes en proyecto de entibación es de responsabilidad de los profesionales competentes de la obra y de los proyectistas involucrados. No es de responsabilidad de las Direcciones de Obras en el uso del subsuelo, y como se esta llevando la practica hoy en día, solo conlleva a la presentación de proyectos incompletos o peor aun forzando a que se realicen obras que son menos seguras por evitar pasar anclajes bajo el terreno colindante.

Fuente: Instituto de La Construcción

División Salvador avanza en la puesta en marcha en proyecto Rajo Inca

Inició las pruebas del primero de dos chancadores, que triturarán la roca que provenga de la nueva mina rajo. Con esto se activa el inicio progresivo de más de 700 equipos que posibilitarán la entrada en operación del proyecto a fines del segundo semestre.

Un nuevo paso se concretó en los últimos días en el proyecto Rajo Inca. La División Salvador comenzó a probar parte del equipamiento que procesará los minerales extraídos del nuevo rajo. Específicamente, el primero de dos chancadores, que estarán encargados de triturar la roca en la línea seca.

Este primer paso es parte de la puesta en marcha del proyecto, y marca el comienzo de la implementación progresiva de una serie de equipos e instalaciones durante los siguientes meses, que posibilitará la entrada en operación del proyecto a fines del segundo semestre.

Tras el inicio de las pruebas en el primer chancador, se sumará un segundo en las próximas semanas, y en la secuencia posteriormente vienen los procesos de molienda y flotación en la planta concentradora.

“Esta puesta en marcha activa de manera progresiva más de 700 equipos y sobre 16 mil señales en el sistema de control, por lo que implica un gran trabajo de coordinación y logística. El cumplimiento de esta fase es parte del proceso de sacar adelante Rajo Inca y nos compromete aún más con nuestro país y la Región de Atacama”, sostuvo Christian Toutin, gerente general de División Salvador.

Rajo Inca permitirá prolongar la vida útil de la división por más de 40 años.

Fuente: Portal Minero

«No cumplieron con los estándares técnicos»: Ripamonti por viviendas transitorias de damnificados

Debido a las lluvias que se registraron en el Gran Valparaíso, damnificados por el megaincendio presentaron diversos deslizamientos de tierra y también filtraciones en viviendas de emergencia. La Alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, cuestionó las construcciones, aseverando que “no cumplieron con los estándares técnicos”.

Fuertes lluvias, acompañadas con vientos e incluso granizados en algunos momentos, se registraron en varios sectores del Gran Valparaíso en la jornada de este martes 7 de mayo. Situación que afectó principalmente a familias damnificadas por el megaincendio, algunas de las cuales siguen viviendo en carpas pese a los meses transcurridos tras la emergencia de febrero.

A pesar de que ya se han presentado lluvias en los sectores siniestrados, y que se hayan activado medidas preventivas, diversas calles fueron dañadas por el deslizamiento de tierra, y también viviendas de emergencia fueron afectadas por filtraciones de agua.

La vecina del sector damnificado de Pompeya Sur, en la comuna de Quilpué, Jacqueline Lazcano, indicó que en su vivienda de emergencia se filtró el agua y el viento. Además cuestionó que en medio del temporal no funcionaran las ollas comunas, principal fuente de alimentación para varias familias damnificadas.

Desde la Municipalidad de Quilpué pusieron en marcha el Plan de Emergencia para responder a las complicaciones que podrían presentarse producto del sistema frontal.

Con respecto a los campamentos que siguen presentes en los sectores siniestrados y al riesgo que están expuestos en medio de estos eventos meteorológicos, la alcaldesa de la comuna, Valeria Melipillán, hizo hincapié en la celeridad que debe tener la entrega de viviendas.

Viviendas de emergencia no cumplen con estándares técnicos

Por otro lado, el municipio viñamarino también estuvo realizando trabajos territoriales en las zonas afectadas, entregando elementos de apoyo para que las viviendas y campamentos no tengan mayores inconvenientes.

Sin embargo, la alcaldesa Macarena Ripamonti, fue crítica con respecto al estado de las viviendas transitorias, destacando que no cumplieron con los estándares técnicos.

