Categoría: Minería

Minera Escondida, operación controlada por BHP en Chile, y el Sindicato N.º 2 de Supervisores y Staff firmaron un nuevo contrato colectivo con una vigencia de 36 meses, luego de que los trabajadores ratificaran la última propuesta de la compañía. El acuerdo puso fin al proceso de negociación colectiva reglada y evitó una huelga que podía afectar la continuidad operacional de la mayor productora de cobre del mundo.

La votación sindical se realizó el 14 de octubre y la propuesta obtuvo el respaldo del 64% de los socios, mientras que el 35% votó en contra, según información difundida durante el proceso. Tras la ratificación, las comisiones negociadoras de ambas partes formalizaron el nuevo instrumento colectivo durante esa misma jornada.

De acuerdo con la compañía, el contrato incorpora mejoras en las compensaciones fijas y variables, ajustes en beneficios existentes y nuevos bonos y prestaciones. BHP señaló que el acuerdo permite mantener condiciones competitivas para el segmento de supervisores y trabajadores de staff, además de cerrar una negociación que se desarrolló durante varias semanas.

El entendimiento se alcanzó después de que las conversaciones atravesaran momentos de tensión. El sindicato había rechazado ofertas anteriores y advertido sobre la posibilidad de iniciar una paralización si no se lograban avances en las condiciones económicas y laborales. La mediación ante la Dirección del Trabajo tampoco había permitido cerrar inicialmente las diferencias, por lo que las partes extendieron las conversaciones para someter una nueva propuesta a votación.

Entre los aspectos económicos reportados durante la negociación se encuentra un paquete de cierre que incluye un bono de término de conflicto, un préstamo en condiciones preferenciales y mejoras en distintas asignaciones. También se informaron avances en beneficios relacionados con vacaciones, educación, salud y conciliación entre la vida laboral y familiar. Los montos y componentes comunicados por distintas fuentes difieren según los conceptos considerados dentro del paquete total.

El acuerdo resulta relevante para la continuidad de Escondida, ubicada en la Región de Antofagasta, debido al peso de la operación en la producción chilena de cobre y en el abastecimiento mundial del metal. Una paralización habría introducido incertidumbre sobre los volúmenes de producción y los despachos, en un mercado que sigue atento a los riesgos de interrupciones en las principales faenas productoras.

La negociación también se desarrolló en un contexto de preocupación por la disponibilidad de cobre y los niveles de inventarios internacionales. Durante los días previos, la posibilidad de una huelga había añadido presión al mercado, dado que Escondida constituye uno de los activos más relevantes de la industria mundial. Con la firma del contrato, se despeja ese riesgo inmediato asociado al conflicto laboral.

Para BHP, el desafío será mantener las relaciones laborales y la estabilidad operacional durante la vigencia del nuevo contrato. Para los trabajadores, el acuerdo incorpora mejoras económicas y beneficios que fueron sometidos a la decisión de las bases sindicales, aunque el resultado de la votación también evidencia que una parte de los afiliados no respaldó la propuesta.

Con la firma del instrumento colectivo, ambas partes concluyen formalmente la negociación reglada de 2026. El resultado permite mantener la continuidad de las operaciones de Escondida y establece las condiciones laborales que regirán durante los próximos tres años, en una industria donde la productividad, la seguridad y la estabilidad de las relaciones laborales son factores importantes para el desempeño de las faenas.

Antofagasta Minerals registró una producción de 151.900 toneladas de cobre fino durante el tercer trimestre de 2026, lo que representa un incremento del 7% respecto del trimestre anterior y su mejor resultado trimestral en lo que va del año. Con este desempeño, la compañía minera chilena acumuló 436.900 toneladas entre enero y septiembre, aunque el volumen continúa un 8,3% por debajo del registrado durante el mismo periodo de 2025.

La recuperación trimestral estuvo impulsada principalmente por Minera Los Pelambres, cuya producción aumentó tras las interrupciones ocasionadas por las condiciones meteorológicas adversas de julio en la Región de Coquimbo. La operación logró retomar sus actividades de manera segura y despachar inventarios de concentrado acumulados durante el trimestre anterior, contribuyendo al resultado consolidado del grupo.

Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, destacó que el aumento de la producción se consiguió pese a las dificultades operacionales registradas durante el año. El ejecutivo también subrayó los resultados en materia de seguridad y salud laboral, señalando que la compañía acumula más de cinco años sin accidentes fatales en sus operaciones.

