“El 85% de la capacidad de desalación instalada en Chile pertenece a la industria minera”

En un contexto marcado por la crisis hídrica que afecta a gran parte del territorio nacional, este mes, además de conmemorarse el Día Mundial del Agua (22 de marzo), en Santiago se desarrollaron dos importantes eventos relacionados con proyectos de plantas desaladoras, como la 6ª Conferencia y Exposición “Desalinización América Latina 2024” y el Congreso Acades “Nuevas fuentes de Agua para Chile”, los que se realizaron entre el 13 y 14 de marzo, y entre el 20 y 21 de marzo, respectivamente.

Pero, además, en un nuevo hito para el sector minero nacional, y en una ceremonia que contó con la presencia del Presidente de la República, Gabriel Boric, de autoridades y de líderes de la industria, el pasado jueves 21 de marzo, Minera Los Pelambres celebró la puesta en marcha de su proyecto de Infraestructura Complementaria (INCO) que incluye la primera planta desalinizadora en la zona central del país para la minería.

Para conocer sobre la importancia que ha adquirido para la minería nacional el proceso de desalinización de agua de mar durante estos últimos años, Portal Minero conversó con Cristina Pardo de Vera, CEO de R&Q Concesiones e Infraestructura y directora de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades).

Con respecto a los principales temas que se abordaron en la reciente conferencia Acades 2024, la especialista explica que cuando pensaron en el título del congreso “Nuevas fuentes de agua para Chile”, “lo hicimos pensando en generar un espacio de consenso y de conocimiento que involucrara a diversos actores de la sociedad, con la finalidad de crear una Estrategia Nacional de Desalación y de Reúso”.

Agrega que espera que “haya un antes y un después de este congreso”, en el sentido de buscar amplios acuerdos entre el sector público y el privado, en un ambiente de colaboración y de conocimiento estricto para hacer frente al cambio climático

“De esta manera, se enfrentaría de mejor manera la grave crisis hídrica que azota al país que, en algunos casos, la situación es realmente preocupante, como lo que ocurre en la Región de Coquimbo, la que amenaza con racionamientos, detención de actividades productivas e, incluso, de seguridad alimentaria”, advierte.

Nuevos proyectos en construcción

En la actualidad, existen 31 plantas desaladoras en Chile, explica Cristina Pardo. De estas, 24 están operativas, produciendo 9.882 litros/segundo; otras cinco se encuentran en fase de construcción, las que sumarían una capacidad adicional de 6.900 litros/segundo, y al menos, tres han recibido su aprobación ambiental.

En este contexto, el sector minero viene apostado desde hace varios años por nuevos proyectos de plantas desaladoras en sus procesos, lo que representa un paso significativo hacia una minería más responsable desde el punto de vista del buen uso del agua.

“El desarrollo de la desalación y el reúso en la minería ha adquirido unos porcentajes muy admirables y el sector ha sido pionero en estas buenas prácticas. Hablamos que el 85% de la capacidad de desalación instalada en Chile pertenece a la industria minera y en la actualidad reúsa el 74% del agua que utilizan en sus procesos”, precisa.

Asimismo, son cada vez más las empresas mineras que se suman a la construcción de sus propias desaladoras para enfrentar la escasez hídrica.

Según la directora de Acades, en Chile hay cinco plantas desaladoras en construcción o prontas a entrar en operación (Planta Desaladora Collahuasi, Distrito Norte, Expansión Mantoverde, Antofagasta y Aconcagua) y tres con evaluación ambiental aprobada (Distrito Minero Centinela Etapas I y II, Santo Domingo y Atacama).

“Además, hay otras 17 iniciativas en evaluación preliminar, que podrían agregar 23 mil litros/segundo de agua al país. Estas plantas son esenciales para enfrentar la escasez hídrica”, detalla.

Colaboración pública-privada

De acuerdo a la especialista de R&Q Concesiones e Infraestructura, el principal desafío que enfrenta actualmente la construcción de nuevas plantas desaladoras en el país está relacionado con acortar los plazos de tramitación de estos proyectos.

“Lamentablemente, Chile se ha involucrado en la tan llamada y temida ‘permisología’, es decir, en procesos demasiado largos de habilitación o de obtención de permisos”, asegura.