Según la Armada de Chile, Valparaíso presentó cerca de 15 milímetros de agua caída, Torquemada 31.1 milímetros y Quilpué registró 20.9 milímetros. Un sistema frontal en donde solamente hubo una vivienda afectada, según la Delegación Presidencial de la Región.

Fuente: Biobío

Punto Pyme Antofagasta llevará a 17 emprendimientos de la región a Exponor 2024

El Programa «Punto Pyme Antofagasta» busca enlazar a 17 Pymes de la región con empresarios regionales y nacionales durante Exponor 2024, la feria minera más grande del país, que se llevará a cabo del 3 al 6 de junio.

Desde el 3 al 6 de junio, la Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y Energética, Exponor 2024, organizada por la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), será el epicentro de la innovación y el networking empresarial más grande del país. Es en este contexto que los emprendedores regionales son llamados a ser protagonistas de este encuentro una vez más.

Con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, integrado por Corfo y Sercotec y desarrollado por CP Comunicaciones, el presente año nace “Punto Pyme Antofagasta”, iniciativa que busca dar continuidad al proyecto “Punto de Encuentro Emprendedores” realizado en la última versión de Exponor, invitando este 2024 a 17 emprendimientos locales a que tengan la oportunidad de presentarse ante la industria minera.

Además de asegurarles un stand individual a cada uno de los participantes en Exponor 2024, recibirán capacitación en técnicas de ventas y relaciones públicas por parte de CP Comunicaciones, así como la posibilidad de participar en ruedas de negocios y actividades de networking con diversos actores de la feria.

En palabras de Kevyn Galleguillos, director regional de Sercotec, “en la economía regional, el sector minero representa más del 70% del PIB. Aunque las pymes aún no forman parte del tejido productivo de estos sectores económicos, existe un vasto mercado al que pueden acceder si reciben el apoyo adecuado y hacen uso de sus potencialidades”.

Por su parte, Christian Godoy, director ejecutivo de CP Comunicaciones, indicó que “creemos que eventos como este no solo equilibran las oportunidades, permitiendo a los emprendedores regionales exhibir sus proyectos en un entorno como Exponor, sino que también resaltan la importancia del trabajo colaborativo para superar los retos futuros con éxito”.

Requisitos

¿Quiénes pueden participar? Se considerarán todas las pequeñas y medianas empresas, ya sean personas naturales y/o jurídicas, con inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), vigente al momento de la convocatoria. Además, deberán tener domicilio comercial y casa matriz en la Región de Antofagasta.

Asimismo, las empresas deben contar con al menos un año de experiencia, demostrar ventas netas anuales que no superen las 25 mil UF, y ofrecer servicios o productos asociados a la industria minera, energética, servicios logísticos o de apoyo a la producción.

Cómo postular

Los interesados deben ingresar desde este sábado 4 de mayo al sitio web www.puntopymeantof.cl donde podrán descargar las bases y el Formulario de Postulación. Este formulario debe ser completado en su totalidad y enviado por correo electrónico a puntopymeantof@gmail.com, junto con el certificado de deudas laborales F-30 (DT), una fotocopia del Rol Único Tributario (SII), la Carpeta tributaria para solicitar crédito (SII) de la empresa, y el logo de la empresa en formato digital (Imagen corporativa).

La convocatoria cierra el viernes 10 de mayo, a las 16:00 horas, y los resultados serán publicados en el sitio web el viernes 17 de mayo, a las 16:00 horas.

Fuente: Portal Minero

Ingreso promedio: la principal barrera para acceder al financiamiento para la compra de una vivienda

El Informe Inmobiliario USS-Tinsa correspondiente a la Región Metropolitana reveló que un hipotecario equivale en promedio a 11,8 años de ingresos íntegros de una familia, plazo que cae a 5,64 años para adquirir una propiedad nueva acogida a subsidios.

