Obras - Construnoticias

31 de agosto de 2023

Preocupa el crecimiento inmobiliario en Quintana Roo; falta planeación, regulación e infraestructura, según expertos

Existen cerca de 1,000 proyectos residenciales en proceso de construcción ubicados en la zona norte del estado, 40% se encuentra en Tulum

Quintana Roo ha emergido como uno de los mercados inmobiliarios más atractivos por su vocación turística y la expectativa de crecimiento alrededor de los proyectos de infraestructura del gobierno federal como el aeropuerto de Tulum y el Tren Maya; sin embargo, expertos afirman que el estado presenta algunos retos en materia de planeación urbana y regulación, lo cual debe alertar tanto a los gobiernos estatal y municipales para poder corregir la situación.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria (AMII), existen aproximadamente 1,000 proyectos residenciales en construcción ubicados en la zona norte de la entidad, 40% se encuentra en Tulum.

«La oferta inmobiliaria de la zona es impresionante, hablamos de un gran número (de proyectos), pero no necesariamente de calidad. Es importante la participación de los profesionales en bienes raíces para orientar a los clientes hacia dónde deben dirigirse para reducir el riesgo de una mala experiencia de compra», comentó Wilberth J. Gutiérrez, presidente nacional de la AMII.

Adicional a las licencias de construcción y los permisos de uso de suelo, que son del orden estatal y municipal, los desarrolladores de la Riviera Maya deben tramitar algunas autorizaciones federales, entre ellos: el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y el relacionado con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) que autoriza la construcción de inmuebles con frente o cercanía a las franjas de mar.

Al respecto, Marcelo Ramírez, presidente de AMII Cancún, mencionó que el acelerado crecimiento del mercado sobrepasa a los organismos públicos encargados de la supervisión y regulación.

«Tenemos cifras muy elevadas de proyectos en construcción y eso, de cierta manera, ha rebasado la capacidad de las autoridades para la tramitación (de permisos), les fue muy fácil darle banderazo de salida a algunos de esos proyectos sin que estuvieran 100% regulados», dijo Ramírez durante un webinar organizado por Neivor, empresa de tecnología para la administración de condominios.

Por su parte, Gutiérrez destacó que sólo 50% de las entidades federativas del país cuentan con leyes inmobiliarias y Quintana Roo es uno de ellos, pero no es necesariamente la adecuada para la realidad actual del estado.

«Se debe involucrar la regulación hacia los desarrolladores. Hay que tener criterios y normas más estrictas para avalar las licencias de construcción y no solo tomar en cuenta la parte técnica, sino también la financiera de los proyectos, con el fin de garantizar la inversión de los compradores finales», afirmó.

«No hubo tiempo de planear»

Además de la regulación, los expertos de la AMII coincidieron en que la planeación y la infraestructura son dos factores que se deben priorizar para garantizar el desarrollo inmobiliario ordenado y el deseado crecimiento económico en Quintana Roo.

Si bien, las grandes obras del Tren Maya y el aeropuerto de Tulum han generado acciones de equipamiento a sus alrededores, para Melania Cisneros, presidenta de AMII Tulum, el sector de bienes raíces va adelantado respecto a esta infraestructura.

«Al ser una región prácticamente virgen, no hubo tiempo de planear. Tenemos un reto de enfoque hacia la sostenibilidad y de crear estrategias innovadoras de planeación en las que converjan el sector gubernamental y el empresarial», declaró la especialista.

En este sentido, el presidente nacional de la Asociación, remarcó que no se trata únicamente de impulsar la construcción de infraestructura, sino también de crear instrumentos de planeación urbana que trascienden con el tiempo, sin importar los cambios de gobierno municipal y estatal.

«Desafortunadamente, cada que hay buenas ideas para la infraestructura y el desarrollo regional, no necesariamente tienen la continuidad para que permanezcan en el largo plazo, y esto podría ser un factor que interrumpa el crecimiento actual», indicó Gutiérrez.

31 de agosto de 2023

“Se entiende que suba el riesgo país, pero no que se paguen más siniestros por revueltas sociales”: aseguradora internacional

Con un nuevo líder en Colombia y tras pagar la contingencia de Hidroituango, Mapfre se prepara para seguir creciendo en el país y disputar una mayor porción del mercado.