Agrega que cuando un inversionista está evaluando la planificación de un proyecto, en estos momentos puede demorarse entre seis hasta 10 años para el desarrollo final de una planta desaladora. “Por eso es muy importante que a partir de ahora empecemos a tomarnos en serio las certezas jurídicas que requieren estos proyectos y los plazos”, puntualiza.

“Además, todos los expertos coincidimos que la solución definitiva es la colaboración público-privada. Recordemos que en otras décadas esta unión fue muy importante para generar una de las mayores inversiones de este país, como fue el caso de la construcción de carreteras que permitieron a Chile aumentar su calidad de vida y ser un ejemplo en desarrollo de infraestructuras. Ahora esperamos una situación parecida, pero esta vez la prioridad debe ser el agua”, concluye la ejecutiva.

Ver entrevista completa de Cristina Pardo de Vera en el siguiente link.

Tres postores extranjeros compiten para construir planta de tratamiento de agua en Perú de casi US$ 100 millones

Los interesados serían una empresa mexicana y dos consorcios: uno de capitales españoles y estadounidenses, y el otro conformado por una empresa brasileña y una árabe.

Tras la evaluación de Proinversión Perú, el ente encargado de promocionar la inversión privada en el país andino, tres postores precalificaron para la etapa final del concurso internacional que permitirá la construcción, operación y mantenimiento de una Planta de Tratamiento de Agua Residual en Puerto Maldonado.

Se trata de dos consorcios y una empresa que fueron precalificados luego de presentar los documentos requeridos en las bases, para demostrar el cumplimiento de experiencia técnica en este tipo de proyectos.

El primero es Tecnología Intercontinental, una empresa mexicana que se dedica al diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua.

Por otro lado está el Consorcio Saneamiento Puerto Maldonado, compuesto por BTD Capital y Calare Investments. La primera empresa es de origen español y está especializada en asociaciones público-privadas de infraestructura, por otro lado, Calare está basada en Estados Unidos.

El otro consorcio tiene como nombre Copasa-Almar y está compuesto por la Sociedad Anónima de Obras y Servicios (Copasa), de origen brasileño y con sucursal en Perú dedicada al desarrollo de grandes proyectos de construcción. En esta asociación, también participa Almar Water Servicios España, una empresa con presencia global y origen en Arabia Saudita.

La adjudicación del proyecto estaría prevista para el segundo trimestre de 2024 y comprende la construcción, rehabilitación, ampliación, operación y mantenimiento de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales municipales en Puerto Maldonado.

La inversión estimada asciende a 365 millones de soles sin Impuesto General a las Ventas (unos US$ 97,7 millones) y el plazo de la concesión será de 23 años mediante Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en calidad de concedente.

El proyecto contribuirá al cierre de brechas en agua potable y alcantarillado, además brindará un servicio eficiente y sostenible de tratamiento y disposición final de aguas residuales. Esta iniciativa impactará en la salud y la calidad de vida de 120 mil personas en Perú.

Fuente: DF SUD

Socovesa cerró el 2023 con fuertes pérdidas y un aumento significativo en su carga de deuda

Los mayores gastos en administración y costos de ventas llevaron a la caída en los números de la inmobiliaria, al mismo tiempo que se constató un incremento sustantivo de la cantidad de deuda durante el ejercicio 2023.

Socovesa, reconocida empresa del rubro de la construcción, compartió sus resultados financieros a diciembre de 2023, los cuales dan cuenta de unas pérdidas por $25.300 millones durante el año pasado, borrando los $6.389 millones de ganancias del 2022.

De esta forma, la crisis postpandemia que golpea al sector deja a la compañía con números rojos. Incluso, la deuda corriente creció un 14,4% hasta los $846.151 millones, principalmente por un alza del 23,4% interanual de su deuda financiera neta, que llegó a los $712.245 millones.

Y s bien los ingresos crecieron un 14,5% hasta los $267.191 millones, no cumplieron con las proyecciones iniciales e incluso el resultado operacional registró una contracción del 15,8% a comparación del 2022 hasta los $11.837 millones, gracias a un 18% de alza en costo de ventas y del 10,6% en gastos de administración.

