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El Gobierno de Gustavo Petro, en vocería del Ministerio de Minas y Energía, reveló el borrador que contiene el articulado de la Ley Minera en Colombia en la que se fijan los parámetros a seguir para impulsar la minería artesanal en el país. ¿Cómo se manejará este rubro?

De acuerdo con el documento, la minería artesanal es la actividad minera dedicada a la extracción o recolección a cielo abierto de minerales mediante el empleo de herramientas y técnicas manuales, sin la utilización de equipo mecanizado, maquinaria o explosivos para su arranque o de reactivos tóxicos en los procesos de beneficio.

“Se entienden incluidas dentro de la minería artesanal las labores de barequeo, mazamorreo, paleo y las de recuperación de minerales que se encuentren presentes en los residuos de las explotaciones mineras, independientemente de la denominación particular que estas reciban en las diferentes regiones del territorio nacional”, precisa el articulado.

La minería artesanal incluye, de manera excepcional, la excavación superficial de yacimientos aluviales, sujeta en cualquier momento a verificación de la viabilidad técnica y de seguridad por parte de la autoridad minera. Podrán usarse motores de baja presión exclusivamente para retirar el agua.

Si se aprueba esta ley, tal y como ha sido presentada, el Estado deberá garantizar el acompañamiento y asesoría a las poblaciones mineras artesanales, para fomentar el adecuado ejercicio de su actividad, y la comercialización formal y segura de los minerales así obtenidos.

Vale decir que para estimular el funcionamiento de la minería artesanal, la autoridad minera nacional y el Servicio Geológico Colombiano en el término de seis meses -a partir de la expedición de la ley-, definirán el listado de minerales que puedan explotarse mediante métodos artesanales.

Asimismo, se reglamentarán los topes máximos de extracción para cada uno de ellos, así como las condiciones excepcionales para las excavaciones superficiales de yacimientos aluviales; y los revisarán periódicamente para actualizarlos conforme a las realidades del sector.

Por su parte, el Gobierno Nacional diseñará, en el mismo tiempo, los mecanismos de registro, control y vigilancia diferenciada más adecuados para garantizar la inscripción de los mineros artesanales, el empleo de las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales y de seguridad en el ejercicio de la minería artesanal.

Cabe recalcar que, en ningún caso, se exigirá contrato minero o licencia ambiental para el ejercicio de esta actividad.

Otras medidas que cobijarán a la minería artesanal con la Ley Minera en Colombia

El Ministerio de Minas y Energía adoptará e implementará medidas para la protección y fomento diferencial de la minería artesanal y de pequeña escala que deberán ser ejecutadas por la autoridad minera, con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de esa población.

Pero también para sumar a la preservación del ambiente, a la recuperación de zonas intervenidas por actividades de minería, al adecuado aprovechamiento de minerales -de manera responsable y acorde con su categoría y escala-, a incentivar su participación en la reindustrialización nacional y a contribuir a la diversificación productiva.

“(…) reconociendo para ello, las necesidades específicas y características diferenciales del territorio, con especial atención en las mujeres y sus organizaciones. Además, se promoverá que la minería semitecnificada transite a una minería de pequeña escala”, expresa el articulado de la Ley Minera en Colombia.

Dichas medidas incluirán, entre otras, las siguientes estrategias de protección y fomento diferencial:

1. Asesoría legal y técnica para obtener los instrumentos mineros y ambientales que correspondan, y cumplir en debida forma las obligaciones que de ellos se derivan
2. Fomento a la investigación e innovación tecnológica en materia de mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales para el desarrollo de actividades mineras
3. Apoyo en la formulación de proyectos para la optimización tecnológica de los procesos de beneficio y transformación de minerales, ante los diferentes órganos, sistemas o fondos de financiación
4. Fortalecimiento de la identidad cultural mediante la protección de las prácticas de minería artesanal ligadas históricamente a las comunidades, su cultura y territorio
5. Capacitación y apoyo organizacional y comercial
6. Desarrollo de programas de formación técnica, tecnológica y profesional, considerando poblaciones priorizadas, entre ellas mujeres en su diversidad, comunidades étnicas y víctimas del conflicto
7. Transferencia tecnológica
8. Promoción y acompañamiento para la consolidación de esquemas cooperativos y asociativos para el ejercicio de la minería artesanal semitecnificada en tránsito o de pequeña escala.
9. Asesoría en la obtención de sellos o reconocimientos de calidad y origen
10. Promoción de condiciones laborales dignas, estableciendo mecanismos de prevención y mitigación para erradicar, entre otros, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y otras violaciones a derechos laborales
11. Asesoría, acompañamiento y apoyo para la reconversión de actividades mineras y la diversificación productiva