La problemática del acceso a la vivienda nueva y su consecuente impacto en el mercado inmobiliario en la Región Metropolitana (RM), fueron abordados en el reciente Informe Inmobiliario USS-Tinsa, revelando que el cálculo de dividendo promedio para una vivienda en la RM superaría el 25% del ingreso promedio familiar del capital demandado por las entidades financieras para optar por un crédito hipotecario. La estimación fue realizada considerando en valor del ticket promedio en la región, simulando una hipoteca por el 80% de valor de la propiedad a 25 años con los rangos de tasas más bajos ofrecidos por el mercado financiero.

Así, la investigación, liderada por la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (FIAD) de la Universidad San Sebastián (USS) en conjunto con Tinsa, empresa líder en valoración y consultoría inmobiliaria, también proyectó cuántos ingresos íntegros requeriría en promedio un grupo familiar para cumplir el sueño de la casa propia en el área metropolitana, lo que equivale a más de dos años para completar el pie de la vivienda, en la mayoría de los proyectos; mientras que el crédito hipotecario requiere 11,8 años de ingresos familiares íntegros.

Felipe García, director de Tinsa Cono Sur explica que “debido a la alta inflación experimentada entre 2021 y 2023, actualmente nos encontramos con un desajuste entre el costo de la vivienda y los salarios reales de las personas, por lo que el ingreso promedio sería hoy la principal barrera para acceder al financiamiento para la compra de una vivienda. Esto ha resultado en la necesidad de un mayor esfuerzo económico para adquirir una vivienda, lo que evidentemente disminuye el numero potencial de personas que pueden hoy financiar la compra de una vivienda”.

En el caso de la oferta de la RM acogida a subsidios, el plazo para el pago de la vivienda cae a 5,64 años, evidenciando la importancia que tienen los beneficios fiscales a la hora facilitar el acceso a la vivienda en los segmentos más afectados por el déficit habitacional y la necesidad de seguir profundizando y ampliando este tipo de aportes e incentivos de parte del Estado, lo mismo que acciones de parte de la banca y la industria para facilitar el financiamiento del pie y del crédito a más chilenos.

Para Federico Casanello, decano de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y
Diseño (FIAD) en este informe “se observa que la venta de viviendas nuevas ha ido a la baja en la Región Metropolitana (10,8% menor que el trimestre
anterior) y que el stock ofertado se ha ido consumiendo en el último trimestre (7%), con una disminución de los proyectos en venta (14,8% inferior que el trimestre anterior). Uno de los problemas complejos que enfrenta el país, es la dificultad de acceso a la vivienda, como consecuencia del mayor precio de éstas y de las restricciones para acceder a un crédito hipotecario, lo que ha incidido en esta reducción de ventas. Es fundamental que volvamos a tener un mercado inmobiliario en crecimiento y las personas tengan mejor acceso a la vivienda, lo que requiere la ayuda de todos los actores, tanto públicos como privados, donde la banca tiene un rol relevante”.

Por su parte, Carlos Aguirre, investigador FIAD y editor general del Informe Inmobiliario USS-Tinsa agrega que “estamos en un momento clave para entender el ciclo inmobiliario, estamos en un punto de inicio de mejora y que claramente nos debe llevar a comprender de mejor forma estos procesos y tomar lecciones. El informe nos muestra que hay “brotes verdes”, que podemos salir del sobre stock actual con medidas concretas y voluntades trasversales. Lo que más preocupa para explicar el ciclo en este periodo es la falta de acceso a la vivienda y que puede ser abordada con políticas públicas, necesarias para este momento”.

Por su parte, Fabián García, director general de Tinsa, explica que a pesar de que las actuales condiciones de financiamiento están dejando a muchas familias fuera del mercado, “las proyecciones respecto a la venta de viviendas muestran que el mercado ya pasó por su peor momento, gracias a que tuvimos una inflación más estable y mejores tasas, escenario que debería aliviarse aún más hacia fines de 2024 e inicios de 2025”.