Socovesa cerró el 2023 con pérdidas y fuerte nivel de deuda

Según recuerda Pulso, durante el año pasado la constructora consiguió dos créditos por UF 1 millón (unos US$45 millones), con BancoEstado y BCI por un lado y con un fondo relacionado a LarrainVial por otro. Esto con tal de mejorar la liquidez de la empresa.

Respecto al primero, Socovesa afirmó incumplir un covenant (compromiso que adquieren los deudores con los acreedores al momento de recibir un préstamo) de patrimonio total, pero que habría tenido el visto bueno de los bancos.

Durante el 2023, el patrimonio total de la empresa cayó un 6,7% interanual hasta los $364.796 millones, “producto de la caída de la subcuenta “Ganancias (pérdidas) acumuladas” y del menor patrimonio atribuible a los minoritarios (-12,3% y -13,4%), respectivamente”, explicó la empresa según Pulso.

Las promesas netas crecieron hasta los 5,792 millones de UF (-14,1%), gracias a la baja del 15,4% de las unidades vendidas y compensado, en parte, por un aumento del 1,6% de los precios promedio. Por su parte, la tasa de desistimientos creció hasta el 19,9%, unos seis puntos porcentuales más que el año pasado.

“Este aumento se atribuye principalmente a condiciones crediticias más exigentes para los clientes y retrasos en la escrituración de ciertos proyectos, lo cual resultó en un volumen de desistimientos superior al histórico”, señalaron desde Socovesa.

Finalmente, el Ebitda subió un 17,7% hasta los $28.382 millones, consigna Pulso.

Fuente: Biobío

Isla de Pascua, Valparaíso y Viña del Mar: los seis terrenos con los que Bienes Nacionales busca dar respuesta a la reconstrucción por incendios y crisis habitacional

En medio de la emergencia por incendios forestales, Bienes Nacionales junto al Minvu han identificado tres terrenos en Viña del Mar que cuentan con las condiciones para el posicionamiento de viviendas de emergencia, ubicados en el sector de Santa Inés y Álvarez. Asimismo, el ministerio ha encabezado conversaciones con la Armada de Chile para recuperar dos terrenos en Valparaíso para este fin, y otro en Rapa Nui, pero destinado al Plan de Emergencia Habitacional.

Los incendios forestales del pasado 2 de febrero de 2024 destruyeron por completo más de 7 mil viviendas, dejando así a más de 8 mil familias damnificadas en la Región de Valparaíso. Desde esa fecha hasta hoy tanto las comunidades como las autoridades iniciaron un proceso de rehabilitación en las zonas afectadas a través de viviendas de emergencia y ayuda económica para las personas afectadas, sumando así complejidades adicionales a la ya crítica situación habitacional que antes de eso atravesaba el país.

En tal sentido, el Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) tuvo que acelerar las tratativas y la toma de decisiones, aunque no alejado de las dificultades.

Así, puso a disposición tres terrenos emplazados en la comuna de Viña del Mar para el posicionamiento de viviendas de emergencia destinadas a albergar a las personas afectadas por los incendios de febrero en comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, “durante el periodo que conlleve la implementación del Plan de Reconstrucción liderada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, señalan desde el MNB a La Tercera.

Pero ese último proceso no se dio de manera expedita. Según comentan conocedores de la cartera a este medio, Bienes Nacionales ya había puesto a disposición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) 31 terrenos para la implementación del Plan de Emergencia Habitacional -y que busca entregar 260 mil soluciones habitacionales-, a partir de 2022. Pero de ese total, no todos los terrenos contaban con las condiciones de habitabilidad requeridos para esta ocasión.

En medio de eso llegaron los incendios de febrero, tras los cuales un equipo de profesionales de diferentes unidades de Serviu regional y Seremi de Valparaíso ordenó los terrenos “favorables” y “desfavorables”, para ver en qué sector de esos lotes se podían posicionar las viviendas de emergencia.

Así, tres lotes en la Quinta Región tuvieron el visto bueno para ponerse a disposición de la emergencia por incendios, dos ubicados en los sectores de Santa Inés, con 1.172 y 500 metros cuadrados, respectivamente, y otro en Álvarez, de 433 metros cuadrados. De todo el resto, 13 serán parte del banco de suelos del Plan de Emergencia Habitacional y 18 quedaron fuera por contar con características no aptas para habitabilidad.