La aseguradora española Mapfre, que llegó a Colombia desde 1984 tras la compra de Seguros Caribe, tomó la decisión de convertir al país en la punta de lanza para su estrategia de crecimiento en Centro y Suramérica. Para ello, en este año tiene previsto invertir en proyectos encaminados en fortalecer las relaciones con sus grupos de interés, mejorar su portafolio en productos de vida y su eficiencia operativa.

Rafael Prado González, nuevo CEO de la aseguradora para Colombia y quien venía de la operación en Perú, junto a Antonio Huertas, presidente mundial de Mapfre, quien estuvo de visita en el país, señalaron que los seguros son una actividad no solo comercial, sino también social, pues permiten protegerse ante diversos riesgos, que en caso de materializarse, pueden implicar una ruina financiera. Pusieron el caso de la creciente siniestralidad derivada del cambio climático, que, respecto a América Latina, tiene una muy baja cobertura en seguros. De hecho, estiman que en los últimos cinco años la media de siniestros climatológicos ha sido de 120.000 millones de dólares y apenas el 20 % de los habitantes de la región tienen coberturas para estas tragedias naturales, que en muchos casos no solo destruyen viviendas, sino que llevan al cierre de empresas o zonas que nunca logran recuperarse, con su respectivo impacto económico y social.

También resaltaron las amenazas asociadas a los ciberataques, los cuales están incrementando en frecuencia. A pesar de ello, las empresas continúan mostrando resistencia a protegerse contra este tipo de eventualidades.

Ambos directivos destacaron que Colombia es un país con un alto conocimiento técnico en seguros, pero que tanto en este como en otros mercados es necesaria la confianza para que cada vez más gente se asegure. “Se puede cubrir con seguros lo que se puede prever, por eso esta actividad requiere de una economía previsible”, puntualizaron y dijeron que Colombia hasta ahora ha tenido esa estabilidad.

No obstante, señalaron que la reciente subida del llamado riesgo país no es mala per se, mientras se tengan soluciones para corregirla, pero que lo que no puede pasar es que en Colombia permanentemente se esté pagando más siniestros por las revueltas sociales.

Opinaron que, si bien Colombia es uno de los países mejor preparados para abordar las transiciones energética y digital, no le sirve crecer a niveles de 1 % o 1,3 %. ”Eso es completamente insuficiente. Es economía de subsistencia y se tienen que preparar planes más transformadores para que se pueda acelerar el paso. Es un plan a 15 o a 20 años, con fases de 2 a 5 años”, indicó Huertas.

Los dos directivos de Mapfre también se refirieron al pago que realizaron por 983 millones de dólares a Hidroituango por la póliza ‘Todo Riesgo Construcción’ que tenía el megaproyecto tras los problemas y retrasos que presentó. Para los directivos de la aseguradora española este proceso indemnizatorio fue todo un éxito y una prueba de la utilidad de los seguros, así mismo destacaron que lograron aglutinar a un grupo de entre 10 y 12 reaseguradoras mundiales para apalancar este pago.

Mapfre tiene presencia en 19 ciudades del país con 700 colaboradores, 88 oficinas y 1.950 intermediarios. En 2022 logró afianzar su operación con más de 1,6 millones de clientes y un incremento en primas del 12,6 %.

Para este año, prevé terminar con primas superiores a los 2 billones de pesos, un crecimiento de más del 15% y un alcance de 1,8 millones de clientes, con el fin de consolidarse dentro del top 5 del mercado asegurador nacional.

Las cifras de Fasecolda indican que las 46 aseguradoras que operan en el país reportaron primas por 24,1 billones de pesos en el primer semestre de 2023, 22,2 % más que un año atrás. Sura Vida, Alfa Vida y Bolívar Vida (todas colombianas) son las de mayor facturación, cada una con primas por encima de 1,7 billones de pesos. Mapfre se ubica como la primera aseguradora de origen internacional con 968.000 millones de pesos.

31 de agosto de 2023

Este fue el contundente mensaje del expresidente Duque al Presidente Petro por la crisis en el sector energético

Político, gremios, entidades, empresas se han pronunciado por el futuro de la prestación del servicio de energía en Colombia.

En Colombia, desde la semana pasada, diferentes gremios del sector energético alzaron la mano para pedir ayuda. Por una parte, las electrificadoras advirtieron inminente apagón financiero, se vería en riesgo servicio de la energía, y por el otro, si bien la presidente de Acolgen, fue enfática en manifestar que no hay riesgos de apagones, precisamente en la manera como se contrata la energía en el país, si le pide al Gobierno nacional mayor atención a lo que podría ocurrir en 2026, porque lo que podría ocurrir es posible racionamiento del servicio.