En cuanto a las perspectivas para el cierre de 2026, la minera mantuvo su estimación de producción anual de cobre entre 625.000 y 655.000 toneladas. Para alcanzar ese rango, la compañía deberá incrementar su producción durante el cuarto trimestre, apoyándose en la recuperación de Los Pelambres y en el desempeño de sus otras operaciones.

El balance acumulado todavía refleja dificultades en algunas faenas. Durante los primeros nueve meses del año, la producción de cobre de Centinela alcanzó 143.900 toneladas, una disminución del 19% frente al mismo periodo de 2025. La variación responde a una menor contribución tanto de Centinela Concentrados como de Centinela Cátodos, asociada a menores leyes minerales y a una reducción de las recuperaciones, de acuerdo con el reporte de la compañía.

Por su parte, Los Pelambres acumuló 213.100 toneladas de cobre entre enero y septiembre, aproximadamente un 1% menos que en igual periodo del año anterior. Sin embargo, su desempeño durante el tercer trimestre mostró una recuperación importante, y la empresa espera que mejores leyes de cobre y un mayor volumen de procesamiento contribuyan a fortalecer los resultados hacia finales de año.

En otros metales, Antofagasta Minerals produjo 44.300 onzas de oro y 2.900 toneladas de molibdeno durante el tercer trimestre. En el acumulado anual, la producción alcanzó 137.100 onzas de oro y 9.000 toneladas de molibdeno, cifras inferiores a las registradas en los primeros nueve meses de 2025.

La empresa también actualizó sus perspectivas de costos. El costo de caja antes de créditos por subproductos se situó en US$2,73 por libra de cobre durante el tercer trimestre, un 7,1% menos que en el periodo anterior. No obstante, para el conjunto de 2026 elevó su previsión a un rango de US$2,60 a US$2,70 por libra, frente a la estimación previa de US$2,40 a US$2,60, debido principalmente al encarecimiento internacional del diésel. La proyección de costos netos de caja se mantuvo entre US$1,15 y US$1,35 por libra.

De cara a 2027, Antofagasta Minerals proyecta una producción de entre 630.000 y 690.000 toneladas de cobre. La estimación considera mejores leyes minerales en Los Pelambres, que compensarían parcialmente la disminución prevista en las leyes de la línea de sulfuros de Centinela. La compañía presentará sus proyecciones de costos y gastos de capital para el próximo año en su informe correspondiente al cuarto trimestre.

El crecimiento futuro también dependerá del avance de los proyectos de expansión en Centinela y Los Pelambres. Según la empresa, ambas iniciativas se encuentran en sus fases finales de construcción y mantienen como objetivo completar sus principales etapas y avanzar hacia la puesta en marcha durante 2027. Estas inversiones forman parte de una estrategia para incrementar la producción del grupo en aproximadamente un 30% hacia finales de la década.

La evolución de Antofagasta Minerals refleja los desafíos que enfrenta la minería del cobre en Chile: compensar la disminución de las leyes minerales, controlar los costos operacionales y mantener la continuidad productiva mientras se desarrollan nuevas instalaciones. El resultado del último trimestre de 2026 será determinante para evaluar el cumplimiento de las metas anuales y la capacidad de la compañía para sostener su crecimiento en los próximos años.

Minera Centinela, operación perteneciente a Antofagasta Minerals en Chile, rechazó el uso de medidas de presión que considera impropias en el marco de la negociación colectiva con dos de sus sindicatos, luego de que tres trabajadores iniciaran una huelga de hambre durante el paro legal que comenzó el 7 de octubre. La compañía llamó a las partes a mantener el diálogo y buscar una salida al conflicto laboral, que involucra a 709 trabajadores de las organizaciones sindicales Minera Esperanza y Distrito Centinela.

La empresa manifestó su preocupación por los riesgos que una huelga de hambre representa para la salud y la integridad de las personas. Según el gerente de Personas y Organización de Minera Centinela, Boris Astete, recurrir a este tipo de medidas resulta desproporcionado en un proceso de negociación colectiva reglado, especialmente en una industria cuyas actividades presentan riesgos laborales que requieren condiciones adecuadas de seguridad y protección.