Tratativas con la Armada

Como se ha dicho, la crisis habitacional que atravesaba el país antes de los incendios ya tenía al Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) extremando recursos y ampliando el abanico de posibilidades con que podrían robustecer el banco de suelo público para construir viviendas y sopesar la emergencia. Así, en 2022 dicha cartera comenzó a sostener una serie de reuniones con las Fuerzas Armadas y de Orden, y Carabineros, para negociar la recuperación de distintos terrenos que se encontraban subutilizados o en desuso, incluidos algunos de la Armada.

El trabajo del MBN, que comenzó bajo la administración de la exministra Javiera Toro, hoy se mantiene bajo el alero de la ministra Marcela Sandoval, quien durante los últimos meses había sostenido reuniones justamente junto a otras carteras y la Armada de Chile para negociar la restitución de dos predios pertenecientes a la institución castrense ubicados en la Quinta Región y que hoy, sorpresivamente, se han pensado como solución habitacional por los megaincendios forestales. Se trata de los fundos Parracia y El Vergel, ambos en Valparaíso.

El trato para traspasar tales predios al Fisco ya está saldado. O al menos así lo estaba hasta este lunes. Conocedores de las tratativas tanto en el ministerio como en la Armada comentan que incluso para este lunes estaba presupuestada una pauta donde se anunciaría el traspaso, pero el anuncio se movió para la segunda semana de abril, pues la puesta en escena pasaría de Bienes Nacionales a la Secretaría General de la Presidencia, Segpres.

Esos terrenos, en todo caso, no son los únicos con un grado de avance importante de ver luz verde. Y es que en medio de buscar soluciones para la emergencia de incendios, desde Bienes Nacionales afirman que también se ha estado conversando con la Armada por restituir al Fisco un lote en el sector Pu’o Hiro de Isla de Pascua, aunque este sería para el banco de suelo destinado al Plan de Emergencia Habitacional. Se trata de un terreno de 16,3 hectáreas, donde actualmente funciona una planta transmisora de estación costera. La mesa de trabajo sobre ese terreno hasta ahora se mantiene, pero dado lo avanzadas de las conversaciones se espera un anuncio concreto para las próximas semanas.

Fuente: La Tercera

MTC: Se realizaron trabajos de protección de estribos de los puentes Chacahuaro y Tamboraque I y II de la Carretera Central

Debido a que la Carretera Central es una infraestructura vital que conecta las regiones de Lima, Cerro de Pasco y Junín, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección de Programas y Proyectos de Transportes, informa que los puentes Chacahuaro, Tamboraque I y Tamboraque II recibieron trabajos de protección de estribos para evitar la socavación de sus estructuras.

Los mencionados puentes se encuentran ubicados en los kilómetros 79, 88 y 89 de la Carretera Central respectivamente, en la provincia de Huarochirí, en la región Lima.

Además de la protección de estribos, se ejecutó la limpieza y descolmatación del cauce del río Rímac, con el propósito de mitigar los efectos adversos de la temporada de lluvias. Esto cobra mayor relevancia debido a la presencia del fenómeno El Niño.

Las mencionadas obras buscan evitar posibles desbordes del río Rímac y la socavación de la infraestructura del puente, que podrían afectar de forma adversa a los pobladores locales e interrumpir el tráfico en la Carretera Central.

Cabe destacar que se trata de una de las arterias viales más importantes del país y constituye un vínculo crucial entre Lima y el centro del país, al satisfacer las distintas demandas de mercancías y facilitar el transporte de pasajeros hacia diferentes destinos de la región central del Perú. Es decir, su importancia estratégica radica tanto en el intercambio comercial como en la movilidad de personas.

Puerto Maldonado: se invertirá US$ 98 millones en planta de tratamiento

Tras una evaluación rigurosa, tres postores precalificaron para la etapa final, presentar propuestas técnicas y económicas, del concurso internacional que permitirá la construcción, operación y mantenimiento de una Planta de Tratamiento de Agua Residual – PTAR en Puerto Maldonado, Madre de Dios, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Se trata de dos consorcios y una empresa con operaciones globales que fueron precalificados luego de presentar los documentos requeridos en las bases (sobre Nº 1), para demostrar el cumplimiento de experiencia técnica en construcción, operación de plantas de tratamientos de aguas residuales y solvencia financiera.