La explicación que da Gutiérrez es que el colchón de la demanda de energía que a hoy, año 2023, está en 9,5 % y este llegaría a 2025-2026 a 2,5 %, situación que aumentaría las decisiones de racionamiento de energía en el país, advierten los expertos. Según como lo manifestó la líder gremial, estas cifras fueron recogidas de los informes de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y agregó que el 80 % se negocia a largo plazo a través de contratos bilaterales o por mecanismos, y solo el 20 % se negocia en bolsa y se ve tan solo reflejando en 7 % en el valor del precio de la factura que pagan los colombianos.

Ahora bien, teniendo claro este panorama, el expresidente Iván Duque respondió al presidente actual de la República, Gustavo Petro por crisis del sector energético. En días pasados, el presidente Petro señaló que por consecuencia de una opción tarifaria que creó el expresidente Duque existe una deuda de superior a 5 billones de pesos en el sector de empresas comercializadoras de energía.

“La opción tarifaria la creo Duque de una manera similar a como lo hizo con el déficit del fondo de la gasolina pero en energía eléctrica. Decidió unas tarifas de energía eléctrica más bajas de lo que debería cobrar normalmente en los tiempos del covid; pero lo hizo no con cargo a las utilidades del sector eléctrico, sino como una deuda de los usuarios que se acumuló y que deben pagar ahora. Al final de su gobierno esa deuda asciende a 5 billones de pesos y deben ser pagados”, indicó el mandatario Petro.

El expresidente Duque respondió en su cuenta de X (Antes Twitter). ”A las cortinas de humo del populismo, una vez más, la verdad les da una lección. A las comercializadoras las está quebrando el populismo”, respondió quien gobernó a Colombia entre 2018 y 2022.

El hecho también ocasionó la respuesta del exministro Mesa del Gobierno Duque, quien indicó que la opción tarifaria se creó en la Ley 143 de 1994 y la han aplicado, voluntariamente, comercializadoras de energía en múltiples gobiernos, la más reciente durante el Gobierno actual. “Es falso que estos mecanismos, que han operado con normalidad en más de cinco gobiernos, los haya creado el gobierno Duque”.

De otro lado, por medio de una carta que envió la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) al ministro de Minas y Energía, Omar Camacho, quedó evidenciada la preocupación por la situación de liquidez que atraviesan las empresas comercializadoras del país.

31 de agosto de 2023

EPM revela contrato confidencial de Hidroituango por orden de un juez

El contrato de seguros lo asumió con Mapfre por 983 millones de dólares, tras la contingencia de 2018.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) divulgó el acuerdo confidencial al que llegó con la aseguradora Mapfre en medio de la reclamación por la póliza de riesgos, tras el siniestro que puso a tambalear a Hidroituango en 2018. Después de una intensa negociación, el pacto se cerró por 983 millones de dólares a favor de la compañía antioqueña.

El documento estaba bajo reserva por petición de la empresa extranjera. Sin embargo, un juzgado le quitó el misterio al papel y ordenó su publicación inmediata, luego de una tutela que presentó el concejal y hoy candidato a la administración distrital, Daniel Duque. El togado anunció que el proceso era público, entendiendo la naturaleza jurídica de EPM.

El gerente de Empresas Públicas, Jorge Andrés Carrillo, indicó que el oficio contenía una cláusula de confidencialidad que frenaba su publicación, pese a la insistencia de la opinión pública por conocer los detalles del tratado: “No podíamos entregarlo porque estaríamos incumpliendo. No hay nada qué ocultar. Ojalá lo hubiéramos podido entregar antes”.

EPM no estaba al frente de algo menor. Los seguros tenían dos rubos y estaban cubiertos por altas cantidades de dinero: daños materiales en la construcción por 2.556 millones de dólares y el lucro cesante -por la no entrada en la operación del proyecto- por 628 millones de dólares. Como el daño no fue en toda la obra, Mapfre no entregó toda la plata.

El proceso de reclamación inició en 2018, después de la contingencia de mayo de ese año que afectó a Hidroituango. En ese momento, el monto probable de la indemnización fue de 2,8 billones de pesos, pero se lograron 4,3, tras el proceso de responsabilidad fiscal que profirió la Contraloría General de la República, categorizado como daño patrimonial.