El conflicto se originó tras el rechazo de la última oferta presentada por la compañía, que contemplaba un reajuste real del 2% en el sueldo base y beneficios económicos por un total de $26 millones líquidos por trabajador, considerando un bono de término de negociación de $22,5 millones y un préstamo blando de $3,5 millones. La propuesta también incluía mejoras en beneficios relacionados con salud, educación, incentivos variables, becas, aguinaldos y vacaciones.

Los sindicatos involucrados representan en conjunto a 709 personas: 420 pertenecen al Sindicato de Trabajadores Minera Esperanza y 289 al Sindicato de Trabajadores Distrito Centinela. Según la empresa, esta cifra equivale aproximadamente al 22% de su dotación propia. La huelga comenzó después de que las conversaciones contractuales no permitieran alcanzar un acuerdo, pese a una instancia previa de mediación ante la Dirección del Trabajo.

Uno de los puntos de discusión corresponde a las diferencias entre los beneficios obtenidos por distintas organizaciones sindicales. La compañía ha señalado que estas variaciones responden a la evolución de instrumentos colectivos negociados en fechas y condiciones diferentes, y no a una política de trato discriminatorio. Desde 2020, los calendarios de negociación de los sindicatos se separaron, lo que habría generado diferencias en los reajustes y beneficios incorporados en cada acuerdo.

En paralelo, Minera Centinela reiteró que mantiene su disposición a continuar las conversaciones con los representantes de los trabajadores. La compañía también afirmó que ha logrado sostener su producción de acuerdo con lo previsto y que continúa operando en cumplimiento de la legislación vigente, aunque el desarrollo del conflicto mantiene la atención sobre sus posibles efectos operacionales.

El proceso de negociación retomó el diálogo el 13 de octubre, cuando la empresa y las organizaciones sindicales participaron en una instancia de mediación voluntaria propuesta por la Dirección Regional del Trabajo en Antofagasta. La reunión buscó abrir un nuevo espacio institucional para acercar posiciones y explorar alternativas que permitan resolver las diferencias.

La huelga, sin embargo, continúa siendo un foco de tensión entre las partes. Mientras la empresa insiste en la necesidad de mantener un proceso de negociación dentro de los mecanismos establecidos y advierte sobre los riesgos de la huelga de hambre, los trabajadores movilizados mantienen sus demandas en el marco del conflicto colectivo.

El desarrollo de las próximas conversaciones será determinante para establecer si las partes logran un acuerdo que permita poner fin a la paralización. Por ahora, Minera Centinela mantiene su llamado al diálogo y sostiene que la búsqueda de una solución debe resguardar tanto los derechos laborales como la salud y seguridad de las personas involucradas.

El directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) acordó convocar a una Junta Extraordinaria de Accionistas para el próximo 5 de noviembre de 2026, con el objetivo de revisar las inconsistencias detectadas en las cifras de producción correspondientes a 2024 y 2025. La reunión se realizará en las dependencias de la compañía y fue solicitada por los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Minería, Daniel Mas, quienes representan al Estado chileno en su calidad de accionista de la empresa.

La convocatoria se produce después de que la minera estatal informara sobre nuevos antecedentes que apuntan a posibles duplicidades en la contabilización de mineral y diferencias de inventario en sus divisiones. Codelco instruyó auditorías para establecer el origen de las inconsistencias, determinar su alcance y definir las medidas correctivas que correspondan.

Durante la junta, el directorio deberá presentar un informe sobre los hechos difundidos públicamente y pronunciarse respecto de su veracidad, alcance e impacto en la corporación. También se expondrán las medidas adoptadas o proyectadas para resguardar los intereses de la empresa y sus accionistas, junto con una evaluación de los eventuales riesgos legales, regulatorios, patrimoniales, financieros y reputacionales derivados de los antecedentes.

La investigación se centra en las cifras de producción reportadas durante 2024 y 2025, particularmente en las divisiones Ministro Hales y Salvador, donde se identificaron antecedentes relacionados con una eventual contabilización duplicada de mineral. La compañía busca establecer si estas diferencias generaron un incremento artificial de la producción informada y qué consecuencias podrían haber tenido sobre sus resultados y sus procesos internos de control.

El caso se suma a las inconsistencias detectadas previamente en las cifras de producción de 2025, cuando Codelco reconoció la contabilización de aproximadamente 27.000 toneladas de cobre que no habían sido producidas, vinculadas a las divisiones Ministro Hales y Chuquicamata. Ese episodio derivó en sanciones a ejecutivos y abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de control y validación de la información operacional de la estatal.