Los precalificados son Tecnología Intercontinental, S.A.P.I. de C.V. así como los consorcios Saneamiento Puerto Maldonado (BTD Capital 12 y Calare Investments) y Copasa-Almar (Sociedad Anónima de Obras y Servicios, Copasa Sucursal del Perú y Almar Water Servicios España).

La adjudicación del proyecto estaría prevista para el segundo trimestre de 2024 y comprende la construcción, rehabilitación, ampliación, operación y mantenimiento de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales municipales en Puerto Maldonado.

La inversión estimada asciende a 365 millones de soles sin IGV (unos 97.7 millones de dólares) y el plazo de la concesión será de 23 años mediante Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en calidad de concedente.

El proyecto contribuirá al cierre de brechas en agua potable y alcantarillado, brindará un servicio eficiente y sostenible de tratamiento y disposición final de aguas residuales, promoverá la descontaminación de los ríos Tambopata y Madre de Dios e impactará en la salud y la calidad de vida de 120,000 pobladores.

Para ello, el MVCS prevé ejecutar proyectos complementarios como la expansión de la cobertura de agua potable y alcantarillado a través del programa de Grandes Ciudades y ejecutar obras de drenaje pluvial mediante la modalidad de obra pública.

La Oroya: Proyecto Marcavalle rural supera el 30% de avance de obras para la recuperación de suelos contaminados

La empresa pública Activos Mineros SAC (AMSAC) informó que ha superado el 30% de avance de obras en la recuperación de suelos de su proyecto Marcavalle Rural, ubicado en el distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli – La Oroya, en la región Junín.

Este proyecto tiene como finalidad controlar los riesgos de contaminación que afectan a la población y al entorno, abordando la recuperación de suelos en un área de 274 hectáreas.

El gerente de Operaciones de AMSAC, Ysmael Ormeño, destacó que, entre las acciones implementadas para reducir la biodisponibilidad de metales en el suelo, se vienen instalando plantaciones forestales y pastos, además de mejorar la fertilidad del suelo con enmiendas orgánicas.

“Actualmente, se está llevando a cabo la aplicación de materia orgánica y fertilizantes, junto con la construcción de zanjas de infiltración. Actualmente, hemos alcanzado un avance acumulado del 38%, respecto a un avance programado de 19% del calendario de actividades operativas para esta intervención”, señaló Ormeño.

El funcionario proyectó que, para finales de 2024, las obras en el proyecto Marcavalle rural deberían superar el 60%, incluyendo actividades de estabilización física, hidrológica, geoquímica y biológica.

Impacto social en comunidades

El proyecto Marcavalle rural tiene un impacto social significativo en las comunidades locales, beneficiando a más de 37,000 peruanos. Asimismo, durante la ejecución de las obras, se brinda empleo y oportunidades de contratación de bienes y servicios, lo que contribuye a dinamizar la economía local.

Antapaccay avanza en su meta de lograr el 10% de participación femenina al 2025

·         Empresa actualmente se encuentra en 7.7% de trabajadoras en la operación.

·         Su gerenta legal ha sido reconocida como una de las mineras del bicentenario por su compromiso con la equidad.

Cía. Minera Antapaccay se encuentra en un proceso constante de promoción de la equidad de género por lo que se encuentra en un 7.7% de participación femenina en su operación, buscando lograr una meta del 10% al 2025. Esta meta es importante si consideramos que el promedio del sector es de 6%, dado que la minería ha sido tradicionalmente un sector priorizado por varones.

La empresa minera busca que sus operaciones se desarrollen en el respecto a los Derechos Humanos, promoviendo un clima laboral adecuado que genere condiciones para un desempeño laboral con igualdad de oportunidades y equidad, diversidad e inclusión.

Las acciones de la empresa no han pasado desapercibidas dentro del sector minero por lo que recientemente, la organización Women In Mining (WIM Perú) reconoció a la gerenta legal de la empresa, Indira Ferro, como una de las nueve Mujeres del Bicentenario, cuya experiencia inspira a niñas y mujeres interesadas en participar y/o conocer la industria minera.