Entre 2019 y 2021, mientras negociaba con EPM, Mapfre hizo tres anticipos que sumaron 350 millones de dólares. Cuando entró a la discusión el ente de control, se aceleró el pago de la deuda: con los 983 millones de dólares se cubrió el 90 por ciento del monto que fijó la Contraloría, el resto se logró con consignaciones de otras aseguradoras de Hidroituango.

Socio mayoritario de Hidroituango le pide a EPM que suelte la construcción y operación de la obra

La Gobernación de Antioquia, accionista mayoritario de la Sociedad Hidroituango, puso contra las cuerdas a Empresas Públicas de Medellín (EPM), contratista de la iniciativa: le pidió que suelte la construcción y operación de la hidroeléctrica a cambio de frenar las demandas que están en trámite por incumplimientos en el contrato del megaproyecto.

La propuesta la presentó el gobernador Aníbal Gaviria Correa en una carta que remitió al gerente y a la junta directiva de la compañía de servicios públicos. Allí, expresó malestar por una cifra revelada por EPM: la obra tiene un saldo negativo de 960 millones de dólares calculado a 50 años. Es decir, no produciría ganancias y las pérdidas serían millonarias.

“No puede ser que, en 50 años de operación de la hidroeléctrica, EPM gane miles de millones de dólares, mientras la Sociedad Hidroituango y sus socios -la Gobernación de Antioquia y el Idea- no reciben un solo peso, dineros necesarios y esperados para la inversión social en los 125 municipios del departamento”, redactó el mandatario.

Este dato lo suministró la compañía ante el Tribunal de Arbitramento que está definiendo las exigencias económicas de los dueños de Hidroituango, donde se alegan incumplimientos en el cronograma de la obra, cuya multa, que tendría que asumir EPM, se mediría en 1,2 billones de pesos. Esa cifra podría incrementar por futuros retrasos.

Ante este panorama financiero, el gobernador quiere tomar las riendas de la hidroeléctrica para poderle sacar provecho y satisfacer los deseos de las acciones que comanda. Como están las cosas, según Gaviria, solo saldría favorecida Empresas Públicas de Medellín: “Nos percibimos como víctimas y no como una entidad contratante y socia de EPM”.

Él pidió que, de manera concertada y anticipada, se dé por terminado el contrato BOOMT por medio del cual Empresas Públicas de Medellín tomó el control de Hidroituango y ceda las acciones que tiene dentro de la Sociedad. En dado caso de que se produzca este movimiento, la construcción y operación la asumiría la Gobernación de Antioquia.

31 de agosto de 2023

Vilcanota II, obra de agua potable de S/198 millones para Cusco: ¿Cuáles serán los distritos beneficiados?

La empresa SedaCusco anunció la ejecución de un megaproyecto de agua potable Vilcanota II Etapa de 198 millones 957.947 soles, el cual garantiza una producción masiva del líquido elemento y abastecimiento para los próximos 20 años en el Cusco. La finalidad de la obra es mejorar la calidad de vida de los cusqueños a través del acceso a los servicios básicos de saneamiento.

La Entidad Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento (SedaCusco) informó que el expediente del Sistema Vilcanota II Etapa fue aprobado por la Gerencia de Ingeniería y Proyectos, lo cual asegura el desarrollo de la obra de agua potable, siendo un hito trascendental en beneficio de las familias del Cusco.

¿Qué distritos se beneficiarán con el megaproyecto?

La obra tendrá un caudal de bombeo de 1.026 litros de agua para satisfacer la demanda de los siguientes distritos:

Provincia del Cusco: Cusco, Wanchaq, Santiago, San Jerónimo, San Sebastián, Saylla y Poroy.
Provincia de Quispicanchi: Oropesa, Andahualillas y la localidad de Huiarcarpay.
Provincia de Anta: Cachimayo.
Provincia de Utcubamba: Chinchero.

¿Cuál es el plazo para ejecutar la obra y cuántos cusqueños beneficiará?

Al oficializarse la entrega de la buena pro al consorcio ganador, la obra Vilcanota II Etapa debe ejecutarse en un plazo de 18 meses para beneficiar a 652.349 ciudadanos.

¿Cuál sería la modalidad de ejecución del proyecto Vilcanota II Etapa, en Cusco?