Alianzas público-popular y privado-popular

Se impulsará la constitución de alianzas público-populares entre las asociaciones/organizaciones de mineros(as) vinculadas a la minera artesanal, semitecnificada y de pequeña escala para apoyar sus actividades mineras.

Estas alianzas promoverán la formación de capacidades administrativas y financieras, fortalecimiento organizacional, asociatividad, acceso a equipamiento y maquinaria, reconstrucción del tejido socio-productivo local, entre otros, a partir de las capacidades territoriales y humanas ya instaladas.

Estas alianzas podrán ser financiadas con recursos del Fondo de Fomento Minero, el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación. Y serán prioridad de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta del sector minero.

Entre tanto, se impulsará la constitución de alianzas privado-populares entre los contratistas mineros, comercializadores, entidades financieras privadas y los integrantes de las diferentes cadenas productivas, y las asociaciones/organizaciones de mineros vinculadas a la minería artesanal, semitecnificada en tránsito y de pequeña escala para el apoyo de sus actividades.

Así como fomentar su eficiencia y rentabilidad, propiciar la transferencia de tecnologías útiles al aprovechamiento y beneficio de minerales y buenas prácticas en el sector, el desarrollo de cadenas de valor agregado.

Adicionalmente, el Gobierno Nacional promoverá los pactos de productividad en el sector minero, mediante la promoción de la comercialización de los minerales producidos por la minera artesanal, semitecnificada en tránsito, de pequeña escala y su articulación en cadenas de valor.

Y, finalmente, se articulará en conjunto con las entidades financieras y/o organizaciones no gubernamentales -del orden nacional y local- el desarrollo de instrumentos y programas específicos para promover el acceso al financiamiento y al crédito público de la población minera que desarrolla actividades artesanales, semitecnificadas o de pequeña escala.

También para grupos de mineros organizados. Estos instrumentos deberán incorporar en su diseño tasas de interés, montos, plazos y condiciones que se ajusten a este tipo de organizaciones.

El Gobierno de Gustavo Petro, en vocería del Ministerio de Minas y Energía, reveló el borrador que contiene el articulado de la Ley Minera que sería presentado en el Congreso de Colombia este 2024: en el documento se expresa la prohibición de la exploración y explotación del carbón térmico. ¿Cuáles son los detalles?

En línea con el texto borrador, de aprobarse la Ley Minera, habría una prohibición para contratar la exploración y explotación de carbón térmico.

“Con el objetivo de avanzar en el proceso de transición energética y las metas de descarbonización adoptadas por Colombia, la autoridad minera no adjudicará nuevos contratos para la exploración y explotación de carbón térmico. Lo anterior, sin perjuicio de los títulos o contratos de ese tipo suscritos con anterioridad a la presente norma, a los cuales les serán aplicadas las disposiciones vigentes al momento de su suscripción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la presente ley”, cita el articulado.

Artículo 214. Régimen Aplicable a Contratos Vigentes. A los títulos y contratos mineros vigentes a la promulgación de esta ley, les serán aplicables las normas bajo las cuales fueron perfeccionados, por lo tanto, las condiciones, términos y obligaciones serán cumplidos conforme a las mismas.

Por su parte, las multas, sanciones y caducidad de dichos contratos seguirán lo dispuesto en la presente ley. En consecuencia, esta nueva normativa no afecta la validez de los contratos de concesión minera, contratos especiales de concesión minera, las licencias de exploración, permisos o licencias de explotación, contratos de explotación y contratos celebrados sobre áreas de aporte, vigentes al momento de su entrada en vigor.

Igualmente quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas antes de la vigencia del presente estatuto.