Ella formará parte de un libro a ser distribuido en todas las escuelas del país donde existe la actividad minera para incentivar a las niñas a verse reflejadas en las historias de las Mujeres del Bicentenario y consideren el sector minero como un espacio para sus carreras laborales.

Indira inició su trayectoria en Antapaccay como asistenta legal, ascendiendo a Gerenta Legal en 2013. Su relato busca empoderar a las mujeres del sector a través de su liderazgo: “Mi mayor logro en esta década como gerenta es que mis opiniones sean valoradas. Asumí el cargo a los 36 años y logré hacerme escuchar”.

A través del relato de Indira, Antapaccay reafirma su compromiso de continuar luchando por un país más justo y equitativo para las mujeres, donde la actividad minera represente una oportunidad de crecimiento equitativo para todas.

SNMPE: exportaciones mineras crecieron en enero y sumaron US$ 3,104 millones

Las exportaciones mineras peruanas en enero de este año ascendieron a US$ 3,104 millones, lo que reflejó un crecimiento de 15% con relación a similar mes del 2023 (US$ 2,707 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético anotó que el incremento de las exportaciones mineras en el primer mes del año se explica por el mayor valor de envío de todos los metales con excepción del plomo, zinc y molibdeno.

En esa línea, subrayó que las exportaciones mineras representaron el 58% del total de envíos al exterior que registró el Perú en el primer mes del año.

La SNMPE dio a conocer que las exportaciones cupríferas sumaron US$ 1,440 millones en enero último, cifra que significó un incremento de 6.6% con relación a similar mes del año 2023 (US$ 1,351 millones).

El crecimiento de las exportaciones de cobre registrado en enero -explicó- se debió por que el volumen aumento en 3.4%, mientras que el precio de este metal creció en 3% respecto a igual mes del año pasado.

El gremio empresarial citó que las exportaciones auríferas llegaron a US$ 1,071 millones en enero del 2024, lo que representó un crecimiento de 69.8% con relación a similar mes del 2023 (US$ 630 millones).

Las exportaciones de este metal precioso se vieron favorecidas por el aumento del volumen en 58.2% y de su cotización en 7.4% respecto a igual mes del 2023.

Finalmente, la SNMPE indicó que el cobre representó el 46% del valor de las exportaciones mineras; en tanto que el oro el 35% y el hierro 6%.

Marcobre busca expandir presencia a Arequipa con pedido de concesión minera

Marcobre, propiedad de Cumbres Andinas -que tiene como accionistas a Minsur y Alxar de Chile-, tiene en la mira expandir su presencia en Perú, específicamente a Arequipa. En ese sentido, la compañía presentó una solicitud para obtener una concesión minera de 100 hectáreas en dicho departamento, ante el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

En concreto, el pedido apunta a un sector del distrito de Bella Unión, en la provincia de Caravelí. Dicha solicitud representa el paso inicial para comenzar actividades y trámites hacia futuros escenarios de exploración y explotación de los recursos minerales en el área solicitada. La empresa ya tiene experiencia en la extracción de minerales en Perú, pero en la región de Ica, con la operación de cobre Mina Justa.

A fines del 2023, Minsur dio a conocer sus planes de inversión para el periodo 2023-2027 por aproximadamente US$2,000 millones en operaciones mineras, entre ellas, Mina Justa, a través de Marcobre.

Los planes en Mina Justa

En agosto de 2023, Minsur informó que los planes en Mina Justa se orientan a elevar en 30% las reservas de cobre del depósito, mediante el proyecto Mina Justa Subterránea. Actualmente, la iniciativa está en fase de estudio y el presupuesto viene siendo estimado, con un cálculo que apunta alrededor de los US$550 millones.

Adicionalmente, el productor de estaño previó inversiones de sostenimiento en la actual infraestructura de Mina Justa por alrededor de US$400 millones entre los años 2023 al 2027. Dichos desembolsos serían ejecutados por Marcobre. Minsur ha destinado hasta el 2022 alrededor de US$1,800 millones a Mina Justa.