La EPS SedaCusco informó que el proyecto se ejecutaría vía contrata y en colaboración con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

31 de agosto de 2023

Regulus busca integrar minas para dar vida a “Tantakori” en Cajamarca

La exploradora canadiense Regulus Resources informó que revisa varias vías para capitalizar el valor del proyecto de cobre y oro AntaKori (Cajamarca). Entre ellas, la integración del referido depósito con la mina vecina y proyecto de sulfuros de cobre Tantahuatay de la compañía peruana Buenaventura.

Así, según Regulus, los recursos combinados de ambos yacimientos colocarían a “TantaKori” entre uno de los proyectos de cobre no desarrollados más grandes del Perú, con una alta ley general y un índice de desmonte muy bajo, dentro de un escenario de desarrollo brownfield.

En la actualidad, Tantahuatay corresponde a Minera Coimolache, el 40% de cuyas acciones pertenecen a Buenaventura, con la cual Regulus tiene un joint venture para desarrollar el proyecto Colquirrumi, cercano a los referidos yacimientos.

“Mientras se buscan activamente estas oportunidades, continúa el trabajo en varios frentes para preparar el escenario para el desarrollo del proyecto AntaKoride la manera más eficiente y rentable para el beneficio de todas las partes interesadas”, indicó Regulus.

En ese sentido, refirió que el programa de colaboración con Nuton LLC,una empresa de Rio Tinto, para evaluar la lixiviación primaria de sulfuros de cobre y sulfosales (minerales compuestos de plomo, plata y cobre combinados con azufre) en AntaKori viene avanzando.

“Las tecnologías tienen el potencial de procesar sulfuros y sulfosales de cobre que contienen arsénico con menos impacto en el medio ambiente y los recursos hídricos que el procesamiento tradicional con concentradores”, afirmó.

Ahora, Regulus planea enviar muestras de núcleos de minerales a Nuton en el tercer trimestre de 2023. De esa manera, espera resultados completos de las pruebas de la Fase 2 del proyecto en aproximadamente un año.

31 de agosto de 2023

Chinecas: convocatoria para elaboración de perfil, plan para sanear hectáreas y más

Después de 37 años, el proyecto de irrigación Chinecas se encamina a una realidad. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) lanzó la convocatoria internacional para contratar al consultor que elaborará el perfil de la megaobra que se ubica en Áncash.

Para el estudio de preinversión a nivel de perfil del Proyecto Especial Chinecas, las empresas nacionales e internacionales deberán presentar sus expresiones de interés hasta el 12 de setiembre, de manera virtual.

De acuerdo con el cronograma de ProInversión, el consultor ganador debe empezar a trabajar el 21 de noviembre y la viabilidad del perfil podría estar lista el 5 de diciembre de 2024.

Cuando eso ocurra, se elaborará un estudio que determinará si Chinecas se ejecuta por Asociación Pública-Privada (APP) u obra pública.

Cabe señalar que Luis Pita, jefe de Proyectos de Irrigación y Saneamiento de ProInversión, sostuvo a este medio que el estudio técnico tiene un estimado de US$ 1.5 millones.

El gobierno regional de Áncash

En conversación con este diario, Koki Noriega Brito, gobernador regional de Áncash, indicó que los Términos de Referencia (TDR) fueron consensuados entre el gobierno regional, ProInversión y el Comité de Gestión (grupo integrado por agricultores y el decano del Colegio de Ingenieros de Chimbote).

El gobernador precisó que hay tres aspectos esenciales en los términos de referencia que se tienen que realizar.

“Una nueva bocatoma a la altura de Chuquicara para que tenga una cuota mayor y así pueda irrigar más tierras que llegan a Huarmey, también el cumplimiento de la Ley N° 31345 de la bocatoma única compartida con Chavimochic, y una tercera opción es que se esté la bocatoma única compartida hacia arriba y sea en cualquier “otro lugar” que técnicamente se considere”, refirió.

Recordó que en el 2012 ya se había hecho el estudio de preinversión con una inversión de S/ 22 millones y todo eso se perdió porque no hubo un área técnica que garantice ese proyecto.

“Ahora con ProInversión tenemos garantizado los estudios. La convocatoria será transparente y se pide una empresa que haya desarrollado obra de esta naturaleza”, sostuvo.

El potencial en la región

Noriega Brito, gobernador regional de Áncash, estimó que el estudio de preinversión duraría un año y medio. Pasado este plazo, espera que comience la adjudicación del proyecto.