De acuerdo con el ejecutivo de Tinsa, estos primeros brotes verdes se han visto reflejados en niveles de ventas más estables en la RM, con variaciones moderadas, como la disminución de 0,2% en las ventas del primer trimestre de 2024 en comparación al último periodo del año anterior. “Como consecuencia, se está observando una caída de 49,8% stock ofertado en comparación con el último trimestre de 2023, lo que permitirá reactivar el ingreso de proyectos nuevos y la actividad inmobiliaria en general”, finaliza.

Sobre el Informe Inmobiliario USS-Tinsa

El acuerdo colaborativo que mantienen la Universidad San Sebastián y Tinsa Chile permite analizar información descriptiva de los reportes de actividad inmobiliaria de Tinsa-Incoin.lat, con tendencias en mercados regionales y/ comunales y asequibilidad a la vivienda utilizando Open Data de fuentes oficiales, con herramientas de Big Data, Inteligencia Artificial y automatización.

Fuente: Cuatro Ejes

Repavimentación de la Panamericana Sur está al 66% de lo previsto para 2024

Rutas de Lima continúa realizando los trabajos de mantenimiento al pavimento de la Panamericana Sur, iniciados en diciembre de 2023. A la fecha, se ha repavimentado más de 227,000 metros cuadrados desde el KM 19 hasta el KM 15, sentido de sur a norte. Esto equivale al 66% de lo proyectado para este año en la Panamericana Sur.

Esta primera etapa del plan de conservación considera actividades desde el KM 3.8 (Javier Prado) al KM 19.4 (Peaje Villa) y del KM 53 al KM 56 (Pucusana) en ambos sentidos. Los trabajos se ejecutan conforme a los más altos estándares de calidad, señalización y equipamiento necesarios para el tránsito seguro de los usuarios y la protección de los trabajadores.

Los trabajos se realizan prioritariamente en horario nocturno para no afectar la transitabilidad de los usuarios y consisten en la restauración del pavimento para seguir brindando las condiciones de soporte adecuadas para las cargas vehiculares, asegurando que los usuarios transiten por vías seguras.

“Con el mantenimiento de las vías buscamos brindar las mejores condiciones de seguridad para todos los usuarios. A la fecha venimos avanzando en la Panamericana Sur y posteriormente iniciaremos trabajos en la Panamericana Norte”, indicó Jonathan Vera, gerente de Calidad de Rutas de Lima.

La restauración del pavimento se realizará en el 100% de la superficie de los tramos operados y mantenidos por Rutas de Lima en Panamericana Sur (pasando el Trébol de Javier Prado hasta el Puente Pucusana) y Panamericana Norte (pasando el Puente Habich hasta antes del Intercambio de Ancón). La superficie total a intervenir es de 2,300,000 metros cuadrados que se ejecutarán en un tiempo estimado de 3 años.

Puerto de Chancay: Midis propone “fondo social”, pero Cosco lo ve inviable

Un nuevo frente de debate en torno al Puerto de Chancay podría iniciar pronto. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) instaló el 22 de abril una comisión multisectorial con 13 ministerios para definir intervenciones sociales en la zona de influencia del megaproyecto. En este espacio, la cartera pondría sobre la mesa la posibilidad de que el puerto tenga un “fondo social”.

Esta propuesta nace de una marcha pacifica que se realizó el pasado 30 de abril en Chancay para exigir que el Gobierno nacional atienda un pliego de demandas sociales. Una de ellas es alcanzar “un compromiso justo del fondo social para las obras en Chancay”, destaca Juan Álvarez, alcalde distrital de la localidad, a Gestión.

Para ese fin, el titular del Midis, Julio Demartini, indica a este diario que la comisión que preside busca entregar un diagnóstico de las necesidades de la comunidad en 150 días, bajo dos informes técnicos. Estos documentos contendrían un listado de acciones concretas a ejecutar en diferentes plazos para que tanto la inversión privada como pública en torno al megapuerto tengan orden.

Propósito

Al enterarse de la marcha, un equipo del Midis acudió al distrito para invitar al Frente de Defensa de Chancay a la comisión. El propósito es que esta propuesta en concreto pueda ser expuesta en ese fuero.