A raíz de los nuevos antecedentes, Codelco encargó auditorías para revisar la producción de sus divisiones y esclarecer las posibles duplicidades. El objetivo es determinar cómo se originaron las diferencias, establecer las responsabilidades que correspondan y definir eventuales ajustes a las cifras oficiales, si los resultados de las investigaciones así lo requieren.

La convocatoria también representa un nuevo paso en el seguimiento institucional del caso. La participación de los ministros de Hacienda y Minería permitirá que el Estado, como propietario de la compañía, conozca directamente los resultados preliminares de las revisiones y las acciones que la administración propone implementar para evitar que situaciones similares se repitan.

Además del análisis de los antecedentes, la junta podrá adoptar los acuerdos que considere pertinentes dentro de sus atribuciones. La compañía informó que la sesión será transmitida en vivo a través de sus canales digitales, como parte de las medidas para comunicar el desarrollo del proceso.

El resultado de las auditorías será clave para determinar el impacto definitivo de las inconsistencias sobre la producción reportada y la gestión de Codelco. Mientras avanzan las revisiones, la junta extraordinaria del 5 de noviembre se perfila como una instancia central para evaluar los controles internos, las responsabilidades y las medidas destinadas a fortalecer la transparencia y la confiabilidad de la información de la principal minera estatal de Chile.

El Ministerio de Minería de Chile convocó a una Mesa por la Seguridad Minera para acordar medidas urgentes de prevención, luego de una serie de accidentes fatales registrados en distintas faenas durante las últimas semanas. La instancia reunirá a representantes de los trabajadores, empresas operadoras, gremios, parlamentarios y del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), con el objetivo de fortalecer la aplicación de las normas vigentes y avanzar hacia la meta de cero fatalidades en la industria.

La convocatoria, anunciada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, busca que los distintos actores del sector revisen las condiciones de seguridad en las operaciones e identifiquen las fallas que deben corregirse. La autoridad sostuvo que cada accidente fatal obliga a examinar con transparencia las causas y adoptar medidas concretas para evitar nuevas pérdidas de vidas humanas.

El subsecretario de Minería, Álvaro González, precisó que la mesa estará orientada a establecer acciones preventivas y operativas, más allá de la elaboración de diagnósticos. La estrategia considera la participación de empresas, trabajadores, proveedores, mutuales y organismos fiscalizadores, con el propósito de reforzar una cultura de seguridad que abarque todos los niveles de la actividad minera, desde las gerencias hasta los equipos que trabajan directamente en terreno.

Como parte de las acciones inmediatas, Sernageomin anunció que intensificará las fiscalizaciones y reforzará su presencia en las regiones mineras. El organismo también solicitará a las compañías la presentación de medidas específicas para controlar los riesgos críticos, con responsables identificados y plazos verificables para su implementación.

Una de las principales disposiciones establece que las direcciones regionales de Sernageomin deberán activar los Comités Regionales de Seguridad Minera (CORESEMIN) en un plazo máximo de siete días hábiles. Estas instancias articularán a especialistas en prevención de riesgos, comités paritarios y representantes gremiales para coordinar medidas destinadas a contener los accidentes fatales y fortalecer la supervisión de las faenas.

Asimismo, cada turno y jornada laboral en las operaciones mineras del país deberá comenzar con un bloque dedicado exclusivamente a la seguridad. Durante este espacio se deberán identificar los peligros presentes en el área de trabajo y verificar las barreras críticas de protección antes de iniciar las actividades. La medida busca incorporar la prevención como una práctica cotidiana y no limitarla a las capacitaciones periódicas o a las revisiones posteriores a un incidente.

El plan también contempla un refuerzo de las fiscalizaciones no programadas en territorios con menor concentración de faenas, entre ellos la Región de Tarapacá y la zona austral. En estas áreas, los equipos técnicos realizarán inspecciones exhaustivas y reuniones directas con las jefaturas mineras y los encargados de prevención de riesgos para verificar las condiciones de operación y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad.

Sernageomin, además, mantendrá la facultad de ordenar la paralización preventiva inmediata de cualquier área, equipo o faena en la que se detecte un peligro inminente para las personas. La medida podrá aplicarse de acuerdo con la magnitud del riesgo identificado y busca impedir que los trabajadores continúen expuestos a condiciones que puedan comprometer su integridad.