En busca de que el proyecto sea integral, Noriega sostuvo que la obra de irrigación generará 350,000 puestos de empleos directos e indirectos.

Agregó que Chinecas convertiría a Áncash en una de las regiones líderes de agroexportación, en mango, palta, uvas y pitahaya.

Este proyecto tiene como finalidad derivar las aguas del río Santa para irrigar las tierras agrícolas en los valles e intervalles del Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma y Sechín en la región de Áncash, además del suministro de recursos hídricos para uso poblacional en las localidades de su ámbito.

Cuenta con una primera etapa de obras existentes, las cuales comprenden bocatomas en el río Santa, canales y túneles con extensión hasta el valle de Nepeña.

En sus etapas siguientes, el proyecto prevé la construcción de una nueva bocatoma y embalses para la regulación de las aguas del río Santa, como también de la extensión de su canal principal a los valles de Casma y Sechín.

Sanear tierras

Con respecto a la problemática del “tráfico de tierras” que hay en Chinecas, el gobernador de Áncash mencionó que de las 136,000 hectáreas -con ampliación hasta Huarmey- hay un 5% del total de áreas invadidas (6,800 hectáreas).

En esa línea, Noriega comentó que se está realizando un plan de saneamiento físico legal en todas las áreas.

“Vamos a realizar el cronograma de trabajo el cual irá en tres etapas: verificar los hitos que están saneados en Registros Públicos, el segundo es registrar todas las áreas que están libres y ver cómo saneamos las áreas invadidas”, apuntó.

Detalló que en cuatro meses (fines de 2023) esperan cumplir hasta la segunda etapa de su plan de saneamiento físico legal. “La tercera etapa, por el impacto social, va a demorar”, dijo.

Fuente: Gestión

30 de agosto de 202330 de agosto de 2023

Alertan posible apagón en Colombia

La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), el gremio que agrupa a varias empresas comercializadoras de energía en Colombia, ha señalado que el país podría enfrentar un apagón debido a problemas financieros del sector, una situación que podría agravarse aún más con la llegada del fenómeno de El Niño.

El gremio advirtió que algunas distribuidoras de energía están al borde de un posible default financiero. De hecho, José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, precisó que estas empresas acumulan una deuda masiva de 7,2 billones de pesos, que incluye saldos pendientes de la opción tarifaria, subsidios no pagados y deudas de usuarios oficiales.

Esta carga financiera amenaza la viabilidad de la actividad de comercialización de energía en Colombia. Sin embargo, la situación podría tornarse aún más sombría debido al fenómeno de El Niño, el cual ejerce una presión adicional sobre el sector energético al aumentar los costos de adquisición de energía en el mercado.

Aunque los usuarios estarán protegidos de manera directa, estos aumentos repercutirán en los saldos pendientes de cobro para las empresas. Según Manzur, si no se toman medidas de manera urgente para abordar los problemas de liquidez, el déficit financiero podría crecer a 10,5 billones de pesos a finales de 2023, una suma que equivaldría a casi tres años y medio de ingresos para estas compañías.

La perspectiva presentada por Asocodis subraya la posibilidad de un riesgo sistémico, lo que podría llevar a un colapso en la prestación de servicios de energía a nivel nacional. Las empresas podrían enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, lo que a su vez podría afectar a los generadores térmicos que necesitan un flujo de efectivo constante para operar. En resumen, la crisis financiera emergente podría traducirse en un apagón nacional, no debido a problemas energéticos, sino a problemas económicos.

Ante este panorama preocupante, Asocodis ha remitido una carta a las autoridades pertinentes, solicitando medidas urgentes. La asociación propone soluciones estructurales, incluida la adopción de la opción tarifaria de manera más flexible y la asignación de fondos para cubrir subsidios y brindar liquidez a las empresas afectadas. Las recomendaciones buscan aliviar las tensiones financieras y preservar la estabilidad del suministro energético en el país.

30 de agosto de 2023

En la zona funciona el 40 por ciento de las salinas productivas del país

La minería en Colombia se ha dedicado, durante gran parte de su historia, a la extracción de aquellos minerales conocidos como preciosos, tales como el oro y la plata. Más tarde, se sumaron los metálicos como el cobre y el hierro; los de tipo combustible, como el carbón y, por último, las esmeraldas. En este variado grupo está la sal que, por su condición de no metálico, su uso en los alimentos, en la industria y en la salud, ocupa un lugar importante, como lo menciona Natalia León Soler, historiadora de la Universidad Externado de Colombia.