“Es legítimo que tengan demandas. Esa propuesta pasa por la Ley N.° 27613, que es la que asigna la renta de aduanas. Callao ya lo recibe y le ha permitido a las autoridades tener ingresos sin depender de tributos. Es un apalancamiento al desarrollo. Eso debería pasar en Chancay, lo discutiremos”, asegura Demartini.

Sin embargo, Álvarez aclara que su idea es que el fondo vaya aparte de la renta de aduanas. “Es un adicional. Lo reciben todos los años ya otros puertos de su naturaleza. La municipalidad debería tener ese beneficio para poder mitigar las necesidades que tendremos aquí. Se van a incrementar seriamente”, refiere.

El último en fijar una propuesta similar, recuerda el alcalde, es el Nuevo Puerto de Marcona, adjudicado por ProInversión a finales de marzo a la empresa china Jinzhao. La obra que demandará US$ 405 millones de inversión en Ica tendrá un fondo social del 3% de los ingresos brutos generados. El Puerto de Chancay, solo en su primera fase, triplica a Marcona con US$ 1,300 millones inyectados.

Demartini precisa que los recursos del fondo dependerían del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Hecho que genera molestias en Álvarez, ya que esta cartera no forma parte de la comisión multisectorial. “No entiendo por qué no se ha sumado. Es el eje para desarrollar inversiones”, indica.

El ministro señala que citará a Cosco Shipping a la comisión para que opine respecto a la aplicación de un fondo social en su puerto. Así, buscarían evitar un nuevo roce, luego de que se pusiera en duda su exclusividad sobre los servicios esenciales del puerto. Como reveló Gestión, por este hecho el inversor de capitales chinos abrió la puerta a un eventual arbitraje contra Perú.

“El Estado debe ser un socio estratégico para la inversión privada. Solo con orden las reglas de juego serán claras. Lo que pasó fue que Transportes avanzó los términos regulatorios por una parte, el regulador portuario por otra y los gobiernos locales lo suyo”, considera Demartini.

Pero Cosco no ve viable la propuesta, ya que el Puerto de Chancay es un puerto privado de uso público, según explicaron a Gestión. “Mantenemos contacto continuo con la comisión, pero el tema no ha sido abordado. Es importante considerar que la naturaleza de los ‘fondos sociales’ está vinculada a los contratos de los concesionarios, lo que es distinto al esquema normativo bajo el cual se desarrolla el Puerto de Chancay”, dijeron.

Orientación

Demartini precisa que, aparte de discutir la posibilidad del fondo social, los informes de su comisión tendrán que darle orden a la inversión. Así, fijarán plazos establecidos y articularán las obras sectoriales que ya están en ejecución.

Hay dos ministerios, especialmente, que hoy corren contra el tiempo para completar algunas tareas en la zona de influencia del puerto. Vivienda acelera la elaboración de planes de desarrollo urbano, mientras Transportes avanza por partes con obras viales que serán necesarias para sostener el flujo de transporte de carga y personas que moverá el proyecto.

“En Perú, históricamente, cuando se desarrolló infraestructura, se generó un crecimiento desordenado. Pasó con el Puerto del Callao. Ahora no puede extenderse porque se asentaron comunidades al lado de la obra”, ejemplifica el ministro, quien también dice que el Gobierno proyecta que se requieren S/ 4 mil millones de inversión pública en el ámbito de Chancay.

Los informes de la comisión también sentarán las bases para promover otras megaobras aledañas al puerto. Una de ellas sería el Parque Industrial de Ancón, la pieza del llamado “hub portuario” junto a los puertos de Chancay y el Callao que todavía no arranca.

“Las municipalidades de Ancón y el Callao se han acercado para participar de la comisión, pero hemos arrancado con la zona de influencia directa. Les hemos dicho que en el desarrollo de las conclusiones (de los informes) se les invitará. Con Chancay recibiremos un comercio internacional importante. Será necesario fortalecer Ancón y que el Callao se empareje”, refiere Demartini.

Empadronamiento

A finales del 2022, el Midis aprobó la nueva Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Con su actualización, la cartera empezó a medir la pobreza con un enfoque multidimensional, incluyendo al que hasta entonces era el único criterio para definir las carencias sociales: la capacidad monetaria.

