La minería informal produce al año el 39.3% de la producción total de oro en el Perú. Esto representa un total de 2 millones 207 mil onzas del metal precioso, lo que genera un movimiento económico de cuatro mil millones de dólares al año.
Este estudio lo hizo una consultora V & C por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Durante la convención minera Perumin 36, el gerente general de Summa Gold Corporation, Jaime Polar Paredes, ratificó que gran parte de la producción de oro en el país es extraída de forma ilegal. La producción ilegal entra a Bolivia, bajo la modalidad de contrabando. De esta manera se explica que dicho país haya incrementado sus exportaciones de este metal precioso en 43%, lo cual no está en relación a su producción formal.
También se identificó a las zonas con mayor riesgo para la minería informal: Condorcanqui, Ayabaca y San Ignacio en la Amazonía, además de las provincias fronterizas ubicadas en Loreto, así como Atalaya, Puerto Inca y Oxapampa (Selva Central), Nazca, Palpa, Camaná y Caravelí (Sur medio), Madre de Dios, Puno; Pataz, Sánchez Carrión, Otuzco, Santiago de Chuco, Cajabamba y San Marcos (Cinturón minero del Norte).
Alternativas
Polar sostiene que hay estrategias que se pueden aplicar para erradicar la informalidad en el rubro. Polar dijo a La República que la compañía Summa Gold se vio directamente amenazada por este problema, debido a que los terrenos del yacimiento estaban invadidos por 5.000 mineros ilegales, quienes ni siquiera estaban inscritos en el Reinfo. Esta mina se ubica en la provincia de Sánchez Carrión, en la región de La Libertad.
El modelo que aplicaron para desalojar a los ilegales fue incorporar a buena parte de ellos. Los contratan como trabajadores formales. La otra parte de su estrategia fue implementar un sistema para que todos los contratistas mineros y proveedores de servicios a la mina estén conformados por pequeñas empresas de la zona y de la región.
El sistema generó una demanda grande de mano de obra y al convertirlos en proveedores, necesariamente tenían que formalizarse. “En el tiempo, ellos se han dado cuenta de que la formalidad es mucho más ventajosa”, dijo Polar.
Según el empresario minero, los incorporados ayudaron a desalojar a los mineros ilegales, quienes en gran parte eran foráneos. “Al no tener cabida dentro de esa formalidad se han ido a sus lugares de origen. Con los que quedaron hemos seguido trabajando”, refirió.
El problema de la minería que no está formalizada está extendida en todo el país. En Arequipa, el conflicto se concentra en las provincias de Caravelí, Condesuyos y Camaná. En La Libertad, opera la compañía minera Poderosa, cuya operación también se ve amenazada por los mineros informales.
El problema ha escalado tanto que en agosto pasado, la referida empresa, reportó ante la Sociedad de Mercado de Valores como hecho de importancia “la grave situación de inseguridad y peligrosidad en el distrito de Pataz”. Informaron que “la violencia extrema con la que actúan las organizaciones criminales de la minería ilegal y las bandas de delincuentes denominados “parqueros”, sigue incrementándose.
El gerente de Summa Gold, Jaime Polar, refirió que en el caso de su compañía, cuando su yacimiento era ocupado por los ilegales, descubrieron que incluso niños laboraban al interior de las minas. El hecho fue denunciado, pero se trataba de una zona liberada, donde las autoridades prácticamente no entraban.
Polar acotó que otra política que emplean es no comprar nada que provenga de los ilegales o informales. “Sé que otras operaciones tienen la política de comprarles la producción a mineros ilegales. Nosotros no compramos ni un gramo de oro, creemos que es un incentivo perverso”, declaró.