Para tal prohibición, el Ministerio de Minas y Energía diseñará un plan de transición para las personas dedicadas a la minería de carbón térmico, contemplando las acciones para la sustitución, reconversión o diversificación de la actividad económica de quienes desarrollaban y dependían de este tipo de minería.

Todo esto en coordinación con las poblaciones y titulares o contratistas mineros, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio de Educación, el Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de la Igualdad y las demás entidades que sean indispensables para tal efecto.

Adicionalmente, el documento relata sobre la prohibición de minería en espacios marinos y costeros jurisdiccionales.

Según el Gobierno Nacional se buscará prohibir la minería en estos espacios: lo que incluye la minería en las playas, lecho y subsuelo marinos, la explotación de sedimentos y minerales presentes en la masa de agua, así como aquella que pueda afectar estos ecosistemas.

Adicionalmente, en el articulado de la Ley Minera en Colombia, se excluyó la prohibición, explotación y extracción de minerales presentes en la masa de agua marina como es el caso de la sal marina, siempre y cuando se realicen desde tierra firme y cumplan con los requisitos y regulaciones establecidos por la ley.

Vale decir que este borrador de articulado inició oficialmente su proceso de consulta previa con sujetos étnicos, a través de las instancias correspondientes, y de manera simultánea se somete a comentarios de la ciudadanía.

“Agradecemos sus opiniones, aportes y reflexiones, para los cuales estará dispuesto el formulario oficial del Ministerio de Minas y Energía durante un mes y abiertos los canales de comunicación institucional, que encuentra en nuestra página web”, indicó la cartera minero-energética de Colombia.

Esta Ley Minera en Colombia tiene por objeto organizar, planificar y regular el aprovechamiento sustentable de minerales en el territorio nacional, “en armonía con principios, normas y parámetros ambientales y sociales, con el propósito de avanzar hacia el desarrollo de una economía productiva e industrializada en el país”.

Así como de “garantizar el abastecimiento de minerales; la distribución equitativa de los beneficios y la prestación de sus servicios con un enfoque territorial e incluyente; alcanzar condiciones dignas de existencia, particularmente en las zonas destinadas a esas operaciones; y, contribuir al logro de la transición energética para todos los habitantes del país”.

En el marco del foro de arbitraje realizado este 20 de febrero, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció acerca del borrador de decreto que entregaría nuevas facultades al presidente Gustavo Petro para modificar el presupuesto de inversión para vigencias futuras.

Sobre estas últimas, aseguró: “Podría reprogramarse en función de que si la obra está atrasada no tiene ningún sentido que me pidan que gire recursos cuando la plata está ahí represada”.

Además, mencionó que con este borrador de decreto se busca tener un avance efectivo en las obras.

“Todo lo que tiene hoy declaratoria de importancia estratégica lo va a seguir teniendo. Lo que se requiere es que esas obras efectivamente avancen y podamos evaluarlas, y que si no hay obras podamos direccionar recursos hacia otras obras”, dijo Bonilla.

Sin embargo, el jefe de la cartera de Hacienda mencionó que esto no generaría mayores facultades al jefe de Estado.

“El proyecto solo tiene una intención y es que el presidente sea informado de qué es lo que hay respecto a los proyectos de inversión. La inquietud del presidente es que, hacia atrás, los presidentes por lo general quedan desinformados de los movimientos que se hacen y él quiere estar informado”, dijo el ministro de Hacienda.

¿Cuáles serían las obras que podría ser modificadas con estas vigencias futuras?

El jefe de la cartera de Hacienda anunció que serían algunos los proyectos que podrían tener modificaciones en dichas vigencias futuras en el presupuesto del 2025.

“Digamos que hay varias, pero quizás pondría el ojo en la más emblemática de todas. Mulaló Lobo Guerrero tiene $1,8 billones encerrados en una fiducia y este año tendríamos que desembolsar $450.000 millones”, dijo.

Señaló, que esos recursos se podrían destinar para arreglar los problemas de algunas vías como la de Rosas en el Cauca y Villa Aldeana. De otro lado, mencionó que el Metro también podría ser evaluada.

“El Metro tiene una declaratoria de importancia estratégica y lo que se está evaluando este año es si realmente necesita recursos este año porque tiene suficiente caja y está atrasado”, agregó el funcionario.