Con esa visión renovada, Demartini señala que su gestión inició un empadronamiento masivo en 2023 en “ciudades grandes” para visibilizar a quienes no eran considerados en el registro del Midis hasta entonces.

Este proceso no es menor, ya que según esta clasificación socioeconómica se permite hoy postular a los programas asistenciales del sector como Pensión 65, Juntos o Beca 18. En el caso del distrito de Chancay, al 31 de marzo de este año, el Midis tiene clasificados socioeconómicamente a 9,599 hogares. De ese total, 5,490 son pobres o pobres extremos. 4,109 no lo son. Esto significa que el 57% de los hogares identificados hasta ahora en la localidad donde se desarrolla el megapuerto carecen de condiciones óptimas para vivir.

“Sirve para que las intervenciones que hacen los otros sectores también sean más eficaces porque sabrán a quienes realmente atender. No todos requieren lo mismo. Algunos requieren mayor protección social, otros de repente no son pobres, pero son vulnerables y podrían caer nuevamente. Otros ya consolidados, necesitan otras intervenciones, como son líneas de crédito con tasas más asequibles”, explica Demartini.

MTC espera que Congreso cierre controversia

Gestión también conversó con el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, quien indicó que esperan que el Congreso vote por segunda vez los cambios a la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) esta semana, con los que se arreglaría la controversia en torno a la exclusividad de los servicios del Puerto de Chancay.

“Entiendo se ha presentado una solicitud de reconsideración para que se vuelva a votar en el pleno y no pase a la comisión de Economía”, dijo. La modificación legislativa tuvo una primera votación favorable en abril, pero el 3 de mayo el Congreso aprobó una cuestión previa. Pérez Reyes señaló que esto se produjo por desinformación.

“He conversado con algunos congresistas, y entiendo que les faltaba información sobre el proyecto, particularmente sobre de la renovación de la administración por 30 años. Algunos entendieron que es automática y no: es condicionada a que la empresa plantee compromisos de inversión y que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) lo apruebe”, aseguró.

Por eso, resaltó, sus coordinadores parlamentarios están informando a los legisladores al respecto, con ayudas memoria que el MTC está armando.

Alertan urgencia de mejorar infraestructura para equilibrar flujo comercial Brasil – Perú

Durante la cuarta reunión virtual de la Cámara de Comercio Brasil – Perú (Cambraper), el jefe del Departamento de Promoción Comercial en la Embajada de Brasil en Lima, João Ijino, destacó la importancia de revitalizar la infraestructura terrestre para facilitar un comercio más ágil y provechoso entre ambas naciones.

Indicó que el 74% de las exportaciones brasileñas hacia Perú se realizan por vía marítima, mientras que apenas el 19% transita por la carretera interoceánica. “Esta disparidad se agudiza en el lado peruano, donde el 92% de las exportaciones con destino a Brasil provienen del mar, relegando apenas un escaso 2.3% por vía terrestre”, agregó.

João Ijino señaló que para ello también hay desafíos que deben ser tomados en cuenta como la limitación de cupos para transportistas que genera una demanda desproporcionada y dificulta la obtención de autorizaciones.

Comercio Bilateral

Durante la reunión, en la que participaron más de 70 líderes diplomáticos y empresariales, también se abordaron temas relacionados con la inversión. Mientras Perú ocupa el puesto 26 como inversionista externo directo en Brasil, este país se encuentra en el puesto 7 como inversor en Perú, con un stock de inversión que supera los US$ 2,000 millones, concentrándose principalmente en sectores como el minero, la industria, los servicios y la energía.

Para aumentar el flujo de importaciones de Brasil, el funcionario consideró fundamental la colaboración de entidades como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Promperú, la integración regional con el “Proyecto Rutas de Integración Regional Sudamericana” y el proyecto Chancay.

En la reunión de la Cambraper se discutió cómo Chancay podría beneficiar la producción brasileña y convertirse en una alternativa para las exportaciones hacia el Pacífico, y además se retomó la idea del tren transoceánico, considerando la posibilidad de que Perú sea una ruta para las exportaciones brasileñas hacia los mercados asiáticos.