En Colombia funcionan actualmente, a buen ritmo, cinco salinas, dos de ellas en la costa Caribe: las de Manaure y Galerazamba, las cuales producen sal marina que se obtiene a partir de la evaporación solar del agua de mar o de un lago salado, las
otras producen la sal de la explotación de la roca salina.

Para la historiadora, el siglo XX representó, para las salinas de Colombia, su consolidación como industria. «Con el tiempo se dedicó a la producción de productos químicos derivados del cloruro de sodio para las demás industrias como la farmacéutica, alimenticia y textil; a su vez industrias como la de curtiembres,
jabones, vidrio y papel», asegura.

Las salinas de La Guajira, por ejemplo, son parte de una tradición que se ha mantenido por décadas. Para industrializar esta actividad, la Industria Salinera del Caribe (Indusalca) ha alcanzado una producción cercana a las 4.000 toneladas mensuales del
producto, según informan sus portavoces, por lo que, a la par, nació la necesidad de tener un mejor aprovechamiento del recurso natural.

“Como resultado, la empresa redujo en 42 por ciento el consumo de gas durante el proceso de secado y disminuyó en 20 por ciento el tiempo de enfriamiento de la sal, lo
que elevó la producción mensual en 600 toneladas, correspondientes al 15 por ciento de su capacidad”, indican voceros.

Actualmente, Indusalca emplea a más de 2.000 personas, de las cuales el 90 por ciento pertenece a la comunidad wayuu.

Por su parte, León indica que la industria salinera progresa a lo largo de los años. Las principales fuentes se han mantenido y han innovado en su producción y exportación.

“Al igual que otros productos mineros ha tenido momentos de auge y de descenso,
pero nunca ha estado en la quiebra, se mantiene vital en el mercado nacional
como en el internacional”, señala.

30 de agosto de 2023

La reapertura de la vía Bogotá-Villavicencio se dará con restricciones y para estos vehículos

La vía Bogotá – Villavicencio se ha mantenido cerrada con intermitencias de apertura desde los temblores que se dieron en la región, el pasado 17 de agosto. El gobierno del presidente Petro dio a conocer algunas medidas para una reapertura controlada.

Según el Ministerio de Transporte se va a tener que cumplir con ciertas restricciones y los vehículos tendrán que transitar mediante algunos horarios.

La vía Bogotá-Villavicencio, desde este miércoles 30 de agosto, inicia la fase 2 del Plan de Contingencia Operativa, que se refiere a incorporar a los vehículos de servicio público de pasajeros y transporte especial.

También se indicó que la idea es que, desde el próximo jueves 31 de agosto de 2023, se dé inicio a la Fase 3 del plan, con el ingreso de los vehículos particulares y motociclistas, manteniendo los horarios indicados anteriormente.

Este plan, según el Ministerio, “es la hoja de ruta establecida para ofrecer condiciones de seguridad a los usuarios y a las comunidades aledañas al corredor vial; por lo tanto, es de estricto cumplimiento por parte de las entidades partícipes”.

Así será el tránsito por la vía Bogotá-Villavicencio

Sentido Bogotá – Villavicencio: apertura a las 3:00 AM y el cierre para el último vehículo será a las 2:00 PM en el K00+000 (Sector del UVAL).
Sentido Villavicencio – Bogotá: apertura a las 5:00 AM y el cierre para el último vehículo será a las 4:00 PM en el K82+300 (CAI – Buenavista).

“Es importante tener en cuenta que, a los vehículos que lleguen a los puntos de control luego del horario de cierre, no se les permitirá el paso, solo a los autorizados de la región”, dicen desde el Gobierno.

¿Qué tipos de vehículos pueden transitar por la vía al Llano?

En la Fase 2: los de la Fase 1 y yodos los de transporte público de pasajeros.
En la Fase 3 (desde el 31 de agosto): Todos lo de la Fase 1, todos los de la Fase 2 y los particulares categoría 1 y motociclistas

“Para el 30 de agosto se mantienen los controles a los vehículos particulares y motociclistas entre el K35+000 y el Peaje de Pipiral K72+000 con el fin de que solo ingresen los vehículos autorizados a la zona de afectación”, recuerdan desde el Ministerio.