La convocatoria se produce en un contexto de creciente preocupación por los accidentes laborales en la minería chilena. De acuerdo con reportes publicados el 14 de octubre, 13 trabajadores habían fallecido en accidentes mineros durante 2026, mientras que varios de los casos recientes ocurrieron en un periodo de pocas semanas. Esta situación ha reactivado el debate sobre la eficacia de los controles, la capacidad de fiscalización y la responsabilidad de las empresas en la gestión de los riesgos.

Con la instalación de la mesa y la aplicación de nuevas medidas de supervisión, el Gobierno chileno busca fortalecer la coordinación entre autoridades, compañías y trabajadores para reducir la ocurrencia de accidentes graves. El desafío será traducir los acuerdos en procedimientos verificables en terreno, con seguimiento efectivo y responsabilidades claras para avanzar hacia operaciones mineras más seguras.

La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (Agrumin) solicitó a la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile rechazar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que busca simplificar el régimen de patentes mineras. El gremio, presidido por Patricio Gatica Rossi, propone insistir en el texto aprobado durante el primer trámite legislativo para que las diferencias entre ambas cámaras sean discutidas en una Comisión Mixta.

La organización sostiene que los cambios aprobados por el Senado no responden suficientemente a las condiciones económicas y operativas de los pequeños y medianos productores. Su postura coincide con los reparos planteados por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), que también ha solicitado ajustes para establecer un sistema de patentes con reglas claras y criterios proporcionales a la realidad productiva de cada segmento.

Uno de los principales puntos de preocupación para Agrumin es la tasa general de 0,4 unidades tributarias mensuales (UTM) por hectárea que deberían pagar los pequeños mineros que no logren acceder a la rebaja de 0,1 UTM. Según el gremio, esta diferencia cuadruplica el costo de la patente rebajada y puede afectar la continuidad de operaciones, así como el desarrollo de proyectos que todavía se encuentran en etapas de exploración o preparación.

La agrupación considera que el sistema debe distinguir entre las concesiones vinculadas a actividades productivas y aquellas mantenidas con fines especulativos. A su juicio, aplicar condiciones económicas similares a pequeños productores activos y a titulares que mantienen concesiones sin desarrollar actividad genera distorsiones que podrían perjudicar a quienes buscan poner sus yacimientos en operación.

Agrumin también cuestiona las condiciones establecidas para acceder a las rebajas de patentes en concesiones que no cuentan con explotación directa, pero que cumplen funciones necesarias para la actividad minera. Entre ellas se encuentran terrenos utilizados para plantas de procesamiento, caminos, campamentos, botaderos e instalaciones eléctricas.

En estos casos, el gremio solicita eliminar la obligación de presentar documentación adicional ante el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para acreditar la función de dichas pertenencias. En su lugar, propone que la institución utilice sus propios registros y la información disponible en los organismos públicos para verificar los antecedentes, reduciendo la carga administrativa que enfrentan los titulares.

La organización advierte que las dificultades para acceder a los beneficios pueden comprometer la conservación de las concesiones mineras. Según su planteamiento, los costos de las patentes y los obstáculos administrativos pueden llevar a pequeños productores a perder o abandonar pertenencias antes de contar con las condiciones financieras y operativas necesarias para desarrollarlas.

Por ello, Agrumin pidió a los parlamentarios solicitar al Sernageomin y a la Tesorería General de la República información sobre las solicitudes de rebaja rechazadas, los fundamentos de esas decisiones y las concesiones que se encuentran en proceso de remate. El gremio considera que estos antecedentes permitirían evaluar con mayor precisión los efectos del régimen vigente y determinar si los mecanismos de acceso a las rebajas están funcionando adecuadamente.

El proyecto de ley busca simplificar el sistema de patentes mineras y establecer condiciones más favorables para determinados titulares de concesiones. Entre los cambios aprobados por el Senado figuran la ampliación de las superficies que pueden acceder a beneficios especiales y ajustes en los requisitos aplicables a pequeños productores. Sin embargo, la discusión continúa debido a las diferencias sobre el alcance de las rebajas y las exigencias para obtenerlas.

La iniciativa regresó a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional, luego de que el Senado la aprobara en particular el 7 de octubre de 2026. La solicitud de Agrumin busca que las discrepancias sean abordadas en una Comisión Mixta y que el texto final incorpore criterios que, a juicio del gremio, permitan compatibilizar la regulación de las concesiones con la continuidad de la pequeña y mediana minería chilena.