Fortuna Silver invirtió US$ 4.6 millones en su mina Caylloma en el primer trimestre

La empresa canadiense Fortuna Silver reveló que durante el primer trimestre de este año realizaron un gasto de capital de US$ 41.4 millones en todas sus operaciones mineras (Argentina, Burkina Faso, Costa de Marfil, México y Perú). De este monto global, unos US$ 4.6 millones fueron destinados a su mina polimetálica Caylloma (Arequipa), por encima de los US$ 3.8 millones desembolsados en similar periodo del 2023.

De acuerdo a los estados financieros trimestral de la minera, unos US$ 3.3 millones representan al gasto para capital de sostenimiento de las operaciones y US$ 358,000 forma parte de la inversión en exploración Brownfield.

“El desarrollo subterráneo para el trimestre se centró principalmente en los niveles de mina 15, 16, 17 y 18. El aumento en los gastos de Brownfields se atribuye principalmente a un mayor metraje, perforación diamantina adicional e inflación de costos”, explicó Fortuna Silver.

En cuanto a la producción de la mina Caylloma en los primeros tres meses del año, esta fue de 315,460 onzas de plata, un 11% más frente a similar periodo del 2023. Además, se produjo 9.5 millones de libras de plomo y 12.2 millones de libras de zinc. El primer mineral en mención estuvo en línea con lo previsto, mientras que el de zinc representó una disminución del 7% respecto al primer trimestre del ejercicio previo.

“La menor producción de metal en comparación con el trimestre anterior se debió a menores leyes, las cuales están en línea con las estimaciones de Reservas Minerales y la guía de producción para el año”, especificó la minera canadiense.

Inversión en 2024

Para este año, Fortuna Silver tiene planeado realizar inversiones de capital por US$ 21 millones en su mina Caylloma. De este monto, US$ 19 millones estarán dirigidos para sostener los gastos de capital y los otros US$ 2 millones estarán enfocados a los programas de exploración Brownfields.

Continúan atentados contra minera Poderosa: vuelan torre de conexión en Pataz

Otro nuevo ataque contra la minería. En la madrugada del 8 de mayo de 2024, la línea de transmisión LT 6050 de 60 kV que conecta el Sistema Eléctrico Nacional (SEIN) con Mina Poderosa, ubicada en la localidad de Santa Rosa de Zancobamba, en Pataz-La Libertad, fue objeto de un atentado. La torre 55 que sostenía esta conexión fue volada en un acto terrorista, dejando sin energía a todas las operaciones de la unidad minera, incluyendo Marañón y Santa María.

Este incidente se suma a una serie de ataques violentos que han afectado a Poderosa en los últimos meses, resultando en la pérdida de vidas humanas y daños materiales significativos. Desde incursiones criminales hasta ataques a la infraestructura clave, como torres de alta tensión, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, la empresa ha enfrentado una situación preocupante.

Hace un mes, el Gobierno amplió el Estado de emergencia den la zona, pero al parecer esto no sería suficiente. Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de la minera, comenta que “los ilegales nos siguen atacando a pesar del Estado de emergencia”.

Emergencia

La provincia de Pataz, donde se encuentra la mina Poderosa, está bajo estado de emergencia, con un contingente de más de 300 efectivos de la Policía Nacional Perú (PNP) y del Ejército desplegados en la zona. Sin embargo, la efectividad de estas medidas de seguridad se ve cuestionada por la continuidad de los ataques.

La derogación reciente de una norma por parte del Congreso, la cual buscaba combatir las actividades ilícitas asociadas a la minería ilegal, ha generado preocupación sobre la capacidad del Estado para hacer frente a este problema. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, la falta de coordinación y apoyo interinstitucional ha dificultado la contención de la violencia.

En este contexto, desde la minera, se hace un llamado a las autoridades competentes para redoblar los esfuerzos en la lucha contra la minería ilegal y garantizar la seguridad de las operaciones legales en el país.