Tras reconocerse que el Perú enfrenta una situación de recesión económica, el Gobierno indicó que dará 13 medidas de gestión y normativas para impulsar el sector minero. Esto fue anunciado por el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, durante la presentación del “Plan Unidos”.
En exploración minera, por ejemplo, se optimizará los requisitos ambientales y de consulta previa de acuerdo con estándares de calidad de la región. En operación minera, se mejorará la normativa en las operaciones mineras (seguridad y salud en el trabajo) y en producción y concesiones mineras adecuando a la necesidad sectorial.
Con respecto a exploración y operación minera, se mejorará la normativa relacionada a intervenciones arqueológicas, adecuación ambiental y concesiones en zonas de frontera, en un marco de desarrollo sostenible del sector.
“La minería es el sector resiliente en la economía, que permite sostener el impacto negativo”, comentó el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, durante la presentación del plan, que incorpora 25 medidas. “Estos dispositivos se publicarán en los siguientes días. El sector minería y la agroexportación tiene que ser la base de la recuperación, eso es lo que estamos apostando”, agregó.
De esta manera, el Gobierno espera que se inicie la construción siete proyectos mineros hacia el 2025. En el “Plan Unidos”, este año se iniciarían la ampliación de Toromocho Fase II (Junín) y Reposición Antamina (Áncash), lo que representará una inversión total de US$ 2,419 millones.
Para el 2024, se espera los proyectos Yumpag (Pasco), Romina (Lima), Corani (Puno) y Chalcobamba (Apurímac), que implican una inversión de US$ 964 millones. Mientras que en el 2025 se ejecutaría Zafranal (Arequipa) con una inversión de US$ 1,263 millones.
En adelante, la cartera de proyectos mineros por ejecutar será de US$ 46,657 millones.nEl MEF precisó que espera que se desarrollen los proyectos La Granja (US$ 5,000 millones), El Galeno (US$ 3,500 millones), Río Blanco (US 2,792 millones), Los Chancas (US$ 2,600 millones), Michiquillay (US$ 2,500 millones), Pampa de Pongo (US$ 2,344 millones) e Integración Coroccohuayco (US$ 590 millones).
Se ahorra tiempo
Jaime Gálvez, exministro de Energía y Minas, refirió que es muy importante adecuar la normatividad minera y fortalecer a los equipos encargados de hacer las evaluaciones.
“La consulta previa en exploración debería simplificars. Actualmente toma más de un año y donde sea posible se debe de ampliar el silencio administrativo positivo, porque los plazos previstos en las normas rara vez se cumplen”, refirió a Gestión.
Detalló que un proyecto minero tarda varios años en desarrollarse, mejorar la normativa podría ahorrar un par de años al desarrollo de los proyectos de construcción y un año a las campañas de exploración.
Gálvez sostuvo que el otro frente es el social y el Estado debe acompañar mejor a los proyectos mineros para prevenir la conflictividad antes de que estalle ese problema. “Casi siempre se llega tarde cuando el conflicto ya escaló”, aseveró.
Sin consulta previa en exploración
Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (Snmpe), cuestionó al Ejecutivo por no ser tan claro con sus propuestas. Además, señaló que los proyectos anunciados por el Gobierno no “mueven la aguja,” debido a que aún no se concretan.
“Yumpag es un proyecto de mina pequeña; con Corani hay un problema financiero; y Chalcobamba (de Las Bambas) ya debería estar trabajando, pero para que avance necesitaría el apoyo del Estado porque se han metido los ilegales. Zafranal aún está “en pañales”. En su cartera ponen el total de la inversión como si esta se realizará al 2025, pero eso toma no menos de tres años en construirse. Entonces, no mueve la aguja”, apuntó.
Sobre la consulta previa, Gálvez sostuvo que no debería aplicarse en etapa de exploración. “No debería haber consulta previa en exploración porque eso es una investigación y no se tiene certeza de la existencia de nada, no habrá un impacto ambiental”, afirmó.
En esa línea, el experto en minería sostuvo que para un impulso a dicho sector es que cumplan los plazos establecidos de sus normas. “Se reduciría de 1,000 días que se demoran en dar el certificado de impacto ambiental a 180 o 190 días”, manifestó.
Mencionó que no se trata de normativas, sino de generar un shock de inversiones público y privado, con lo cual se debería sacar adelante el proyecto minero de Tía María. “Un shock de inversiones empezaría con Tía María, que tiene todo su permiso y la voluntad del inversionista, como el dinero para sacar adelante, pero no hay voluntad política”, aseveró.
